David Benitez Hernández

Expediente 255/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
255/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • David Benitez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el dieciocho de abril de la presente anualidad, que desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo.

  2. Principal

    Visto el contenido del acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós, que obra inmerso en el oficio **** del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que dicho órgano de control constitucional, en autos del juicio de amparo **** de su índice, desechó la ampliación de la demanda de amparo por no existir relación con los actos reclamados y ordenó remitir el escrito de ampliación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencian en esta ciudad, a efecto de que se le dé el trámite correspondiente como una demanda independiente. Acúsese de recibo el acuse de estilo correspondiente. En ese contexto, se ordena formar el expediente correspondiente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número ***. Ahora, vista la demanda de amparo dé cuenta con la que****, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número **** En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ahora bien, la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "ACTO RECLAMADO:********************* De la anterior transcripción, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el directo peticionario de amparo consiste en: ? La inscripción y registro de una traslación de dominio de la escritura pública número ****************************** Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 1, fracción I y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte," "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Conforme a los preceptos transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo anterior se pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. A partir de esta precisión, tenemos que en el caso, el Director General y Registrador ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo y Director General de Notaría del Estado de Quintana Roo, a quienes el quejoso le atribuyó los actos antes precisados, no reviste de la calidad de autoridades para efectos del amparo. Lo anterior, porque como quedó precisado con antelación, los actos que en esta instancia reclamó el quejoso ******************************* del municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, a favor de terceras personas. Respecto de ello, los artículos 3157, 3158 y 3162, del Código Civil en el Estado de Quintana Roo, prevén lo siguiente: "Artículo 3157.- Para el registro de los acontecimientos jurídicos que conforme a las leyes deben registrarse, funcionará una dependencia del Poder Ejecutivo local que se denominará Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo que tendrá oficinas en los lugares que el Ejecutivo del Estado acuerde. Artículo 3158.- El Registro Público de la Propiedad de Quintana Roo será en cuanto a la forma y manera de llevarlo a cabo, por el sistema de folio registral, y en cuanto a sus efectos será, en unos casos, además de publicitario, constitutivo, y en otros, meramente publicitario. El folio registral es el número único que identifica a cada bien, persona o actos referidos a éstos, al que en lo sucesivo se le denominará el o los Folios. [.] Artículo 3162.- Sólo se registrarán, no por transcripción sino por inscripción de los documentos relativos, los derechos, gravámenes, actos, negocios y contratos que conforme a este Código sean registrables y cuya existencia fehacientemente se compruebe por: I.- Los testimonios de las escrituras o actas notariales, u otros documentos auténticos; II.- Las copias certificadas de resoluciones y providencias judiciales; III.- Los documentos privados que fueren válidos con arreglo a la ley, siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el notario, el registrador o el Juez de Primera Instancia, Menor o de Paz, se cercioraron, en la ratificación de las firmas, de la autenticidad de éstas y de que las partes, gozando de su cabal juicio, expresaron su voluntad libres de toda coacción. Dicha constancia deberá estar firmada por los mencionados funcionarios y por su secretario, en su caso, y llevar el sello correspondiente. Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, con la anotación de la fecha, folio y número en que quedaron registrados." Luego, los numerales 2, 3 y 35 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, disponen lo siguiente: "Artículo 2. El Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, es la Institución, a través de la cual, el Gobierno del Estado proporciona el servicio de inscribir y dar publicidad a los actos y negocios jurídicos que conforme al Código Civil deban registrarse. Es una unidad administrativa del Poder Ejecutivo del Estado y en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, estará adscrita a dicha Dependencia por conducto de la Subsecretaría de Ingresos, a quien le corresponderá la planeación, programación, organización, coordinación, dirección, control y evaluación de la misma. Artículo 3. Al Registro Público de la Propiedad y del Comercio le corresponde el desempeño de las funciones registrales en materia inmobiliaria, mobiliaria y de personas jurídicas o morales, con arreglo a las prevenciones del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, de este Reglamento, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, de los Manuales de Organización y de Procedimientos autorizados por el Gobernador del Estado y expedidos por la Secretaría de Hacienda, de los Manuales de Operación del Sistema Informático del propio Registro y de las demás disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas aplicables. Sus oficinas centrales se ubican en la Ciudad de Chetumal; y cuando las necesidades del servicio lo requieran, se podrán establecer Delegaciones en otras ciudades de la Entidad por Acuerdo Administrativo del Ejecutivo, en el que se precisará la circunscripción de cada una de ellas. Artículo 35. Los actos que conforme al Código, este