David Antonio Maldonado Cavazos
Expediente 1966/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1966/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2016
Partes del expediente
- David Antonio Maldonado Cavazos
- Guadalupe Velez Martínez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del que se advierte que la autoridad responsable: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, no ha informado a este tribunal, respecto del resultado de la competencia declinada a la diversa Junta con residencia en Villahermosa, Tabasco. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, informe a este tribunal respecto del resultado de la competencia declinada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, debiendo remitir copia certificada de las constancias que sustenten lo informado, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , en términos del ordinal 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito correspondiente, para continuar con el trámite ahí previsto para la inejecución.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *************************************** Contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Presidente de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Ciudadanos Magistrados Hermann Hoppenstedt Pariente, Juan Antonio Rodríguez Salim, con sede en esta ciudad. 3. Pedro Irán Sánchez Marín, Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Titular de la ponencia "D", con sede en esta ciudad. 4. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Secretario de Acuerdos, de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo1966/2016,4-B. DESECHAMIENTO Ahora, el acto reclamado se hace consistir en: IV. ACTO RECLAMADO: Lo constituye la Audiencia de Pruebas, Alegatos y Resolución de fecha 18 de agosto de 2016 dos mil dieciséis, del expediente Laboral 070/D/2016, en términos de desechar sin motivo y fundamento las pruebas consistentes en la ratificación de contenido y firma de los documentos consistentes en el citatorio número SA/DRH/213/2016 de fecha 26 de enero de 2016 dos mil dieciséis, así como el acta administrativa de fecha 29 de enero de 2016 dos mil dieciséis, documentos que obran en el cuadernillo de cese 90/2016, mismo que fue ofrecido como prueba por parte del hoy quejoso, proveído que me causa agravio en cuanto a la desechamiento pronunciado por la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado." (sic) El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis siguiente : "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo, en la vía indirecta, contra actos judiciales emitidos dentro de juicio (intraprocesales), que tengan sobre los derechos del quejoso una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. Es aplicable la jurisprudencia siguiente : EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. También es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente : "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En el caso, el acto reclamado se hace consistir, en la audiencia de pruebas, alegatos y resolución de dieciocho de agosto del año en curso, dictada en el expediente laboral 070/D/2016, en la que se desechó la prueba ofrecida por el hoy quejoso en la contienda laboral, consistente en la ratificación de contenido y firma del citatorio SA/DRH/213/2016 de veintiséis de enero de dos mil dieciséis y del acta administrativa de veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Tal determinación, no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México es parte, sino meramente derechos adjetivos que pueden ser reparados si la parte quejosa obtiene un laudo favorable, lo que se traduciría en que la violación no trascienda al resultado del fallo en su perjuicio. Ello es así, pues el perjuicio únicamente se refiere al desahogo de pruebas y que su resultado se acumule o no al acervo probatorio del juicio de donde deriva el acto reclamado, pero no implica que necesariamente dentro del juicio original se emitirá un laudo contrario a los intereses del hoy quejoso. Es decir, el acto reclamado únicamente produce efectos meramente intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afecta directa e inmediatamente a algún derecho fundamental, si no sólo la transgresión de un derecho adjetivo que ocasiona únicamente efectos formales o intraprocesales, que no necesariamente van a ocasionar que el laudo que deba dictar la responsable en el expediente 070/D/2016 sea desfavorable a los intereses del quejoso. Consecuentemente, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga un laudo favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían y sólo trascenderán en el caso de que dicha determinación fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos; momento en el cual estará en aptitud de combatir la violación que alega mediante el juicio de amparo directo. