David Dario Flores
Expediente 942/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 942/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/08/2023
Partes del expediente
- David Dario Flores
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de agosto de dos mil veintitrés. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de julio de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por *****, contra actos del Director de Desarrollo Urbano en el Municipio de Querétaro y el Coordinador de Ordenamiento Urbano en el Municipio de Querétaro. IV. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo queimpone a desechar la misma, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.En efecto, la parte quejosa previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotar, todas las jurisdicciones, instancias o competencias, a virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios encaminados a modificar, revocar o nulificar actos que considere lesivos a sus intereses, de tal suerte que, si no agotó el juicio de nulidad (imperativo u obligatorio), de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3º, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a acudir al juicio de amparo, es claro que operó en su perjuicio el principio de definitividad y, por ende, la improcedencia del juicio de amparo. Por otro lado, conviene destacar que si bien hasta antes del diez de marzo de dos mil once, debía considerarse que la interposición de dicho medio ordinario de defensa era optativo para el gobernado, en virtud de considerarse actualizada una excepción al principio de definitividad, al exigir el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, dicha apreciación ha sufrido un cambio de postura, toda vez que de conformidad con las reformas legislativas vigentes a partir del diez de marzo de dos mil once, el precepto legal antes mencionado ya no exige más requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, y por tanto, la interposición del juicio de nulidad ante la autoridad competente, resulta exigible en atención al referido principio de definitividad.Por tanto, se concluye que aun cuando el acto reclamado es un acto administrativo, el cual se encuentra regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicho ordenamiento no exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal), por ende, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios de defensa que prevé la referida ley ordinaria. En abundamiento, del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa no reclama violaciones directas a la Constitución Federal; lo cual constituye una excepción al principio de definitividad, conforme al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada la página 156, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191539, del rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." en el que sostuvo que no existe obligación de observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, entre otros casos, cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Lo anterior se afirma, en virtud de que del estudio de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, como ya se precisó, reclama la contestación del oficio ***de fecha diez de junio de dos mil veintitrés, suscrito por el Coordinador de Ordenamiento Urbano Municipio de Querétaro, en el que contesta la solicitud planteada por la parte quejosa, mismo que le informa que el mismo debe tramitarlo a través de la ventanilla única de gestión municipal o en ventanilla digital, cumpliendo con los requisitos idóneos, así como liquidar los derechos correspondientes del trámite, aduciendo que la negativa de la cita autoridad a expedir número oficial provisional del predio urbano. Por ende, la parte quejosa no reclama trasgresiones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino un aspecto de mera legalidad, no así de constitucionalidad; de ahí que, se insiste en que el acto reclamado es susceptible de ser impugnado mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a lo establecido en los artículos 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3º, fracción IVde la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, no es obstáculo a las anteriores consideraciones el hecho de que la parte quejosa haya manifestado en sus conceptos de violación que se violan sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de sus argumentos como ya se dijo se advierte que únicamente se duele de sus derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad. Por otro lado, no pasa desapercibido para este Juzgador la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1043, del tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el número de registro 328203, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTACULO PARA ADMITIRLA", así como la diversa tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3715, del tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 327723, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA", mediante las cuales se establece que "la posibilidad" de un recurso para combatir el acto reclamado no es un motivo de indudable y manifiesta improcedencia que justifique desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior es así, en razón a que en el presente asunto no se sostiene la posibilidad de que en contra del acto reclamado proceda el juicio de nulidad, sino que constituye una afirmación, en términos del artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece laprocedencia del juicio de nulidad contra los actos reclamados a la autoridad administrativa señalada como responsable. De ahí que, conforme a lo antes expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 2° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 3°, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la parte quejosa, invariablemente, debe agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a acudir al juicio de amparo. En ese orden de ideas, al no ubicarse la parte quejosa en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, está obligada a agotar el juicio de nulidad contra el acto reclamado; por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En abundamiento, en el caso concreto, conforme a las tesis antes trascritas, el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando el impetrante de amparo señale actos reclamados cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo.Con base a lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudablemente las causales de improcedencia aquí analizadas, da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídemNotifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AVISO DE 24/07/2023, QUE CONTIENE LA RESOLUCION DE 20/07/2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de julio de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda promovida por *****, contra actos del Director de Desarrollo Urbano en el Municipio de Querétaro y el Coordinador de Ordenamiento Urbano en el Municipio de Querétaro. IV. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo queimpone a desechar la misma, como se explica enseguida. En ese orden, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.En efecto, la parte quejosa previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotar, todas las jurisdicciones, instancias o competencias, a virtud del ejercicio previo de los recursos ordinarios encaminados a modificar, revocar o nulificar actos que considere lesivos a sus intereses, de tal suerte que, si no agotó el juicio de nulidad (imperativo u obligatorio), de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3º, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a acudir al juicio de amparo, es claro que operó en su perjuicio el principio de definitividad y, por ende, la improcedencia del juicio de amparo. Por otro lado, conviene destacar que si bien hasta antes del diez de marzo de dos mil once, debía considerarse que la interposición de dicho medio ordinario de defensa era optativo para el gobernado, en virtud de considerarse actualizada una excepción al principio de definitividad, al exigir el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, dicha apreciación ha sufrido un cambio de postura, toda vez que de conformidad con las reformas legislativas vigentes a partir del diez de marzo de dos mil once, el precepto legal antes mencionado ya no exige más requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, y por tanto, la interposición del juicio de nulidad ante la autoridad competente, resulta exigible en atención al referido principio de definitividad.Por tanto, se concluye que aun cuando el acto reclamado es un acto administrativo, el cual se encuentra regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dicho ordenamiento no exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal), por ende, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios de defensa que prevé la referida ley ordinaria. En abundamiento, del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa no reclama violaciones directas a la Constitución Federal; lo cual constituye una excepción al principio de definitividad, conforme al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada la página 156, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191539, del rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." en el que sostuvo que no existe obligación de observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, entre otros casos, cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. Lo anterior se afirma, en virtud de que del estudio de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, como ya se precisó, reclama la contestación del oficio ***de fecha diez de junio de dos mil veintitrés, suscrito por el Coordinador de Ordenamiento Urbano Municipio de Querétaro, en el que contesta la solicitud planteada por la parte quejosa, mismo que le informa que el mismo debe tramitarlo a través de la ventanilla única de gestión municipal o en ventanilla digital, cumpliendo con los requisitos idóneos, así como liquidar los derechos correspondientes del trámite, aduciendo que la negativa de la cita autoridad a expedir número oficial provisional del predio urbano. Por ende, la parte quejosa no reclama trasgresiones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino un aspecto de mera legalidad, no así de constitucionalidad; de ahí que, se insiste en que el acto reclamado es susceptible de ser impugnado mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a lo establecido en los artículos 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3º, fracción IVde la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, no es obstáculo a las anteriores consideraciones el hecho de que la parte quejosa haya manifestado en sus conceptos de violación que se violan sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de sus argumentos como ya se dijo se advierte que únicamente se duele de sus derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad. Por otro lado, no pasa desapercibido para este Juzgador la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1043, del tomo LXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el número de registro 328203, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTACULO PARA ADMITIRLA", así como la diversa tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3715, del tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 327723, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA", mediante las cuales se establece que "la posibilidad" de un recurso para combatir el acto reclamado no es un motivo de indudable y manifiesta improcedencia que justifique desechar de plano la demanda de amparo. Lo anterior es así, en razón a que en el presente asunto no se sostiene la posibilidad de que en contra del acto reclamado proceda el juicio de nulidad, sino que constituye una afirmación, en términos del artículo 4º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece laprocedencia del juicio de nulidad contra los actos reclamados a la autoridad administrativa señalada como responsable. De ahí que, conforme a lo antes expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 2° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 3°, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la parte quejosa, invariablemente, debe agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previo a acudir al juicio de amparo. En ese orden de ideas, al no ubicarse la parte quejosa en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, está obligada a agotar el juicio de nulidad contra el acto reclamado; por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En abundamiento, en el caso concreto, conforme a las tesis antes trascritas, el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando el impetrante de amparo señale actos reclamados cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo.Con base a lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudablemente las causales de improcedencia aquí analizadas, da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídemNotifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- David Camacho Sicilia466/2018
- David Camacho Sicilia1248/2018
- David Castillo Cazares211/2021
- David Chavez Dorantes84/2016
- David Colín Maldonado926/2014
- David Cutberto Ávila Cervantes801/2016
- David de Jésús Uribe Martínez1109/2019
- David Delgado Muñoz574/2019
- David Delgado Muñoz575/2020
- David Delgado Muñoz737/2019
- David Flores de la Rocha294/2014
- David Flores Leal106/2018