David Arturo Villegas de la Torre

Expediente 260/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
260/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • David Arturo Villegas de la Torre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso David Arturo Villegas de la Torre interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se compute el término relativo a las autoridades responsables y a la parte tercera interesada, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente sumario; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido; de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y la definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General en comento. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos del inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes. En otro orden de ideas, agréguese a los autos, sin mayor proveído la pieza postal devuelta de cuenta, dirigida al Fiscal Especializado en Combate al Secuestro en San Luis Potosí; toda vez que en proveído de ocho de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, y en párrafos anteriores de ordeno el archivo del mismo.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, sin mayor proveído el oficio de cuenta, enviado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual remite el diverso signado por la Vicefiscal Jurídico de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, por el cual informa el domicilio del Fiscal Especializado en Combate al Secuestro en San Luis potosí; toda vez que en proveído de ocho de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. ... Cúmplase. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Selene Vázquez Sánchez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 2, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de los plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el apartado II, punto 16 de la circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos que en el presente asunto estuvieron suspendidos en el periodo del uno al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, con motivo de dicha contingencia. En consecuencia, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el telegrama de cuenta remitido por el Director Jurídico de la Dirección General de Métodos de Investigación en San Luis Potosí con el que informa el domicilio actual y correcto de la responsable denominada Jefe de Grupo de a Unidad Especializada en Combate al Secuestro con residencia en la ciudad de San Luis Potosí; toda vez que en proveído de ocho de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Cúmplase. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el treinta de septiembre de dos mil veinte, se recibió un oficio de la autoridad responsable Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral Comisionado al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región Judicial, con sede en esta ciudad; mediante el cual informó la situación jurídica del quejoso, remitiendo dos discos versátiles digitales -DVD-. Ahora, se advierte que uno de los discos versátiles digitales contiene una copia de la carpeta administrativa RIV/CV/CP-73/2020 con diversas actuaciones, así como el respectivo índice cronológico de cada una de las audiencias desarrolladas, incluidas el registro de intervenciones y por cuanto hace al segundo de los referidos, la audiencia de solicitud de orden de aprehensión de veintiséis de agosto de dos mil veinte, con su respectivo índice cronológico; archivo del oficio que informa la cumplimentación de la orden de aprehensión de dieciséis de septiembre del citado año; la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso de veintidós del citado mes y año, con su respectivo índice cronológico. Ahora, se destaca que los artículos 62 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, a la letra establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De acuerdo con la interpretación armónica de dichos artículos, se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, la cual debe acreditarse de manera manifiesta e indudable. Así, en el presente juicio, se advierte que sobrevino un motivo de improcedencia que reúne estas característica -manifiesta e indudable-, que hace innecesario continuar con su substanciación hasta la celebración de la audiencia constitucional, ya que de determinar lo contrario, dilataría en forma ociosa el dictado del sobreseimiento que debe decretarse indefectiblemente, en virtud de que, con ningún elemento probatorio podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular; y sólo se generaría en el justiciable falsas expectativas de forma injustificada; es decir, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; porque, se reitera, a nada práctico conduciría continuar con la integración de los autos, hasta la celebración de la audiencia constitucional, si la resolución que procede dictar en este asunto, no variará. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, registro 184572 de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas que en el presente asunto trae la cumplimentación de la orden de aprehensión librada en contra del demandante de amparo, así como el auto de vinculación a proceso dictado el veintidós de septiembre de dos mil veinte, en contra del quejoso. Sobre el tema, la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" En efecto, la norma transcrita indica que la improcedencia de mérito cobra vigor cuando los actos reclamados emanen de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, al no poder decidirse ya en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Como se observa, dicha normativa contempla la hipótesis de procedencia del juicio biistancial contra actos derivados de un procedimiento judicial o administrativo en forma de juicio cuando se presente un cambio de situación jurídica que consume irreparablemente las violaciones reclamadas en el asunto respectivo. Para que se actualice la hipótesis de improcedencia indicada se requieren los supuestos siguientes: 1) La existencia de un acto de autoridad dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo. 2) Que al promoverse la demanda de amparo el quejoso se encuentre colocado en un estado jurídico determinado, a virtud, de aquel acto procedimental. 