David Castro Ostiguin
Expediente 1257/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 42 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1257/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 22/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- David Castro Ostiguin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda y el fallo relativo, mismos que deberán conservarse en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Incidental
Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que quedó firme el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No exhibió. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad con el considerando vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. Sin que hubiere lugar a proveer respecto del duplicado del incidente de suspensión, toda vez que se determinó lo relativo en resolución de cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la sentencia de amparo, dictada por este órgano jurisdiccional, los cuales fueron los siguientes: "1. Deje insubsistente lo actuado en las audiencias de veintitrés y veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, celebradas en la causa penal 287/2018, de su índice, asimismo, se abstenga de seguir conociendo de la causa penal motivo del presente juicio de amparo y ordene que se remita a un diverso Juez de Control para que éste sea quien dé cumplimiento al presente fallo, debiendo prevalecer la medida cautelar de privación de la libertad que se le impuso al quejoso, en virtud de que ello no es materia de concesión del presente juicio; 2. Que el diverso Juez de Control reponga el procedimiento a partir del inicio de la audiencia de formulación de imputación de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho para el efecto de que el agente del Ministerio Público formule de forma oral la imputación y previo al plazo constitucional que decida el imputado para resolver su situación jurídica (setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas) requiera al agente del Ministerio Público para que de estimarlo procedente solicite la vinculación a proceso del aquí quejoso, exponiendo en forma oral las razones y motivos acerca de cómo es que los datos de prueba acreditan la existencia del delito y la probable participación del solicitante de amparo en su comisión; 3. Con libertad de jurisdicción resuelva lo que conforme a derecho proceda". Ejecutoria. Una vez que causó ejecutoria dicha sentencia, el diez de septiembre de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que dicha autoridad en cumplimiento al fallo protector realizó lo siguiente: 1. Por oficio 901/2019, recibido en este órgano jurisdiccional el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el licenciado Alonso de Santiago Flores, hizo del conocimiento de este juzgado que en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente lo actuado en audiencias de veintitrés y veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, prevaleciendo la medida cautelar de privación de la libertad que se impuso al quejoso; asimismo, que se repuso el procedimiento a partir del inicio de la audiencia de formulación a la imputación de veintitrés de agosto pasado, para que el agente del ministerio público, formule de forma oral la imputación y se resolviera respecto de la situación jurídica del quejoso. 3. Asimismo, por oficio 928/2019, recibido en este órgano jurisdiccional, el Administrador de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, informó que el juez inicialmente señalado para conocer de la audiencia de formulación a la imputación, presentó problemas de salud, por lo que se difirió la misma y se señalaron las once horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve, para la celebración de la misma, designando a la licenciada Karla Lizbeth Martínez Medina, para que sea la Juez de Control que conozca de la referida audiencia. 4. Finalmente, por oficio 5480/2019 de siete de octubre del año en curso, la licenciada Karla Lizbeth Martínez Medina Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, informó que dentro de la causa penal 287/2018, se dictó en contra del quejoso auto de vinculación a proceso, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, además informó que el plazo para el cierre de la investigación complementaria será de seis meses que habrán de concluir el siete de abril de dos mil veinte; al efecto, acompañó al mencionado oficio, copia certificada del audio y video en disco compacto en formato DVD de la audiencia de siete de octubre de dos mil diecinueve. