David Carrioza Juménez
Expediente 212/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/07/2017
Partes del expediente
- David Carrioza Juménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de julio de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito remite copia certificada del testimonio de la resolución de seis de julio pasado, pronunciada en la queja 104/2017, en la cual se determinó: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por DAVID CARRIZOSA JIMÉNEZ, por derecho propio, en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 212/2017-V." El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, primer y segundo párrafo del citado acuerdo). Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de junio de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio remitido por la Actuaria adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa David Carrizosa Jiménez y lo registró con el número de queja 104/2017. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal oficiante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo vigente, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso David Carrizosa Jiménez, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso en el que se desechó la demanda de amparo. De conformidad con los numerales 97, fracción I, inciso a), 98 a 100, de la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se tiene por interpuesto el medio de impugnación hecho valer. Ahora, ya que la demanda de amparo se desechó a través del auto ahora recurrido; por ende, no existen partes para notificar la interposición del recurso; por lo que es improcedente otorgar el plazo que prevé el primer párrafo del artículo 101 de la ley de la materia, habida cuenta que la quejosa manifiesta en su tercer punto petitorio del escrito que se provee, que se remita el expediente a la autoridad competente; consecuentemente, con apoyo en el numeral citado, remítase el original del escrito de expresión de agravios, copia de traslado, copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EN TURNO y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, se rinde el informe respectivo en los siguientes términos: ES CIERTO EL ACTO QUE SE RECLAMA en cuanto a que este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, emitió el acuerdo ahora recurrido por la parte quejosa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. EJECUTORIA DE COLEGIADO. Por recibido el oficio suscrito por el Secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el veinticuatro de mayo del año en curso en el expediente 2/2017 de su índice estadístico, formado con motivo del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero y este juzgado, resuelto en los términos siguientes: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México y el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. SEGUNDO. Se declara legalmente competente para conocer y resolver del juicio de amparo indirecto respectivo al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a quien se le deben remitir los autos correspondientes, para que se avoque a su conocimiento y decisión." En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se agregan a los autos el oficio y testimonio de referencia; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, desglósese las constancias posteriores al envío del citado conflicto del cuaderno de antecedentes y acúsese recibo. DESECHAMIENTO. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que los actos materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: ORDEN Y APROBACION PARA REMITIR INFORMES ILEGALES Y OCULTAR INFORMACIÓN, A TRAVES DEL OFICIO BAJO EL NUMERO 129001410100/3C/2960/2016, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio ejecutivo mercantil 22/2011 desahogado ante el Juzgado Tercero de Distrito del Decimoctavo Circuito Judicial, toda vez que dichas autoridades responsables han remitido información contradictoria en dicho juicio, violentando así mi derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, obstruyendo el derecho del suscrito a ejecutar la sentencia. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras reclamo LA REMISIÓN DE INFORMES ILEGALES, CONTRADICTORIOS Y OCULTANDO INFORMACIÓN, A TRAVES DEL OFICIO BAJO EL NUMERO 129001410100/3C/2960/2016, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio ejecutivo mercantil 22/2011 desahogado ante el Juzgado Tercero de Distrito del Decimoctavo Circuito Judicial, toda vez que dichas autoridades responsables han remitido información contradictoria en dicho juicio, violentando así ml derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, obstruyendo el derecho del suscrito a ejecutar la sentencia. La negativa del juez responsable de ordenar la expedición de un cheque para cubrir al quejoso la cantidad a cuyo pago se condenó al demandado, por corresponder el contrato del cual contrato S6M0047 celebrados entre el demandado EZEQUIEL AVILA PALOS y el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Guerrero, derivan supuestos fondos que servirían para realizar ese pago a la empresa tercera "TRANSPORTES GUERRERENSES PALOS S.A. DE C.V". Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. - - - En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.." En ese contexto, por última resolución del procedimiento de ejecución, debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la resolución o bien que declare la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 190035, cuyo rubro y texto se citan "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Hecha tal precisión, del propio acto reclamado y de los antecedentes del acto reclamado expresados bajo protesta de decir verdad, se advierte que la determinación, que en esta instancia se combate, se dictó con posterioridad al dictado de la sentencia, en el juicio de origen, en el cual el citado juzgado negó a ordenar la expedición de un cheque para cubrir al quejoso la cantidad cuyo pago fue condenado el demandado, por corresponder el contrato del cual derivan, supuestos fondos que servirían para realizar ese pago a una empresa tercera de nombre "Transportes Guerrerenses Palos S.A. de C. V", por los motivos que expone. En este orden de ideas, es inconcuso que los actos que en esta instancia se reclaman, no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia emitido en el juicio de origen, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni tampoco la que ordena el archivo definitivo del expediente. Por tanto, como en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, al no constituir el acto reclamado el último acto dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues en el auto reclamado no se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la resolución, ni tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de dos mil once, Novena Época, con número de registro 163152, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Asimismo, tiene aplicación al particular la Jurisprudencia 1a./J. 28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 164639, cuyo contenido es: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este Juicio de Garantías; de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este Órgano de Control Constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Notifíquese vía electrónica al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
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