David Carrizosa Jiménez
Expediente 343/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 343/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- David Carrizosa Jiménez
- David Carrizosa Jiménez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero, tres de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada, que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal establecido por el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de seis de abril del presente año (fojas 105 a 111), por el que se desechó la solicitud de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación veintiséis de octubre del mismo año, que establece que son susceptibles de destrucción los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; por lo que se determina que es procedente la destrucción de este cuaderno, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero, del mismo ordenamiento, al haberse desechado de plano la solicitud de amparo, por lo que se considera sin valor jurídico, y por ende sin relevancia documental. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Francisco Octavio Escudero Contreras, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, ante la licenciada Antonia Gómez Valverde, Secretaria que autoriza y certifica que el presente acuerdo, se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero, veinte de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito presentado por archivo electrónico, el cual consta de seis páginas sin firma, el cual se encuentra encriptado con la firma electrónica del quejoso David Carrizosa Jiménez; en atención a su contenido y tomando en consideración que en su escrito inicial de demanda solicitó que se le permitiera el acceso al expediente electrónico correspondiente al presente juicio, a través de su firma electrónica asociada al nombre de usuario "silentium", así también que las notificaciones correspondientes se le realizaran a través del mismo usuario; dígasele que de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de noviembre de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se le autoriza para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que registró en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Así también, se instruye a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que las subsecuentes notificaciones a la parte quejosa, aún las de carácter personal, sean llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, a través del medio electrónico implementado para el efecto en el referido sistema. Finalmente, tomando en consideración que en auto de seis de abril del año en curso, entre otras cosas se señalaron los estrados de este Juzgado como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, sin embargo, atendiendo a lo expuesto en líneas que anteceden y a fin de no dejar al peticionario en estado de indefensión, se ordena notificarle el proveído de referencia vía electrónica, tal como se indicó con antelación, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el licenciado Francisco Octavio Escudero Contreras, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, ante la licenciada Antonia Gómez Valverde, Secretaria que autoriza y certifica que la promoción que generó el presente acuerdo y el acuerdo mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. Acapulco, Guerrero, seis de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías promovida por David Carrizosa Jiménez, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibida por la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, el cinco de abril del año en curso e ingresada en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional en esa misma fecha. En consecuencia, se ordena registrar en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 343/2017-III. Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1º de los Lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, la suscrita acuerda: fórmese el expediente impreso y electrónico, haciéndose las anotaciones correspondientes. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte de los juzgadores de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el numeral 61 de dicho ordenamiento legal, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen la Jurisprudencia P./J. 128/2001, sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, visible en la página ochocientos tres, registro 188643, cuyo rubro expresamente impone: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Ahora bien, de la demanda de garantías, se desprende que el promovente señala como autoridades responsables al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, licenciada Patricia Yolanda Díaz Ramírez, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el propio Estado y Catalina Mata García, Agente del Ministerio Público de la Federación Supervisora de Atención Inmediata, Acapulco, Guerrero, todos con domicilio en esta ciudad y como actos reclamados los que a continuación se transcriben: "De la autoridad señalada como ordenadora reclamo la falta de impartición de justicia, toda vez que sin fundar y motivar las autoridades señaladas han sido omisas en impulsar dos escritos de denuncia presentados por el suscrito, por la probable comisión de los hechos delictivos de FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD DE DECLARACIONES ANTE AUTORIDAD, FRAUDE EN PERJUICIO DE ACREEDORES, INSOLVENCIA FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE ACREEDORES, esto derivado de los juicios de amparo 345/2016 y 812/2014, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito promovidos por los posibles imputados, en los que dicho juzgado ha sido inducido al error, existiendo así una conexidad entre los delitos del fuero común y el ilícito federal, con lo anterior retrasando el procedimiento y dejando en un estado de indefensión al suscrito y víctima dentro del procedimiento penal." Asimismo, de los antecedentes que expone el peticionario se advierte lo siguiente: ".1.- Con fecha diez de enero del año dos mil diecisiete el suscrito solicitó mediante escrito dentro de los juicios de amparo 812/2014 y 345/2016, radicados en el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito en el Estado de Guerrero, se le diera vista al Agente del Ministerio Público Adscrito a dicho Juzgado por la probable comisión de varios hechos delictivos cometidos en agravio del suscrito y de la Federación, en su carácter de sujeto pasivo. 