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis jurisprudencial del contenido siguiente: PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. En ese orden de ideas, se advierte que el acto que en esta vía se impugna no tiene una ejecución de imposible reparación, pues en todo caso, será el laudo que llegue a dictarse en el juicio, en caso de que resulte contrario a sus intereses, lo que genere una afectación, lo que trae como consecuencia que el presente juicio constitucional sea improcedente, al actualizarse la causa a que se refiere la fracción XXIII del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción V, interpretada en sentido contrario. En tal virtud, al haberse actualizado la citada causa de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA No obsta a lo anterior, que el promovente del amparo no haya acreditado la personalidad con que se ostenta, dado que partiendo de la naturaleza jurídica del acto reclamado, la existencia de la causa de improcedencia que se actualizó en el presente asunto es notoria y manifiesta; en ese sentido, resulta inútil requerir la plena demostración de la personalidad que dice tener, pues a ningún fin práctico conduce integrar un expediente al que no se dará trámite. Es aplicable a lo antes expuesto, la tesis siguiente : DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO. Para el estudio de la demanda de garantías y poder decidir el sentido de la resolución inicial (impedimento y competencia, desechamiento, prevención o admisión) en un juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica, en la que habrá de emitir una decisión, conforme a los elementos que le sean allegados por la parte quejosa, que le permitan apreciar en primer orden que es competente en sentido subjetivo en cuanto que no se encuentre el juzgador en alguna hipótesis de impedimento y objetivo en cuanto que la ley le asigne al órgano jurisdiccional la facultad y atribución de conocer y resolver el asunto y hecho eso, la existencia de una causa notoria y manifiesta de improcedencia; toda vez que ello es un presupuesto necesario para poder realizar el estudio de los requisitos de forma previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo a fin de determinar, en su caso, la prevención o admisión de la demanda; lo que supone que la figura de la prevención no es apta para allegarse de elementos, previo a la admisión de la demanda, a efecto de declarar la improcedencia del juicio; ya que ello corresponde a un estadio previo en que, a partir de la naturaleza jurídica del acto reclamado, si se actualiza la causa de improcedencia de manera indudable y manifiesta, resulta inútil requerir la plena demostración de los requisitos formales, pues a ningún fin práctico conduce integrar un expediente al que no se dará trámite; esto sin perjuicio de que la improcedencia aparezca plenamente acreditada con posterioridad, lo cual se podrá apreciar de las constancias que alleguen las autoridades responsables en justificación de su respectivo informe. Por tanto, en primer orden se debe estudiar la competencia del juzgador en el sentido subjetivo y objetivo; si es competente, se analizará la procedencia del juicio en relación con los actos reclamados, lo que conlleva el estudio de la temporalidad, es decir, que la demanda sea presentada dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia. Después, para el caso de no advertir alguna causa de improcedencia, se debe estudiar lo relativo a la admisión de la demanda, que supone el análisis del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que debe colmar, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley de Amparo. Lo anterior, supone que si de la demanda presentada se advierte que el juicio de garantías es improcedente, el juzgador debe desecharla de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo; sin embargo, si se estima que no se actualiza de manera notoria y manifiesta alguna causa de improcedencia, se debe analizar la factibilidad de la admisión de la misma, punto en el que habrán de decretarse las prevenciones que se estimen necesarias a juicio del juzgador a efecto de que satisfechos los requisitos de forma se admita la demanda a la fase contradictoria. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala y como autorizadas en términos restringidos a que alude el numeral 12 de la Ley de Amparo vigente, a las personas que indica, toda vez que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes
- Darwin Guzmán Morales,cond. Amado Xavier Hernández Aguilar657/2022
- Darwin Guzmán Morales,cond. Amado Xavier Hernández Aguilar215/2022
- Darwin Guzmán Morales,cond. Amado Xavier Hernández Aguilar1056/2022
- Darwin Jair Castillo Álvarez737/2021
- David Acevedo Trinidad365/2017
- David Alejandro Ruiz Escobar767/2022
- David Blanco de la Cruz839/2019
- David Castañeda Irecta y/o David Castaneira Irecta766/2018
- David Castro Espino1323/2018
- David Constantino Grajales1160/2017
- David Cortés López134/2018
- David Corzo Narcía280/2020