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, se ordenó dar vista a las partes. Desahogo de la vista. Al respecto la parte quejosa, hizo uso de tal derecho por conducto de la defensora particular del quejoso y autorizada en términos amplios del mismo en este juicio de amparo, quien refiere que en el caso la autoridad responsable no cumple con la ejecutoria de amparo, en atención a que esencialmente: El Agente del Ministerio Público aportó ante el juez de control datos de prueba recabados durante la investigación formal, es decir, con posterioridad a la vinculación a proceso, por lo que evidentemente afecta el derecho a la defensa adecuada del imputado, razón por la cual la responsable se excedió en el cumplimiento al fallo protector. Lo anterior lo considera así, en tanto que si los efectos de la sentencia de amparo son volver las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la violación incurrida, el Ministerio Público solamente debió exponer los datos de prueba que contaba hasta antes de la audiencia de vinculación a proceso de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; sin embargo, adujó que el fiscal relativo, introdujo diversos datos de prueba recabados durante la etapa de investigación formal y posterior a la fecha de la audiencia que fue materia de análisis en la sentencia de amparo. Que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la sentencia protectora en tanto que uno de los efectos de la misma fue para que el agente del ministerio público de estimarlo procedente, solicite la vinculación a proceso del quejoso, exponiendo en forma oral las razones y motivos acerca de cómo es que los datos de prueba acreditan la existencia del delito y la probable participación del solicitante del amparo en su comisión; sin embargo, considera que ese apartado no se cumplió, en tanto que el fiscal relativo solamente se limitó a relatar el contenido de los datos de prueba, sin que existiera motivación o razonamiento del porqué esos datos de prueba acreditaban la existencia del delito y con cuales datos de prueba se hacía posible la participación del imputado en los hechos, y que en todo caso, quien realizó dicho razonamiento o motivación fue la juez de control. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que previamente se les otorgó valor probatorio pleno, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector. Así, para efectos de mayor precisión se analizaran los efectos del fallo protector punto por punto. El primer punto relativo a que se deje insubsistente lo actuado en las audiencias de veintitrés y veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, celebradas en la causa penal 287/2018, de su índice, asimismo, se abstenga de seguir conociendo de la causa penal motivo del presente juicio de amparo y ordene que se remita a un diverso Juez de Control para que éste sea quien dé cumplimiento al presente fallo, debiendo prevalecer la medida cautelar de privación de la libertad que se le impuso al quejoso, se cumplió a cabalidad desde el momento que se emitió el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. En efecto, mediante oficio 887/2019, el licenciado Alonso de Santiago Flores, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, comunicó a este juzgador que fue designado como Juez de Control para dar cumplimiento al fallo protector, es decir, se trata de un diverso Juez de Control que el que conoció inicialmente de la causa penal de que se trata, con lo cual se colmó lo relativo a que el juez que conoció inicialmente se abstenga de seguir conociendo. Asimismo, mediante oficio 901/2019, comunicó el auto mencionado de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual el referido juzgador dejó insubsistente todo lo actuado en audiencias de veintitrés y veintisiete de agosto de dos mil dieciocho dentro de la causa penal 287/2018, prevaleciendo la medida cautelar de privación de la libertad que se impuso al quejoso. El segundo punto de la concesión, relativo a que: El diverso Juez de Control reponga el procedimiento a partir del inicio de la audiencia de formulación de imputación de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho; se colma por un lado, con el apartado conducente del acuerdo mencionado anteriormente, en el cual determinó reponer el procedimiento a partir del inicio de la audiencia de formulación a la imputación de veintitrés de agosto pasado. La mencionada reposición tuvo por efecto que el agente del Ministerio Público formule de forma oral la imputación y previo al plazo constitucional que decida el imputado para resolver su situación jurídica (setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas) requiera al agente del Ministerio Público para que de estimarlo procedente solicite la vinculación a proceso del aquí quejoso. En relación con dicha reposición debe tenerse en consideración que en la audiencia relativa llevada a cabo a las doce horas con doce minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve, el ministerio público formuló imputación, precisamente del minuto 11:59 al minuto 21:01 de la referida audiencia, el fiscal mencionado le hizo del conocimiento al imputado (aquí quejoso), que se le sigue una investigación en su contra con base en los hechos ocurridos el día catorce de enero de dos mil dieciocho, exponiéndole los hechos relativos momento a momento, su grado de participación y las agravantes con las que fue calificado el hecho que se le imputa; asimismo le hizo de su conocimiento quienes son las personas que deponen en su contra. Posterior a la formulación de la imputación, la juez de la causa explicó al imputado que el ministerio público solicitaría la vinculación a proceso, y precisamente en el minuto 20:20, le hace del conocimiento que puede tomar la decisión del plazo constitucional en el cual se puede resolver su situación jurídica, precisándole que puede hacerlo en setenta y dos horas o en ciento cuarenta y cuatro, y que esa decisión la debe tomar una vez que tenga conocimiento de los datos de prueba con los que el fiscal pretende justificar esa petición de