David Carrizosa Jiménez

Expediente 385/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
385/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
05/06/2017

Partes del expediente

  • David Carrizosa Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintiuno de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto del acto que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, fracción II, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el acuerdo de esta misma fecha que a lo conducente dice: Agréguese oficio de la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por el que remite diversas copias certificadas deducidas del expediente laboral 874/2010, de las que se advierte que en proveído de veintiuno de abril del año en curso, recibió sin diligenciar el exhorto que giró al Juez Mixto de Paz de Atoyac de Álvarez, Guerrero; por lo que, hizo constar que agotó todos y cada uno de los medios necesarios a su alcance para llevar a cabo el emplazamiento de los demandados...

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por David Carrizosa Jiménez, por su propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 385/2017. Previo a resolver sobre la admisión del escrito de demanda, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en el que se establece la obligación, por parte de los juzgadores federales, de examinar el escrito de demanda, y si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano; motivos que, en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la ley de la materia, en especial, con los establecidos en el numeral 61 de dicho ordenamiento legal, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de derechos fundamentales; en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen la Jurisprudencia P./J. 128/2001, sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal del País, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, visible en la página ochocientos tres, registro 188643, cuyo rubro expresamente impone: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Así, de acuerdo con el precitado numeral 113 de la legislación en comento, como ya se apuntó, el juez de distrito debe examinar, ante todo, la demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual, impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección Federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, página setenta y siete, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de amparo debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Bajo esas premisas, debe puntualizarse los actos de los que se duele el promovente en esta vía constitucional, lo que se obtiene del análisis íntegro al escrito de demanda; y de lo cual, es factible para este juzgador federal determinar con exactitud la intención de la parte quejosa de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto, la tesis de Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De esa manera, se obtiene que el peticionario de amparo, señala como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA LICENCIADO ADRIÁN ORTEGA NAVARRO, JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO. EJECUTORA SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO... ACTO RECLAMADO De las autoridades responsables reclamo la falta de impartición de justicia toda vez que sin fundar y motivar se negó a dar vista al Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Octavo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito Judicial de la Federación, presentado por el suscrito por la probable comisión de los hechos delictivos de FRAUDE PROCESAL, FALSEDAD DE DECLARACIONES ANTE AUTORIDAD, FRAUDE EN PERJUICIO DE ACREEDORES, INSOLVENCIA FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE ACREEDORES, esto derivado del juicio de amparo 1221/2013 radicado en el Juzgado Octavo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito promovido por los posibles imputados, en los que dicho juzgado ha sido inducido al error, existiendo así una conexidad entre los delitos del fuero común y el ilícito federal, con lo anterior dejando en un estado de indefensión al suscrito." De la anterior transcripción se obtiene que el motivo de reclamo, consiste, en esencia, en la negativa, por parte del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, de dar vista al Agente del Ministerio Público Federal, adscrito a dicho órgano jurisdiccional, por la probable comisión de los hechos delictivos de fraude procesal, falsedad de declaraciones ante autoridad, fraude en perjuicio de acreedores, insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores; negativa suscitada dentro de las actuaciones del juicio de amparo 1221/2013, de su índice. Actos, respecto del que el suscrito considera, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, misma que se estudia de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, atento a lo dispuesto por el último párrafo del propio ordinal. Dicho numeral prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" Lo anterior, obedece a que los actos emitidos por los órganos de control constitucional, esto es, juzgados de distrito, tribunales unitarios y tribunales colegiados, pueden ser de nueva cuenta revisados en los casos en que la ley lo permite y de acuerdo con los recursos en ella previstos, pero no es posible su impugnación a través de un nuevo juicio de amparo. A mayor abundamiento, la improcedencia prevista por la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídica, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones o actos emitidos en un juicio constitucional o en cumplimentación de aquéllas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable. Tal principio, no distingue entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional, y los diversos actos que el Juez de Distrito emite actuando en calidad de órgano de control constitucional. En el mismo tenor, es menester señalar que, por disposición expresa del numeral y fracción en cita, como quedó establecido, el juicio de amparo es improcedente contra actos que deriven del ejercicio de la función de control constitucional