David Durán González
Expediente 329/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/07/2016
Partes del expediente
- David Durán González
- David Durán González y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, a uno de agosto de dos mil dieciséis, en virtud de que ya transcurrieron los dos días otorgados por la nueva ley de la materia para que la parte QUEJOSA DAVID DURAN GONZÁLEZ o sus autorizados, acudieran a éste juzgado de distrito a notificarse personalmente, sin que lo hubieren hecho; el suscrito actuario, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo hago efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de once de julio de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documento. Toda vez que la parte quejosa exhibió dos tomos de pruebas en copia simple, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves. l dieciséis, que a la letra dice:
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de once de julio de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documento. Toda vez que la parte quejosa exhibió dos tomos de pruebas en copia simple, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.
- Principal
Ensenada, Baja California, a quince de julio de dos mil dieciséis, en virtud de que ya transcurrieron los dos días otorgados por la nueva ley de la materia para que la parte QUEJOSA DAVID DURAN GONZÁLEZ o sus autorizados, acudieran a éste juzgado de distrito a notificarse personalmente, sin que lo hubieren hecho; el suscrito actuario, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo hago efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio de doce de julio de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de once de julio de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve David Duran González, contra actos de: 1. Comisión Federal de Electricidad, de esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 329/2016-II-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación del contenido del precepto 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 103, fracción I, constitucional, el juicio constitucional procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos y garantías, por tanto, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, o aun particular cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que si la violación de derechos no es atribuida a una autoridad, que funja con tal carácter, entonces el juicio de amparo deviene en improcedente. Así, se debe determinar si las responsables, en el caso, son autoridades para los efectos del juicio constitucional, al tomar en consideración que de acuerdo con la doctrina y la teoría general de derecho, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: a).- Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados (entre ellas las laborales), dicho de otra manera, corresponden a las relaciones entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlos, entre las que se encuentran las reguladas por el Derecho Civil, Mercantil, Laboral y Administrativo, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y b).- Las relaciones de supra a subordinación que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado por la otra, en estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, es decir que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de la voluntad del afectado; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y, por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; por ello nuestro Tribunal Pleno considera que el criterio ya referido no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada, sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo que se debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Precisado lo anterior, se analiza la naturaleza del acto motivo de reclamo, el cual se hace consistir en: "El oficio de fecha 17 de junio del 2016 bajo número ZTC-JPA/0496/2016 expedido por el C.ING JORGE POLANCO ANGUIANO en su carácter de SUPERINTENDENTE DE ZONA TRANSMISIÓN COSTA de COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, de donde se determina el ilegal actuar de la responsable al establecer afectaciones de tipo laboral, pues violenta mis derechos consagrados dentro de los artículos 14 y 16 constitucionales, estableciendo el esquema que tomará en consideración para mi jubilación, dejando de observar que la aplicación exacta para el caso concreto que nos ocupa no es la correcta pues existen derechos laborales debidamente determinados conforme el transcurso del tiempo de mi relación laboral" Atento a lo anterior, se concluye que en el caso de que se trata, la relación existente entre el promovente del amparo y la autoridad responsable es de coordinación, es decir, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso en la ejecución por tratarse de una relación laboral, por lo cual el quejoso deberá acudir ante la autoridad obrera correspondiente a reclamar los derechos laborales que pretende defender. Ello es así, pues el impetrante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se desempeña como administrador de zona trasmisión costa de la Comisión Federal de Electricidad, y le atribuye a la autoridad responsable, el carácter de patrón, lo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que se corrobore el nivel en que la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable se colocan en la relación, determinándose válidamente la no existencia de la posición vertical, sino horizontal al establecerse en el mismo plano, lo que permite dilucidar los conflictos a través de la instancia correspondiente. Resulta aplicable al caso, la tesis que se localiza en la página 1082, del Tomo CV, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SUS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES, YA NO SE RIGEN POR EL ESTATUTO JURIDICO.