David Cano Severiano

Expediente 336/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
336/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/01/2022

Partes del expediente

  • David Cano Severiano

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA ESTADO. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la determinación que decretó el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se haga pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, dado que no se tramitó, como se desprende el auto de veintidós de abril del año pasado. 4. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Toda vez que del sumario se aprecia que la autoridad responsable, adjunto a su informe justificado, copias certificadas del expediente 141/2020, del cual emanó el acto reclamado, formándose un tomo de prueba por separado; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria su permanencia, devuélvase a la misma, sin que haya lugar acusar recibo de su recepción. 5. CERTIFICACIÓN. De la certificación de cuenta se evidencia un retraso injustificado en la integración de este asunto, por lo que, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que acuerde lo que en derecho corresponda Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, el secretario Javier Ivan Contreras Osorio.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: LA RESOLUCIÓN Y PROVEÍDO, DICTADOS EL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE; Por lo expuesto; se RESUELVE ÚNICO. Es procedente pero infundada la denuncia de repetición del acto reclamado, atento a los argumentos que se contienen en esta resolución. PROVEÍDO DE CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, Consideración previa Toda vez que de acuerdo a la circular 1/2013-P del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la sesión privada número 18, se establece que en relación con el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, la Ley de Amparo abrogada es aplicable a los juicios iniciados antes del tres de abril de dos mil trece, en los cuales hasta esa fecha no hubiere causado estado la respectiva sentencia concesoria, por lo que éstos se resolverán conforme a los previsto en la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del diez de enero de mil novecientos treinta y seis; por tanto, toda vez que el presente asunto inició la etapa de ejecución antes del tres de abril del dos mil trece, se aplica la ley vigente en el momento de su tramitación. Lo anterior, además, de conformidad con el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo en vigor, y en la tesis de Jurisprudencia 91/2013 (10a) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciendo dos salvedades. Una por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por un lado, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo dispuesto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otro lado, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas". Vista con cumplimiento al fallo protector Vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por parte de las autoridades responsables, por lo que procede proveer oficiosamente al respecto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: I. El nueve de diciembre de dos mil once, se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ejido "Tahuacaro", municipio de Chucándiro, Michoacán, por conducto de su comisariado ejidal, representado por Isidro Farfán Galván, Vidal Vallejo Vázquez y José Torres Chávez, en cuanto presidente, secretario y tesorero, respectivamente. II. Mediante ejecutoria emitida en el amparo en revisión 71/2012 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, se confirmó el fallo alzado. III. Dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 19/2014, determinó los alcances de la ejecutoria en comento, los cuales fueron en el sentido siguiente: ".los efectos de la sentencia ejecutoria de amparo dictada por la Juez de Distrito del conocimiento, no tienen como consecuencia directa, el que se autorice de manera automática la expropiación de las **** hectáreas, áreas, *** centiáreas (****), a favor del ejido quejoso, sino que, como ya se dijo en líneas precedentes, el amparo se concedió al Ejido Tahuacaro, municipio de Chucándiro, Michoacán, para el efecto de que: Por un lado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, integren el expediente respectivo a fin de que formulen la solicitud de expropiación correspondiente (conforme a los requisitos previstos en el artículo 61 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, y respecto de la superficie mencionada), y se presente ante la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y, por otro lado, una vez recibida tal solicitud, esta última autoridad procederá a iniciar y tramitar inmediatamente el procedimiento expropiatorio en cuestión, con el fin de que, en el supuesto de que sea procedente, se practique el avalúo respectivo de las tierras y se haga efectiva la indemnización al ejido de que se trata. Lo anterior, de ninguna manera implica que en este momento y de manera automática se dé la expropiación per se de dichos terrenos, pues ello será hasta que la autoridad correspondiente -una vez recibida la solicitud y previos trámites respectivos, analizará si resulta procedente o no la expropiación de dichos terrenos, emitiendo el proyecto de decreto expropiatorio, y siendo el caso, emitirá hasta ese entonces, el decreto expropiatorio respectivo, y previo avalúo de las tierras procederá la indemnización-, por lo que será en el trámite de dicho expediente administrativo donde la autoridad recurrente podrá objetar ante la Secretaría del Ramo lo que a su interés legal convenga. De lo anterior, esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que