David Cadena Villa y Otros.

Expediente 1170/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 1 actuación registrada, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1170/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • David Cadena Villa y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    1. Recepción. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo que promueven ********************y******************** contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial en la Región Carbonífera, con residencia en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1170/2023, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De esta disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Acto reclamado. En este asunto se reclama la sentencia interlocutoria ******************** de nueve de octubre de dos mil veintitrés, mediante la cual se declara infundado el recurso de revocación interpuesto dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, en contra del auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, pronunciado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de la Región Carbonífera, con residencia en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza. 3.2 Causa de improcedencia manifiesta e indudable. En el caso concreto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado es emitido dentro de juicio y no es considerado de imposible reparación. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos es posible advertir que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos que sean de imposible reparación, conceptuados como aquéllos que lesionan los derechos sustantivos fundamentales del individuo a través de la afectación de los derechos humanos, no así los procesales, como lo es la resolución que se impugna. Así, se distingue entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Con el propósito de analizar esta última consideración, conviene precisar que existe por interpretación legal, distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. En el primer caso, se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación; mientras que en el segundo caso, solamente pueden alegarse en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el juicio respectivo, siempre y cuando hayan transcendido al resultado del fallo. Con excepción de aquéllas de magnitud preponderante, que afectan a las partes en grado predominante o superior, cuyas consecuencias trasciendan e impliquen una situación relevante para el procedimiento, por referirse a un presupuesto procesal o porque conlleve la posibilidad de evitar de manera innecesaria el desarrollo del proceso, como las resoluciones que resuelven una cuestión de competencia o a llamar a un tercero a juicio, entre otros, jurisprudencialmente determinados como susceptibles de impugnarse en amparo indirecto. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, pues en este caso, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. De considerar la parte quejosa que alguna violación procesal se cometió en su perjuicio y que ésta trasciende al fallo de la sentencia respectiva, podrá impugnarlo en amparo directo. 3.3 Estudio de la causal de improcedencia. Ahora bien, del análisis del escrito de demanda y anexo, se advierte que la resolución incidental de nueve de octubre de dos mil veintitrés, que declaro infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, en el que se ordenó la notificación personal a las partes de los acuerdos de veintidós de febrero y quince de marzo, ambos de dos mil veintidós, sobre el emplazamiento y la reanudación del procedimiento, a fin de que tuvieren oportunidad de intervención y conocimiento de las constancias que obran en el mismo, no se considera un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues en su caso, sólo producen efectos intraprocesales. Lo anterior es así, pues en todo caso, no será sino hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva cuando pudiera influir o no el sentido de la decisión de la autoridad responsable y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte peticionaria del amparo. Por consiguiente, debido a que la emisión de la determinación reclamada en esta vía constitucional, no constituye una violación procesal respecto de la cual, en términos del artículo 107, fracción V, procede de inmediato el juicio de amparo indirecto, sino que de resultar desfavorable a los intereses de la parte quejosa la sentencia respectiva que se pronuncie, debe hacer valer la cuestión como concepto de violación al hacer valer la transgresión en el juicio de amparo directo contra la mencionada resolución. Además, el acto reclamado sólo produce infracción a derechos adjetivos o procesales relativo a cuestiones atinentes que pueden ser reparadas, como ya se refirió, si la parte quejosa obtiene una resolución favorable a sus intereses, o en su defecto, puede ser reclamable a través del juicio de amparo directo, en términos de lo previsto por el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. 3.3.1 Criterio legal. Sobre el tema se emitió la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la tesis P. LVIII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107 fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos del citado ordenamiento legal. 5. Autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ******************** y ********************, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 5.1 Correo electrónico. Se tiene a la parte quejosa proporcionando como correo electrónico el que señala en su escrito, en el entendido de que se establecerá para comunicaciones no procesales. 6. Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica, al solicitante con nombre de usuario "********************". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente el usuario respectivo; lo anterior, en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 6.1 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 7. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.

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