vinculación a proceso. Así, en la referida audiencia, el ministerio público narró del minuto 25:58 al minuto 1:06:45, de la video grabación de la audiencia, los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Ahora bien, posterior a la narración de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación relativa, el ministerio público continuó con su intervención y precisamente del minuto 1:06:46 al 1:08:40 de la video grabación, precisó: "Siendo estos datos de prueba señoría con los que cuenta esta fiscalía, si bien es cierto por los cuales se solicitaría se dictada el correspondiente auto de vinculación a proceso, toda vez que además hay una resolución por un órgano jurisdiccional, pero si bien es cierto es de recordar que esta a su vez emite el razonamiento que con libertad de jurisdicción se emita la resolución que conforme a derecho resulte, pero con los cuales su señoría, con estos datos de prueba ya reseñados y expuestos por la fiscalía en primer término permiten establecer que existe una alta razonabilidad y posibilidad que el imputado David Castro Ostiguin, primeramente cometió un hecho que la ley califica, configurativo del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y ventaja, y, en segundo término, la probabilidad de que este a su vez haya participado en la comisión de este ilícito además de sus acompañantes, sin que hasta el momento señoría se establezca o se pueda desprender alguna causal excluyente del delito, causa o motivo de extinción de la acción penal a favor del imputado aquí presente, para lo cual su señoría debería de realizar un análisis profundo en forma conjunto y concatenados entre si los datos de prueba ya reseñados, para los cuales en sí permiten establecer en grado de probabilidad y de participación del imputado del señor David Castro Ostiguin, por lo cual, con todo lo anterior su señoría, solicitaríamos se emita el correspondiente auto de vinculación a proceso en contra del imputado ya precisado, esto atendiendo además al numeral 19 Constitucional y el 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sería todo su señoría" Una vez concluida la participación del fiscal, la juez de la causa, cuestionó al imputado cuando es que deseaba que se resolviera su situación jurídica; así, una vez que el imputado tuvo conocimiento de la imputación en su contra, así como de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, y una vez que se solicitó fuera vinculado a proceso, el imputado libremente decidió que su situación jurídica fuera resuelta en ese mismo día, en esa misma audiencia (minuto 1:09:10). Posterior a ello, en atención a la petición de la defensa la juez de la causa decretó un receso de veinte minutos para que pudiera preparar los contraargumentos para debatir los de la fiscalía; reanudada la audiencia, se dio oportunidad a la defensa para que hiciera los contraargumentos relativos. Ahora bien, de lo anterior se puede advertir que se cumplieron los lineamientos en estudio del fallo protector, pues una vez formulada de forma oral la imputación, el agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del aquí quejoso y posterior a ello, se dio oportunidad al imputado para que decidiera en qué plazo constitucional se debería resolver su situación jurídica. Por otro lado, también se colma en sus términos la parte final del segundo punto de los efectos del fallo protector en cuanto a que el ministerio público debe exponer en forma oral las razones y motivos acerca de cómo es que los datos de prueba acreditan la existencia del delito y la probable participación del solicitante de amparo en su comisión; pues como quedó establecido anteriormente, del minuto 1:06:46 al minuto 1:08:40, el fiscal consideró que con los datos de prueba relatados se permite establecer que existe una alta razonabilidad y posibilidad que el imputado David Castro Ostiguin, cometió un hecho que la ley califica configurativo del delito de homicidio calificado y, la probabilidad de que este a su vez haya participado en la comisión de ese ilícito. Finalmente, la juez de la causa emitió su resolución fundada y motivada con libertad de jurisdicción en la que dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso, por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja. Así, contrario a lo que sostuvo la autorizada del quejoso, se estima que la autoridad responsable cumplió con los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sin que obste para arribar a la anterior determinación las manifestaciones de la autorizada del quejoso al desahogar la vista otorgada en auto de diez de octubre del año en curso, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida en tanto que, el ministerio publico expuso medios de prueba recabados con posterioridad a la vinculación a proceso que fue materia del acto reclamado; refiriendo también, que los datos de prueba relativos fueron recabados durante la investigación formal y por ende, después de emitido el auto de vinculación a proceso; asimismo, que los datos de prueba que debió exponer el ministerio público debería ser únicamente los recabados antes del acto de molestia, es decir, de la audiencia de vinculación a proceso que fue materia de la concesión del amparo. Sin embargo, como incluso lo sostuvo la juzgadora del conocimiento, el ministerio público en ejercicio