David Cuecuecha Marquez

Expediente 791/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
791/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
03/11/2020

Partes del expediente

  • David Cuecuecha Marquez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de trece de octubre del año en cita, que desechó la demanda de amparo promovida por Sergio Mario Osorio González en su carácter de defensor particular de David Osorio Cuecuecha Márquez, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    V I S T A la demanda de amparo, promovida por *****, en su carácter de defensor particular de *****, contra actos de la Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México y otra autoridad, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 20 y 133 constitucionales. Del estudio de la demanda, este juzgador obtiene que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Disco dispositivo dispone lo siguiente: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley». Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]» De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El desarrollo lógico a partir de la aceptación, de que las violaciones dentro de juicio de tipo "adjetivo" o "intraprocesal", también pueden ser consideradas de imposible reparación, conduce a la congruente conclusión de que en tal supuesto, puede caber en su contra el amparo indirecto, aunque de manera excepcional. En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera, se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas (ampliada a las resoluciones que ponen fin al juicio). Las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos sustantivos y derechos procesales no radica en que unos estén previstos en la ley superior y otros en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores protegidos, de los primeros, y de los medios o instrumentos para la protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue a los segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos y otros. En ese contexto, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; el prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, los derechos sustantivos presentan: a) límites internos de su cobertura en razón, precisamente, de los bienes tutelados; y, b) restricciones necesarias que permitan la vigencia efectiva de otros derechos fundamentales, configurativos del orden público. Es aplicable a lo antepuesto, la tesis I.13o.A.3 K, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenida a página 1742, Tomo XIII, Marzo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN». Bajo ese contexto, a consideración de este juzgador, se actualiza la causal de improcedencia que se analiza, porque la parte quejosa, señala como acto reclamado, destacado las determinaciones de catorce y diecisiete de septiembre del año en curso, dictadas por la Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, en la causa de juicio 430/2019, que se instruye contra la aquí quejoso David Cuecuecha Márquez, que negó su solicitud de complementar su declaración y sólo se le permitió hacer diversas manifestaciones; pero a consideración de la parte quejosa de ésta derivaba información relevante de una carpeta de investigación iniciada por el hecho delictuoso de cohecho en donde obra la entrevista mendaz del policía Josué Gutiérrez Guerrero; asimismo reclama que no se proveyó su petición de recabar la documental consistente en la carpeta de investigación iniciada por el agente del Ministerio Público del Centro de Justicia Ciudadana de Chalco, de esta entidad federativa, en donde obra la entrevista de ese elemento policiaco y la de la madre de la víctima quien también mintió. Por tanto, al no admitirse esos medios de prueba, se violan los derechos fundamentales del quejoso. Ahora bien, es de destacarse que el sistema de justicia penal comprende como etapas: la investigación inicial, el proceso y la segunda instancia. La investigación inicial, empieza con la presentación de la denuncia, querella o su equivalente y concluye con el ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes. El proceso comprende las siguientes fases: a) Control previo. Abarca desde que el imputado queda a disposición del juez de control hasta el auto que resuelva sobre la vinculación a proceso. b) Investigación formalizada. Se abre a partir de que se notifica al imputado el auto de vinculación a proceso y termina hasta el vencimiento del plazo para formular la acusación. c) Intermedia o de preparación a juicio oral. Abarca desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la emisión de la sentencia que pone fin al proceso. La segunda instancia, en la que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los medios de impugnación. Así de conformidad con los artículos 334, 344, 345, 346 y 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio. En la audiencia intermedia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de la acusación, seguido de la réplica de la víctima u ofendido y luego del acusado por si o por conducto de su defensor. Posteriormente, las partes podrán deducir cualquier incidencia y la defensa podrá promover las excepciones correspondientes. Inmediatamente, las partes podrán llegar a acuerdos probatorios, los cuales serán avalados por el juez. Hecho lo anterior, las partes ofrecerán las pruebas y la autoridad jurisdiccional señalará fundamente cuáles se admiten y cuáles se excluyen. Antes de finalizar la audiencia, el juez de control