David Cháirez Silva

Expediente 243/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
243/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita
  • David Cháirez Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que transcurrió el término legal, sin que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Primer Tribunal Colegiado, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, así mismo, se dejaron sin materia el amparo adhesivo y el incidente de falta de personalidad, por lo tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, con testimonio de la ejecutoria, remítanse a la autoridad responsable los autos de origen, archívese el expediente y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Juicio de Amparo Directo

    PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxx, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se deja sin materia el amparo adhesivo promovido por xxx, e Instituto Liceo E. S. L. Guadalupe, Sociedad Civil, por conducto de su apoderado legal. TERCERO. Se declara sin materia el incidente de falta de personalidad promovido por el impetrante Cháirez Silva.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "SEGUNDO. No serán objeto de estudio el laudo y su aclaración reclamados y los conceptos de violación que en su contra se enderezan, en virtud de que, en el caso este Tribunal Colegiado advierte en forma oficiosa que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual obliga a sobreseer en el presente litigio constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En principio conviene precisar que por disposición expresa de los artículos 17, párrafo primero, y 18 de la Ley de Amparo, el término genérico para la interposición de una demanda de garantías es de quince días; plazo éste que se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación hecha al quejoso del acto o resolución que reclame; o bien al en que haya tenido conocimiento o en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Ahora bien, de las actuaciones remitidas por la autoridad responsable en vía informe justificado, se advierte en lo conducente, que el solicitante de la protección constitucional fue notificado de la aclaración de laudo reclamada por medio de cédula el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (foja 422 del juicio laboral). La ley instrumental que rige el acto reclamado, es la Ley Federal del Trabajo, la cual dispone en su artículo 733, que los términos judiciales comenzarán a correr a partir del día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, por lo que habiéndose practicado la notificación por medio de cédula el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, surtió efectos el mismo día en términos del numeral 747, fracción I, de dicha legislación, y el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo inició el veinticuatro de agosto y concluyó el veintiuno de septiembre del citado año, sin contar los días veintisiete y veintiocho de agosto, así como tres, cuatro, ocho, del diez al doce y del catorce al diecinueve de septiembre, todos de la mencionada anualidad, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto en el numeral 19 de la Ley de Amparo y la certificación remitida por la autoridad responsable. En ese contexto, si el quejoso David Cháirez Silva presentó ante la autoridad responsable la demanda de amparo que se analiza el once de junio de dos mil dieciocho, según consta del sello de recibido de la demanda de amparo que nos ocupa (foja 289), y como así se hizo constar en la certificación acerca de la notificación del acto reclamado, presentación de la demanda y días inhábiles que mediaron entre ambas fechas que obra a foja 287 del cuaderno de amparo, se puede considerar que la demanda fue promovida excediendo el término de quince días que para tal efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo y, por tanto, es patente que su presentación es extemporánea. De ahí que en el caso se actualiza una causa de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el párrafo inicial de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual se refiere a la improcedencia del juicio constitucional contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que al efecto se establecen por el artículo 17 de la propia legislación. A lo anterior puede aplicar la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada bajo el número 14, en la página 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." No es obstáculo para determinar lo anterior, que mediante auto de presidencia se haya admitido a trámite la demanda de amparo de que se trata, pues las determinaciones de esa naturaleza no causan estado al ser producto de un examen preliminar del asunto planteado; siendo, además, competencia del Pleno de este Tribunal Colegiado, el estudio definitivo sobre la precedencia del juicio de derechos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia que se comparte, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1126, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. La determinación contenida en el auto admisorio de presidencia corresponde a un examen preliminar del asunto emitido por el presidente