David Antonio Romero Torres

Expediente 390/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
390/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
04/09/2017

Partes del expediente

  • David Antonio Romero Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.Así lo firma Marisela Reyes Calderón, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, asistida del Secretario que autoriza y da fe Julián Ramón Arellano Ávila, quien certifica que el presente acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy Fe. MRC/JRAA/res

  2. Principal

    Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por David Antonio Romero Torres, contra actos del: 1. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de Ensenada, Baja California. 2. Actuarios del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 390/2017-V-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita Juez se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El citado precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. Ahora bien, de la demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107 y 18, ambos del ordenamiento jurídico invocado, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos que se señalan con antelación, se aprecia que la oportunidad para la presentación de la demanda, refiere a la exigencia de presentarse dentro del plazo de los quince días computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; ello tratándose de los casos fuera de las excepciones previstas en las fracciones I a la IV del artículo 17 citado. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la oportunidad temporal fijada por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, exigida para la presentación de la demanda de amparo indirecto. La conclusión anterior, deriva que esta juzgadora advierte del capítulo de antecedentes, que tuvo conocimiento del acto reclamado el siete de junio de dos mil diecisiete. En consecuencia, el plazo supera los quince días previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo contra el acto que reclama, pues transcurrió del ocho al veintiocho de junio de dos mil diecisiete, con exclusión de los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del mismo mes y año, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de amparo; en consecuencia, si la presente demanda fue presentada el diecisiete de agosto del año en curso, es extemporánea, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII del mismo ordenamiento. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Novena época, tesis VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: II, agosto de 1995, página 291. Asimismo, es aplicable la siguiente tesis: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. Octava época, tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Tomo XI-junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, página 235. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo presentada por David Antonio Romero Torres. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en calle Ignacio Zaragoza, número 146, fraccionamiento Buenaventura de esta ciudad; y, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Virginia Fabiola Rosales Gómez. Además, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Ángel Victorio Olachea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE quejosa, publicada el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 29, de la nueva Ley de Amparo, que dice: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por David Antonio Romero Torres, contra actos del: 1. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil de Ensenada, Baja California. 2. Actuarios del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Ensenada, Baja California. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 390/2017-V-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita Juez se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El citado precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. Ahora bien, de la demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107 y 18, ambos del ordenamiento jurídico invocado, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos que se señalan con antelación, se aprecia que la oportunidad para la presentación de la demanda, refiere a la exigencia de presentarse dentro del plazo de los quince días computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; ello tratándose de los casos fuera de las excepciones previstas en las fracciones I a la IV del artículo 17 citado. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la oportunidad temporal fijada por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, exigida para la presentación de la demanda de amparo indirecto. La conclusión anterior, deriva que esta juzgadora advierte del capítulo de antecedentes, que tuvo conocimiento del acto reclamado el siete de junio de dos mil diecisiete. En consecuencia, el plazo supera los quince días previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo contra el acto que reclama, pues transcurrió del ocho al veintiocho de junio de dos mil diecisiete, con exclusión de los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del mismo mes y año, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de amparo; en consecuencia, si la presente demanda fue presentada el diecisiete de agosto del año en curso, es extemporánea, motivo por el cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII del mismo ordenamiento. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Novena época, tesis VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: II, agosto de 1995, página 291. Asimismo, es aplicable la siguiente tesis: ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita. Octava época, tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Tomo XI-junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, página 235. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo presentada por David Antonio Romero Torres. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en calle Ignacio Zaragoza, número 146, fraccionamiento Buenaventura de esta ciudad; y, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Virginia Fabiola Rosales Gómez. Además, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Ángel Victorio Olachea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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