David Eduardo Basulto Gutiérrez

Expediente 436/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
436/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • David Eduardo Basulto Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso el auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, que en su parte conducente dice: Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de uno de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Asimismo, se requiere a la parte quejosa para que dentro de un plazo de noventa (90) días hábiles, recoja los documentos que adjuntó a su demanda de amparo y escrito aclaratorio; apercibido que en caso de no hacerlo, dichos medios de prueba podrán ser destruidos junto con el expediente, de conformidad con el último párrafo del numeral décimo primero del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Finalmente, el suscrito juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de uno de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Asimismo, se requiere a la parte quejosa para que dentro de un plazo de noventa (90) días hábiles, recoja los documentos que adjuntó a su demanda de amparo y escrito aclaratorio; apercibido que en caso de no hacerlo, dichos medios de prueba podrán ser destruidos junto con el expediente, de conformidad con el último párrafo del numeral décimo primero del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Finalmente, el suscrito juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso el auto de uno de junio de dos mil dieciocho, que en su parte conducente dice: Colima, Colima, uno de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso David Eduardo Basulto Gutiérrez, mediante el cual da cumplimiento con la prevención formulada en proveído de veintinueve de mayo del año en curso. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del análisis integral del libelo de amparo, es dable concluir que la parte quejosa reclama, en esencia, el inminente cese, remoción, separación o baja de la plaza de base homologada de Técnico Radiólogo o en Radioterapia, adscrito al Instituto Estatal de Cancerología de los Servicios de Salud del Estado de Colima. Actos contra los cuales, a criterio del suscrito, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debido a que se trata de actos futuros inciertos que no le generan agravio. A fin de evidenciar la causa de inejercibilidad del juicio de garantías, que el suscrito estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista el contenido de dicho precepto legal, el cual estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.].". Al respecto, cabe decir que los Tribunales Colegiados de Circuito han estimado qué debe entenderse por interés jurídico en el amparo, como ejemplo, se tiene la jurisprudencia 854 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, a foja 582, que a la letra dice: "INTERÉS JURIDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción I de la Constitución Federal de la República y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que corresponde al quejoso, en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, porque el juicio de garantías se sigue a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del peticionario de garantías sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. Ahora bien, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 6o. de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda interponer el amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que existen actos futuros e inciertos y actos futuros pero inminentes. En los primeros, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 6o. de la ley en cita exige como condición para que pueda promoverse el juicio. En ese supuesto, con apoyo en el artículo 113 de la propia ley, procede desechar la demanda, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En cambio, respecto de los actos citados en segundo lugar, por su calidad de inminentes, prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones, y debido a la plena convicción de que habrán de realizarse en tiempo cercano, es procedente contra ellos el juicio de garantías. En esas circunstancias, cuando de la simple lectura de la demanda de amparo indirecto se advierta, sin lugar a dudas, que los actos reclamados son futuros e inciertos, se actualiza el supuesto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y debe desecharse de plano. Sin embargo, cuando exista duda de si tales actos, bajo determinadas condiciones, llegarán a realizarse o se requieran elementos probatorios para saber si verdaderamente se trata de actos futuros e inciertos, se deberá admitir la demanda a trámite, sin perjuicio de que durante la tramitación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, ya que en este último supuesto, ante la certeza de la existencia de una causal de improcedencia, lo conducente será sobreseer en el juicio. Lo anterior, es acorde al criterio sostenido en la ejecutoria relativa a la jurisprudencia 1a./J. 25/2003, con número de registro 184156, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE.". Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclama el inminente cese, remoción, separación o baja de su plaza de base; acto que a criterio de quien resuelve se trata de un acto futuro incierto, ya que su actualización se encuentra sujeta a diversas eventualidades y la incertidumbre de su realización impide asegurar que el acto impugnado le agravia al impetrante del amparo o bien exista cercanía en la realización del perjuicio. Es así, ya que de acuerdo a lo narrado en la demanda de amparo, así como al contenido de los anexos, se advierte que el quejoso fue citado por la autoridad responsable para el levantamiento de un acta administrativa a fin de otorgarle garantía de audiencia con respecto a diversas inconsistencias presuntamente detectadas, donde estaría en posibilidad de manifestarse y ofrecer pruebas en su favor; por tanto, es evidente que un eventual cese, remoción, separación o baja de su plaza se encuentra sujeto a infinidad de circunstancias, cuyo resultado es completamente incierto, de ahí que se diga que los actos aquí reclamados no le generan perjuicio alguno a la parte quejosa. Sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, página 135, Volúmenes: 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL.-De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará.". Ciertamente, por regla general, la falta de afectación al interés jurídico del impetrante de garantías, no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del amparo, dado que el quejoso tiene la posibilidad de ofrecer pruebas durante la tramitación del juicio de amparo para probar el interés que le asiste para instar el juicio constitucional; sin embargo, tal regla no es absoluta, ya que existen casos de excepción como el que aquí se analiza, en que la improcedencia del juicio de amparo no depende de las pruebas que en su caso pudieran aportarse, sino de la naturaleza del acto reclamado; por tanto, en la especie, el acto impugnado es evidente que es futuro e incierto, no afecta la esfera jurídica de los quejosos; circunstancia que no cambiaría durante el procedimiento de amparo. En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, respecto del acto aquí reclamado, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe considerarse como notoriamente improcedente, por lo que se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo.

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