David Antonio Heredia Picazo

Expediente 1146/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1146/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • David Antonio Heredia Picazo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, en su caso, interpusiera recurso de inconformidad contra el proveído de ******************** en el que se declaró cumplida la sentencia emitida en este juicio, sin que hayan presentado escrito alguno al respecto; por ende, se tiene por consentido tal cumplimiento. Como el juicio en que se actúa se encuentra debidamente integrado y no existe actuación alguna por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro electrónico de registro de juicios de amparo que se lleva en este órgano de control constitucional. Por otro lado, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan en lo conducente con las que obran en el expediente material. Ahora bien, toda vez que se ordenó el archivo de este juicio como totalmente concluido, con fundamento en los artículos 6 y 12 del Acuerdo General indicado, se procede a valorar jurídicamente este asunto; por ende, se hace la precisión que este expediente es conservable en su totalidad una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 17 fracción III, inciso a) del Acuerdo en cita, pues se concedió el amparo y la protección constitucional y al prudente arbitro de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental. Además, se advierte que las partes no presentaron documentos originales.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diez del mes en curso, para que si a sus intereses convenía se pronunciara en torno al cumplimiento dado al fallo protector por las autoridades responsables, sin que dentro de tal temporalidad lo hubiera hecho, no obstante estar debidamente notificada como se advierte de autos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo indicado en el párrafo que antecede y con apoyo en los artículos 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional está en aptitud de determinar si en el presente caso ha quedado o no cumplida la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa. Al respecto, es de indicarse que de acuerdo con la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo serán restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora bien, en sentencia dictada el quince de febrero de dos mil veintitrés, por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se concedió la protección constitucional a David Antonio Heredia Picazo, misma que al no haber sido recurrida por las partes el veintitrés de marzo último, se declaró que causó ejecutoria; por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento del fallo protector a las autoridades correspondientes, a fin de que únicamente se cobrara al amparista el catorce por ciento de la tarifa total y se reintegrara la diferencia del monto que cubrió por concepto de inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmuebles. En acatamiento a lo anterior, después de diversos requerimientos y trámites internos de la autoridad llamada para dar cumplimiento a la sentencia, mediante oficio SH-DJR-492/2023, recibido el diez de los presentes signado por el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del cheque 1158031 por $12,745.35 (doce mil setecientos cuarenta y cinco pesos 35/100 moneda nacional), por concepto de excedente de pago de las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmuebles a favor del amparista; con lo cual se le dio vista para que acudiera a recoger tal cheque en la caja general de la responsable. Por lo que atendiendo a tales antecedentes y a las constancias que obran en autos, se advierte que se dio estricto cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en autos, pues se dejó a disposición de la amparista la diferencia de la cantidad enterada con motivo del excedente de pago de las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmuebles declarado inconstitucional. De ahí que, al haberse expedido el cheque 1158031, de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, del que se recibió copia en este órgano Federal el diez de mayo en curso, con el cual se dio vista a la parte quejosa, notificándose el dieciséis de esa misma mensualidad, por lo que, en términos de lo preceptuado en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por las responsables se declara cumplida la ejecutoria de amparo, asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo electrónico que se lleva en este juzgado. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa, que contra de la presente resolución procede el recurso de inconformidad y que dispone de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Se autoriza al secretario firmar los oficios que se envíen. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal cumplimiento dese vista al amparista para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho corresponda; igualmente, se le requiere para que, se constituya ante la autoridad oficiante, a recoger el cheque expedido a su favor, en el entendido que una vez transcurrido el lapso otorgado con desahogo de la vista o sin ella, en base a las constancias que obran en autos, este órgano judicial de amparo dictará resolución en que se declare si la ejecutoria dictada en autos está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió para las partes el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, más cinco por razón de distancia, sin que hubiesen hecho valer el recurso de revisión contra la sentencia pronunciada en el presente asunto, en la cual por una parte se sobresee y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso. En tales condiciones