en la especie, no está a debate propiamente la expropiación de dichos terrenos, ni se puede dirimir si procede o no tal expropiación. . En cuanto al argumento de que la Juez de Distrito omitió analizar lo relativo a la causa de utilidad pública que debe dar sustento a la solicitud de expropiación, dado que no existe fundamento legal para que la Comisión Nacional del Agua, ".formule la solicitud de expropiación de la superficie de **** hectáreas . a la Secretaría de la Reforma Agraria", pues se carece de una causa de utilidad pública, de argumentos que la justifiquen, del destino que se le dará a la superficie que se expropiaría, y tampoco está en posibilidad material de obtener los dictámenes técnicos de uso de suelo y de impacto ambiental que emiten las Secretarías de Desarrollo Social y Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que impide satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 61 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, reformado mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil doce. Al respecto, debe decirse que no asiste razón a la autoridad recurrente cuando alega que la Juez de Distrito omitió analizar lo relativo a la causa de utilidad pública que debe dar sustento a la solicitud de expropiación, toda vez que la a quo no tenía por qué analizar tal cuestión (causa de utilidad pública que debe contener la solicitud de expropiación, conforme lo prevé el artículo 61 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural vigente); lo anterior es así, ya que ello no forma parte del cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo, dado que sus lineamientos fueron precisos, esto es, que la autoridad responsable -Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-, debía constreñirse a integrar el expediente respectivo a fin de que formule la solicitud de expropiación relativa (cumpliendo con los datos e informes que establece el artículo del Reglamento en mención), lo que implica que debe llenar la solicitud de expropiación, en un sentido determinado, esto es, la autoridad debe constreñirse a cumplir con la integración de dicha solicitud, siendo que los términos o el sentido de la integración del expediente que formule para la solicitud de expropiación, serán materia de análisis de una autoridad administrativa diversa, en este caso, de una Secretaria del Ramo. ." IV. En acuerdo de cinco de octubre de dos mil quince, se especificó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las acciones a realizar para cumplir con el fallo protector, en los términos siguientes: ".informe la gestiones que haya realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, específicamente justifique haber dado inicio al procedimiento expropiatorio,." V. Las autoridades responsables remitieron diversas constancias para dar cumplimiento a la sentencia, con las que adujeron haber cumplido la sentencia de amparo. Conviene precisar que dichas documentales cuentan con valor probatorio pleno, por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." VI. Luego, por acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte, se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento informado por la autoridad responsable, misma que fue desahogada por la parte quejosa. Valoración Con los antecedentes detallados procede valorar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, bajo los términos siguientes: El análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, por el cual se concedió el amparo, revela que se vulneró los derechos humanos contenidos en el artículo 17 Constitucional, pues el tribunal responsable tuvo al Director Local de la Comisión Nacional del Agua en esta ciudad, por auto de seis de abril de dos mil once, pronunciado en el expediente agrario del que derivan los actos reclamados, por cumplida la sentencia pronunciada el treinta y uno de agosto de dos mil nueve, pese a que se le condenó a que formulara ante la Secretaría de la Reforma Agraria la solicitud de expropiación de 1,225-26-34-21 hectáreas de tierras de uso común pertenecientes al ejido de Tahuacaro, del municipio de Chucándiro, Michoacán, que fueron ocupadas por las aguas del lago de Cuitzeo, Michoacán, sin que a la fecha del dictado de la sentencia dicha autoridad o la dependencia federal a la cual pertenece como órgano desconcentrado -Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales-, en México, Distrito Federal, haya cumplido con ello, ya que de las constancias que obran en el juicio constaba que no tenía voluntad de dar cumplimiento, ni el tribunal de hacerlas cumplir a través de los medios de apremio previstos en el artículo 191 de la Ley Agraria, en relación con el 420 y 431 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, los cuales esta última tiene a su alcance para aplicarlos Por lo anterior, derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que el efecto de la concesión fue, en esencia, que la autoridad responsable: " Deje insubsistente el proveído de seis de abril de dos mil once, dictado en el expediente agrario 301/2007, promovido por el ejido quejoso de "Tahuacaro", municipio de Chucándiro, Michoacán, por conducto de su comisariado ejidal, representado por Isidro Farfán Galván, Vidal Vallejo Vázquez y José Torres Chávez, en cuanto presidente, secretario y tesorero, respectivamente. El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, realice las gestiones necesarias, a fin de obligar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, a que den cumplimiento con la sentencia pronunciada en el referido juicio agrario de origen. A su vez, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, procedan a integrar el expediente respectivo a fin de que formulen la solicitud de