Reglamento u otras leyes deban inscribirse en el Registro deberán constar en: I. Instrumentos públicos otorgados ante fedatario público; II. Copias certificadas de resoluciones y providencias judiciales o administrativas; III. Documentos privados válidos conforme la Ley, ratificados ante notario, o autoridad judicial competente, según corresponda, o IV. Los demás documentos previstos en el Código o en otras leyes aplicables." De lo transcrito se desprende que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio realiza acontecimientos jurídicos que conforme a las leyes deben registrarse por el sistema de folio registral, cuyos efectos serán publicitarios, constitutivos y meramente publicitarios, en algunos casos, ya que resulta que el folio registrado es el número único que identifica a cada bien, persona o actos referidos a éstos. Asimismo, se registran por inscripción de los documentos relativos, como lo son los derechos, gravámenes, actos, negocios y contratos que conforme a la ley sean registrables y comprobables, es decir, testimonios de escritura o actas notariales, copias certificadas de resoluciones o providencias judiciales, documentos privados validados ante la ley, ya sea con la constancia de notario, registrador o Juez de Primera Instancia, Menor o de Paz, pues tal constancia deberá ser firmada por éstos, cual sea el caso, con el sello correspondiente. Del mismo modo, de la interpretación del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, se destaca que es una institución a través de la cual, el Gobierno del Estado proporciona el servicio de inscribir y dar publicidad a los actos y negocios jurídicos que deban inscribirse conforme al Código Civil, lo que corresponde el desempeño en materia de inmobiliaria, mobiliaria y de personas jurídicas o morales establecidas en las leyes aplicables, según sea el caso. Pues como ya se precisó, los actos considerados conforme al Código, Reglamento y otras leyes que deban inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio son los instrumentos públicos otorgados ante notario público, copias certificadas de resoluciones y providencia judiciales o administrativas, documentos privados validos conforme a la ley, entre otros aplicables. A mayor abundamiento, es preciso tener en cuenta que el artículo 3191 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, dispone lo siguiente: "Artículo 3191.- Las inscripciones y anotaciones pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por orden judicial. Podrán no obstante ser canceladas a petición de parte sin dichos requisitos, cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la ley o por causas que resulten del título en cuya virtud se practicó la inscripción o anotación, debido a hecho que no requiera la intervención de la voluntad." Dicho numeral establece que las inscripciones y anotaciones hechas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por orden judicial. Es decir, en el caso de que la cancelación de una inscripción registral se haga por consentimiento de las partes, para realizarla válidamente, es necesario oír a los interesados, y cuando exista controversia respecto a la inscripción de un derecho en el Registro Público de la Propiedad, sólo por orden de una autoridad jurisdiccional puede cancelarse. Cuya controversia de reconocimiento, no puede decidirse en el amparo, sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común, en el juicio contradictorio correspondiente, lo que concluye que se debe agotar el juicio que procede. Luego, si en el caso que nos ocupa, el quejoso se duele esencialmente de la inscripción y registro de una traslación de dominio de la escritura pública número ******************** realizado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado Quintana Roo, y su inscripción a favor de terceras personas, entonces, no puede ser considerado como de autoridad o alguno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo. Ello es así, en razón que al existir controversia de una inscripción registral, el quejoso debe acudir ante una autoridad del orden común, en el juicio contradictorio correspondiente, para dirimir esa cuestión, porque la finalidad del juicio constitucional es resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de los derechos fundamentales, y no resolver conflictos contenciosos entre particulares, como aquí se pretende, pues, se reitera se establece un procedimiento para una controversia de inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un derecho, por tanto, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto. Lo que se concluye que el quejoso debe acudir a una autoridad del orden común a fin de combatir la controversia planteada, esto es, la inscripción y registro de una traslación de dominio de la escritura pública número*********************** del municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, pues, como ya se dijo, las autoridades responsables Director General y Registrador ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo y Director General de Notaría del Estado de Quintana Roo, no pueden ser consideradas como de autoridades o alguno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I y 5, fracción II; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Ahora, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, se ordena notificar el acuerdo en comento, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado Federal. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, en términos de los artículos 22 fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal4 , transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción II5 del numeral 22 citado, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación, única y exclusivamente, de este proveído. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, código postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es ****, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, código postal 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos,6 hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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