David Angueben Abrego

Expediente 561/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
561/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/07/2019

Partes del expediente

  • David Angueben Abrego

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el referido auto. ... archívese este juicio como concluido. ... este expediente es susceptible de ser destruido....

  2. Principal

    ...el oficio signado por la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del diverso 8417/2019/III-B librado en autos del juicio de amparo 1018/2014/III-B del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se declaró que la garantía otorgada en ese asunto prescribió en favor del Erario Federal y se le remitió el billete de depósito número N 492407, que ampara la cantidad de $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional).

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:.. Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo presentado por David Angueben Abrego, por propio derecho, contra actos de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 561/2019/III-A. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Ahora, este órgano jurisdiccional advierte que el acto reclamado consistente en la resolución de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitida en los autos del toca 999/2019 del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, que declaró procedente el incidente de nulidad por defecto en el emplazamiento; y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que se practique de nueva cuenta, en el juicio ordinario civil 435/2018 del orden cronológico del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huatusco, Veracruz. Por lo anterior, conviene señalar que de acuerdo con los preceptos 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal, 61 , fracción XXIII, 62 , y 107 , fracción V, este último interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. De ello, se tiene que la interpretación realizada por el Máximo Tribunal del País en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Así, los actos de ejecución reparable no cuentan con dichas características, toda vez que existe la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del promovente; en cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Luego, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. De ahí que, el acto reclamado en esta vía constitucional, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la peticionaria de garantías previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aún obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual. En mérito de lo anterior, se estima que la resolución reclamada no implica una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que México sea parte, sino que se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales. Ello es así, dado que la resolución reclamada únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, pues esa cuestión ocurre con la resolución que declara fundado un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la falta o ilegalidad en el emplazamiento a juicio, ya que aquélla no tendría como efecto dar por terminado el juicio, -sino que éste deberá seguir su curso ante la autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió-, una vez reparada la violación procesal que ameritó la reposición del procedimiento. A más de ello, de la demanda de amparo se observa que el procedimiento natural en el que se hizo valer el incidente de nulidad, se encuentra en trámite, esto es, que en tal expediente aún no se dicta sentencia de fondo, sino que la última actuación relacionada con la litis principal fue la celebración de la audiencia prevista por el artículo 219 del Código de procedimientos Civiles del Estado. En razón de ello, si el procedimiento de origen aun se encuentra en trámite y el incidente de nulidad hecho valer, fue declarado procedente por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es claro, que los efectos de tal resolución incidente únicamente en aspectos procedimentales, que no se advierten afecten derechos sustantivos del quejoso. De lo anterior, es evidente que debe impugnarse en el amparo directo que en su caso se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de los artículos 107, fracción V, 170 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implican una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta. Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones que sustenta, el criterio de Jurisprudencia 2a./J. 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos noventa y tres, Tomo XXVII, Febrero de dos mil ocho, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO." En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda y por autorizados en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Renato Agapito Penichet Hernández, Oscar Manuel Penichet Ahumada, Marlene Rico Morales, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, tal y como se advierte en la búsqueda que para tal efecto se agrega en los presentes autos y con las restricciones que prevé el citado artículo a Roberto Fernández Ahumada, por no contar con el referido registro. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de la misma. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Alberto Arbea Pérez, que autoriza y da fe.

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