de su obligación constitucional, continúo actuando durante la tramitación del juicio de amparo; así, los datos de prueba recabados en ese lapso de tiempo por el ministerio público, pueden ser ofrecidos como medios de prueba aun en el caso que nos ocupa, ya que si bien la concesión del amparo tuvo por efecto dejar insubsistentes las audiencias de veintitrés y veintisiete de agosto, no implica dejar insubsistentes las pruebas recabadas posteriormente por el ministerio público. Así, la juez de control consideró que no existe disposición expresa que indique que de tomar dichos datos de prueba se violente algún derecho humano o violación a las leyes del procedimiento, sino por el contrario, que la vinculación a proceso tiene un estándar probatorio muy bajo, de tal forma que tomar en consideración dichos datos de prueba, le generan un mayor conocimiento de los actos de investigación que el ministerio público está desarrollando a la fecha para realizar una efectiva defensa. Ahora bien, en términos del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ministerio público puede acudir a formular una imputación con los datos de prueba que haya recabado hasta antes del momento de la imputación. En ese sentido, no asiste razón a la parte quejosa cuando considera que los datos de prueba que el ministerio público puede narrar en la audiencia de formulación a la imputación y en la solicitud de vinculación a proceso, únicamente son los que tenía hasta el momento del desarrollo de las audiencias de veintitrés y veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; lo anterior es así, en tanto que como ha quedado establecido, el amparo se concedió para que, por un lado, se dejaran insubsistentes las referidas audiencias, y entre otro de los efectos de la concesión fue que el ministerio público formulara la imputación nuevamente; sin embargo, el fallo protector no estableció que no se pudieran incorporar elementos de prueba diferentes a los que hubiesen existido en la carpeta de investigación al momento de celebrarse esas audiencias materia de la concesión. En efecto, como lo hace valer la parte quejosa, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión son restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; en el caso en concreto se colmó con dichos efectos, al regresar al estado procesal que guardaba el quejoso antes de la violación, esto es, al dejar insubsistentes las audiencias a que se ha hecho mención, dando oportunidad a que previo a que el imputado decida el plazo en que debe resolverse su situación jurídica, escuchara la imputación y los datos de prueba que pesan en su contra; de tal forma que el hecho de que el fiscal correspondiente incorporó diversos elementos de prueba a los establecidos en la audiencias anteriores, no implica que no se hayan restituido las cosas al estado en que se encontraban, pues se sostiene, ello se cumplió al momento de celebrar nuevamente la audiencia relativa. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la sentencia de amparo, dictada por este órgano jurisdiccional, los cuales fueron los siguientes: "1. Deje insubsistente lo actuado en las audiencias de veintitrés y veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, celebradas en la causa penal 287/2018, de su índice, asimismo, se abstenga de seguir conociendo de la causa penal motivo del presente juicio de amparo y ordene que se remita a un diverso Juez de Control para que éste sea quien dé cumplimiento al presente fallo, debiendo prevalecer la medida cautelar de privación de la libertad que se le impuso al quejoso, en virtud de que ello no es materia de concesión del presente juicio; 2. Que el diverso Juez de Control reponga el procedimiento a partir del inicio de la audiencia de formulación de imputación de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho para el efecto de que el agente del Ministerio Público formule de forma oral la imputación y previo al plazo constitucional que decida el imputado para resolver su situación jurídica (setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas) requiera al agente del Ministerio Público para que de estimarlo procedente solicite la vinculación a proceso del aquí quejoso, exponiendo en forma oral las razones y motivos acerca de cómo es que los datos de prueba acreditan la existencia del delito y la probable participación del solicitante de amparo en su comisión; 3. Con libertad de jurisdicción resuelva lo que conforme a derecho proceda". Ejecutoria. Una vez que causó ejecutoria dicha sentencia, el diez de septiembre de dos mil diecinueve, se requirió el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. En tal virtud, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que dicha autoridad en cumplimiento al fallo protector realizó lo siguiente: 1. Por oficio 901/2019, recibido en este órgano jurisdiccional el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el licenciado Alonso de Santiago Flores, hizo del conocimiento de este juzgado que en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente lo actuado en audiencias de veintitrés y veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, prevaleciendo la medida cautelar de privación de la libertad que se impuso al quejoso; asimismo, que se repuso el procedimiento a partir del inicio de la audiencia de formulación a la imputación de veintitrés de agosto pasado, para que el agente del ministerio público, formule de forma oral la imputación y se resolviera respecto de la situación jurídica del quejoso. 