- Mientras no existía la ley de once de enero de mil novecientos cuarenta y nueve, que previene que los conflictos de la comisión federal de electricidad deben ser ventilados ante las autoridades federales y ante la junta federal de conciliación y arbitraje, las relaciones de dicha comisión con sus trabajadores se regían por el estatuto de los trabajadores al servicio de los poderes de la unión, y sus conflictos se sujetaban al tribunal de arbitraje." Así como la tesis, aplicada por analogía, sustentada por la Cuarta Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la quinta época del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXVI, página 521, que a la letra señala: "CESE DE TRABAJADORES DEL ESTADO, RECURSO QUE DEBEN AGOTAR PREVIAMENTE, AL AMPARO CONTRA EL. El amparo sólo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otras causas, por leyes o actos de autoridades que violen las garantías individuales y, en la especie, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y el administrador de Correos de Mérida, Yuc., al ordenar aquél la suspensión del quejoso en su empleo y el pago de sueldos de auxiliar postal de tercera y cumplir esa orden éste, no obraron en calidad de autoridades sino de patrones, y sus actos precisamente a los que dan lugar, es a la reclamación correspondiente por el interesado, ante el Tribunal de Arbitraje, con motivo del conflicto individual suscitando, de acuerdo con la fracción I del artículo 99 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, mismo estatuto que fue expedido expresamente para regir las relaciones contractuales entre esos trabajadores y el Estado patrón, estableciendo las obligaciones y derechos de uno y otro y las atribuciones del Tribunal de Arbitraje, para resolver con referencia a conflictos de la naturaleza del indicado, o en otras palabras, el Estado, al promulgar el estatuto, se autolimitó en su soberanía y facultades de expedición de nombramientos, ceses, remociones y suspensiones y todo lo que tuviera relación con aquellas estipulaciones que contiene ese ordenamiento, concediendo acciones a los trabajadores para ocurrir ante el Tribunal de Arbitraje a dirimir cualquiera cuestión suscitada por tales motivos, e imponiéndose la carga, por conducto del órgano correspondiente, de comparecer en juicio como demandado o actor, según el caso, en iguales circunstancias que cualquier particular. Por tanto, de acuerdo con los razonamientos procedentes, si las órdenes reclamadas del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y del administrador de Correos de Mérida, Yuc., no provinieron de autoridades, es de sobreseerse en la controversia de conformidad con la disposición legal invocada y los artículos 1o., fracción I, 73, fracción XVIII, y 74, fracciones III y IV, de la ley orgánica del amparo, tanto más cuanto que del informe rendido por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas aparece que ese funcionario ocurrió ante el Tribunal de Arbitraje solicitando la terminación de los efectos del nombramiento del quejoso por encontrarse consignado como uno de los presuntos responsables por la venta de timbres cancelados, juicio que aún no se halla resuelto, y que está indicando que el referido titular, en su carácter de patrón, acudió ante la autoridad respectiva para obtener la resolución consiguiente que lo autorizara a cesar al trabajador quejoso." Así también, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el tomo III, página 347, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Sobre esa perspectiva, se colige que al generarse un conflicto derivado de la relación laboral, aquél no tiene el carácter de acto de autoridad, y por tanto deberá acudir para ello al Tribunal Laboral correspondiente. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora que se aduzca que la autoridad responsable se encuentra violando derechos humanos del quejoso, ya que en este caso, al provenir tal violación del cumplimiento defectuoso de la relación contractual, debe estimarse que la posible afectación a esos derechos fundamentales la realiza un patrón equiparado, actuando sin facultad legal alguna. Ello, pues la alegación de violación de derechos humanos no es lo que actualiza la procedencia del juicio de amparo, sino el carácter de autoridad o equivalencia a ese carácter por parte de un particular, ya que el juicio constitucional no es idóneo para contrarrestar violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, y en el caso, el quejoso debe acudir ante la autoridad competente a solicitar se respeten sus derechos adquiridos en la relación laboral, y el correspondiente menoscabo de sus derechos humanos por parte de su patrón. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. APERTURA DE TOMO Ahora bien, atendiendo al grosor de los anexos acompañados a la demanda de amparo; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura de dos tomos de pruebas por separado. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en su escrito de demanda, y por autorizados en los términos que indica a las personas mencionadas en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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