3) Después de admitida la demanda acaezca en el mismo procedimiento un diverso acto, dictado por la misma o diversa autoridad ante la que se instruya el procedimiento. 4) Que el nuevo acto sea independiente de forma tal, que no exista una relación de causalidad de la que se pueda derivar que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo. 5) Que con la emisión del nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente a la parte quejosa una nueva situación jurídica que no derive de éste último. Los anteriores aspectos se desprenden de la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, foja 199, del tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, número de registro 222034, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último." Igualmente, es pertinente precisar, que la circunstancia de que la ley prevea diversas hipótesis motivo de la improcedencia del juicio, no implica, per se, una violación del derecho humano al recurso efectivo; así como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos fijados en las leyes, es claro, en ellas también pueden tasarse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre lo debatido. De ahí, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación, tienen una existencia justificada, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios reguladores, surge la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, no lesionando el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades a observarse para avalar el acceso a las mismas. Se ha sostenido, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben sentar supuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. También ha expuesto, si bien esos medios de impugnación deben estar disponibles para el interesado, resolver en forma efectiva y fundada el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre, en cualquier caso, los tribunales están constreñidos a pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular medio de defensa intentado; a la luz de estas premisas, válidamente se puede afirmar que las causales de improcedencia constituyen por regla general parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y, por ende, no configuran una denegación de justicia. Robustece lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 530, número de registro 2002359, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Así como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, foja 2066, registro 2002537, de epígrafe: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." En el caso que nos ocupa; la hipótesis anterior se actualiza plenamente, en razón de que David Arturo Villegas de la Torre, reclamó la orden de aprehensión, detención o captura, así como su cumplimiento; sin embargo, de la copia certificada de audio y video, que remite el juez responsable, consistente en la videograbación de diversas audiencias, contenidas en un disco versátil digital -DVD-, se advierte que: a) El dieciséis de septiembre de dos mil veinte, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra del inculpado -aquí quejoso-, permaneciendo detenido en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Valles, San Luis Potosí. b) Se acogió a la duplicidad del término constitucional, para resolver su situación jurídica; señalándose el veintidós de septiembre del año en mención, para la continuación de la audiencia inicial a fin de resolver sobre la vinculación a proceso. c) El veintidós de septiembre de dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de David Arturo Villegas de la Torre; como probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, en contra de la víctima de identidad reservada de iniciales I. C. M.; dentro de la causa penal número RIV/CV/CP-73/2020 del índice del Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región Judicial del Estado, Sala Ciudad Valles, San Luis Potosí. d) Se impuso al quejoso la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso. Ahora, el disco versátil digital -DVD- certificado, que contiene un registro de audio y video de la audiencia privada de orden de aprehensión de veintiséis de agosto de dos mil veinte; la cumplimentación de dieciséis de septiembre de dos mil veinte, de dicho mandamiento de captura y el auto de vinculación a proceso de veintidós del mes y anualidad en comento, actuaciones relacionadas dentro de la causa penal número RIV/CV/CP-73/2020 del índice del Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región Judicial del Estado, Sala Ciudad Valles, San Luis Potosí; es una documental, que por ser pública en términos de lo establecido por el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por el numeral 2° de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, merece eficacia demostrativa plena según lo dispuesto por los numerales 197 y 202 del primero de los ordenamientos legales citados. De igual modo, sirve de apoyo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 857, del Tomo XXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen pruebas plena." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, registro 2004362, que reza: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Así las cosas; se deduce que en el presente caso, se satisfacen los requisitos con los que se actualiza la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en el artículo 61, primer párrafo de la fracción XVII de la Ley de Amparo, toda vez que el demandante de amparo promovió el presente juicio de amparo indirecto en contra de un acto dictado dentro de procedimiento judicial, consistente en la orden de aprehensión dictada en la causa penal RIV/CV/CP-73/2020, instruida en su contra, por la probable responsabilidad de la comisión del hecho que la ley señala como constitutivo de delito de secuestro agravado, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales I. C. M.; dictada por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región Judicial del Estado, Sala Ciudad Valles, San Luis Potosí. Situación jurídica concreta que concluyó con la audiencia de vinculación a proceso de veintidós de septiembre de dos mil veinte, derivada de la citada causa penal, con lo cual inició una fase totalmente nueva e independiente. En ese orden de ideas, es evidente que la orden de aprehensión así como su cumplimiento, combatida en la demanda de amparo, en razón del dictado del auto de vinculación a proceso, ha quedado sin efectos, pues se reitera, acorde a la naturaleza que ésta tenía, que era asegurar al promovente para que rindiera su declaración ante la autoridad judicial que lo requería y se resolviera su situación jurídica dentro del término constitucional, ya no se rige por la citada orden sino por el auto de vinculación a proceso, toda vez que atienden a fines distintos, pues impera una nueva situación jurídica que se sustenta en elementos distintos a los considerados al librar la orden de aprehensión y que puede verse afectada si se analizara la misma. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 219, del tomo IV, Diciembre de 1996, correspondiente a la Novena Época, número de registro 199808 cuyo rubro y texto son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Asimismo, resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 875, del Tomo XI, Marzo del 2000, Novena Época, registro 192163 de rubro y texto rezan: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto." En esas condiciones, se deduce que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto de la orden de aprehensión dictada en la causa penal RIV/CV/CP-73/2020, instruida en contra del aquí quejoso por la probable responsabilidad de la comisión del hecho que la ley señala como constitutivo de delito de secuestro agravado, en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales I. C. M.; dictada por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región Judicial del Estado, Sala Ciudad Valles, San Luis Potosí. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XVII, y de sobreseimiento prevista en el numeral 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Deviene aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, registro 2017544, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). Se adecua al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, página 1702, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo II, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2013315, que es del tenor literal siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes." Lo anterior es así; al ser claras y evidentes las causas de improcedencia invocadas, que conducirían al mismo resultado apuntado, pues se reitera, aunque se espere a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, número de registro 184572 cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, Fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior, sin soslayar que no obran en autos los informes justificados del Fiscal Especializado en Combate al Secuestro en San Luis Potosí y del Jefe de Grupo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro Adscrito a la Dirección General de Métodos de Investigación en San Luis Potosí, en virtud de que con las probanzas que remitió Juez de Ejecución responsable, se advierte que fue éste último quien emitió el acto reclamado, obrando las constancias respectivas, por lo que, es dable llevar a cabo el análisis realizado no obstante no obrar los informes de las diversas responsables. En consecuencia, al decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado de la autoridad ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse respecto de las autoridades responsables que el demandante de amparo señaló como ejecutora. Lo anterior, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible a fojas 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Volumen 91-96, Sexta Parte, registro 253622, de rubro: "AUTORIDAD EJECUTORA, SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA.". En ese orden de ideas, lo procedente es dejar sin efectos la audiencia constitucional señalada en este juicio para las quince horas con diez minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintiuno; por tanto, gírense los oficios correspondientes a las autoridades responsables, para hacer de su conocimiento lo anterior y para los efectos legales procedentes. Ahora, debido a que el quejoso, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Valles, San Luis Potosí, notifíquesele personalmente el presente proveído en su lugar de reclusión; de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otro lado, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado una vez que se reanuden los plazos y términos; lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la circular SECNO/8/2021, de data treinta de enero del año en curso, que emitió la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el cual comunica que aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a las partes quejosa en su lugar de reclusión, una vez que se reanuden las labores en esté Órgano de Control Constitucional.

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