3. Asimismo, por oficio 928/2019, recibido en este órgano jurisdiccional, el Administrador de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, informó que el juez inicialmente señalado para conocer de la audiencia de formulación a la imputación, presentó problemas de salud, por lo que se difirió la misma y se señalaron las once horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve, para la celebración de la misma, designando a la licenciada Karla Lizbeth Martínez Medina, para que sea la Juez de Control que conozca de la referida audiencia. 4. Finalmente, por oficio 5480/2019 de siete de octubre del año en curso, la licenciada Karla Lizbeth Martínez Medina Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, informó que dentro de la causa penal 287/2018, se dictó en contra del quejoso auto de vinculación a proceso, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, además informó que el plazo para el cierre de la investigación complementaria será de seis meses que habrán de concluir el siete de abril de dos mil veinte; al efecto, acompañó al mencionado oficio, copia certificada del audio y video en disco compacto en formato DVD de la audiencia de siete de octubre de dos mil diecinueve. Vista con cumplimiento. Con dichas constancias remitidas, se ordenó dar vista a las partes. Desahogo de la vista. Al respecto la parte quejosa, hizo uso de tal derecho por conducto de la defensora particular del quejoso y autorizada en términos amplios del mismo en este juicio de amparo, quien refiere que en el caso la autoridad responsable no cumple con la ejecutoria de amparo, en atención a que esencialmente: El Agente del Ministerio Público aportó ante el juez de control datos de prueba recabados durante la investigación formal, es decir, con posterioridad a la vinculación a proceso, por lo que evidentemente afecta el derecho a la defensa adecuada del imputado, razón por la cual la responsable se excedió en el cumplimiento al fallo protector. Lo anterior lo considera así, en tanto que si los efectos de la sentencia de amparo son volver las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la violación incurrida, el Ministerio Público solamente debió exponer los datos de prueba que contaba hasta antes de la audiencia de vinculación a proceso de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; sin embargo, adujó que el fiscal relativo, introdujo diversos datos de prueba recabados durante la etapa de investigación formal y posterior a la fecha de la audiencia que fue materia de análisis en la sentencia de amparo. Que la autoridad responsable no dio cumplimiento a la sentencia protectora en tanto que uno de los efectos de la misma fue para que el agente del ministerio público de estimarlo procedente, solicite la vinculación a proceso del quejoso, exponiendo en forma oral las razones y motivos acerca de cómo es que los datos de prueba acreditan la existencia del delito y la probable participación del solicitante del amparo en su comisión; sin embargo, considera que ese apartado no se cumplió, en tanto que el fiscal relativo solamente se limitó a relatar el contenido de los datos de prueba, sin que existiera motivación o razonamiento del porqué esos datos de prueba acreditaban la existencia del delito y con cuales datos de prueba se hacía posible la participación del imputado en los hechos, y que en todo caso, quien realizó dicho razonamiento o motivación fue la juez de control. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que previamente se les otorgó valor probatorio pleno, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector. Así, para efectos de mayor precisión se analizaran los efectos del fallo protector punto por punto. El primer punto relativo a que se deje insubsistente lo actuado en las audiencias de veintitrés y veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, celebradas en la causa penal 287/2018, de su índice, asimismo, se abstenga de seguir conociendo de la causa penal motivo del presente juicio de amparo y ordene que se remita a un diverso Juez de Control para que éste sea quien dé cumplimiento al presente fallo, debiendo prevalecer la medida cautelar de privación de la libertad que se le impuso al quejoso, se cumplió a cabalidad desde el momento que se emitió el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. En efecto, mediante oficio 887/2019, el licenciado Alonso de Santiago Flores, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, comunicó a este juzgador que fue designado como Juez de Control para dar cumplimiento al fallo protector, es decir, se trata de un diverso Juez de Control que el que conoció inicialmente de la causa penal de que se trata, con lo cual se colmó lo relativo a que el juez que conoció inicialmente se abstenga de seguir conociendo. Asimismo, mediante oficio 901/2019, comunicó el auto mencionado de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual el referido juzgador dejó insubsistente todo lo actuado en audiencias de veintitrés y veintisiete de agosto de dos mil dieciocho dentro de la causa penal 287/2018, prevaleciendo la medida cautelar de privación de