dictará el auto de apertura a juicio, que entre otra cosa debe indicar: los acuerdos probatorios a los que llegaron las partes; los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; y, los medios de prueba que deban desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y reparación de daños. De la misma forma, los diversos 391 a 399 de la misma legislación en cita, señalan que la audiencia de juicio inicia con una exposición del ministerio público sobre la acusación y una descripción sumaria de las pruebas. Posteriormente, se dará el uso de la voz al asesor de la víctima u ofendido para los mismos efectos y luego al defensor a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Después, se procederá al desahogo de las pruebas admitiditas al ministerio público, a la víctima u ofendido y, por último el acusado. Desahogadas las pruebas, las partes en comento en el orden aducido formularán sus alegatos de la clausura y se cerrará el debate. Se ordenará un receso para que el tribunal delibere en forma privada y dicte la sentencia dentro de las veinticuatro horas siguientes. En igual sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 2058/2017. En sesión del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete consideró: "3. Procedencia del juicio de amparo directo para impugnar violaciones cometidas durante las etapas preliminar e intermedia. Una vez establecida la imposibilidad de que en la audiencia de juicio oral se realice un pronunciamiento sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas en etapas previas, esta Primera Sala procede a analizar si es posible introducir y examinar estos planteamientos en el juicio de amparo directo. Para ello, es importante tener en consideración que de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución, así como con la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. [.] Así las cosas, en la lógica de lo expresado a lo largo de la presente sentencia, esta Primera Sala entiende que con la finalidad de que el juicio de amparo funcione acorde a la estructura y naturaleza del procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 20 constitucional; es necesario optar por una interpretación conforme con la Constitución de los preceptos aludidos en el párrafo anterior, en el sentido de que sólo podrá ser objeto de revisión constitucional en sede de juicio de amparo directo la violación al derecho fundamental en cuestión, cuando la misma se materialice durante la tramitación de la etapa de juicio oral; sin que resulte posible su estudio en esta instancia cuando se materialice en las etapas preliminar o intermedia del proceso penal. Se arriba a esta conclusión en virtud de que -como se señaló al inicio- el juicio de amparo directo tiene por objeto la revisión constitucional de resoluciones que pongan fin a un juicio; es decir, en el contexto del sistema penal acusatorio, el acto reclamado consistirá en la resolución dictada en apelación, a través de la cual se examina la sentencia emitida por el juez o tribunal de juicio oral. Así, es evidente que la materia del juicio de amparo directo tratándose del nuevo sistema de justicia penal deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral; sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Por lo demás, esta interpretación es acorde a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo vigente, en el sentido de que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo se deberá apreciar el acto reclamado tal y como apareció probado ante la autoridad responsable; sin que sea posible admitir o tomar en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante ella, salvo cuando no se hubiere tenido la oportunidad de hacerlo. Lo anterior, pues para que el tribunal de amparo estuviera en condiciones de pronunciarse sobre violaciones a derechos fundamentales cometidas durante las etapas preliminar e intermedia del procedimiento, en la mayoría de los casos necesitaría tener acceso a la carpeta de investigación y/o a las constancias correspondientes a estas etapas; elementos a los que, por regla general, no tiene acceso el juez o tribunal de juicio oral ni el tribunal de apelación -autoridad responsable-, en razón de lo ya expuesto. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que el remedio tradicionalmente asociado a la determinación dentro de un juicio de amparo directo de la existencia de una violación al procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso y al resultado del fallo, ha sido la reposición del procedimiento para el efecto de que se subsane la afectación generada. Sin embargo, este mecanismo de reparación presenta diversas complicaciones en el marco de un procedimiento de corte acusatorio, adversarial y oral, en atención a las características y principios propios de dicho sistema, por lo que resulta imperativo establecer criterios a partir de los cuales su utilización como remedio pueda asignarse a los casos que ineludiblemente lo ameriten. En efecto, si bien la estructura del antiguo sistema de justicia penal permitía sin mayores dificultades subsanar violaciones al procedimiento mediante su reposición, debe advertirse que en el nuevo sistema una sentencia condenatoria solamente puede sustentarse en pruebas desahogadas durante la audiencia de juicio oral, la cual debe regirse por los principios de concentración y continuidad. Por tanto, la reposición del procedimiento en este sistema significa la realización de un nuevo juicio oral frente