2. En virtud de lo anterior, fue con fecha doce de enero del año en curso que el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, ordenó dentro del expediente 812/2014 y 345/2016, se le diera vista al Agente del Ministerio Público Adscrito a dicho Juzgado a fin de que se iniciara la investigación correspondiente..". De la transcripción realizada se obtiene que el peticionario reclama en esencia la omisión del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, así como de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a dicho Juzgado y de la Agente del Ministerio Público de la Federación, Supervisora de Atención Inmediata de Acapulco, Guerrero, todos con domicilio en esta ciudad, de tomar las medidas necesarias para impulsar los escritos de denuncia que presentó por la probable comisión de hechos delictivos, dentro de los juicios de amparo 345/2016 y 812/2014 del índice del referido Juzgado de Distrito. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Apéndice 2000, aplicado analógicamente, número de registro 917553, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Luego, en la especie, se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el cual es del contenido siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En esa medida, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. (.) IX.-contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas " De la trascripción del artículo a que se alude, se advierte que el juicio de amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen resoluciones dictadas dentro un diverso juicio de amparo o en ejecución de las mismas, circunstancia que debe interpretarse en forma extensiva en cuanto a que es improcedente contra actos relacionados al trámite del juicio constitucional, es decir, ya sea del procedimiento normal o en ejecución y, además es incuestionable que ni la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, ni la propia Ley de Amparo, se refieren a la procedencia del juicio de garantías que se interponga contra actos de los Tribunales Colegiados o Juzgados de Distrito, a lo que se suma lo inaceptable de considerar que un Juez de Distrito conozca de un juicio constitucional como el que se promueve, esto es, en contra de actos emitidos por otro Juez de Distrito en Materia de Amparo, quien cuenta con la misma jerarquía, al que no puede atribuirse violación de garantías en el ejercicio de su función jurisdiccional, precisamente porque su función es dilucidar cuestiones constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XIX.2º.J/3,, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 250, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Materia Común, Novena Época, registro 202834, que dice: "JUECES DE DISTRITO. NO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, LOS ACUERDOS, RESOLUCIONES Y SENTENCIAS DE LOS. Si el recurrente manifiesta en su escrito de expresión de agravios que el Juez de Distrito violó sus garantías constitucionales, tales agravios son infundados, ya que los Jueces de Distrito al ser los encargados del control constitucional, en sus acuerdos o resoluciones no pueden cometer violaciones a los derechos subjetivos públicos de los gobernados, sino, en todo caso, infracción por inobservancia a la Ley de Amparo. " Resulta necesario precisar que las resoluciones dictadas por los órganos de control constitucional, esto es, Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, pueden ser de nueva cuenta revisados en los casos en que la Ley de Amparo lo permite y de acuerdo con los recursos en ésta previstos, pero ni la decisión de fondo o cualquier otro tipo de proveído emitido dentro de un juicio de amparo, puede ser impugnado a través de un nuevo juicio constitucional. Por tanto, atendiendo a la invocada fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional cuando éste se promueve contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, es evidente que tal precepto no distingue entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional y las diversas providencias que el Juez de Distrito emita actuando en cumplimiento a una sentencia de amparo o en calidad de órgano de control constitucional y por tanto, contra tales actos no es dable promover demanda de garantías, de ahí que en el caso, no compete a este Juzgado Federal conocer de los actos de otro órgano de la misma naturaleza cuando se actúa en ejercicio de esa facultad, puesto que la improcedencia prevista en el precepto antes mencionado, tiene como finalidad proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones o acuerdos dictados en un juicio constitucional o en cumplimiento de aquellas, además que la cadena de juicios que tal supuesto pudiera originarse sería inevitable. La anterior determinación tiene sustento en el criterio contenido en la Tesis III.1o.C.9 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 488, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, Materia Común, Novena Época, registro 201075, del tenor siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE DERIVEN DEL EJERCICIO DE LA FUNCION DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Del contenido de los artículos 103 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se infiere que a los Jueces de Distrito en Materia Civil se les han atribuido dos funciones; una de control constitucional y otra contenciosa jurisdiccional. La primera coloca al juzgador en una relación política con los demás poderes federales o locales, en la que se erige como protector y conservador del régimen constitucional frente a los actos de éstos, que sean transgresores de las garantías individuales de los gobernados; en cambio, la segunda, o sea, la función jurisdiccional propiamente dicha, se despliega mediante el conocimiento y resolución de los asuntos contenciosos que se le planteen dentro del ámbito de su competencia, sin que tenga como objeto primordial la salvaguarda del orden constitucional. Ahora bien, por disposición expresa del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos que deriven del ejercicio de la función de control constitucional que ejerza el Juez de Distrito; evento en el cual, sólo podrán ser impugnados a través de los medios de defensa que prevé la ley de la materia. De tal suerte que la competencia que el artículo 42 de este último ordenamiento atribuye a un Juez de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, en que se reclamen actos de otro de similar categoría, obviamente presupone que éstos se suscitaron a virtud del ejercicio de la función meramente judicial, o sea, dentro de un procedimiento o controversia de carácter federal, no en el juicio de garantías; de ahí que sólo en esa clase de asuntos es factible que el Juez de Distrito pudiese incurrir en alguna transgresión de las garantías individuales y, por ende, únicamente en relación a ellos será procedente el amparo." También sirve de apoyo a lo anterior, el diverso criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en la tesis editada en la página 305, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, enero de 1996, Materia Común, Novena Época, registro 203421, que reza lo siguiente: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ULTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo." Lo antes expuesto demuestra que el juicio de amparo es improcedente, se