David Cuellar Romero y Otros.

Expediente 1052/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1052/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
14/02/2018

Partes del expediente

  • David Cuellar Romero y Otros.
  • David Cuellar Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que en atención a lo que establece el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fracción III último párrafo relativa a dicho punto del Acuerdo General en cita, es susceptible de depuración toda vez que se decretó la suspensión de oficio y de plano en este asunto; por tanto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1052/2017, promovido por David Cuellar Romero y Martín Antonio Herrera Morales, contra acto del Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil diecisiete en este juzgado por razón de guardia, los quejosos en cita solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que se precisará en el considerando segundo. II. Los solicitantes de amparo narraron los antecedentes del acto reclamado, formularon los conceptos de violación que consideraron pertinentes y señalaron que se violan sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18 y "133" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El día de su recepción, se registró el asunto con el orden 1052/2017; se decretó la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado, por lo que se requirió al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta ciudad informara el cumplimiento de dicha medida cautelar; asimismo, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que en su oportunidad se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo en estudio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto que se reclama. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de la demanda y de las demás constancias, se precisa que el acto reclamado se hizo consistir en: - La orden de reubicación de los quejosos a un dormitorio de alta peligrosidad, fuera de procedimiento. Que atribuyeron al: a) Subsecretario. b) Director Ejecutivo Jurídico y de Derechos Humanos, los dos anteriores de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. c) Director; d) Subdirector Jurídico; e) Subdirector Técnico; f) Subdirector de Seguridad; g) "Técnicos Penitenciarios"; y h) Comité Técnico, estos últimos seis del Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Todos de la Ciudad de México. TERCERO. La autoridad señalada en el inciso g) no existe, como se advierte del oficio procedente del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta ciudad (foja 20); por tanto, tampoco puede existir el acto que se le atribuyó. Por otro lado, no es cierto el acto reclamado de las autoridades precisadas en los incisos a) a e) y h), pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, sin que exista medio de convicción en contrario. En ese sentido, debido a la inexistencia de la citada autoridad y del acto reclamado de las autoridades precisadas en el párrafo precedente, de conformidad con el numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los mismos. Por otra parte, es cierto el acto reclamado del Subdirector de Seguridad del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta ciudad, no obstante que al rendir su informe de ley lo haya negado, porque de las constancias que adjuntó al informe de cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio decretada, se advierte que el ocho de diciembre del año pasado los quejosos fueron reubicados, por medidas de seguridad, al "Área de Tratamientos Conductuales (D-10-04-06 y 07)", hasta que el Comité Técnico de dicho centro de reclusión determinara lo conducente -documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con el dispositivo 129, en relación con los diversos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-. No obstante la certeza del acto reclamado, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que se advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este órgano de control constitucional advierte la actualización del supuesto previsto en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado cesó en sus efectos. Así se considera, porque de dicho precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del quejoso, de modo que ya no puede producir efecto alguno. En el caso, del informe de ley rendido por el Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, así como de la copia certificada que adjuntó al mismo -que tiene valor probatorio en los términos expuestos en líneas que anteceden-, se observa que dicho órgano colegiado, en la Quincuagésima sesión ordinaria, de trece de diciembre del año pasado, fecha posterior a la presentación de la demanda, determinó no imponer sanción a los peticionarios de amparo con motivo de las conductas que propiciaron su reubicación, por lo que se ordenó fueran regresados a su estancia de origen; constancias con que se dio vista a los justiciables, sin realizaran alguna manifestación al respecto. En ese sentido, si los quejosos regresaron a la estancia en que se encontraban antes de que fueran reubicados en el área de tratamiento de referencia, es inconcuso que se dejó sin efectos el acto reclamado, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de ahí que no existe materia para el pronunciamiento de fondo en cuanto a la litis planteada. Es aplicable la jurisprudencia identificada con el orden 198, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia del País, consultable en la página 216 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En razón de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la citada ley. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Por las razones expuestas en el considerando tercero, se sobresee en el juicio de amparo promovido por David Cuellar Romero y Martín Antonio Herrera Morales, contra el acto reclamado consistente en: - La orden de reubicación de los quejosos a un dormitorio de alta peligrosidad, fuera de procedimiento. Que atribuyeron al: a) Subsecretario. b) Director Ejecutivo Jurídico y de Derechos Humanos, los dos anteriores de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. c) Director; d) Subdirector Jurídico; e) Subdirector Técnico; f) Subdirector de Seguridad; g) "Técnicos Penitenciarios"; y h) Comité Técnico, estos últimos seis del Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Todos de la Ciudad de México.

  3. Principal

    Ciudad de México, a tres de enero de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los oficios y anexo de cuenta; en atención a sus términos, se tienen por rendidos los informes justificados que en ellos se contienen, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Acorde con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba del Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta ciudad la documental que adjuntó a su informe de ley, la cual se desahoga en razón de su naturaleza jurídica, que se relacionará en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Ciudad de México, a trece de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los oficios de cuenta. En atención al contenido de los dos primeros, se tienen por rendidos los informes justificados que en ellos se contienen; al respecto, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que mencionan las autoridades responsables y como domicilio para recibir notificaciones el que señalan. En cuanto a los restantes comunicados, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno, ya que a dichas autoridades no les fue requerido informe respecto de la suspensión de oficio y de plano decretada en autos.

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