con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma ha causado ejecutoria. No obstante lo anterior, no es el caso requerir el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este proceso constitucional a la Gobernadora ni al Congreso, ambos del Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa, pues congruente con el principio de relatividad de las sentencias, que rige en el juicio constitucional, de acuerdo al precepto 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene que los efectos de dichas resoluciones sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, que de suyo, excluye la posibilidad de requerir a aquellos organismos partícipes en el proceso de creación de la ley, hasta su entrada en vigor, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dicha autoridad a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente. Ilustra lo anterior, por las razones que informa, la tesis 2a. CXV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, correspondiente a octubre de 1997, Novena época, de rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS" Ahora bien, al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, con fundamento en el artículo 192 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, se requiere a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua por conducto de la Oficina de Recaudación de Rentas, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación que de este acuerdo se le haga, de cumplimiento al fallo protector atendiendo a los lineamientos establecidos en dicha resolución, es decir, para que se cobre a David Antonio Heredia Picazo únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, $2,254.65 (dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 65/100 moneda nacional) por concepto de inscripción traslativa de dominio de ocho de noviembre de dos mil veintidós, a favor del solicitante de protección de derechos humanos, debiendo reintegrar al amparista la parte que cubrió en exceso. Acompañando copia certificada de las constancias con las que acrediten tal cumplimiento. Apercibidos que de no hacerlo dentro del lapso indicado, o bien, de no informar a este órgano judicial los trámites que realicen al respecto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero último, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para el trámite del incidente de inejecución respectivo, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Además, en términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del citado artículo 192, de la Ley de Amparo, se requiere a la Gobernadora como superior jerárquica del Secretario de Hacienda, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que reciba la notificación de este acuerdo, sin demora alguna, haga uso de los medios legales que tengan a su alcance y ordene a su inferior a que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de amparo, realizando los apercibimientos de ley que procedan y remita las constancias con que así lo acrediten. Lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tiene aplicación en lo que interesa, la tesis P. CLXXV/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, noviembre de 2000, Novena Época, la página 5, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y en el capítulo relativo a la ejecución de las sentencias de la Ley de Amparo, existe un sistema riguroso que debe seguirse cuando se otorga la protección constitucional al quejoso, conforme al cual no sólo se encuentra vinculada al cumplimiento de la sentencia la autoridad directamente responsable, sino todas las autoridades que lleguen a estar relacionadas con ese acatamiento y también, y de modo fundamental, los superiores jerárquicos de ellas. Esta vinculación no sólo se sigue del requerimiento que debe hacerle el Juez de Distrito cuando la autoridad directamente responsable no cumple con la sentencia, sino de la clara prevención del artículo 107 de la Ley de Amparo, de que "las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo". De esta disposición se sigue que el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin que el mismo se entere de que uno de sus subordinados no cumple con una sentencia de amparo y, cuando mucho, le envíe una comunicación en la que le pida que obedezca el fallo federal. El requerimiento de que se trata tiene el efecto de vincular a tal grado al superior que si la sentencia no se cumple, también procederá aplicar a éste la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, y 105 y 107 de la Ley de Amparo, a saber, separarlo de su cargo y consignarlo ante un Juez de Distrito. De ahí que ante un requerimiento de esa naturaleza, el superior jerárquico deba hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del Juez. Es obvio, por otra parte, que si el subordinado se resiste a cumplir con la sentencia la deberá cumplir directamente el superior, independientemente de las sanciones que le pudiera imponer". En la inteligencia que de no demostrar que dio la orden para que su inferior cumpla con la ejecutoria de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; además de que en su carácter de superior jerárquico incurre en igual responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que también se le apercibe de que, en caso de no demostrar ante este juzgado que conminó eficazmente a su inferior a cumplir el fallo protector, se hará igualmente acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistente en su separación del cargo y consignación ante la autoridad competente, pues al incurrir en omisión o desacato a un mandato judicial entorpece la pronta impartición de la Justicia Federal. Notifíquese personalmente.

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