que ejerza el juez de distrito; evento en el cual, sólo podrán ser impugnados a través de los medios de defensa que prevé la ley de la materia. De tal suerte que la competencia que el artículo de la Ley Reglamentaria de los normativos 103 y 107 Constitucionales, atribuye a un juez de distrito, para conocer de un juicio de amparo en que se reclamen actos de otro de similar categoría, obviamente presupone que éstos se suscitaron a virtud del ejercicio de la función meramente judicial, o sea, dentro de un procedimiento o controversia de carácter federal, no en el juicio constitucional; de ahí que sólo en esa clase de asuntos es factible que el juez de distrito pudiese incurrir en alguna transgresión de los derechos fundamentales y, por ende, únicamente en relación a ellos es procedente el amparo. Bajo esas directrices, se advierte claramente que respecto a los actos que se controvierten en esta vía constitucional y que atribuye al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, que se hacen consistir, en esencia, en la negativa de dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese juzgado, por la probable comisión de los hechos delictivos que se precisan, suscitada dentro del juicio de amparo 1221/2013, de su índice, se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues cuando el juez de distrito actúa en funciones de Órgano de Control Constitucional, no es dable someter y analizar sus actos bajo el control constitucional, por parte de un órgano de la misma naturaleza. En función de lo expuesto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; por ello, con fundamento en el precepto 113 del mismo ordenamiento, se desecha la demanda de amparo promovida por David Carrizosa Jiménez. Avala la determinación que precede, la Tesis 9 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y ocho, del Tomo IV, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y seis, del mismo compendio, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE DERIVEN DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Del contenido de los artículos 103 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se infiere que a los Jueces de Distrito en Materia Civil se les han atribuido dos funciones; una de control constitucional y otra contenciosa jurisdiccional. La primera coloca al juzgador en una relación política con los demás poderes federales o locales, en la que se erige como protector y conservador del régimen constitucional frente a los actos de éstos, que sean transgresores de las garantías individuales de los gobernados; en cambio, la segunda, o sea, la función jurisdiccional propiamente dicha, se despliega mediante el conocimiento y resolución de los asuntos contenciosos que se le planteen dentro del ámbito de su competencia, sin que tenga como objeto primordial la salvaguarda del orden constitucional. Ahora bien, por disposición expresa del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos que deriven del ejercicio de la función de control constitucional que ejerza el Juez de Distrito; evento en el cual, sólo podrán ser impugnados a través de los medios de defensa que prevé la ley de la materia. De tal suerte que la competencia que el artículo 42 de este último ordenamiento atribuye a un Juez de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, en que se reclamen actos de otro de similar categoría, obviamente presupone que éstos se suscitaron a virtud del ejercicio de la función meramente judicial, o sea, dentro de un procedimiento o controversia de carácter federal, no en el juicio de garantías; de ahí que sólo en esa clase de asuntos es factible que el Juez de Distrito pudiese incurrir en alguna transgresión de las garantías individuales y, por ende, únicamente en relación a ellos será procedente el amparo". De igual manera el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis 7 K, editada en la página quinientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional". En otra tesitura, conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para el quejoso a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el analizado en la presente determinación, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, página 1587, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". También es aplicable a lo considerado, el criterio que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito plasmó en la tesis número 15 K (10a.), editada en la página 2274 del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato". Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el precepto 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Claudia Yazmin Gómez Ángeles, Noé Martínez Rosas y Enrique Casas Anaya; respecto de las otras personas que menciona, únicamente se les autoriza para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, conforme al precepto 24 de la invocada ley, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1°.A.23.K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, materia común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Dígase a las partes, que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimientos de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, la parte quejosa deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Desde otro aspecto, hágase del conocimiento a las partes, que el presente juicio de amparo se incorporará con el expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Por otra parte, dígase al promovente del amparo que se le autoriza para consultar el expediente electrónico en la forma propuesta; por lo tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de órgano de control constitucional, con el nombre de usuario que proporciona. Asimismo, al proporcionar el quejoso el nombre de usuario "silentium" a efecto de recibir notificaciones del presente juicio de amparo de manera electrónica; como lo solicita, se autoriza la realización de éstas por el referido medio, es decir, realícense ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, vía electrónica. Notifíquese personalmente.

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