David Ángel García Gutiérrez y Otros.
Expediente 105/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- David Ángel García Gutiérrez y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA 3-A. Vista la certificación secretarial que antecede y con el estado de los autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a los quejosos David Ángel García Gutiérrez y María Guadalupe García Chávez, para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, por lo que de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señalen domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del numeral 26, fracción I, inciso k), de la ley en la materia. Por otra parte, visto la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1.- Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio que se tuvo por desechada la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado numeral.
- Principal
MESA 3-A. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos los oficios de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual acusa recibo y devuelve diligenciado el exhorto 35/2021, orden 67/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar a David Ángel García Gutiérrez y María Guadalupe García Chávez, el proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno.
- Principal
MESA 3 A Agréguese a los autos el oficio del secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual dicho órgano colegiado informa carecer de competencia para conocer del juicio de amparo directo 52/2021, de su estadística, por las razones ahí expuestas. Acúsese recibo. Con apoyo en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por XXXXX y XXXX, contra actos del Juez Primero del Civil del Distrito Judicial de Tapachula. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 105/2021. DESECHAMIENTO Ahora bien, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de amparo en vigor, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. En el caso, se advierte que se actualiza una causa indudable de improcedencia, que motiva a desechar de plano la demanda de garantías, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdicción que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Cobra aplicación por identidad jurídica en lo sustancial, la tesis V.2.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al caso encuentra apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número XVII.2. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, Página 648, Novena Época, que di ce: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Del análisis de la demanda de amparo de referencia, se aprecia que los promoventes del amparo reclaman en esta vía constitucional literalmente lo siguiente: "A) De las autoridades señalada como responsable ordenadora y ejecutora reclamo la sentencia interlocutoria dictada en el expediente número 122/2016, pronunciada por dicha autoridad el veinte de enero de enero de dos mil veinte y notificada a los suscritos el treinta y uno de enero de la misma anualidad: reclamando la ejecución material de dicha orden, consistente en el cumplimiento a la sentencia antes referida." Este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que precisa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. Ahora, en el estudio se estima que conforme a los artículos 421, 659, 663, 664, 666, 667 y 669 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas1 , procede el recurso de apelación contra el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de veinte de enero de dos mil veinte, dictadas en el expediente número 122/2016, del índice del Juez Primero del Ramo Civil, residente en esta ciudad, en el que el Juez responsable determinó improcedente el incidente de falta de personalidad planteado por los demandados -aquí quejosos- . De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Así también, es aplicable la Jurisprudencia marcada con el número 37, visible en la página 902, tomo XV, de mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Con lo anterior, se afirma que la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo estaba obligada a cumplir el principio de definitividad establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción a dicho principio, previstos en esa norma. En ese sentido, cabe precisar que el recurso de apelación aludido, satisface el requisito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, ya que tiene por objeto modificar, revocar o nulificar el acuerdo que lesiona los intereses del quejoso; además, está establecido en la citada ley procedimental el trámite para su prosecución y resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido, a fin de buscar un pronunciamiento sobre la legalidad del auto combatido. Es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en caso de no obtener resolución favorable en ellos se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario. Así las cosas, los quejosos debieron haber cumplido con el medio de impugnación referido, por ser el medio de defensa con el cual podían lograr la modificación, revocación o nulidad del acto que reclama en la vía constitucional; ello, previo a instar el juicio de amparo, pues al no hacerlo, es evidente que no cumplieron con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En ese orden de ideas, la acción de amparo intentada resulta improcedente, ya que la parte quejosa, debió cumplir con el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, promoviendo el recurso de apelación previsto 663 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, pues a través de éste podía obtener la modificación, revocación o nulidad del acto que estima transgrede sus derechos fundamentales. Se sostiene lo anterior, ya que el legislador estableció el principio invocado para limitar los juicios constitucionales, obligando al promovente del amparo al agotamiento previo de los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a las autoridades la oportunidad de enmendar a través de éstos, las violaciones en que pudieran haber incurrido; con lo que se patentiza que el juicio de amparo no es un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario para el mantenimiento del orden constitucional, por ello, es claro que se actualiza la causa de improcedencia en comento. En tales circunstancias, es evidente que previamente a la tramitación del presente juicio, los peticionarios de la instancia constitucional debieron cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en atención a que contra el acto que reclamó procede un medio ordinario de defensa, previsto en la legislación procesal, a la cual se hizo referencia en esta resolución. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia I.6.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, que textualmente dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". No pasa inadvertido para este juzgado de distrito, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en el presente asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que los promoventes figuran como parte demandada dentro del juicio de origen. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. (.) Tampoco pasa desapercibido para este juzgador, que el acto reclamado pudiera ocasionarle algún perjuicio de difícil reparación al quejoso; pues, con independencia de ello, para que proceda el amparo, previamente debe interponerse el medio ordinario de defensa. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial 44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro X, tomo 1, página 729, julio de 2012, registro electrónico 2001155, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, registro electrónico 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". (.) Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituyen un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia " . (.) DOMICILIO Con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN TURNO, CON RESIDENCIA EN TUXTLA GUTIERREZ, para que en auxilio de las labores de éste órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda y notifique el presente proveído a los quejosos XXXX y XXXXX, con domicilio en la calle XXXXX número XXXX, colonia XXXXX, XXX. De igual manera, el fedatario que lleve a cabo la diligencia encomendada, deberá requerir a los citados quejosos para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ya que de no hacerlo así, las que surjan dentro del procedimiento se harán por lista de acuerdos, aun las de carácter personal, de conformidad con el 27, fracción II, de la Ley de amparo. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN TURNO, CON RESIDENCIA EN TUXTLA GUTIERREZ, para que en auxilio de las labores de éste órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda y notifique el presente proveído a los quejosos David Ángel García Gutiérrez y María Guadalupe García Chávez, con domicilio en la calle nuevo león número 208, colonia plan de Ayala, Chiapas. De igual manera, el fedatario que lleve a cabo la diligencia encomendada, deberá requerir a los citados quejosos para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ya que de no hacerlo así, las que surjan dentro del procedimiento se harán por lista de acuerdos, aun las de carácter personal, de conformidad con el 27, fracción II, de la Ley de amparo. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, EN TURNO, CON RESIDENCIA EN TUXTLA GUTIERREZ, para que en auxilio de las labores de éste órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda y notifique el presente proveído a los quejosos David Ángel García Gutiérrez y María Guadalupe García Chávez, con domicilio en la calle nuevo león número 208, colonia plan de Ayala, Chiapas. De igual manera, el fedatario que lleve a cabo la diligencia encomendada, deberá requerir a los citados quejosos para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ya que de no hacerlo así, las que surjan dentro del procedimiento se harán por lista de acuerdos, aun las de carácter personal, de conformidad con el 27, fracción II, de la Ley de amparo. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. (.)
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