a un juzgador distinto al que conoció originalmente; lo que representará un alto costo tanto para las partes involucradas, como para el sistema de justicia penal en su conjunto. Así, por ejemplo, al reponerse el procedimiento se corre el riesgo de que determinados medios probatorios ya no puedan reproducirse, o bien pierdan fiabilidad o espontaneidad; sin mencionar los gastos en los que esa reposición haría incurrir a las partes y al sistema judicial. Ahora bien, debe reiterarse que esta conclusión no supone de ninguna manera que las cuestiones sobre violación de derechos fundamentales ocurridas en etapas previas al juicio -como la ilicitud de las pruebas- queden exentas de revisión; pues el criterio expuesto simplemente consiste en que dichas cuestiones deberán ser debatidas e impugnadas durante las etapas correspondientes del procedimiento acusatorio. Lo anterior, con la finalidad de que los problemas sobre la eventual ilicitud probatoria sean atendidos sin comprometer la operatividad del sistema de justicia penal y sus principios fundamentales. Efectivamente, como se señaló en el apartado correspondiente, la etapa intermedia en el proceso penal acusatorio tiene como una de sus finalidades principales la depuración de los medios de prueba que serán materia del juicio oral. Así, será precisamente en la audiencia intermedia donde el juez de control se pronuncie en definitiva sobre la exclusión de pruebas ilícitas derivadas de violaciones a derechos fundamentales del inculpado que fueron cometidas en etapas previas al juicio oral, por lo que aquella etapa resulta sin duda el momento procesal idóneo para que el inculpado haga valer sus inconformidades. Al respecto, no se inadvierte que este Alto Tribunal ha mantenido hasta el momento el criterio de que los actos relacionados con la admisión de pruebas -o a la forma en que se pretendan recibir o desahogar- por regla general constituyen violaciones procesales que deben ser reclamadas en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva que ponga fin el juicio. Además, ha sido criterio reiterado de esta Primera Sala que es procedente el juicio de amparo directo para analizar violaciones cometidas durante la detención del quejoso, así como durante la averiguación previa. No obstante, debe tomarse en consideración que dichos criterios fueron emitidos conforme a la lógica del sistema penal mixto o tradicional, en el que los elementos probatorios se formalizaban durante la averiguación previa, se enviaban las constancias correspondientes al juez penal -sin la intervención de una autoridad jurisdiccional intermedia- y a partir de ellas se resolvía sobre la existencia del delito y la responsabilidad del imputado. Así, esta Primera Sala advierte que paulatinamente se emitirán nuevos criterios, a través de los cuales se ajuste la procedencia del juicio de amparo en las vías indirecta y directa, partiendo de las bases expuestas a lo largo de la presente sentencia en torno a la estructura y naturaleza del sistema penal acusatorio, de forma que el imputado cuente con los medios necesarios para impugnar las decisiones sobre la exclusión probatoria y no quede en estado de indefensión." Conforme a la transcripción, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el sistema de administración de justicia penal que una vez que se desahogó la etapa de juicio, no podrán estudiarse cuestiones ni decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 175, del título: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL." Ante tal criterio, en el caso, ya se está en la etapa de juicio, en términos del artículo 211, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera que cualquier alegación que se haga en relación con las etapas anteriores es infructuosa, al cerrase dichas etapas y cualquier violación queda irreparablemente consumada. En ese contexto, el aquí quejoso al dolerse de las determinaciones de catorce y diecisiete de septiembre del año en curso, dictadas por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, en la causa de juicio 430/2019, que se instruye contra la aquí quejoso David Cuecuecha Márquez, que negó su solicitud de complementar su declaración y sólo se le permitió hacer diversas manifestaciones, asimismo no proveyó su petición de recabar la documental ofrecida consistente en la carpeta de investigación iniciada por el agente del Ministerio Público del Centro de Justicia Ciudadana de Chalco, por el delito de cohecho, no son de aquéllas resoluciones que sean consideradas como de imposible reparación, ya que los numerales 170 y 173, apartado B, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales establecen la procedencia de impugnación de violaciones procesales al combatir la sentencia definitiva. Ello es así, porque la naturaleza del acto reclamado no representa una ejecución que sea de imposible reparación, porque en eso actos no se contiene una disposición del juzgador del Tribunal de Enjuiciamiento que afecte con su solo pronunciamiento los derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, la propiedad, etcétera, sino que sólo se refieren a la no admisión de pruebas ofrecidas en la audiencia de juicio por su parte y, por ende, se trata de una violación adjetiva, no suficiente para que proceda el juicio de amparo indirecto, pues si el promovente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, esto aún no ocasionaría una situación de imposible reparación, porque podría impugnarla mediante los