David Chávez Flores

Expediente 742/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
742/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • David Chávez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACION

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PROMOVENTE.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por David Chávez Flores, por su propio derecho, contra actos del Director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 742/2022, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del estudio integral del escrito de demanda y sus anexos se advierte que la parte quejosa acude a la instancia constitucional, en su carácter de empleado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, específicamente como médico especialista en terapia intensiva del Hospital General del referido Instituto en el turno nocturno, para reclamar la circular número D/014/2022 de veintinueve de junio de dos mil veintidós, suscrita por el Director del referido nosocomio y dirigida al Subdirector Médico, Coordinadores Médicos y Jefes de Servicio y Sección Médica, en la que les indica que instruyan al personal a su cargo para que en el momento en que sean requeridos ingresen al área COVID-19 del hospital para brindar atención oportuna a los pacientes con dicho padecimiento; así como las consecuencias que deriven de la referida comunicación oficial. Lo anterior, considera transgrede sus derechos humanos dado que, bajo protesta de decir verdad, precisa que se trata de una persona adulta mayor al contar con sesenta y cinco años de edad por lo que se le debe considerar como persona vulnerable, aunado a que se contravienen las condiciones generales de trabajo al poner en peligro su salud. Precisado lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Así, tenemos que los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, contemplan la posibilidad de que los actos de particulares puedan ser objeto de tutela constitucional; lo cual condicionó a que realizaran actos equivalentes a los de la autoridad, es decir, que dictaran, ordenaran, ejecutaran o trataran de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitieran realizar el acto que de efectuarse produciría esto último; violando el particular los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ya sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, no obstante que la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio de amparo; de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para que ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, pues de ser lo contrario excluiría la participación de autoridades de jurisdicción ordinaria para dirimir controversias suscitadas, por ejemplo, entre el Estado como patrón y sus servidores, pues si bien la actuación de la primera de ellas, encuentra su origen en una norma general, ésta debe provocar, en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le otorgue, la afectación señalada en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo. La Teoría General del Derecho clasifica las relaciones jurídicas en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación; y para determinar sobre la procedencia del presente juicio es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que el quejoso la señale como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Precisado lo anterior, el acto reclamado no encuadra en dicho supuesto, puesto que éste tiene su origen entre el Director del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado como representante del patrón en dicho Hospital y el quejoso como trabajador, en el que si bien existe una relación de subordinación, dado que el quejoso debe atender las ordenes recibidas por el Director responsable como su superior jerárquico, esta relación de supra a subordinación deriva de una relación laboral con motivo de un contrato de trabajo celebrado entre el trabajador quejoso y el Instituto patrón, misma que el quejoso consintió voluntariamente; por lo que en el presente asunto en estudio no se está ante un acto autoritario en el que el patrón haya actuado con la potestad que le otorga la ley. De ahí que, si en el caso que se analiza el quejoso al servicio del Instituto responsable, reclama la circular número D/014/2022 de veintinueve de junio de dos mil veintidós, suscrita por el Director del referido nosocomio y dirigida al Subdirector Médico, Coordinadores Médicos y Jefes de Servicio y Sección Médica, en la que les indica que instruyan al personal a su cargo para que en el momento en que sean requeridos ingresen al área COVID-19 del hospital para brindar atención oportuna a los pacientes con dicho padecimiento; así como las consecuencias que deriven de a referida comunicación oficial; resulta improcedente el juicio de amparo, al no plantearse en el caso un acto de autoridad que vulnere o restrinja en forma directa algún derecho sustantivo protegido por la norma Constitucional, sino -se insiste- una cuestión inherente a la relación laboral establecida entre ambos en un plano de coordinación. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 34/2021 (11a.), consultable en el Libro 9, Enero de 2022, Tomo II, página 1253 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente." Asimismo, tiene aplicación por analogía la tesis aislada (IV Región)1o.11 A (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2964, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, Undécima Época, Materia Común, de rubro y textos siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS DIRECTORES DE LOS HOSPITALES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE UN TRABAJADOR MÉDICO Y DICHO ORGANISMO. La doctrina señala que el acto de autoridad se caracteriza por la subordinación de una persona frente a un ente público con el carácter de autoridad, que se origina por el despliegue de las facultades legales de esa potestad, esto es, se crea una relación de supra a subordinación con un particular, que tiene su nacimiento en la ley y con motivo de ella emite actos unilaterales, esto es, sin contar con su voluntad que pueden crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones en su esfera jurídica. Ahora, si bien es cierto que entre los directores de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los trabajadores médicos existe una relación de subordinación, pues estos últimos deben limitar su acción a las órdenes recibidas de sus superiores jerárquicos, también lo es que esa relación de supra a subordinación deriva de la relación laboral que guardan las partes y tiene su origen en un nombramiento y en el contrato colectivo de trabajo celebrado entre ese instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por lo que no puede considerarse un imperativo público; además, no cumple con el requisito de heteroaplicabilidad, en virtud de que el trabajador manifestó su consentimiento a esa subordinación desde el momento en que quiso y aceptó la relación de trabajo, esto es, fue su libre voluntad estar ligado a esa institución que le proporciona un trabajo a cambio de una remuneración; de ahí que los actos que emitan los directores señalados no son de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando derivan de la relación laboral entre un trabajador médico y dicho organismo, en virtud del empleo al que aquél accedió y ha mantenido." Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en segunda privada de loma bonita 173 BIS, colonia Mozimba, en esta ciudad; por autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Miguel Arcos Vélez, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Sergio Alberto Mastache Bustamante y Monserrat Mastache Cristerna, por no cumplir con el requisito anterior. I N F O R M A C I Ó N G E N E R A L Por otra parte, se informa a la parte quejosa que acorde al numeral 3 del referido Acuerdo General 21/2020, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado Acuerdo General 21/2020. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

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