David Calan Lopez
Expediente 559/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- David Calan Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En la Ciudad de México, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial suscrita por el Auxiliar de Actuario adscrito a la Unidad de Notificadores Común a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa y Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante la cual, manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 13785/2021 de veintisiete de mayo del presente año, dirigido al Juez de Justicia Cívica en Turno, por las razones que expone. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el veintisiete de mayo pasado, quedó firme el auto de once de mayo de la anualidad que transcurre, en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio SEDUVI/DGAJ/DAJ/137/2021 de diez de marzo de dos mil veintiuno, el Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, remitió copia certificada del oficio SEEUVI/DGDU/D-POL-051/2016 de once de octubre de dos mil dieciséis, consistente en el "dictamen para la constitución del polígono de actuación, mediante el sistema de actuación privado, en el predio ubicado en la calle Paseo de los Laureles número 278 (doscientos setenta y ocho), Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa de Morelos". Del contenido del dictamen en mención, ser advierte que fue emitido tomando en consideración la sentencia dictada en el juicio número IV-1411/2014 de veintisiete de abril de dos mil quince, del índice de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; y con base en la Opinión del Director de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. En consecuencia, tomando en consideración que es necesario allegarse de todas las pruebas que se estimen necesarias para mejor proveer en el presente juicio de amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, así como 80 y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remitan lo siguiente, o bien manifiesten su imposibilidad legal para hacerlo: Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México Copia certificada completa y legible de las constancias que integran el juicio número IV-1411/2014 de su índice. Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México Copia certificada completa y legible de la Opinión del Director de Normatividad y Apoyo Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En estas circunstancias, para dar margen a que se cumpla el anterior requerimiento, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Al caso se cita, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL." Así como la diversa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, página 519, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE." Por otra parte, se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula B-III-4 Ciudad de México de la Fiscalía General de la República por medio del cual, solicita se le remita copia certificada de las constancias que integran el presente asunto, y se le informe el estado procesal que guarda, por ser necesarias para la debida integración de la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0002566/2021. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales conducentes. Atento a lo solicitado por el Agente Investigador, remítasele copia certificada de la totalidad de las constancias que refiere por conducto de la autoridad que refiere en el oficio que se atiende, para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden, se agregan en autos los escritos electrónicos recibidos los escritos electrónicos de cuenta, recibidos en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, firmados electrónicamente por el apoderado legal de la parte tercero interesada y por el autorizado en términos de la parte quejosa por medio de los cuales, realizan manifestaciones en vía de alegatos, y la tercero interesada solicita se de vista al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito por los motivos que expone. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de la materia, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte tercero interesada y la parte quejosa en vía de alegatos, sin perjuicio de ser relacionadas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora, por lo que hace a la solicitud de la tercero interesada, para que se de vista al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a éste Juzgado Federal, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo, deberá de estarse a lo acordado en proveído de veinticinco de los actuales en el cual, se dejó expedito su derecho para que en caso que así lo estime pertinente, presente la denuncia correspondiente ante el Fiscal Federal Investigador. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis de rubro y texto siguiente: DENUNCIA DE HECHOS DELICTUOSOS EN EL JUICIO DE AMPARO.- Si dentro de un juicio de amparo se presenta el escrito en el que se hace denuncia de hechos que se estiman delictuosos y el juez de distrito se limita a dar vista con dicho escrito al agente del Ministerio Público Federal de su adscripción para que manifieste lo que a su representación convenga, y al dictar la sentencia definitiva se abstiene de hacer consideración alguna al respecto, esto no entraña la violación legal que perjudique los derechos de la parte que formuló la denuncia, ya que ni ésta, ni el curso de la averiguación penal a la que pudiera dar lugar, forman parte de la litis constitucional. Dicha abstención no impide que el interesado haga valer sus derechos directamente ante el representante social que corresponda para los efectos legales procedentes (No. de Registro 238091, Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 109-114 Tercera Parte, Página: 69, Materia: Común) Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgado que la tercero interesada señale que se debe dar vista al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito por la posible comisión del delito que refiere, con independencia que éste sea parte del juicio de amparo en términos de la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del tenor literal siguiente: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.- Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Ahora, conviene precisar que el criterio antes transcrito tuvo su origen bajo las premisas que los juzgadores de amparo, no sólo están en aptitud, sino que se encuentran obligados a hacer del conocimiento del Fiscal en cuanto se percaten de hechos presumiblemente comisivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social, proceda a realizar la investigación respectiva. Asimismo, que el hecho que el Ministerio Público sea parte de los juicios de amparo, no implica que sea innecesario hacer de su conocimiento los hechos que probablemente envuelvan la comisión de un delito. Aunado a lo anterior, que el Ministerio Público como parte del juicio de amparo, no tiene el carácter de prosecutor de delitos, pues su principal finalidad es velar por el orden constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, se consideró que la participación de la representación social en el juicio de amparo, no sustituye el deber de los juzgadores federales de darles noticia de los hechos que probablemente impliquen la comisión de algún delito. En ese orden, dicha obligación de los juzgadores federales, se deben cumplir siempre que a su consideración exista la posible comisión de algún ilícito, es decir, no basta que las partes durante la tramitación del juicio de amparo soliciten se de vista al Ministerio Público Federal sobre hechos que estimen constitutivos de delitos previstos en la Ley de Amparo, sino que es necesario que el juez de amparo, considere que la conducta pueda tipificarse en un delito. De lo que se sigue que a consideración de este juzgado, las manifestaciones que vierte la parte tercero interesada no constituyen elementos que puedan sustentar la comisión del ilícito previsto por el artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo por parte de la parte quejosa, y por consiguiente, este juzgado no considera pertinente dar vista a la representación social para la integración de la carpeta de investigación correspondiente; máxime que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el presente asunto, serán objetos de estudio al analizar la procedencia del juicio, al momento de dictar sentencia, en cuyo caso, el suscrito estará en aptitud de determinar la veracidad de lo alegado por las partes. Sin perjuicio de lo anterior, se reitera, quedan a salvo los derechos de la parte tercero interesada para que de estimarlo pertinente, presente la denuncia correspondiente ante la autoridad investigadora. En abono a lo anterior, conviene precisar que el mismo criterio sostuvo el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja Q.A. 237/2018 de su índice, derivado del juicio de amparo 1049/2018-II del índice de éste Juzgado de Distrito. Notifíquese; y vía electrónica a la parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a trece de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el Director de Operación y Control de Pago y la Directora General de Recursos Humanos, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido omisos en desahogar el requerimiento de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, por el que se les requirió acreditaran ante éste Juzgado de Distrito el cumplimiento del fallo protector, no obstante las prórrogas concedidas el cinco y veintiuno de abril del año en curso. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado el dieciocho de marzo del año en curso, y en términos de los artículos 193 primer párrafo, 238 y 258 de la Ley de Amparo y 192 y 258 de la Ley de Amparo, y tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas, diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se impone a Ana María Moreno Serrano, quien ostenta el cargo de Directora de Operación y Control de Pago, y a Guadalupe Trinidad Reyes García, quien ostenta el cargo de Directora General de Recursos Humanos, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, una multa a razón de cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, para lo cual, una vez que cause estado el presente proveído, gírese oficio al JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, para que por conducto de la Administración Local de Recaudación correspondiente, haga efectivo el cobro de la multa impuesta a las citadas autoridades. En esas condiciones, y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, se REQUIERE POR SEGUNDA OCASIÓN a la Dirección de Operación y Control de Pago de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído:???????? Remita copia certificada de la planilla de liquidación actualizada al ejercicio dos mil veintiuno, a favor de los siguientes quejosos: Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y del artículo 84, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y en el tercero transitorio, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, REQUIÉRASE POR SEGUNDA OCASIÓN al Director General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico de la vinculada responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la vinculada responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o?? bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas la totalidad de las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se impondrá a las personas físicas que ostentan los cargos referidos, una multa por ciento cincuenta veces la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a once de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra en autos la constancia de notificación dirigidas al Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México del proveído de once de agosto de dos mil veinte, por el que se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; en consecuencia, a fin de evitar violaciones en el presente procedimiento, reexpídase el oficio correspondiente. Atento a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
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