David Arango Cuartas y Otros.
Expediente 414/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 414/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- David Arango Cuartas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. III. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por carecer de objeto su permanencia en este juicio de amparo, devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió vía correo electrónico al momento de rendir su informe justificado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veinte. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que respecta al quejoso **, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 414/2020 promovido por **o, en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. ANTECEDENTES Según señala la parte quejosa bajo formal protesta de decir verdad en su demanda de amparo, que el directo agraviado ** Parrado de nacionalidad colombiana, se encuentra de manera irregular en este País, y al momento de ser detenido, exhibió a los Agentes Estatales de Investigación su pasaporte vigente expedido por la República de Colombia, a favor del directo agraviado, acreditando en todo momento su legal estancia en este País; sin embargo resulta que el tres de agosto del año en curso, aproximadamente a las trece horas el referido quejoso se encontraba en inmediaciones de la gasolinera en la entrada principal del Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, ya que se aproximaba a cargar combustible a bordo de una motocicleta, fue en ese momento que lo abordaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y uno de ellos le dijo que tenía cara de ratero y que de seguro se disponía a robar, realizándole una revisión de rutina, al no encontrarles nada ilícito uno de los agentes le dijo que se encontraba detenido y que lo llevarían ante el Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, por lo que el directo agraviado contestó que eso era discriminación; teniéndolos encerrados hasta que pasara la pandemia y que no lo dejarían en libertad. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Presentación de la demanda. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distritor de ** y el cuatro de agosto de dos mil veinte, **, en favo otro, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que atribuyó al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez y al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los hechos del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por razón de turno, a este órgano jurisdiccional correspondió conocer de la demanda de amparo, y concedió la suspensión de plano respecto de las autoridades responsables a quienes atribuyó la privación de la libertad fuera de todo procedimiento judicial, así como el probable traslado a otra estación migratoria fuera del Estado de Oaxaca y posteriormente una deportación a su país de origen e incomunicación; en ese mismo auto se requirió a dicho quejoso para que manifestara si ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor. En diligencia de siete de agosto de dos mil veinte, la actuaria judicial adscrita a este Juzgado, tuvo a la vista al directamente agraviado **, a quien le hizo de su conocimiento la prevención decretada en auto inicial y este le manifestó que ratificaba la demanda de amparo presentada a su favor por Luis Enrique Hernández Chávez. Por lo que, en proveído de diez de agosto de dos mil veinte, ante la ratificación de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional la admitió a trámite, solicitó a las responsables su informe justificado, dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado y citó a las partes a la audiencia constitucional, la que previo los trámites del juicio se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto; este juzgado conoce de todas las materias por carecer de jurisdicción especial, y porque las autoridades responsables tienen su residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, donde ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama lo siguiente: La privación a la libertad personal fuera de todo procedimiento judicial, de que fue objeto el quejoso, la incomunicación y como consecuencia, el probable traslado a otra estación migratoria fuera del Estado de Oaxaca y posteriormente la deportación a su país de origen. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por lo que respecta al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, al rendir su informe justificado negó el acto reclamado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa; en consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es decretar el sobreseimiento respecto de dicha autoridad. CERTEZA DEL ACTO Al rendir su respectivo informe justificado el sub representante local encargado del Departamento Jurídico del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca y el Servidor Público designado por acuerdo del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, negó la existencia de los actos reclamados; no obstante, dicha negativa queda desvirtuada a partir de las propias manifestaciones que realiza en su informe justificado, así como con las constancias que anexó. En respaldo de la determinación adoptada se cita la tesis emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que expone: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza de esas actuaciones se patentiza con las constancias que en copia certificada remitió, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2. PROCEDENCIA A consideración de este juzgador, el juicio de amparo es improcedente, respecto de los actos reclamados al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, como se especificó, la parte quejosa reclama del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, la privación de la libertad fuera de todo procedimiento judicial, la incomunicación, y como consecuencia de ello, el probable traslado a otra estación migratoria fuera del Estado de Oaxaca y posteriormente una deportación a su país de origen -Colombia-. Bajo esa tesitura, de las constancias que se encuentran agregadas en autos se advierte que el quejoso Nelson Camilo González Parrado, el tres de agosto del año en curso, a las catorce horas en la calle de Dieciséis de Septiembre, esquina con la carretera federal ciento setenta y cinco Oaxaca-Puerto Ángel en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, fue detenido en flagrancia, dicho quejoso, por el delito de resistencia a particulares, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público en turno de la Fiscalía Local de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, e interno en los preventivos de la cárcel pública Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, el tres de agosto de dos mil veinte, a las dieciséis horas. Mediante oficio AEI/408/2020 de esa misma fecha, se dejó a disposición del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Investigadora de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; y con el diverso oficio sin número de cinco de agosto del año en curso, dicha representante social, a las dieciocho horas con veinte minutos, lo puso a disposición de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, sujetándolo a Procedimiento Administrativo Migratorio. Asimismo, que a las dieciocho horas del siete de agosto de dos mil veinte, la encargada de la Sub Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, ordenó dejar en libertad a la persona extranjera Nelson Camilo González Parrado, al haber cumplido con la medidas solicitadas por la autoridad judicial, sin perjuicio de continuar con el procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EM/296/2020. Por lo anterior, si en esta instancia se reclamó la privación de la libertad, y sus consecuencias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al dictarse el acuerdo en cuestión, se destruyeron los efectos de la privación reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tal omisión no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. Por tanto, lo pretendido por la parte promovente de la acción constitucional, en el sentido que cesara la detención que reclamó, se satisfizo, al dictarse el acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte, en el que se ordenó dejarlo en libertad. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la parte quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" Sin que obste a lo anterior el hecho de que se continúe el procedimiento migratorio que se instruye al quejoso, pues en su caso, las violaciones que pudieran surgir en el mismo no podrían ser materia de este juicio de amparo, dado que no forma parte del acto reclamado. DECISIÓN En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, este juzgador determina que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el diverso 63 fracción V de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo contra los actos que reclamó **, al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez y al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, en los términos de los apartados V y VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta, se advierte que . ., manifestó que no es su deseo ratificar la demanda de amparo promovida a su favor y que dio inicio a este expediente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda origen de este expediente de amparo; por tanto, se ordena dejar sin efecto las providencias decretadas, en auto del pasado cuatro de agosto de dos mil veinte por lo que se refiere al quejoso David Arango Cuartas. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
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