David Daniel Romero Robles

Expediente 798/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
798/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • David Daniel Romero Robles
  • Comisiones de Derechos Humanos Y de Justicia de la Lxxiv Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacan

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del veinticuatro al treinta de septiembre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por -----------, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de agosto del presente año. Ahora bien, vista la demanda de amparo de la que se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo fracción VII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.". De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federal o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que las Constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema, ya sea soberana o discrecionalmente. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, por medio de un procedimiento de amparo intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana. En el caso se combate en concreto, de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán la emisión de la convocatoria pública para la elección del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la elección y designación de --------------, en el citado encargo. En suma lo que se reclama es la designación de ------------------como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que hace improcedente el juicio de amparo, porque fue realizada por entes dotados constitucionalmente de facultades soberanas y discrecionales, contra los cuales no cabe el juicio de derechos fundamentales. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 108/2015, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil quince, determinó que la palabra "soberano" debe entenderse como el poder que no tiene otro superior del que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos, que es autoridad autónoma e independiente de otra, mientras que "discrecional" se refiere a la resolución de un órgano dada en el ejercicio de una potestad de esa naturaleza, es decir, que le es libre en su emisión, pero bajo parámetros de prudencia. También sostuvo que la legislatura se constituye como un órgano de representación conformado por la elección de los ciudadanos, con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y, por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. Agregó, que cuando ésta emite ciertos actos, para cuya emisión no se prevea ningún procedimiento normativo, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático, en cumplimiento al mandato de la Ley Fundamental. Así la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, concluyó que la decisión del órgano legislativo, en estos casos, se encuentra revestida de alcance constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana y no está sujeta al control de autoridad diversa. Para evidenciar lo anterior conviene transcribir el contenido del artículo 96, de la Constitución Política del Estado de Michoacán, que dicen: "Artículo 96. La protección y defensa de los Derechos Humanos es una función estatal que se realiza a través de un organismo constitucional autónomo, tanto presupuestal y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El Congreso del Estado, en el ámbito de su competencia, establecerá el organismo de protección de los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico mexicano, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público. Formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente este organismo. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, el Congreso del Estado, podrá llamar, a solicitud de este organismo, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dicho órgano legislativo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Este organismo no será competente tratándose de asuntos electorales o jurisdiccionales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá una presidenta o presidente, que será elegido por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, La Ley determinará los procedimientos para la presentación de las propuestas por el propio Congreso. Durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. La elección del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se ajustará a un procedimiento de consulta pública, que deberá cumplir con el principio de máxima transparencia, en los términos y condiciones que determine la Ley. El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presentará anualmente a los Poderes del Estado un informe de actividades. Al efecto, comparecerá ante el Congreso del Estado en los términos que disponga la Ley. Del análisis del numeral transcrito se advierte que se advierte, existe soberanía para que la Legislatura del Estado de Michoacán disponga en relación con la elección del cargo de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través del voto de las dos terceras partes de sus diputados integrantes, es decir, para ello no requiere que su decisión sea sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno. Pues estimar lo contrario equivaldría a sostener también, que es violatorio de derechos fundamentales, el hecho de que en la Constitución local, se establezca la posibilidad de que el Congreso del Estado emita actos soberanos o discrecionales, que por contener dichas características, no se encuentren sujetos a control judicial alguno; pues se insiste, se trata en todo caso, de actos revestidos de un mayor grado de representatividad popular, que por lo mismo, se han encomendado exclusivamente al poder legislativo, y que de sujetarse a algún medio de control, se estaría permitiendo la interferencia -aun de forma indirecta del Poder Judicial en su emisión. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis 2a./J. 71/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 833, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO. ----." Asimismo, orienta lo anterior por analogía el criterio I.4o.A.564 A de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1669, novena época, del Apéndice del Seminario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EMITE ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ----------.". De igual forma, por identidad jurídica la jurisprudencia PC.XI. J/11 A (10a.), del Pleno del Decimoprimer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Administrativa, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2452, que dice: "FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO E INDEPENDIENTE, RESPECTO DEL CUAL SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. ------------." Sin que obste a lo anterior el hecho de que la parte quejosa efectivamente pueda tener un interés legítimo jurídicamente tutelado para controvertir los actos que reclama; sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes, la vía de amparo indirecto no es la idónea para ello, ya que en su caso, podrá gestionar su acción a través de un diverso medio de control constitucional, verbigracias el criterio de rubro: "RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE TRASCIENDE LOS ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE ESTÉ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.", el cual surgió con motivo de una controversia constitucional resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha dos de septiembre de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por -----------, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de agosto del presente año. Ahora bien, vista la demanda de amparo de la que se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente, pues en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo fracción VII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.". De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federal o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, siempre que las Constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema, ya sea soberana o discrecionalmente. Lo anterior, atiende al principio de división de poderes, pues precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, por medio de un procedimiento de amparo intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana. En el caso se combate en concreto, de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán la emisión de la convocatoria pública para la elección del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la elección y designación de --------------, en el citado encargo. En suma lo que se reclama es la designación de ------------------como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que hace improcedente el juicio de amparo, porque fue realizada por entes dotados constitucionalmente de facultades soberanas y discrecionales, contra los cuales no cabe el juicio de derechos fundamentales. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 108/2015, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil quince, determinó que la palabra "soberano" debe entenderse como el poder que no tiene otro superior del que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos, que es autoridad autónoma e independiente de otra, mientras que "discrecional" se refiere a la resolución de un órgano dada en el ejercicio de una potestad de esa naturaleza, es decir, que le es libre en su emisión, pero bajo parámetros de prudencia. También sostuvo que la legislatura se constituye como un órgano de representación conformado por la elección de los ciudadanos, con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y, por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. Agregó, que cuando ésta emite ciertos actos, para cuya emisión no se prevea ningún procedimiento normativo, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático, en cumplimiento al mandato de la Ley Fundamental. Así la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, concluyó que la decisión del órgano legislativo, en estos casos, se encuentra revestida de alcance constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana y no está sujeta al control de autoridad diversa. Para evidenciar lo anterior conviene transcribir el contenido del artículo 96, de la Constitución Política del Estado de Michoacán, que dicen: "Artículo 96. La protección y defensa de los Derechos Humanos es una función estatal que se realiza a través de un organismo constitucional autónomo, tanto presupuestal y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El Congreso del Estado, en el ámbito de su competencia, establecerá el organismo de protección de los Derechos Humanos que ampara el orden jurídico mexicano, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público. Formulará recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente este organismo. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, el Congreso del Estado, podrá llamar, a solicitud de este organismo, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dicho órgano legislativo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Este organismo no será competente tratándose de asuntos electorales o jurisdiccionales. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá una presidenta o presidente, que será elegido por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, La Ley determinará los procedimientos para la presentación de las propuestas por el propio Congreso. Durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. La elección del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se ajustará a un procedimiento de consulta pública, que deberá cumplir con el principio de máxima transparencia, en los términos y condiciones que determine la Ley. El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presentará anualmente a los Poderes del Estado un informe de actividades. Al efecto, comparecerá ante el Congreso del Estado en los términos que disponga la Ley. Del análisis del numeral transcrito se advierte que se advierte, existe soberanía para que la Legislatura del Estado de Michoacán disponga en relación con la elección del cargo de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través del voto de las dos terceras partes de sus diputados integrantes, es decir, para ello no requiere que su decisión sea sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno. Pues estimar lo contrario equivaldría a sostener también, que es violatorio de derechos fundamentales, el hecho de que en la Constitución local, se establezca la posibilidad de que el Congreso del Estado emita actos soberanos o discrecionales, que por contener dichas características, no se encuentren sujetos a control judicial alguno; pues se insiste, se trata en todo caso, de actos revestidos de un mayor grado de representatividad popular, que por lo mismo, se han encomendado exclusivamente al poder legislativo, y que de sujetarse a algún medio de control, se estaría permitiendo la interferencia -aun de forma indirecta del Poder Judicial en su emisión. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis 2a./J. 71/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 833, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO. ----." Asimismo, orienta lo anterior por analogía el criterio I.4o.A.564 A de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1669, novena época, del Apéndice del Seminario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EMITE ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ----------.". De igual forma, por identidad jurídica la jurisprudencia PC.XI. J/11 A (10a.), del Pleno del Decimoprimer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común y Administrativa, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, página 2452, que dice: "FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO E INDEPENDIENTE, RESPECTO DEL CUAL SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. ------------." Sin que obste a lo anterior el hecho de que la parte quejosa efectivamente pueda tener un interés legítimo jurídicamente tutelado para controvertir los actos que reclama; sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes, la vía de amparo indirecto no es la idónea para ello, ya que en su caso, podrá gestionar su acción a través de un diverso medio de control constitucional, verbigracias el criterio de rubro: "RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES LOCALES. LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE TRASCIENDE LOS ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE ESTÉ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.", el cual surgió con motivo de una controversia constitucional resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por DAVID DANIEL ROMERO ROBLES, por propio derecho, contra actos de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 798/2021-III. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten; con apoyo en los numerales 108, fracción IV, 110 y 114, fracciones II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Indique con qué cualidad o especial situación frente al acto que reclama promueve la demanda de amparo. Ello en atención, a que aduce que transgrede su interés legítimo, pues tiene interés en que se combata la corrupción, empero, fue omiso en precisar la afectación que resiente con la emisión de los actos reclamados. Indique de manera clara y precisa el acto que reclama a cada una de las autoridades responsables, que conforme a sus facultades corresponda su emisión, toda vez que al respecto lo hace en forma genérica. Es así, en atención a que los artículos 108, fracción IV y 114, fracción IV de la Ley de Amparo, disponen que la parte quejosa deberá precisar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, a fin de que estén en aptitud de rendir su informe de ley. En la inteligencia, que de ser el caso, también deberá completar los antecedentes relativos a los actos reclamados bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de dicha protesta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de amparo, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón la tesis P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Exhiba cuatro copias más de su escrito inicial de demanda para correr traslado a todas las partes. En atención a que las dos que adjuntó a su libelo de garantías, resultan insuficientes para correr traslado a las partes, dado que se requiere de una para cada una de las tres autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, y dos para el original y duplicado del cuaderno incidental, las cuales dan un total de seis copias, salvo el caso de que lo haga por la vía electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número P.VII/2001, consultable en la página 325, del tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa.". Y la diversa jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con los requerimientos antes formulados en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En la inteligencia de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una de las autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, y dos más para formar los cuadernos de suspensión, las cuales dan un total de seis copias. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el despacho jurídico ubicado en calle Leona Vicario número 62, interior 1, colonia centro de esta ciudad y autorizando para tal efecto a AGUSTÍN DÍAZ MONTEJO, HÉCTOR GARCÍA RUELAS, OSCAR DAMIAN RANGEL SUÁREZ y DAHIR CRUZ ZUÑIGA, quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números 5363384, 5290235, 1849590 y 5084155, que acreditan a los citados autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto el naturaleza administrativa. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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