la libertad que se impuso al quejoso. El segundo punto de la concesión, relativo a que: El diverso Juez de Control reponga el procedimiento a partir del inicio de la audiencia de formulación de imputación de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho; se colma por un lado, con el apartado conducente del acuerdo mencionado anteriormente, en el cual determinó reponer el procedimiento a partir del inicio de la audiencia de formulación a la imputación de veintitrés de agosto pasado. La mencionada reposición tuvo por efecto que el agente del Ministerio Público formule de forma oral la imputación y previo al plazo constitucional que decida el imputado para resolver su situación jurídica (setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas) requiera al agente del Ministerio Público para que de estimarlo procedente solicite la vinculación a proceso del aquí quejoso. En relación con dicha reposición debe tenerse en consideración que en la audiencia relativa llevada a cabo a las doce horas con doce minutos del siete de octubre de dos mil diecinueve, el ministerio público formuló imputación, precisamente del minuto 11:59 al minuto 21:01 de la referida audiencia, el fiscal mencionado le hizo del conocimiento al imputado (aquí quejoso), que se le sigue una investigación en su contra con base en los hechos ocurridos el día catorce de enero de dos mil dieciocho, exponiéndole los hechos relativos momento a momento, su grado de participación y las agravantes con las que fue calificado el hecho que se le imputa; asimismo le hizo de su conocimiento quienes son las personas que deponen en su contra. Posterior a la formulación de la imputación, la juez de la causa explicó al imputado que el ministerio público solicitaría la vinculación a proceso, y precisamente en el minuto 20:20, le hace del conocimiento que puede tomar la decisión del plazo constitucional en el cual se puede resolver su situación jurídica, precisándole que puede hacerlo en setenta y dos horas o en ciento cuarenta y cuatro, y que esa decisión la debe tomar una vez que tenga conocimiento de los datos de prueba con los que el fiscal pretende justificar esa petición de vinculación a proceso. Así, en la referida audiencia, el ministerio público narró del minuto 25:58 al minuto 1:06:45, de la video grabación de la audiencia, los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Ahora bien, posterior a la narración de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación relativa, el ministerio público continuó con su intervención y precisamente del minuto 1:06:46 al 1:08:40 de la video grabación, precisó: "Siendo estos datos de prueba señoría con los que cuenta esta fiscalía, si bien es cierto por los cuales se solicitaría se dictada el correspondiente auto de vinculación a proceso, toda vez que además hay una resolución por un órgano jurisdiccional, pero si bien es cierto es de recordar que esta a su vez emite el razonamiento que con libertad de jurisdicción se emita la resolución que conforme a derecho resulte, pero con los cuales su señoría, con estos datos de prueba ya reseñados y expuestos por la fiscalía en primer término permiten establecer que existe una alta razonabilidad y posibilidad que el imputado David Castro Ostiguin, primeramente cometió un hecho que la ley califica, configurativo del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y ventaja, y, en segundo término, la probabilidad de que este a su vez haya participado en la comisión de este ilícito además de sus acompañantes, sin que hasta el momento señoría se establezca o se pueda desprender alguna causal excluyente del delito, causa o motivo de extinción de la acción penal a favor del imputado aquí presente, para lo cual su señoría debería de realizar un análisis profundo en forma conjunto y concatenados entre si los datos de prueba ya reseñados, para los cuales en sí permiten establecer en grado de probabilidad y de participación del imputado del señor David Castro Ostiguin, por lo cual, con todo lo anterior su señoría, solicitaríamos se emita el correspondiente auto de vinculación a proceso en contra del imputado ya precisado, esto atendiendo además al numeral 19 Constitucional y el 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sería todo su señoría" Una vez concluida la participación del fiscal, la juez de la causa, cuestionó al imputado cuando es que deseaba que se resolviera su situación jurídica; así, una vez que el imputado tuvo conocimiento de la imputación en su contra, así como de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, y una vez que se solicitó fuera vinculado a proceso, el imputado libremente decidió que su situación jurídica fuera resuelta en ese mismo día, en esa misma audiencia (minuto 1:09:10). Posterior a ello, en atención a la petición de la defensa la juez de la causa decretó un receso de veinte minutos para que pudiera preparar los contraargumentos para debatir los de la fiscalía; reanudada la audiencia, se dio oportunidad a la defensa para que hiciera los contraargumentos relativos. Ahora bien, de lo anterior se puede advertir que se cumplieron los lineamientos en estudio del fallo protector, pues una vez formulada de forma oral la imputación, el agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del aquí quejoso y posterior a ello, se dio