expropiación relativa ante la Secretaría de la Reforma Agraria, para que ésta proceda a iniciar y tramitar inmediatamente el procedimiento expropiatorio en cuestión." Ahora, las constancias aportadas en vía de cumplimiento revelan lo siguiente: El secretario de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Seis, remitió el oficio -1447/2012 de seis de agosto de dos mil doce, mediante el cual informó lo siguiente: ".deja sin efecto el acuerdo de fecha seis de abril de dos mil once, y en su lugar, se dicta el siguiente: En relación al oficio suscrito por el Director Local de la Comisión Nacional del Agua, registrado con el folio 1812, mediante el cual el Director en cita, informa a este Tribunal Unitario Agrario, haber dado cumplimiento a la sentencia de treinta y uno de agosto del dos mil nueve, al haber remitido a la Secretaria de la Reforma Agraria solicitud de expropiación de la superficie de 1225-26-3421 hectáreas, a favor del ejido "Tahuacaro", anexando al escrito de cuenta, copia certificada del Oficio número BOO.915.E.55.UJ/DL.-0128/2011, a fin de acreditar lo anterior. Al respecto, dígasele al ocursante, que no se le tiene por cumpliendo con lo condenado en la sentencia del treinta y uno de agosto del dos mil nueve, habida cuenta, que. el oficio' BOO.915.E.55. UJ/DL.-0128/2011, solo contiene manifestaciones de lo que este Tribunal le ha requerido al organismo demandado que el ocursante representa, y no una solicitud de expropiación propiamente dicha; en tal virtud, se le requiere de nueva cuenta para que cumpla con la sentencia de mérito, es decir para que formule la solicitud de expropiación de la superficie de 1225-26-34.21 hectáreas, a favor del ejido "Tahuacaro", Municipio de Chucándiro, Michoacán, ante la Secretaria de la Reforma Agraria, y ésta pueda iniciar el procedimiento expropiatorio, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro de cinco días contados a partir el siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, se le aplicarán le aplicarán los medios de apremio contemplados en el articulo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley Agraria, además de darle vista de su desacato a la Secretaría de la Función Pública, a fin de que le finquen responsabilidades por su omisión, que se traducen en retrasar la impartición de la justicia, así como desobedecer no sólo una resolución de esta Autoridad Agraria, sino, una ejecutoria de la autoridad Constitucional." La Comisión Nacional del Agua, integró el expediente administrativo correspondiente y emitió su opinión del sentido en que debía ser resuelta la solicitud de expropiación; por lo que correspondía a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano resolver dicho expediente. Además, la Comisión Nacional del Agua cubrió los aranceles correspondientes para hacer el avalúo respectivo ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano remitió el oficio 00672 de seis de junio de dos mil quince dirigido al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el cual se formuló la solicitud de expropiación de los terrenos ejidales relativos al núcleo agrario ejidal denominado Tahuácaro, municipio de Chucándiro, Michoacán, asimismo, refirió que se elaboró el proyecto de decreto por el cual se determinó la expropiación por causa de utilidad pública de la superficie de 1,223-60-00 (mil doscientas veintitrés hectáreas, sesenta áreas) de los terrenos del ejido quejoso; Asimismo, quedó a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, el pago de la cantidad de $46,395,000.00 (cuarenta y seis millones trescientos noventa y cinco mil pesos moneda nacional) por concepto de indemnización; Posteriormente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano manifestó que debía existir la manifestación de interés jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional del Agua. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo aludida indicó que el proyecto de decreto mencionado contenía inconsistencias, por lo que se remitió de nueva cuenta a la subsecretaría respectiva para subsanar tales errores. La Comisión Nacional del Agua indicó en diversas ocasiones que no existe interés jurídico de su parte para que se dé la expropiación en comento. Posteriormente, el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, la secretaría antes señalada informó que la Dirección Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua manifestó que sí es de su interés jurídico la expropiación sobre 1,223-60-00 (mil doscientas veintitrés hectáreas, sesenta áreas) del Ejido Tahuacaro, municipio de Chucándiro, Michoacán, sin embargo, externó que no contaba con suficiente presupuesto para cubrir el monto de la indemnización. Por ello, el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, el Director Local de Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, informó que se estaban gestionando los recursos para cubrir los honorarios del avalúo del ejido quejoso. El seis de septiembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa señaló su inconformidad respecto de la reconsideración que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, en relación al avalúo de la expropiación de tierras ejidales que en principio fue por la cantidad de $231,269,000.00 (doscientos treinta y un millones doscientos sesenta y nueve mil pesos M.N.) y, debido a la solicitud de reconsideración, se actualizó el monto a $46,395,000.00 (cuarenta y seis millones trescientos noventa y cinco mil pesos M.N.). Consecuentemente, el dos de octubre de dos mil diecinueve, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, requirió al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Directora General de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para que en el término