David Cerda Herrera y Otros.

Expediente 1123/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1123/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
18/01/2019

Partes del expediente

  • David Cerda Herrera y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintiséis de diciembre del año que transcurre, que desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto del referido acuerdo, habida cuenta que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además de que a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por último, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto del capítulo quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el aludido sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VENTISÉIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA I.- Vista la demanda de amparo presentada por David Cerda Herrera, Ignacio Pérez Pérez, Enrique Silvestre Rodríguez, Manuel Noli Martínez, contra actos del Juez Octavo Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, y 20 apartado "B" fracción I, Constitucionales; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 1123/2018-I-L. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, se advierte que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y carece de firma autógrafa de los quejosos David Cerda Herrera, Ignacio Pérez Pérez y Enrique Silvestre Rodríguez; en consecuencia, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo; por tanto, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada, plasmada a través de la firma autógrafa. Por tanto, en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Máxime que la firma del promovente es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere; en consecuencia, la firma constituye un requisito esencial para dar validez a un documento presentado ante un Órgano de Control Constitucional, por lo que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la voluntad de quien promueve. En tales condiciones, al no existir en la demanda evidencia de la firma de la persona que se considera afectada en sus intereses jurídicos, no puede considerarse ejercida la acción constitucional, y, por ende, no se cumple en la especie la instancia de parte agraviada para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable al caso por los motivos que lo exponen, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 96, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 175-180 Sexta Parte, con número de registro 249481, cuyo rubro y texto rezan: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". Así como por analogía el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 862, Libro 53, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril 2018, Décima Época, cuyo rubro y texto es: "REVISIÓN EN AMPARO. LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA DE QUIEN INTERPONE UN RECURSO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO CONSECUENCIA SU DESECHAMIENTO. Conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, las promociones en los juicios de amparo deben formularse por escrito, mediante formato impreso o documento electrónico, debiendo contener, en el primer caso, la firma autógrafa del promovente y, en el segundo, su firma electrónica, la cual producirá los mismos efectos que la autógrafa. De esta manera, la firma de quien interpone un recurso o cualquier otro medio de defensa previsto en la Ley de Amparo, constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar la nulidad de un acto ante el tribunal de amparo, razón por la cual, se traduce en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, de ahí que si una promoción carece de la firma autógrafa o electrónica procede su desechamiento, ya que ello impide tener certeza de la autenticidad del documento, porque para probar la voluntad del recurrente es necesario tener certidumbre de su intención de interponer el medio de impugnación intentado." Por lo anterior, se estima que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 6, ambos de la Ley de amparo, relacionados con el numeral 113, del ordenamiento legal citado, por ende, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia, promovida por David Cerda Herrera, Ignacio Pérez Pérez y Enrique Silvestre Rodríguez, al existir una causal manifiesta e indudable de improcedencia. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia 4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por su parte, Manuel Noli Martínez solicitó el amparo contra el acto reclamado consistente en: La identificación administrativa, así como el inminente arresto derivado de lo anterior. Atribuido al Juez Octavo Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ahora bien, debe destacarse que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que mediante demanda presentada el veintiuno de mayo del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta Ciudad, el propio quejoso Manuel Noli Martínez, reclamó del referido Juez Octavo de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el auto de formal prisión emitido el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, así como la identificación administrativa ordenada. Controvertido constitucional que fue turnado a este órgano jurisdiccional el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, radicándose bajo el número de juicio de amparo 400/2018-I-A. De lo anterior, es evidente que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 217, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo que dicen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." "ARTÍCULO 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." Ahora bien, como ya quedó establecido en párrafos antecedentes, el acto reclamado en el presente juicio de garantías es la orden de identificación administrativa atribuida al Juez Octavo Penal de Delitos No Graves del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; mismo acto que fue reclamado por el propio quejoso en el juicio de amparo 400/2018-I-A, de la estadística de este Juzgado de Distrito, el cual fue resuelto mediante sentencia terminada de engrosar el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, sin que la misma fuera impugnada toda vez que causó ejecutoria el seis de diciembre siguiente, por lo que resultaría innecesario analizarla nuevamente, atendiendo al principio de cosa juzgada, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 85/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 589, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168959 que dice: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." De ahí que no se puede tener como acto reclamado el inminente arresto ya que como lo refiere el quejoso en la demanda éste deriva de la orden de identificación administrativa, la cual ya fue materia de estudio; aunado a que este órgano de control constitucional, atendiendo a los antecedentes de la demanda no se advierte que éste ya se llevó a cabo, por tanto, se trata de un acto futuro de realización incierta. Sin que pase inadvertido para éste Juzgado de Distrito, que si bien la parte quejosa es omisa en señalar la causa penal en la que fue emitida la orden de identificación administrativa que combate, lo cierto es que de su capítulo de antecedentes del acto reclamado se advierte que deriva de la averiguación previa FMH/MH1T2/1283/11-04, misma averiguación de la que derivan los actos que reclamó en el juicio de amparo 400/2018-I-A. Cabe decir que la resolución que resolvió el juicio de amparo 400/2018-I-A, se cita como un hecho notorio. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido substancial la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, Tomo XXV, junio de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Así como también es aplicable el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicado en la página 2023 Tomo XXXII, agosto del dos mil diez, del Semanario en cita, Novena Época, que dice: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS.- Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen." En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 217, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 112 y 113, de ese propio ordenamiento legal, también se desecha por notoriamente improcedente la demanda presentada por Manuel Noli Martínez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tienen como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos a Juan Rafael Ramírez Zamora, Yesenia Vale Alarcón, Alberto Hernández Villa y Carlos Maravillas Lemus. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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