David Cervantes Cuevas
Expediente 164/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 164/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- David Cervantes Cuevas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 164/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "(.) Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a David Cervantes Cuevas, para el efecto siguiente: "(.) la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, y en su lugar, emita otra, en la que tenga en cuenta que había tenido por justificada la incomparecencia del quejoso y del menor en la Convivencia de Transición de veintitrés de octubre de dos mil veinte, y resuelva fundada y motivadamente lo que en derecho proceda. Así, al resultar fundados los conceptos de violación que anteceden, resulta innecesario el estudio de los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la presente sentencia. (.)" Mediante proveído de veinte de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, mediante proveído de doce de agosto siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Así, con oficio 5243/2021 el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, anexó copia certificada de la resolución de diez de agosto de dos mil veintiuno, con el cual ordenó dejar sin efectos la diversa de veinticuatro de febrero del año en curso (acto reclamado). En ese mismo acto, declaró sin materia el recurso de revocación interpuesto por David Cervantes Cuevas, en contra del auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, en virtud de que por auto de diez de diciembre de dos mil veinte, tuvo por justificada la incomparecencia del recurrente con su hijo menor de edad para que se realizara la convivencia de transición decretada. Lo anterior, de conformidad con el artículo 337 del Código Procesal Civil Vigente en el Estado, con base en la constancia médica que expidiera el médico Esmeralda Neri Flores, el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el que estableció como diagnostico "GEPI" con una incapacidad de dos días, correspondiente al veintitrés y veinticuatro del mismo año, siendo la primera de las mencionadas fechas donde debía verificarse la convivencia de transición entre el menor y su madre, misma que fue ratificada en diligencia de tres de diciembre de ese año. Así, al haber declarado sin materia el recurso de revocación de su conocimiento, determinó que quedaba insubsistente la orden de multa que ordenó librar a la oficina de hacienda del Estado. Especificando que no se materializó la orden de imposición de multa, al omitir girar oficio al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado para su ejecución. En relatadas condiciones, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, esto es, dejó insubsistente la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, y en su lugar, emitió otra, en la que tuvo en cuenta que había tenido por justificada la incomparecencia del quejoso y del menor en la Convivencia de Transición de veintitrés de octubre de dos mil veinte, declarando sin materia el recurso de revocación interpuesto por David Cervantes Cuevas y determinó que quedaba insubsistente la orden de multa que ordenó librar a la oficina de hacienda del Estado. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado (definitiva) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, el suscrito estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas remitido por el juez responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. (.)" En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, por medio del cual remite las constancias con las que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, la autoridad responsable remite copia de la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, por medio de la cual dejó insubsistente el acto reclamado de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno y determinó declarar sin materia el recurso de revocación que le fue turnado a resolver, en vista de que por diverso auto de diez de diciembre de dos mil veinte, resolvió sobre el motivo de la inconformidad, por lo que dejó sin efecto la orden de veintiséis de octubre de dos mil veinte, por cuanto se refiere a librar el oficio a la oficina de hacienda del Estado por concepto de multa. Sin embargo, continua transgrediendo la garantía de legalidad al no atender adecuadamente al principio de congruencia, con una debida fundamentación y motivación, pues si bien la autoridad responsable declaró sin materia el recurso de revocación, aludiendo que fue resuelta en auto de diez de diciembre de dos mil veinte, no se advierte que analizara fundada y motivadamente, según los lineamientos de la sentencia amparadora, lo resuelto en el auto de veintiséis de octubre de ese año y la imposición de la multa, que reclama el quejoso en dicho medio de impugnación. Ello; pues únicamente refiere dejar sin efectos la orden de librar el oficio a la autoridad encargada de ejecutar la multa, más no se pronuncia respecto a si ésta subsiste o no, habiendo tomado en cuenta que tuvo por justificada la incomparecencia del menor, que fue el motivo de la imposición de la multa reclamada a través del medio de impugnación que en cumplimiento de esta ejecutoria de amparo resolvió declarar son materia, siendo meramente declarativo, incurriendo con ello nuevamente en los vicios que se le puntualizaron en sentencia autorizada el veintiocho de junio pasado. En esa línea de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en atención a las tesis P./J.54/2014(10a.) y 2ª/./VIII/2014, se requiere al Juez responsable para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo de que se trata, siguiendo puntualmente sus lineamientos, sin repetir, ni incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento de la misma. Sirven de apoyo a lo anterior, las citadas jurisprudencias, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada." En el entendido de que subsiste el apercibimiento establecido en el proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, para el caso de no cumplir con lo anterior; esto es, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que las autoridades responsables, están obligadas a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realicen los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a: "[.] Protección constitucional que se concede para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, y en su lugar, emita otra, en la que tenga en cuenta que había tenido por justificada la incomparecencia del quejoso y del menor en la Convivencia de Transición de veintitrés de octubre de dos mil veinte, y resuelva fundada y motivadamente lo que en derecho proceda. Así, al resultar fundados los conceptos de violación que anteceden, resulta innecesario el estudio de los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la presente sentencia. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia que también se cita en términos de lo dispuesto en el artículo 6° Transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que es del rubro siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS." [.]" Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberán informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa y tercero interesada, la sentencia de veintiocho de junio del año en curso, que en sus puntos resolutivos dice: Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 al 79 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a David Cervantes Cuevas; contra los actos precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo a lo señalado en el considerando séptimo de esta resolución. Lo anterior se notifica por este medio a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos.
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