de diez días, actualizaran el avalúo comercial de las tierras expropiadas a la parte quejosa. Debido a la conducta omisa y contumaz de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el magistrado responsable determinó imponer multa por la cantidad de ciento veinte unidades de medida y actualización. El quince de noviembre de dos mil diecinueve, la Gerente de Procedimientos Administrativos de la Comisión Nacional del Agua, hizo del conocimiento que se estaban realizando los trámites correspondientes para la cartera de inversión con el fin de contar con el recurso presupuestario y liquidar el avalúo de las tierras ejidales de referencia. Asimismo, el Director General Adjunto de lo contencioso Administrativo y Judicial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, remitió, entre otros, lo siguiente: Oficio B00.5.03.00.01.03 signado por el Subgerente de Regularización de Propiedad Social y Particular de la Comisión Nacional del Agua, mediante el cual se exponen las consideraciones de hecho y de derecho que revelaban la improcedencia de la expropiación pretendida por el ejido Tahuácaro. De igual forma, el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, mediante oficio TUA36/UJ/253/2020 adjuntó los oficios I.110.UAJ.DGAE.E.7777.2020 y el acuerdo de cancelación de veintiuno de agosto de dos mil veinte, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y en el cual se determinó: "Se cancela el procedimiento expropiatorio y se ordena archivar como asunto totalmente concluido el expediente número 13701/SEMARNAT, relativo a una superficie de 1,223-60-00 hectáreas de terrenos pertenecientes al ejido TAHUACARO municipio de Chucándiro, estado de Michoacán, para destinarse a "formar parte del vaso del Lago de Cuitzeo y su zona federal De lo anterior se advierte que el efecto precisado en el inciso a) se tiene por cumplido con lo relatado en el punto 1 de los puntos anteriores, ya que se dejó insubsistente el auto de de seis de abril de dos mil once, dictado en el expediente agrario 301/2007. Por lo que ve al efecto precisado en el inciso b), éste quedó satisfecho pues el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 realizó diversas gestiones a fin de obligar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, a que dieran cumplimiento con la sentencia pronunciada en el juicio agrario de origen, como que hizo diversas solicitudes a dichas autoridades e hizo efectivos apercibimientos de multa. Y en cuanto al efecto precisado en el inciso c), se advierte que quedó colmado al haberse realizado la integración del expediente administrativo correspondiente por parte de la Comisión Nacional del Agua, así como que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano remitió el oficio 00672 de seis de junio de dos mil quince dirigido al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el cual formuló la solicitud de expropiación de los terrenos ejidales relativos al núcleo agrario ejidal denominado Tahuácaro, municipio de Chucándiro, Michoacán. El cual fue resuelto el veintiuno de agosto de dos mil veinte por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano, determinando que se cancelaba el procedimiento expropiatorio y se ordenaba archivar como asunto totalmente concluido el expediente número 13701/SEMARNAT, relativo a una superficie de 1,223-60-00 hectáreas de terrenos pertenecientes al ejido "TAHUACARO", municipio de Chucándiro, estado de Michoacán, para destinarse a "formar parte del vaso del Lago de Cuitzeo y su zona federal". Decisión En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, las constancias que obran en el sumario permiten advertir que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfecho el efecto del mismo. En ese contexto, al haberse dejado insubsistente el auto de seis de abril de dos mil once, dictado en el expediente agrario 301/2007, promovido por el ejido quejoso de "Tahuacaro", municipio de Chucándiro, Michoacán, por conducto de su comisariado ejidal, representado por Isidro Farfán Galván, Vidal Vallejo Vázquez y José Torres Chávez, en cuanto presidente, secretario y tesorero, respectivamente, realizado gestiones necesarias, a fin de obligar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, a que den cumplimiento con la sentencia pronunciada en el juicio agrario de origen, así como que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, integraron el expediente respectivo y formularon la solicitud de expropiación relativa ante la Secretaría de la Reforma Agraria, lo cual era en lo que se centraba el otorgamiento de la protección constitucional, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Sin que tal declaración prejuzgue sobre la legalidad de su cumplimiento, ya que ello produciría confusión tanto para la parte quejosa, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conforma con los términos de fondo del acto de cumplimiento; como para la autoridad responsable, ante los razonamientos de la impugnación relativa, los de la determinación judicial en tal sentido y la calificación oficiosa; que además llevaría a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio, en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Es aplicable a lo anterior, la tesis número 2 CXIV/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, tomo VI, octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de contenido siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Manifestaciones de la parte quejosa Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó que no se tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo, pues las autoridades responsables no habían cumplido con la sentencia agraria, esto es, culminar con la emisión del decreto expropiatorio y el pago por concepto de