David Cortés Ríos

Expediente 1680/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1680/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • David Cortés Ríos

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Remite constancias. Téngase por recibido el oficio que firma la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual remite las constancias solicitadas en acuerdo de seis de septiembre del año en curso; con su contenido, dese vista a las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Requiéranse constancias. Visto el estado de autos, y tomando en consideración que para resolver el presente juicio de amparo es necesaria copia certificada, completa y legible, del certificado de vacunación de las menores quejosas D.M.N.S. y A.M.N.S.; es que con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Secretaría del Bienestar del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, remita el certificado de vacunación, en el que se desprenda cuáles y cuantas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, han sido suministradas a las quejosas en mención a la fecha; y de igual manera, de ser el caso, si existiera alguna dosis pendiente, de conformidad con los lineamientos de vacunación autorizados para las menores, remita la fecha para la inoculación. En el entendido de que deberá agendarla con la oportunidad debida a fin de que la parte quejosa se encuentre en posibilidad de acudir a la cita programada. Apercibimiento Apercíbasele que, de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, esto es, $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto".

  2. Principal

    Por este medio se notifica al perito de quien se trata, el auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós que en lo conducente dice: Vista la comparecencia y el primer escrito de cuenta, de los que se advierten que Luis Ángel Reyes Chávez, acudió ante la presencia judicial a aceptar y protestar el cargo que le fue conferido como perito oficial; por tanto, agréguense a los presentes autos para que surtan los efectos legales conducentes, y téngase al perito de referencia aceptando y protestando el cargo conferido. Exhibe honorarios. Luego, se tiene al perito oficial exhibiendo los honorarios correspondientes, de los cuales aduce que se ajustan a lo establecido en la Disposición sexta del Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que puedan fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, dentro de sus honorarios contempla las horas de traslados que denomina como internos y externos. Requiérase. Por tanto, requiérase nuevamente para que dentro del plazo de tres días exhiba los honorarios que generarán la realización de su dictamen, en el que deberá precisar únicamente las horas que se emplearán para la elaboración del dictamen encomendado, especificando circunstancias de tiempo, modo y lugar, en términos de los lineamientos que establece la Disposición sexta del Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que puedan fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Se hace de su conocimiento que, como se precisó, sólo se deberán contemplar las horas destinadas para la elaboración del dictamen requerido, ya que no forman parte de dicha cotización las horas de traslado del perito a los domicilios de los órganos jurisdiccionales, auxiliares y administrativos, así como a las unidades administrativas del Consejo de la Judicatura Federal que requieran de su apoyo para el desahogo de una prueba pericial, por no ser empleadas en las actividades realizadas para llevar acabo un dictamen pericial, así como tampoco las relativas a las notificaciones derivadas del juicio, ello conforme a la aludida disposición sexta. Apercíbase. Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo requerido dentro del plazo otorgado, o bien, manifestar la imposibilidad que le asiste, este Juzgado de Distrito tendrá a bien nombrar a uno diverso de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Aún no transcurre plazo. Por otra, se recibe el escrito signado por el perito de la parte quejosa Luis Armando Hernández Aguilar, mediante el cual solicita una ampliación del plazo que le fue concedido para que emita el dictamen pericial que le fue solicitado en autos; por tanto, hágasele saber que aún no fenece el plazo concedido en acuerdo de cuatro de agosto del año en curso, por lo que deberá estarse a lo ahí ordenado. Notifíquese por lista física y electrónica, así como personalmente al perito oficial Luis Ángel Reyes Chávez y al perito Luis Armando Hernández Aguilar por conducto de la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por ****, autorizada en amplios términos de la parte quejosa, atento a lo solicitado y visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinte de julio de la presente anualidad, se requirió a las autoridades responsables Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como Actuario Notificador adscrito a la misma, para que dentro del plazo de tres días, dieran cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo emitida en autos, remitiendo a este Juzgado de Distrito constancia fehaciente de ello. Asimismo, que la aludida autoridad fue notificada del proveído señalado en el párrafo que antecede el uno de agosto de dos mil veintidós, como se aprecia de los acuses de recibo de los oficios 28052/2022 y 28053/2022, sin que a la fecha hayan informado sobre lo requerido. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere NUEVAMENTE Y POR ULTIMA OCASIÓN a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como Actuario Notificador adscrito a la misma, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, den cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, esto es: La Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: Deje sin efectos la fecha señalada para el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 4005/2021 de su índice, y señale una nueva fecha ciñéndose al plazo previsto por el artículo 873, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo. En tanto que el Actuario Notificador de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: De no haberlo hecho, acredite que emplazó a la parte demandada en el juicio laboral de origen, o, en su caso la imposibilidad que tenga para ello." Pudiendo remitir constancia que acredite lo anterior, ello en la vía electrónica al correo oficial de este Juzgado 6jdo3ctoal@correo.cjf.gob.mx. Apercibimiento. Apercíbase a la autoridad responsable, que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA) vigente, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Además, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia siguiente: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Superior jerárquico. En el caso, no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la autoridad responsable Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Por otra parte, en acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quien resulta ser el superior jerárquico del Actuario Notificador adscrito a la citada Junta, para que ordene a éste, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos previamente señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento.

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