del tribunal en ejercicio de las atribuciones que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de ahí que al constituir resoluciones de mero trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente, no causen estado, por lo que el Tribunal Colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva la competencia del órgano terminal de amparo, así como la procedencia del amparo o del recurso previamente admitido por acuerdo de presidencia y, de resultar aquéllos improcedentes, resolver lo que corresponda conforme a derecho, con plenitud de jurisdicción y con vista a todo el asunto." En consecuencia, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que lleva a este Tribunal Colegiado a sobreseer en el juicio, con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese mismo cuerpo de leyes. TERCERO. Vista la conclusión alcanzada en el considerando previo, queda sin materia el amparo adhesivo promovido por Armando Ortega Dávila e Instituto Liceo E. S. L. Guadalupe, Sociedad Civil, por conducto de su apoderado legal, toda vez que quedó satisfecha la pretensión toral de éstos, de que subsista en sus términos el acto reclamado. Resulta aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, que este órgano colegiado comparte, publicada en la página 1007, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018550, que dice: "AMPARO DIRECTO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI EN EL PRINCIPAL SE SOBRESEE ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ALEGADA EN AQUÉL, AL HABERSE SATISFECHO LA PRETENSIÓN DEL QUEJOSO ADHERENTE. En el amparo directo adhesivo es jurídicamente válido formular alegaciones relativas a la improcedencia del juicio de amparo principal, ya que si bien dentro de los requisitos de procedencia y los presupuestos de la pretensión del amparo adhesivo, previstos en el artículo 182 de la Ley de Amparo, no encuadra el supuesto relativo a que en éste puedan exponerse alegaciones atinentes a la improcedencia en el amparo principal, ello no significa que en el amparo adhesivo esté proscrita la posibilidad de que se expongan ese tipo de argumentos, porque poner en conocimiento del órgano de control constitucional el surgimiento de una causal de improcedencia, es una carga de las partes en el juicio de amparo, conforme al párrafo primero del artículo 64 de la ley invocada, de modo que de una interpretación sistemática de la porción normativa de este numeral en relación con el primero citado, es factible asumir que en el amparo adhesivo pueden contenerse, tanto conceptos de violación vinculados con algunos de los supuestos previstos en el artículo 182 señalado, como alegaciones tendentes a evidenciar la improcedencia del amparo principal, en cuyo caso, de acuerdo con los principios de la lógica y las reglas del procedimiento de amparo, es de análisis preferente al fondo del asunto principal y adhesivo, en términos del artículo 62 de la propia ley, en tanto que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público. Por tanto, si el tribunal estima que el juicio de amparo principal debe sobreseerse ante la actualización de una causal de improcedencia planteada en el adhesivo, éste debe declarase sin materia, al haberse satisfecho la pretensión del quejoso adherente consistente en que subsista en sus términos el acto reclamado". CUARTO. De igual forma, se declara sin materia el incidente de falta de personalidad promovido por el impetrante David Cháirez Silva en relación a la demanda de amparo adhesiva presentada por el apoderado legal de los terceros interesados Armando Ortega Dávila e Instituto Liceo E. S. L. Guadalupe, Sociedad Civil, dadas las conclusiones a que se arribó en los considerandos precedentes." En tales condiciones, se da vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las facilidades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente sumario mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán proporcionar el nombre de usuario debidamente registrado en el "Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación", a través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución. Notifíquese, por lista a la parte quejosa.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los autos del presente asunto y tomando en cuenta que mediante oficio SEADS/501/2021, el Secretario Ejecutivo de Adscripción, informó el acuerdo tomado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el sentido de aprobar la readscripción de la magistrada Rafaela Madrid Padilla, a este Tribunal Colegiado, a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, llegada dicha fecha y sin que sea necesario nuevo proveído al respecto, retúrnense los autos de este asunto a la magistrada en cita, a fin de que se formule el proyecto de resolución correspondiente. Por otro lado, hágase saber a las partes que este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, a partir del dieciséis de agosto del presente año, estará integrado para resolver el presente asunto, por los magistrados Pedro Guillermo Siller González Pico (presidente), Rafaela Madrid Padilla y Eduardo Antonio Loredo Moreleón.

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