David Arellano Vergara

Expediente 29/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 54 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
29/2019
Año
2019
Actuaciones
54
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • David Arellano Vergara
  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 54.

  1. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa, dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director de Procesos Jurisdiccionales en suplencia por ausencia del Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, quien a su vez representa a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, con sede en Ciudad de México, no obstante que mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se le apercibió que se resolvería en relación a ello, conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso David Arellano Vergara para que el efecto siguiente: ".para el efecto de que el Secretario de Educación Pública (SEP), con sede en Ciudad de México, dé respuesta al escrito de catorce de septiembre de dos mil dieciocho y recibido el once de octubre del citado año, y le sea notificada oportunamente en el domicilio señalado para tal efecto en su ocurso, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda respecto a lo solicitado por el impetrante, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en determinado sentido." En cumplimiento a ello, el Director de Procesos Jurisdiccionales en suplencia por ausencia del Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, quien a su vez representa a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, con sede en Ciudad de México, mediante oficio recibido en este Juzgado el veintisiete de mayo del presente año, remitió copia certificada del oficio DPJA.DA/1232/2021, dirigido al aquí quejoso DAVID ARELLANO VERGARA, en el que se contiene la respuesta dada a la solicitud referida en el párrafo que antecede, la cual le fue notificada el dieciocho de mayo del año en curso, por medio de correo electrónico, como se advierte del anexo que adjuntó al oficio en mención; restituyéndosele de esa manera, en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto en autos la citada parte quejosa y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el expediente en que se actúa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Asimismo, en atención al artículo 18 del citado acuerdo general, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses, procédase a su destrucción. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrución una vez que transcurran más de tres años, por tanto, agréguese al presente juicio de amparo.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa, dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director de Procesos Jurisdiccionales en suplencia por ausencia del Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, quien a su vez representa a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, con sede en Ciudad de México, no obstante que mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se le apercibió que se resolvería en relación a ello, conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso David Arellano Vergara para que el efecto siguiente: ".para el efecto de que el Secretario de Educación Pública (SEP), con sede en Ciudad de México, dé respuesta al escrito de catorce de septiembre de dos mil dieciocho y recibido el once de octubre del citado año, y le sea notificada oportunamente en el domicilio señalado para tal efecto en su ocurso, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda respecto a lo solicitado por el impetrante, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en determinado sentido." En cumplimiento a ello, el Director de Procesos Jurisdiccionales en suplencia por ausencia del Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, quien a su vez representa a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, con sede en Ciudad de México, mediante oficio recibido en este Juzgado el veintisiete de mayo del presente año, remitió copia certificada del oficio DPJA.DA/1232/2021, dirigido al aquí quejoso DAVID ARELLANO VERGARA, en el que se contiene la respuesta dada a la solicitud referida en el párrafo que antecede, la cual le fue notificada el dieciocho de mayo del año en curso, por medio de correo electrónico, como se advierte del anexo que adjuntó al oficio en mención; restituyéndosele de esa manera, en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto en autos la citada parte quejosa y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el expediente en que se actúa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Asimismo, en atención al artículo 18 del citado acuerdo general, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses, procédase a su destrucción. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrución una vez que transcurran más de tres años, por tanto, agréguese al presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a estos autos para que surta sus efectos legales procedentes, oficio de cuenta que remite el Director de Procesos Jurisdiccionales en suplencia por ausencia del Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, quien a su vez representa a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública, con sede en Ciudad de México, y anexo que acompaña, por medio del cual informa el cumplimiento al fallo protector dictado dentro del presente juicio de amparo; consecuentemente, con su contenido dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga respecto de dicho cumplimiento, apercibiéndole que de no hacerlo, este Juzgado resolverá conforme a las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la autoridad responsable, Secretario de Educación Pública con sede en Ciudad de México, no ha informado sobre el cumplimiento la fallo protector dictado en autos, mismo que se concedió al quejoso David Arellano Vergara para el efecto siguiente: ".para el efecto de que el Secretario de Educación Pública (SEP), con sede en Ciudad de México, dé respuesta al escrito de catorce de septiembre de dos mil dieciocho y recibido el once de octubre del citado año, y le sea notificada oportunamente en el domicilio señalado para tal efecto en su ocurso, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda respecto a lo solicitado por la impetrante, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en determinado sentido." De dicha transcripción, en lo que interesa, se advierte que la citada autoridad responsable, debió de realizar lo siguiente: Dar respuesta al escrito de catorce de septiembre de dos mil dieciocho y recibido el once de octubre del citado año, y le sea notificada oportunamente en el domicilio señalado para tal efecto en su ocurso, lo cual deberá realizar con plenitud de jurisdicción, ya que dicha resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en determinado sentido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad responsable, a fin de que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificada del presente proveído dé cabal cumplimiento al fallo protector en los términos apuntados. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del término que se le indica, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado numeral 192 de la Ley de la Materia, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el dispositivo 258 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Con independencia que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.

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