recursos ordinarios que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales y, posteriormente, en amparo directo. Es aplicable a lo anterior, la tesis XI.T.Aux.C.1 K, del Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil con residencia en Morelia, Michoacán, Tomo XXXII, Julio de 2010, consultable a página 1880, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título siguiente: «ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA». Por tanto, dichos actos por sí mismos, no causan de inmediato una situación de irreparabilidad o imposible reparación, y su trascendencia sería posterior, por lo que, se trata de una infracción meramente adjetiva o intraprocesal, que no afecta -hasta el momento- algún derecho sustantivo del promovente del amparo, pues en el caso de que ese proceder fuese ilegal o trascendiera al resultado del fallo, estaría en aptitud de reclamarla, a través del juicio de amparo directo en términos de los que establecen los artículo 170 y 173, apartado B, fracciones VI y X, de la ley en la materia. Cobra aplicación, la jurisprudencia P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, página 11, de título siguiente: «EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS». Por tanto, este juzgador estima que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento penal, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten los derecho adjetivos del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo del agraviado protegido por las garantías individuales de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trata. En ese contexto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el agraviado obtiene sentencia favorable; por lo que, atento a la naturaleza de los actos que aquí se impugnan, en manera alguna afecta en forma directa a inmediata algún derecho fundamental de la parte quejosa, pues sus efectos son meramente intraprocesales, no tienen una ejecución de imposible reparación, pues no afecta ningún derecho sustantivo tutelados por la ley, ya que incluso de obtener sentencia favorable el solicitante de amparo, desaparecería sin dejar huella en la esfera jurídica del quejoso el supuesto agravio y, en caso contrario, tendría expedito su derecho para alegarlo como violación procesal, en términos del artículo 173, apartado B, fracciones VI y X, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.P. J/41 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consultable a página 962, Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «AMPARO DIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO, SÓLO DEBEN ANALIZARSE LO ACTUADO Y LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE SE ACTUALICEN EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL, SIN ABARCAR ETAPAS PREVIAS». Por tanto, cuando se combatan tales actos procesales a través del juicio de amparo indirecto, éste resulta improcedente, de acuerdo al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, lo anterior es así, pues aun y cuando exista la inadmisión de las pruebas que ofertó el aquí quejoso, y que le pudiere ser adversa, cierto es también que ello no significa que aquel acto sea de imposible reparación; lo anterior, desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas en el artículo 173, apartado B, fracciones VI y X, de la Ley de Amparo, y que puede combatirse con la sentencia definitiva mediante el amparo directo, pues con tales medidas el legislador pretendió evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento, dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando con ello un retraso injustificado en la resolución del asunto, por ello se consideró que era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquéllas actuaciones que trascendieran al fallo y que tales violaciones podían analizarse y, en su caso, repararse mediante el juicio de amparo directo. En consecuencia, por notoriamente improcedente, debe desecharse de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado que se atribuye al tribunal responsable, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, página 890, de rubro siguiente: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE». Sin que pasen inadvertidos para este resolutor, los diversos criterios sostenidos por Nuestro Máximo Tribunal, en relación con la acepción de actos de imposible reparación, así como los casos de excepción tratándose de los intraprocesales, virtud a que la nueva Ley de Amparo, en el numeral y fracción examinados (107, fracción V), definió qué debe entenderse por actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, y, conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la aludida reforma, justificó la vigencia de la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, en la medida que no se oponga a lo proscrito en la nueva Ley de Amparo. Toda vez que la parte quejosa, no señaló en su demanda domicilio para oír y recibir notificaciones, no obstante, al encontrarse interno en el Centro Preventivo y de Reinserción de Chalco, Estado de México, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la ley en la materia, hágase ésta y las subsecuentes, en ese centro de reclusión. Respecto a la solicitud de que sea notificada la parte quejosa a través de una dirección de correo electrónico, que proporciona con fundamento en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales, y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor.

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