David Cristobal Alvarez Bernal
Expediente 594/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- David Cristobal Alvarez Bernal
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que el promovente recurrió el auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías, dentro del término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado el veintidós siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veintiséis de los propios mes y año al uno de agosto del año que transcurre. En consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó de plano la demanda de garantías.
- Principal
PARA CONOCIMIENTO DEL PROMOVENTE DAVID CRISTOBAL ALAVAREZ BERNAL. Téngase recibido el escrito inicial de demanda presentado vía juicio en línea y firmado electrónicamente por David Cristóbal Álvarez Bernal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en San Ignacio, Sinaloa. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 594/2022. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido por la autoridad responsable en el expediente 63/2020. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta alguna causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, cuyo rubro dice: Por consiguiente y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, quien esto provee estima que en la especie se surte la prevista en el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo en vigor. Al respecto, es necesario establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa, cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal. En ese tenor, para que sea procedente el juicio constitucional, específicamente en el caso propuesto, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada dentro de un procedimiento seguido ante una autoridad judicial, la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación. Así, una determinación dictada por un tribunal dentro de un procedimiento tiene ejecución de imposible reparación cuando viola directamente cualquiera de los derechos sustantivos del gobernado, sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre en el caso que nos ocupa. En efecto, como se precisó en párrafos precedentes, el promovente reclama el auto emitido el veintidós de junio del año en curso, en los autos del expediente 63/2020, por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en San Ignacio, Sinaloa, en el que, entre otras cuestiones, admitió la prueba confesional ofrecida por los demandados a cargo del actor aquí quejoso, apercibiéndolo que en caso de no comparecer para su desahogo el treinta de agosto de dos mil veintidós, sin causa justa, se le tendrá confeso respecto de las posiciones que se califiquen de legales. Añade el quejoso en su demanda de amparo, que contra dicho auto interpuso recurso de apelación; sin embargo, refiere que no opera en su perjuicio el principio de definitividad, en virtud de que el medio de impugnación intentado no suspende el procedimiento de origen. Además, el promovente considera que el acto reclamado genera un perjuicio irreparable en su orbe jurídico, en virtud de que su asistencia presencial a la audiencia señalada para el desahogo de la prueba confesional a su cargo -y no así por medios remotos- pone en riesgo su salud e incluso su vida, en virtud de la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COVID-19. De todo lo anterior, puede obtenerse, en principio, que aun cuando el acto de autoridad cause en mayor o menor medida una molestia en el promovente, ello no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, la eventual violación a los derechos del promovente son de naturaleza meramente procesal, en virtud de que son reparables no solo a través del recurso de apelación que interpuso contra el auto reclamado -en caso de que éste resulte favorable a sus intereses-, lo que incluso actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, sino además, a través del medio de impugnación que en su caso proceda, en la eventualidad de que la parte actora no obtenga un fallo favorable cuando se resuelva en definitiva el juicio de origen. Aunado a ello, no puede considerarse la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-COVID-19, como una circunstancia determinante para estimar procedente -en el caso particular- el juicio de amparo intentado por el quejoso. Lo anterior es así, teniendo en cuenta que si bien es verdad durante los periodos más álgidos de la pandemia la realización ordinaria de las actividades jurisdiccionales representaban un obstáculo ciertamente difícil de superar ante el contexto del panorama epidemiológico que imperaba, precisamente en aras de salvaguardar la salud y la vida de los servidores públicos, litigantes y público en general; sin embargo, dicha etapa crítica que implicó incluso la suspensión de labores no esenciales y la realización de actividades a distancia, se ha superado con el paso del tiempo. Ello, a través de la política pública de prevención de la enfermedad derivada del virus SARS COVID-19, la campaña nacional de vacunación que actualmente incluye a los menores de edad comprendidos en el grupo etario de cinco a once años, el razonable distanciamiento social, uso adecuado de cubre bocas y la aplicación de protocolos sanitarios, que han propiciado la paulatina incorporación de las personas a sus actividades cotidianas y de manera presencial desde el mes de agosto de dos mil veinte, a la fecha, lo que incluyó -desde luego- las actividades jurisdiccionales. De manera que, mientras los semáforos epidemiológicos lo permitan y los tribunales implementen todos los protocolos necesarios de protección hacia los gobernados, no existe impedimento legal para que puedan desarrollarse las diligencias que sean necesarias ante un órgano jurisdiccional. Cierto es que la pandemia no ha concluido y aun con el programa de vacunación a la población, existe la posibilidad de que una u otra cepa pudiera nuevamente agravar la situación e incrementar los riesgos para la población obligando a activar nuevamente los protocolos de semáforo rojo, por lo que si esta circunstancia ocurriera, se abriría nuevamente una brecha temporal que obligaría a adoptar medidas por el Estado. De ahí que, quien esto emite considera que la sola citación del quejoso para que acuda a una diligencia de carácter presencial, para el desahogo de una prueba ofrecida a su cargo, no revela de manera manifiesta e indudable la vulneración a su derecho a la salud o que se ponga en peligro su vida, con motivo de las actuales condiciones sanitarias derivadas del virus SARS-COVID-19. Más aún, si su decisión de no acudir a dicha diligencia por las razones expuestas ante el tribunal de apelación, como se dijo, puede ser procesalmente reparada esa eventual violación a sus derechos, sin necesidad de que este juzgado deba resolver dicho tópico en forma excepcional, como lo pretende el quejoso. DESECHAMIENTO. Así, al no actualizarse en perjuicio de la quejosa una violación en grado predominante o superior que amerite la intervención del órgano de impartición de Justicia Federal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, vinculado con el diverso 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el diverso 63, fracción V, del invocado cuerpo normativo, se desecha la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Se precisa que los criterios en que se sustentó la presente determinación anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no contravienen lo previsto en la Ley de Amparo, por lo que conservan su vigencia, de conformidad con el artículo sexto transitorio del decreto que expidió la referida ley reglamentaria. Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. De conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene al promovente señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en Avenida Sierra Grande, número 104, fraccionamiento Lomas de Mazatlán, en esta ciudad y como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia a los licenciados Luis Bernardo Tenorio Arce y Heriberto Rodríguez Roldán, quienes tienen sus cédulas profesionales números 7765482 y 12667161, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Así también, se autoriza a dichos profesionista para consultar el expediente electrónico, cuyas claves de acceso son: bernardo.tenorio y Heribertoroldan. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.
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