indemnización que deben de realizar a favor del núcleo agrario por la expropiación de la superficie de 1,223-60-00.00 hectáreas de las tierras de uso común que le pertenecen, materia del procedimiento expropiatorio 13701/SEMARNAT. Así como que se encuentran inconformes con el acuerdo de cancelación que dictó la Directora General de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SEDATU, pues, a su decir, dicha determinación carece de fundamentación y motivación, sus considerandos y puntos de acuerdo son arbitrarios e incongruentes, pues el procedimiento expropiatorio no era ordinario, sino que se trataba de una expropiación por mandato jurisdiccional establecido y ordenado en la sentencia 301/2007. De igual forma, precisa que la causa de utilidad pública se acredito dentro del juicio agrario 301/2007 y que se encontraba establecida en la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario 36 del Estado de Michoacán, sentencia que se encuentra firme y es cosa juzgada, por lo que sí es posible material y jurídicamente culminar con el procedimiento expropiatorio 13701/SEMARNAT hasta que se les pague directamente las tierras que pertenecen al ejido quejoso. Asimismo, que no es procedente la cancelación del procedimiento expropiatorio 13701/SEMARNAT, ya que las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia de amparo confirmaron su interés jurídico a través de manifestaciones explicitas, pues en la solicitud de expropiación presentada ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Michoacán señaló la causa de utilidad pública sustentándose en la sentencia emitida por el Tribunal Agrario Distrito 36, manifestando la CONAGUA y SEMARNAT que estaban haciendo las gestiones y trámites necesarios para contar con la suficiencia presupuestal para pagar los gastos y honorarios para la práctica del avalúo comercial e indemnización que resultara. Por lo que, el acuerdo de cancelación del procedimiento expropiatorio 13701/SEMARNAT y ordenar su archivo es incongruente e ilegal, ya que viola la sentencia del juicio agrario 301/2007. Ahora bien, como se precisó en párrafos precedentes los efectos de la sentencia de amparo fue en los términos siguientes: "Deje insubsistente el proveído de seis de abril de dos mil once, dictado en el expediente agrario 301/2007, promovido por el ejido quejoso de "Tahuacaro", municipio de Chucándiro, Michoacán, por conducto de su comisariado ejidal, representado por Isidro Farfán Galván, Vidal Vallejo Vázquez y José Torres Chávez, en cuanto presidente, secretario y tesorero, respectivamente. El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, realice las gestiones necesarias, a fin de obligar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, a que den cumplimiento con la sentencia pronunciada en el referido juicio agrario de origen. A su vez, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, procedan a integrar el expediente respectivo a fin de que formulen la solicitud de expropiación relativa ante la Secretaría de la Reforma Agraria, para que ésta proceda a iniciar y tramitar inmediatamente el procedimiento expropiatorio en cuestión." Asimismo, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la queja 19/2014, determinó los alcances de la ejecutoria en comento, los cuales fueron en el sentido siguiente: ".los efectos de la sentencia ejecutoria de amparo dictada por la Juez de Distrito del conocimiento, no tienen como consecuencia directa, el que se autorice de manera automática la expropiación de las ***** hectáreas, áreas, **** centiáreas (*****), a favor del ejido quejoso, sino que, como ya se dijo en líneas precedentes, el amparo se concedió al Ejido Tahuacaro, municipio de Chucándiro, Michoacán, para el efecto de que: Por un lado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, integren el expediente respectivo a fin de que formulen la solicitud de expropiación correspondiente (conforme a los requisitos previstos en el artículo 61 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, y respecto de la superficie mencionada), y se presente ante la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y, por otro lado, una vez recibida tal solicitud, esta última autoridad procederá a iniciar y tramitar inmediatamente el procedimiento expropiatorio en cuestión, con el fin de que, en el supuesto de que sea procedente, se practique el avalúo respectivo de las tierras y se haga efectiva la indemnización al ejido de que se trata. Lo anterior, de ninguna manera implica que en este momento y de manera automática se dé la expropiación per se de dichos terrenos, pues ello será hasta que la autoridad correspondiente -una vez recibida la solicitud y previos trámites respectivos, analizará si resulta procedente o no la expropiación de dichos terrenos, emitiendo el proyecto de decreto expropiatorio, y siendo el caso, emitirá hasta ese entonces, el decreto expropiatorio respectivo, y previo avalúo de las tierras procederá la indemnización-, por lo que será en el trámite de dicho expediente administrativo donde la autoridad recurrente podrá objetar ante la Secretaría del Ramo lo que a su interés legal convenga. De lo anterior, esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que en la especie, no está a debate propiamente la expropiación de dichos terrenos, ni se puede dirimir si procede o no tal expropiación. . En cuanto al argumento de que la Juez de Distrito omitió analizar lo relativo a la causa de utilidad pública que debe dar sustento a la solicitud de expropiación, dado que no existe fundamento legal para que la Comisión Nacional del Agua, .formule la solicitud de expropiación de la superficie de *** hectáreas . a la Secretaría de la Reforma Agraria", pues se carece de una causa de utilidad