oportunidad al imputado para que decidiera en qué plazo constitucional se debería resolver su situación jurídica. Por otro lado, también se colma en sus términos la parte final del segundo punto de los efectos del fallo protector en cuanto a que el ministerio público debe exponer en forma oral las razones y motivos acerca de cómo es que los datos de prueba acreditan la existencia del delito y la probable participación del solicitante de amparo en su comisión; pues como quedó establecido anteriormente, del minuto 1:06:46 al minuto 1:08:40, el fiscal consideró que con los datos de prueba relatados se permite establecer que existe una alta razonabilidad y posibilidad que el imputado David Castro Ostiguin, cometió un hecho que la ley califica configurativo del delito de homicidio calificado y, la probabilidad de que este a su vez haya participado en la comisión de ese ilícito. Finalmente, la juez de la causa emitió su resolución fundada y motivada con libertad de jurisdicción en la que dictó auto de vinculación a proceso al aquí quejoso, por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja. Así, contrario a lo que sostuvo la autorizada del quejoso, se estima que la autoridad responsable cumplió con los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sin que obste para arribar a la anterior determinación las manifestaciones de la autorizada del quejoso al desahogar la vista otorgada en auto de diez de octubre del año en curso, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida en tanto que, el ministerio publico expuso medios de prueba recabados con posterioridad a la vinculación a proceso que fue materia del acto reclamado; refiriendo también, que los datos de prueba relativos fueron recabados durante la investigación formal y por ende, después de emitido el auto de vinculación a proceso; asimismo, que los datos de prueba que debió exponer el ministerio público debería ser únicamente los recabados antes del acto de molestia, es decir, de la audiencia de vinculación a proceso que fue materia de la concesión del amparo. Sin embargo, como incluso lo sostuvo la juzgadora del conocimiento, el ministerio público en ejercicio de su obligación constitucional, continúo actuando durante la tramitación del juicio de amparo; así, los datos de prueba recabados en ese lapso de tiempo por el ministerio público, pueden ser ofrecidos como medios de prueba aun en el caso que nos ocupa, ya que si bien la concesión del amparo tuvo por efecto dejar insubsistentes las audiencias de veintitrés y veintisiete de agosto, no implica dejar insubsistentes las pruebas recabadas posteriormente por el ministerio público. Así, la juez de control consideró que no existe disposición expresa que indique que de tomar dichos datos de prueba se violente algún derecho humano o violación a las leyes del procedimiento, sino por el contrario, que la vinculación a proceso tiene un estándar probatorio muy bajo, de tal forma que tomar en consideración dichos datos de prueba, le generan un mayor conocimiento de los actos de investigación que el ministerio público está desarrollando a la fecha para realizar una efectiva defensa. Ahora bien, en términos del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ministerio público puede acudir a formular una imputación con los datos de prueba que haya recabado hasta antes del momento de la imputación. En ese sentido, no asiste razón a la parte quejosa cuando considera que los datos de prueba que el ministerio público puede narrar en la audiencia de formulación a la imputación y en la solicitud de vinculación a proceso, únicamente son los que tenía hasta el momento del desarrollo de las audiencias de veintitrés y veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; lo anterior es así, en tanto que como ha quedado establecido, el amparo se concedió para que, por un lado, se dejaran insubsistentes las referidas audiencias, y entre otro de los efectos de la concesión fue que el ministerio público formulara la imputación nuevamente; sin embargo, el fallo protector no estableció que no se pudieran incorporar elementos de prueba diferentes a los que hubiesen existido en la carpeta de investigación al momento de celebrarse esas audiencias materia de la concesión. En efecto, como lo hace valer la parte quejosa, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión son restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; en el caso en concreto se colmó con dichos efectos, al regresar al estado procesal que guardaba el quejoso antes de la violación, esto es, al dejar insubsistentes las audiencias a que se ha hecho mención, dando oportunidad a que previo a que el imputado decida el plazo en que debe resolverse su situación jurídica, escuchara la imputación y los datos de prueba que pesan en su contra; de tal forma que el hecho de que el fiscal correspondiente incorporó diversos elementos de prueba a los establecidos en la audiencias anteriores, no implica que no se hayan restituido las cosas al estado en que se encontraban, pues se sostiene, ello se cumplió al momento de celebrar nuevamente la audiencia relativa. Vista a las partes. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a las partes por el plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".
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