David Antonio Ancira Aguilera
Expediente 356/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/07/2022
Partes del expediente
- David Antonio Ancira Aguilera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y del contenido de la certificación secretarial de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley reglamentaria, en contra del auto de veintiuno de abril del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en el dispositivo 2º de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicho fallo ha causado estado. Lo anterior es procedente, con independencia de la fecha en que las autoridades responsables que tiene su residencia fuera de esta ciudad, hayan sido notificadas del citado veredicto y no se haga el cómputo respectivo, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que se les reclamó, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado que se sobreseyó en el presente juicio. Consecuentemente, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, toda vez que no existen documentos originales agregados al expediente, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 citado en el párrafo que precede. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese por lista.
- Incidental
Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo ********************, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además a juicio de este Juzgado Federal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veintiséis de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Incidental
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de abril de dos mil veintidós. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio FEMDO/UEIDCS/CGC/907/2022, que remite la licenciada Carolina Lezama Castillo, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual, en contestación al comunicado 11070/2022, que contiene el proveído de veintidós de abril del año en curso, da cumplimiento al requerimiento que este Juzgado de Distrito le hizo en fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 586 y 587); en tal razón, con fundamento en el numeral 117 de la ley de la materia, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Por lo que hace a las constancias que se anexan al comunicado de mérito, toda vez que éstas se encuentran clasificadas como reservadas, se mantendrán con el debido sigilo en términos de lo que establece el artículo 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, las documentales de trato deberán manejarse por separado, debiendo ser glosadas al cuaderno que para tal efecto se formó y que obra por cuerda separada en la Secretaría de este Juzgado de Distrito. Finalmente, en lo atinente al diverso oficio UDA/100/2022, signado por el Director de la Unidad de Documentación y Análisis de la Oficina Fiscal General de la República, con sede en la Ciudad de México, por el cual devuelve el oficio 6496/2022, dirigido al Fiscal General de la República, que contiene el acuerdo de tres de marzo del año en curso; glósese a los autos sin mayor pronunciamiento, en virtud de que con posterioridad a esa data se libraron diversas comunicaciones en ese mismo sentido. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por el licenciado Guadalupe Cortez González, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa, por medio del cual informa que han cesado los efectos del acto reclamado; ello, en virtud de que el catorce de abril de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento de la acción penal por perdón judicial que derivó la libertad del quejoso David Antonio Ancira Aguilera, dentro de la causa penal 01/2022, del índice del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Valle Hermoso, Tamaulipas; en tal virtud, ténganse por hechas tales manifestaciones. Por otra parte, ténganse por recibidos los informes justificados rendidos por Juez de Primera Instancia de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y el Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial, con asentamiento en Valle Hermoso, Tamaulipas; en tal razón, agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan, sin que resulte necesario ponerlo a la vista de las partes en virtud de las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado consistente en el auto de formal prisión dictado en su contra, por el delito de fraude previsto y sancionado por los artículos 417 y 419 fracción lll, del Código Penal del Estado de Tamaulipas, en la causa penal 01/2022; así como su reclusión deriva de dicha orden, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, debido a que del contenido del informe justificado con que se da cuenta, se advierte que el catorce de abril de dos mil veintidós, se otorgó el perdón judicial al quejoso David Antonio Ancira Aguilera, por lo que al reunirse los extremos del artículo 116 del Código Penal en el Estado, se procedió a dictar auto de sobreseimiento por perdón del ofendido, remitiendo la boleta de libertad al Director del Centro de Ejecución de Sanciones, de esta ciudad, para que se dejara en libertad al citado agraviado; por lo que resulta por demás obvio que cambió la situación jurídica del peticionario de garantías, actualizándose de esa manera, como ya se dijo, la causa de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, del invocado cuerpo normativo, debe sobreseerse en el presente juicio constitucional. Sostiene lo anterior la tesis con registro digital 195087, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1024, del tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo." Finalmente, no constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
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