pública, de argumentos que la justifiquen, del destino que se le dará a la superficie que se expropiaría, y tampoco está en posibilidad material de obtener los dictámenes técnicos de uso de suelo y de impacto ambiental que emiten las Secretarías de Desarrollo Social y Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que impide satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 61 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, reformado mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil doce. Al respecto, debe decirse que no asiste razón a la autoridad recurrente cuando alega que la Juez de Distrito omitió analizar lo relativo a la causa de utilidad pública que debe dar sustento a la solicitud de expropiación, toda vez que la a quo no tenía por qué analizar tal cuestión (causa de utilidad pública que debe contener la solicitud de expropiación, conforme lo prevé el artículo 61 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural vigente); lo anterior es así, ya que ello no forma parte del cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo, dado que sus lineamientos fueron precisos, esto es, que la autoridad responsable -Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-, debía constreñirse a integrar el expediente respectivo a fin de que formule la solicitud de expropiación relativa (cumpliendo con los datos e informes que establece el artículo del Reglamento en mención), lo que implica que debe llenar la solicitud de expropiación, en un sentido determinado, esto es, la autoridad debe constreñirse a cumplir con la integración de dicha solicitud, siendo que los términos o el sentido de la integración del expediente que formule para la solicitud de expropiación, serán materia de análisis de una autoridad administrativa diversa, en este caso, de una Secretaria del Ramo. ." Por tanto, contrario a las manifestaciones de la parte quejosa, las autoridades responsables sí cumplieron con la ejecutoria de amparo, pues, los alcances de la ejecutoria de amparo no abarcan resolver de manera positiva la solicitud de expropiación respecto de la superficie de 1,223-60-00.00 hectáreas de las tierras de uso común que le pertenecen al ejido quejoso y, por tanto el pago de una indemnización, así como tampoco fue materia de estudio de la sentencia la causa de utilidad pública que debía contener la solicitud de expropiación. Razón por la que en los apartados precedentes se calificó de cumplida la ejecutoria de amparo. Vista a las partes Consecuentemente, al haber quedado cumplida la ejecutoria de amparo, háganse las anotaciones de ley en el libro respectivo, notifíquese al quejoso este proveído haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo abrogada. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Registro de demanda Vista la demanda de amparo promovida por David Cano Severiano por su propio derecho contra actos del Juez Octavo Oral Familiar del distrito judicial de Morelia Michoacán derivados del expediente oral familiar 141/2021 promovido por María Isareli Calderón Montoya en contra del ahora quejoso; consistentes en la omisión en que ha incurrido la responsable -desde el veintidós de septiembre de dos mil veinte- por no resolver dictar o acordar convivencia provisional entre el quejoso y su menor hijo no obstante haberla solicitado en varias ocasiones por escrito Regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número V-336/2021 así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S I S E ) Admisión Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I 107 fracciones I VII y XV de la Constitución Federal; 1º 33 fracción IV 35 37 107 108 112 115 116 y 117 de la Ley de Amparo SE ADMITE a trámite dicha demanda Incidente de suspensión No ha lugar a tramitar por incidente de suspensión dado que dicha medida no fue peticionada en la demanda Intervención de la agente del Ministerio Público de la Federación Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente y al efecto por medio de oficio que contenga transcripción del presente proveído remítasele copia de la demanda promovida por el quejoso y notifíquesele el presente auto en la inteligencia de que las subsecuentes notificaciones se le realizarán por medio de lista de acuerdos electrónica de conformidad con el normativo 26 fracción III de la ley reglamentaria aplicable Audiencia constitucional Con fundamento en el precepto 115 párrafo primero de la ley en aplicación se señalan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo la audiencia constitucional Forma en que se verificará la audiencia Con fundamento en el artículo 6 fracciones II del Acuerdo General1 en aplicación la audiencia será celebrada de manera física en el local del juzgado en la hora y fecha señalada para tal efecto a la cual podrá comparecer la parte quejosa si así lo desea; para ello deberá generar -por su cuenta- una cita a través del sistema "Agenda OJ" en virtud que su comparecencia no es necesaria Lo anterior porque para la celebración de la audiencia constitucional no se requiere la presencia de las partes de modo que los alegatos que considere pertinente presentar podrán hacerlo por escrito Requerimiento de informe justificado De conformidad con el artículo 117 de la ley en la materia pídase a la autoridad responsable informe justificado que deberá rendir por escrito dentro del plazo de quince días exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio la constitucionalidad o legalidad del acto que se le atribuye debiendo acompañar en su caso copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe apercibida que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario y con fundamento en el dispositivo 260 fracción II de la ley instrumental se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización Comunicación con este órgano jurisdiccional Para facilitar el envío y recepción de los informes justificados requeridos y sus anexos infórmese a la autoridad responsable que el mensaje electrónico que contenga dicho informe justificado y sus anexos deberán enviarse a la cuenta de correo electrónico institucional: 4jdo11cto@correo cjf gob mx En el entendido de que la autoridad responsable deberá comunicarse telefónicamente a este juzgado federal al número 443 322 6960 extensiones 1161 1162 y 1167 en un horario de doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos de lunes a viernes para confirmar la recepción del comunicado en comento pues el contenido integral del aludido mensaje sólo será válido con la confirmación respectiva En el entendido de que si la autoridad responsable cuenta con firma electrónica avanzada (FIREL o FIEL) las promociones o medios de impugnación diversos a los informes justificados ya mencionados deben remitirse de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Apercibimientos En términos de los artículos 26 fracción II y 28 fracción I de la Ley de Amparo dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo ya sea a la propia autoridad responsable a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga Lo anterior en el entendido que el Actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo En el caso de que la autoridad responsable no exista o tenga denominación diversa a la señalada por la parte quejosa de modo tal que impida su plena identificación se le tendrá por inexistente previa razón o devolución del oficio correspondiente que obre en autos; sin que ello obste para que con posterioridad señale la denominación correcta hasta antes de la celebración de la audiencia incidental que en este juicio se llegare a celebrar; en el entendido que de no hacerlo la resolución se emitirá únicamente por las autoridad responsable a quienes hasta ese momento tengan tal carácter ello atendiendo lo dispuesto en el artículo 108 fracción III en relación con el numeral 5 fracción II de la Ley de Amparo Apoya a lo anterior la tesis III 2o P 36 K2 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito que dispone: AUTORIDADES RESPONSABLES SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación para efecto de que por una parte sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y por otra para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y por ende no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo además que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados Por tanto cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal en concreto las autoridades responsables sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías así como los preceptos violados con los actos reclamados Informe sobre causas de improcedencia Asimismo con apoyo en lo establecido por los normativos 64 y 251 de la ley en la materia se requiere a las partes para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos reclamados lo manifiesten a esta autoridad con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado se impondrá multa al omiso por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización Terceros interesados Se reserva el llamamiento a juicio de quien le resulte el carácter de tercero interesado hasta en tanto obren las constancias de donde deriva el acto reclamado máxime cuando están involucrados los derechos de un menor respecto del cual en su caso debe llamarse a su representante o tutor lo que se impondrá de las constancias del acto reclamado Condiciones para llevar a cabo las notificaciones que se entregan A fin de llevar a cabo la notificación de este proveído se conmina a los actuarios de la adscripción a fin de que tales diligencias se realicen tomando en consideración los lineamientos a que se refiere el Acuerdo General 21/20203 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en específico la fracción IV del numeral 2 que resulta aplicable por identidad jurídica sustancial mismo que señala: Artículo 2 Reanudación de plazos y términos procesales Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020 con las siguientes precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: (.) IV El emplazamiento en los juicios nuevos que no se hubiese podido practicar antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo se realizará de manera escalonada debiendo concluirse a más tardar el 1 de octubre de 2020 Así como las disposiciones de dicho acuerdo plenario contenidas en el diverso artículo 23 que determina lo siguiente: Artículo 23 Notificaciones A reserva de que la práctica de notificaciones se rija por las leyes que resulten aplicables a cada materia y tipo de asunto los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo siguiente: Cuando la notificación deba practicarse de manera personal la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables Cuando se cuente con información de contacto de las partes se buscará acordar previamente su realización siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma Lo anterior con la finalidad de salvaguardar la salud tanto de las partes como del personal adscrito a este órgano jurisdiccional Entrega de oficios que se expidan en este asunto Se conmina a los actuarios de la adscripción a fin de que para la entrega de las comunicaciones que se expidan en este asunto atiendan las consideraciones vertidas en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que dice: Artículo 23 Notificaciones A reserva de que la práctica de notificaciones se rija por las leyes que resulten aplicables a cada materia y tipo de asunto los órganos jurisdiccionales deberán tomar en cuenta lo siguiente: (.) II En juicios