reitera, contra actos que deriven del ejercicio de la función de control constitucional que se ejerza por un Juez de Distrito, evento en el cual, sólo podrán ser impugnados a través de los medios de defensa que prevé la Ley de la Materia, criterio que aplica respecto del acto reclamado a las Agentes del Ministerio Público de la Federación que se designan como responsables, pues en el caso, derivan en ejecución de aquél que se pretende controvertir del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. Por tanto, en términos de los artículos 113 y 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se intenta. Al respecto, conviene citar, por analogía y en lo conducente, el criterio jurisprudencial I.13o.A. J/6, aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que prevé: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos del último párrafo del artículo 12 de la ley de la Ley de Amparo, a Claudia Yazmín Gómez Ángeles, Noé Martínez Rosas y Enrique Casas Anaya, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En relación a la petición que formula el promovente, en el sentido de que se efectúen electrónicamente las notificaciones dirigidas a su respecto, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, toda vez que este Juzgado de Distrito aún no cuenta con los medios electrónicos a que se refiere la fracción XXII del artículo 2º, relativo a las disposiciones generales del Acuerdo General de Administración IV/2013, de dos de julio de dos mil trece, es decir: La herramienta tecnológica que permite efectuar la transmisión y recepción de mensajes de datos y de documentos electrónicos. De la misma manera, el artículo 7º del citado Acuerdo General, establece que para utilizar la FEC (Firma Electrónica Certificada), será necesario: Un certificado Digital de la FEC vigente, emitido u homologado en términos de dicho instrumento normativo. Una Llave Privada, generada bajo su exclusivo control y resguardada bajo su estricta responsabilidad, y Solicitar y obtener el alta correspondiente en el sistema electrónico que se pretenda utilizar, en términos de la normativa aplicable. En consecuencia, como ya se dijo, no ha lugar a proveer de conformidad lo que solicita, por los motivos mencionados; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal. Ahora bien, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Federal, y para salvaguardar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los Actuarios adscritos a este Órgano Jurisdiccional para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles, para el adecuado despacho de los asuntos. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, hágase saber a las partes que la presente determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste para manifestar hasta antes de que quede firme, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que el presente auto se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la ley antes invocada, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones públicas dictadas en el expediente de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos o pruebas que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprima los datos personales de las partes. Notifíquese personalmente a la promovente del amparo. Lo proveyó y firma Francisco Octavio Escudero Contreras, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la secretaria Antonia Gómez Valverde, que autoriza y certifica que la demanda que originó el presente acuerdo, y el acuerdo mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Vista la demanda de garantías...fórmese el expediente impreso y electrónico, haciéndose las anotaciones correspondientes....De la transcripción realizada se obtiene que el peticionario reclama en esencia la omisión del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, así como de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a dicho Juzgado y de la Agente del Ministerio Público de la Federación, Supervisora de Atención Inmediata de Acapulco, Guerrero, todos con domicilio en esta ciudad, de tomar las medidas necesarias para impulsar los escritos de denuncia que presentó por la probable comisión de hechos delictivos, dentro de los juicios de amparo 345/2016 y 812/2014 del índice del referido Juzgado de Distrito....Por tanto, atendiendo a la invocada fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional cuando éste se promueve contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, es evidente que tal precepto no distingue entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional y las diversas providencias que el Juez de Distrito emita actuando en cumplimiento a una sentencia de amparo o en calidad de órgano de control constitucional y por tanto, contra tales actos no es dable promover demanda de garantías, de ahí que en el caso, no compete a este Juzgado Federal conocer de los actos de otro órgano de la misma naturaleza cuando se actúa en ejercicio de esa facultad, puesto que la improcedencia prevista en el precepto antes mencionado, tiene como finalidad proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones o acuerdos dictados en un juicio constitucional o en cumplimiento de aquellas, además que la cadena de juicios que tal supuesto pudiera originarse sería inevitable...tanto, en términos de los artículos 113 y 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se intenta....En relación a la petición que formula el promovente, en el sentido de que se efectúen electrónicamente las notificaciones dirigidas a su respecto, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, toda vez que este Juzgado de Distrito aún no cuenta con los medios electrónicos a que se refiere la fracción XXII del artículo 2º, relativo a las disposiciones generales del Acuerdo General de Administración IV/2013, de dos de julio de dos mil trece, es decir: La herramienta tecnológica que permite efectuar la transmisión y recepción de mensajes de datos y de documentos electrónicos. De la misma manera, el artículo 7º del citado Acuerdo General, establece que para utilizar la FEC (Firma Electrónica Certificada), será necesario: Un certificado Digital de la FEC vigente, emitido u homologado en términos de dicho instrumento normativo. Una Llave Privada, generada bajo su exclusivo control y resguardada bajo su estricta responsabilidad, y Solicitar y obtener el alta correspondiente en el sistema electrónico que se pretenda utilizar, en términos de la normativa aplicable. En consecuencia, como ya se dijo, no ha lugar a proveer de conformidad lo que solicita, por los motivos mencionados; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal. En cumplimiento a lo ordenado en líneas que anteceden, notifico al quejoso David Carrizosa Jiménez, el proveído que antecede, mediante lista publicada en los estrados del juzgado de mi adscripción.
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