DAVID CADEZA BAGLIETTO y Otros.

Expediente 1216/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1216/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • DAVID CADEZA BAGLIETTO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ***..**, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1216/2022. Desechamiento de la demanda Conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene el Juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior es así, en virtud de que dar trámite al juicio y admitir la demanda a nada jurídicamente práctico llevaría, pues resulta mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio que del análisis preliminar de la demanda de garantías se desprende que la misma resulta notoriamente improcedente, con el propósito de evitar la práctica de un trámite que a la postre resulte infructuoso, ello, en atención a lo establecido en el artículo 17 Constitucional que prevé que la justicia debe ser pronta y expedita, lo que inclusive permite que el impetrante promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos, de ahí que es pertinente destacar que para efectos de actualizar la improcedencia del juicio constitucional y, por ende, el desechamiento respectivo deben acreditarse de forma evidente los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, es procedente analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "1) Reclamo de todas las autoridades responsables el correo electrónico enviado de por la servidora público Guadalupe Lucena Navarrete de la cuenta de correo electrónico glucena@cif.gob.mx al correo del suscrito david.cadeza@gmail.com con asunto: "Se notifica baja del Curso de Especialización - Sexta generación", de fecha 5 de octubre de 2022, por el cual se le notifica al suscrito, sin que haya existido un procedimiento previo en el que fuera escuchado y ofrecido pruebas en mi favor que, "derivado de la supervisión a su examen realizado el día de ayer 4 de octubre de 2022 y en apego a los lineamientos del Curso de Especialización sobre la Reforma en materia de Justicia Laboral. Sexta generación se advirtió el uso de audífonos durante el desarrollo del examen, (...) Por lo anterior, le informo que usted ha causado baja de este programa académico." 2) Así mismo reclamo las consecuencias materiales del acto de autoridad precisado en el punto anterior, consistente en la baja y/o expulsión del "Curso de Especialización de la Reforma en Materia de Justicia Laboral. Sexta Generación"; la omisión de considerarme continuar con el referido curso a pesar de haber aprobado el examen con calificación satisfactoria para continuar; la omisión de habilitarme los cursos y materiales didácticos del referido curso en la plataforma educativa virtual, denominada aula virtual; la omisión de enviarme las ligas electrónicas mediante las cuales tomar las sesiones de las clases del referido curso; y en general los actos de expulsión y segregación hacia el suscrito.." En ese sentido, este órgano de control constitucional estima desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción III, de la ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal". El dispositivo legal en comento establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que emanen del Consejo de la Judicatura Federal. Esta causa de improcedencia tiene sustento en el segundo párrafo, del artículo 94 y párrafos primero y penúltimo del artículo 100 de la Constitución Federal. En ese orden de ideas, los numerales antes referidos contemplan el principio de definitividad e inatacabilidad de los actos del Consejo de la Judicatura Federal como órgano superior de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de los artículos indicados se deduce que la intención del legislador fue que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal fueran definitivas e inatacables, incluso, a través del juicio de amparo, con excepción de las que versan sobre la designación, adscripción, radicación y remoción de Magistrados y Jueces, ya que respecto de éstas se abrió la posibilidad de que fueran impugnables ante el Tribunal Constitucional del país. En ese sentido, la interpretación correcta que debe darse al precepto 100, párrafo noveno, de la Constitución Federal es en sentido que el juicio de amparo es improcedente si su promoción tiene como intención impugnar una decisión del Consejo de la Judicatura Federal, ya que por disposición expresa de la norma suprema, no procede juicio ni recurso alguno en su contra, salvo las que se relacionen con la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, como se indicó. El carácter de definitivas e inatacables de las decisiones del Consejo no deriva del solo hecho de que provengan de este órgano, sino que son emitidas en el ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le han sido otorgadas para administrar, vigilar y disciplinar lo que atañe a su régimen interno, ya que de lo contrario, se daría un carácter definitivo e inatacable a decisiones que si bien son emitidas por ese órgano colegiado, tienen efectos sobre situaciones o personas que no forman parte de las estructuras del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, para establecer cuáles son las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que revisten ese carácter de firmeza, debe atenderse a las atribuciones que la Constitución federal le confiere y, que en términos de los preceptos 94, 97, 100, y 123, apartado B, constitucionales, dicho órgano está facultado para: Llevar a cabo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que, conforme a las bases constitucionales, establezcan las leyes; con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; designar, adscribir, ratificar y remover a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; Expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones; Dictar resoluciones de manera definitiva e inatacable; y, Resolver los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores. Al respecto, se aprecia que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, las cuales serán definitivas e inatacables, por lo que no procede el juicio constitucional ni recurso alguno en contra de dichas determinaciones, sin la salvedad de que el juicio de amparo se intente por un particular ajeno al Poder Judicial de la Federación. En relación con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es improcedente el juicio de amparo para reclamar las decisiones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al siguiente criterio jurisprudencial 25/2004 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, abril de 2004, página 5, que al efecto se transcribe: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN CONTRA DE SUS DECISIONES ES IMPROCEDENTE EL AMPARO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR UN PARTICULAR AJENO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Los artículos 94, segundo párrafo y 100, primer y penúltimo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación y cuenta con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, las cuales serán definitivas e inatacables, por lo que no procede juicio ni recurso alguno en su contra. Esa regla sólo admite las excepciones expresamente consignadas en el indicado penúltimo párrafo del artículo 100 constitucional, relativas a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las que podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el recurso de revisión administrativa, únicamente para verificar que se hayan emitido de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Atento a lo anterior, resulta indudable que contra los actos y resoluciones emitidos por el citado consejo no procede el juicio de garantías, aun cuando éste se intente por un particular ajeno al Poder Judicial de la Federación, lo cual no pugna con la garantía de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal, pues ésta no es absoluta e irrestricta y, por ende, no puede ejercerse al margen de los cauces establecidos por el legislador y menos aún de los previstos por el Constituyente Permanente." Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso promueve juicio de amparo en contra del correo electrónico enviado donde se le notifica que causó baja del Curso de Especialización Sexta Generación, de cinco de octubre de dos mil veintidós, sin que haya existido un procedimiento previo en el que fuera escuchado y ofrecido pruebas a su favor derivado de la supervisión a su examen realizado el día cuatro de octubre del actual, acto que atribuye al Director General de la Escuela Federal de Formación Judicial, Director de la Unidad de Implementación sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral y Coordinador Académico del Curso de Especialización de la Reforma en Materia de Justicia Laboral Sexta Generación. Cabe precisar que de conformidad con el artículo 93 de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, la Escuela Federal de Formación Judicial es un órgano del Consejo de la Judicatura Federal, el cual es necesario para su funcionamiento. El precepto legal en comento establece lo siguiente: "Artículo 93. Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura Federal contará con los siguientes órganos: la Escuela Federal de Formación Judicial, la Visitaduría Judicial, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, la Contraloría, el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles en los términos que establece la Ley de Concursos Mercantiles. (.)" Sobre esa base, y en atención a las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, tenemos que el acto reclamado consiste en la baja del Curso de Especialización Sexta Generación, emitida el cinco de octubre de dos mil veintidós, determinación dictada por autoridades de la Escuela Federal de Formación Judicial, órgano perteneciente al Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el numeral 93 de la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 100, párrafo noveno constitucional, y 61, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto reclamado. Resulta aplicable al caso la tesis aislada I.15o.A.97 A (9ª), sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, marzo de 2008, página 1762, cuyo rubro y texto se transcriben: "INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA SUS ACTOS ES IMPROCEDENTE. El artículo 100 de la Constitución General de la República establece que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno en su contra, salvo las excepciones que establece el propio precepto relativas a las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. En esa virtud, en la jurisprudencia número P./J. 25/2004 de rubro: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN CONTRA DE SUS DECISIONES ES IMPROCEDENTE EL AMPARO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR UN PARTICULAR AJENO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.", el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es improcedente el juicio de garantías para reclamar las decisiones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que para su debido funcionamiento el Consejo de la Judicatura Federal contará con los siguientes órganos auxiliares: el Instituto de la Judicatura, la Visitaduría Judicial, la Contraloría Interna, el Instituto Federal de Defensoría Pública y el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. En esos términos, es patente que a través de aquellos órganos de apoyo el referido consejo ejerce determinadas atribuciones; por ende, los actos que emiten revisten la naturaleza y características de los realizados directamente por el propio Consejo de la Judicatura Federal. Conforme a lo expuesto, contra los actos emitidos por el Instituto de la Judicatura Federal no procede el juicio de garantías, al tratarse de actos dictados por un órgano auxiliar del mencionado consejo que revisten la naturaleza de los realizados directamente por él mismo, cuya inatacabilidad está expresamente contemplada en el artículo 100 de la Carta Magna, actualizándose una causa de improcedencia en términos de lo dispuesto en tal precepto de la Norma Suprema, en relación con lo previsto en el numeral 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." De lo anterior, se aprecia que el acto reclamado, fue emitido por un órgano del Consejo de la Judicatura Federal de ahí que la improcedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo puede advertirse desde la presentación de le demanda, por lo que se considera que el juicio de amparo no es el medio idóneo para invalidar los actos de la Escuela Federal de Formación Judicial, pues al ser parte de dicho Consejo, no es razonable que sus resoluciones puedan ser revisadas, modificas, revocados o nulificados por un órgano jurisdiccional que es administrado por dicha autoridad. Por consiguiente, y al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción III, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, que al efecto se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente; lo que además tiene el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo, y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el promovente acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Consulta y notificaciones electrónicas Respecto a que se autorice la consulta del expediente electrónico y recibir las notificaciones que deriven del mismo por esa vía, proporcionando para tal objeto el registro de usuario davidcadeza; en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36, 37, 38 y 40, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo", se otorga autorización al usuario: 1. Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de Amparo. 2. Para que reciba por dicha vía las notificaciones que deriven del presente asunto. En razón de lo anterior, se instruye al "OFICIAL JUDICIAL A" para que realice el alta correspondiente del citado usuario para que pueda consultar el expediente electrónico y recibir las notificaciones correspondientes. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando en el informe justificado se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Notifíquese personalmente.

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