de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 28 fracción I segundo párrafo de la Ley de Amparo si la autoridad se niega a recibir un oficio de notificación el actuario deberá informarle que no obstante esa circunstancia se tendrá por hecha la notificación en el entendido de que si subsiste la negativa se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada III Incluso cuando las autoridades no tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de conformidad con lo previsto en los artículos 28 fracción III y 30 fracción I de la Ley de Amparo es posible que en amparos urgentes tramitados electrónicamente las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26 fracción II de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial incluyendo un "oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica" el cual puede enviarse por correo electrónico institucional En el caso de las autoridades federales la decisión de notificar conforme a lo previsto en el párrafo anterior deberá reparar en el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid 19)" emitido el 17 de abril de 2020 por la Secretaría de la Función Pública Es pertinente indicar que las anteriores medidas se sustentan en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular SECNO/12/2020 que lo interpreta y que obligan a los juzgadores federales a tomar las medidas necesarias a fin de evitar la concentración de personas y que tanto los justiciables como los servidores públicos que prestan sus servicios a las autoridades responsables se desplacen con lo cual se evita la propagación del virus SARS COVID-19 Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía Se exhorta a la partes intervientes a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) o por el Servicio de Administración Tributaria (e Sat o e Firma) que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias En caso de no contar con ninguna de ellas podrán tramitarla en la página www firel pjf gob mx siguiendo los pasos que ahí se describen Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas las personas (quejoso autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como "usuario" asignándole la nomenclatura que sea de su agrado y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: a Consultar constancias b Presentar demandas escritos recursos ampliación de demanda cumplir con prevenciones y requerimientos formular alegatos acceder a los que formule su contraparte c Notificarse d Descargar las constancias que constituyen el expediente digital la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional Al respecto el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: Artículo 16 Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía Para el caso de que a las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente se les informa lo siguiente Consulta física del expediente Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19 subsiste la situación de emergencia sanitaria si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación dentro del micrositio "Agenda OJ" en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y consecuentemente al expediente respectivo conforme a los artículos 3 4 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: a El acceso al órgano jurisdiccional y por consecuencia al expediente sólo verificará en la fecha y hora de la cita b Estará limitado a dos personas por cita una de las cuales deberá ser quien agendó la cita c Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad deberá informarlo al momento de agendar la cita indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia d Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto no se permitirá el acceso e Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención) evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento Para presentar físicamente promociones Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales los escritos promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC) las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día de hoy tres de agosto de dos mil veinte y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve sólo para los órganos que laboren por las tardes4 Para tal efecto indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC) Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal en la medida de lo posible se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria (ii)La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC deberá hacer fila siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno (v)Una vez atendida la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia o el buzón judicial5 Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano se les hace del conocimiento que conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular También se les comunica que: 1 El incumplimiento de las medidas sanitarias generará en principio una llamada de atención mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto 2 El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita no se permitirá en hora y fecha diversa en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita Habilitación de horas inhábiles autorización para firmar oficios anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional con fundamento en el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio Se autoriza a los Secretarios y Actuarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) Domicilio y autorizados Se tiene al quejoso señalando domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y autorizados para tal efecto a las personas que nombra Integración del expediente Finalmente conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S I S E )

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