David Aquilino Flores Hernández

Expediente 184/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
184/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
14/03/2016

Partes del expediente

  • David Aquilino Flores Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    "...se declara que el auto a través del cual se desechó la demanda ha causado estado. Archívese como asunto concluido...".

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ...., por propio derecho, contra una omisión del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa VI Investigadora en Veracruz, Veracruz, por violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 constitucionales. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 184/2016-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la falta de integrar la Averiguación Previa número AP/PGR/VER/VER/VI/ 017/2016 del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa VI Investigadora en Veracruz, Veracruz en contra de HUMBERTO LARA VELASCO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción III, de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Conforme a los aludidos numerales, el amparo es improcedente cuando los actos dictados en un procedimiento seguido en forma de juicio no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el procedimiento; en tanto que los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la resolución final sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que mediante escrito presentado el quince de diciembre de dos mil quince interpuso formal denuncia en contra de HUMBERTO LARA VELASCO y/o quien o quienes resulten responsables, por los delitos de usurpación de profesión y/o falsificación de documentos y los que resulten, denuncia que ratificó el trece de enero del año en curso. De lo anteriormente narrado, se advierte que el peticionario de amparo se encuentra combatiendo actos íntimamente vinculados con los derechos humanos contemplados por el artículo 21 constitucional. En el precepto señalado, en lo que al caso interesa, regula la naturaleza y funciones del Ministerio Público, siendo éste un órgano administrativo al que se le encomienda la investigación y persecución de los delitos, cuestiones que se llevan a cabo durante la averiguación previa. Por el desempeño de estas funciones, el Ministerio Público es el órgano competente para ejercitar o no la acción penal en contra del presunto responsable de un delito, pues es quien recaba la información necesaria para saber si existen elementos suficientes que acrediten el cuerpo del delito. Luego, en el caso que nos ocupa, el acto que en esta vía se combate, no es de imposible reparación, en razón de que la Averiguación Previa número AP/PGR/VER/VER/VI/ 017/2016 del índice del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa VI Investigadora en Veracruz, Veracruz, se está integrando, considerando que como el propio quejoso lo refiere, apenas el trece de enero del año en curso, ratificó su escrito de denuncia. Por otra parte, es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el derecho de petición ha establecido que la autoridad debe dar respuesta al gobernado en "breve término" entendiéndose como aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Es ilustrativa la tesis localizada en la página 39, del tomo Tercera Parte, CXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Registro 268307, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO.- La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". En la especie, ese "breve término" implica que la representación social investigadora pueda realizar sus funciones dentro de la indagatoria. Ahora bien, como se indicó, considerando que el quejoso ratificó su denuncia el trece de enero del año en curso, se estima que desde esa fecha a la de la presentación de la demanda, el agente del Ministerio Público Investigador está dentro del tiempo razonable para efectuar las investigaciones pertinentes. Luego, si bien la legislación procesal federal no establece un término específico para la integración de la averiguación previa; sin embargo, de manera ilustrativa se hace alusión a lo dispuesto por el artículo 158 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, que dispone que la investigación se agotará en un término no mayor a ciento ochenta días. Por tanto, se considera que el acto reclamado tiene el carácter de una violación procesal, pues sus efectos versan sobre actos que no tienen una afectación material a sus derechos sustantivos, es decir, no impiden el ejercicio de un derecho, sólo producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender; de manera que, de integrarse la averiguación previa desaparecería el supuesto agravio. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, ya que no le depara por sí un perjuicio ni transgrede sus derechos sustantivos, los que pueden ser reparados al determinarse la indagatoria, circunstancia que actualiza la causal de improcedencia invocada. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por David Aquilino Flores Hernández, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Cabe señalar al promovente, que en el supuesto de que transcurra un plazo razonable sin que la autoridad ministerial realice las actuaciones correspondientes en la indagatoria, tiene expeditas sus derechos para hacer valer los recursos legales que tenga a su alcance y resulten procedentes. DOMICILIO y AUTORIZADOS. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para ese efecto en el escrito de la demanda; y como autorizado en términos de lo dispuesto por el numeral 12 de la ley de la materia a la persona mencionada al efecto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, los cuales no causarán contribución alguna. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1° a 25, 73 y 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley), que las resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 113 de la ley general citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 120 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Finalmente, consérvense en la Secretaría de este Juzgado las tres copias de la demanda, para mejor manejo del expediente.

  3. Principal

    Notificación personal.

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