David Cristobal Ocaña Ramos
Expediente 1522/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1522/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- David Cristobal Ocaña Ramos
Actuaciones
- Principal
MESA IV.Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de once de diciembre del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. ...
- Principal
IV. Téngase por recibido el oficio de cuenta 4428, suscrito por la Secretaria del Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, al cual anexa el juicio de amparo directo 128/2017-D, del índice de ese cuerpo unitario, promovido por DAVID CRISTÓBAL OCAÑA RAMOS. Ahora bien, toda vez que dicho cuerpo Unitario, mediante resolución de siete de diciembre del año en curso, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, cuenta habida que si bien es cierto en el apartado de acto reclamado de la presente demanda de amparo, la parte quejosa señaló como tal la ley 201 y 205 de la Ley del Seguro Social el 2 y 3 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería, motivo por el cual dicha Superioridad estimó que el conocimiento de la demanda de amparo, correspondía a un Juez de Distrito y no a un Tribunal Unitario. En tal virtud, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de referencia; comuníquese lo anterior al Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. En ese sentido, previo a acordar lo conducente en torno al ocurso de demanda de que se trata, es menester destacar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Luego, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6° del mismo ordenamiento legal, por lo que hace al quejoso OCAÑA RAMOS, pues los preceptos referidos a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. Por tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculte a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. Apuntado lo anterior, del escrito de demanda que nos ocupa, se advierte que carece de la firma autógrafa del citado quejoso, por lo cual, no se puede considerar que manifiesta su voluntad y consentimiento, y por ende, que a dicha persona le cause un agravio el acto reclamado. Por su parte, el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "ARTÍCULO 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." En este orden de ideas, y tomando en consideración que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien agravie la ley o el acto que se reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, por sí o a través de su representante legal o su defensor, de ahí que todo escrito presentado ante un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercitar cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe, o bien, si ésta no se suscribiese con firma autógrafa, debe entenderse que propiamente no existe agraviado y la demanda resultaría improcedente. En esas circunstancias, debe decirse que la ausencia de firma en la demanda de amparo no constituye una irregularidad en la misma, susceptible de aclaración en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse firmado o bien, no firmado en forma autógrafa, constituiría un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 315, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, de octubre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, con número de registro 218142, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." De igual forma, es aplicable la tesis I.4o.T.59 L, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1049, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 195012, que establece: "FIRMA AUTÓGRAFA EN LA DEMANDA O PROMOCIÓN. NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN LA FALTA DE. La falta de firma autógrafa en una promoción o demanda laboral, no es materia de prevención o requerimiento alguno (artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo). Lo anterior es así, porque aquélla no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe." Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por DAVID CRISTÓBAL OCAÑA RAMOS. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en su demanda de amparo.
- Principal
IV. Téngase por recibido el oficio de cuenta 4428, suscrito por la Secretaria del Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, al cual anexa el juicio de amparo directo 128/2017-D, del índice de ese cuerpo unitario, promovido por DAVID CRISTÓBAL OCAÑA RAMOS. Ahora bien, toda vez que dicho cuerpo Unitario, mediante resolución de siete de diciembre del año en curso, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, cuenta habida que si bien es cierto en el apartado de acto reclamado de la presente demanda de amparo, la parte quejosa señaló como tal la ley 201 y 205 de la Ley del Seguro Social el 2 y 3 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería, motivo por el cual dicha Superioridad estimó que el conocimiento de la demanda de amparo, correspondía a un Juez de Distrito y no a un Tribunal Unitario. En tal virtud, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de referencia; comuníquese lo anterior al Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. En ese sentido, previo a acordar lo conducente en torno al ocurso de demanda de que se trata, es menester destacar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Luego, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6° del mismo ordenamiento legal, por lo que hace al quejoso OCAÑA RAMOS, pues los preceptos referidos a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. Por tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculte a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. Apuntado lo anterior, del escrito de demanda que nos ocupa, se advierte que carece de la firma autógrafa del citado quejoso, por lo cual, no se puede considerar que manifiesta su voluntad y consentimiento, y por ende, que a dicha persona le cause un agravio el acto reclamado. Por su parte, el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "ARTÍCULO 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." En este orden de ideas, y tomando en consideración que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien agravie la ley o el acto que se reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, por sí o a través de su representante legal o su defensor, de ahí que todo escrito presentado ante un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercitar cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe, o bien, si ésta no se suscribiese con firma autógrafa, debe entenderse que propiamente no existe agraviado y la demanda resultaría improcedente. En esas circunstancias, debe decirse que la ausencia de firma en la demanda de amparo no constituye una irregularidad en la misma, susceptible de aclaración en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse firmado o bien, no firmado en forma autógrafa, constituiría un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 315, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, de octubre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, con número de registro 218142, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." De igual forma, es aplicable la tesis I.4o.T.59 L, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1049, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 195012, que establece: "FIRMA AUTÓGRAFA EN LA DEMANDA O PROMOCIÓN. NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN LA FALTA DE. La falta de firma autógrafa en una promoción o demanda laboral, no es materia de prevención o requerimiento alguno (artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo). Lo anterior es así, porque aquélla no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe." Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y atento a lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, lo procedente es desechar de plano por notoria improcedencia, la demanda de amparo promovida por DAVID CRISTÓBAL OCAÑA RAMOS. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en su demanda de amparo.
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