David Angel Carrasco Castellanos
Expediente 423/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- David Angel Carrasco Castellanos
- Secretaria de Energia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA IV B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca; visto su contenido, hágase saber que este Juzgado se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por DAVID ÁNGEL CARRASCO CASTELLANOS. Cúmplase.
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el asunto como concluido. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de amparo origen de este juicio fue desechada, el expediente es destruible dentro de cinco años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA IV B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; cuatro de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón asentada por la Actuaria adscrita a este juzgado, se advierte que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa, el auto que antecede, en el domicilio que reiteró para oír y recibir notificaciones,; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa la determinación citada; así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal por medio de lista que se publica en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y cúmplase. INSERCIÓN;San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; once de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito del quejoso, mediante el cual en cumplimiento a la prevención realizada el veinticinco de abril del presente año, manifiesta que el acto reclamado es la omisión de las autoridades responsables de garantizar el desarrollo adecuado de un procedimiento de consulta que cumpla con los principios de consulta previa, libre, informada, de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, en relación a la construcción y operación del proyecto central eólica Gunaa Sicarú, promovida por la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I de C.V., en la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca. Ahora bien, según lo expresado el quejoso en su demanda, en la Comunidad Unión Hidalgo, no puede llevarse a cabo un proceso de consulta, debido a las consecuencias de los sismos ocurridos el dos mil diecisiete, pues para la comunidad resulta prioritario "atender las necesidades básicas" y no "participar en un proceso de consulta en medio del desastre". En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que la demanda es notoriamente improcedente; por actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5º y 6º; y además, la diversa contrario sensu, conforme al artículo 107, fracción V, como se expondrá a continuación. Los numerales citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Como se dijo, el quejoso comparece a la instancia constitucional aduciendo como acto reclamado el que las autoridades responsables, no garantizan un desarrollo adecuado en el procedimiento de consulta previa, libre, informada y de buena fe, con relación a la construcción y operación del proyecto central eólica Gunaa Sicarú, promovida por la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I de C.V., en la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca, pues por el momento en esa comunidad no debió realizarse la consulta, al ser prioritario atender necesidades básicas ocasionadas por los sismos ocurridos en septiembre de dos mil diecisiete y subsecuentes que generaron una grave crisis comunitaria; y mientras ello no sea atendido, no existen condiciones materiales, políticas, sociales y culturales para el efectivo ejercicio del derecho a la consulta. Esto es, reclama que se esté realizando la consulta, aun cuando continúan los daños ocasionados en la comunidad por los sismos de septiembre de dos mil diecisiete. Sin embargo, lo anterior no confiere al quejoso un interés legítimo individual o colectivo, o sea, un interés personal o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concedérsele el amparo, en un beneficio en su favor. Es decir, no se aprecia la existencia de una afectación en su esfera jurídica, de índole económica, profesional, de salud, o de cualquier otra. Ello, dado que no se encuentra en una situación tal en la que el acto reclamado permita considerarlo como parte agraviada, pues aun cuando se ostenta como persona indígena zapoteca, miembro de la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca; ello no lo legitima para reclamar en amparo la práctica de una consulta, en el contexto de los sismos ocurridos en el año pasado. Considerar lo contrario, tendría la consecuencia que todas las personas pudieran solicitar el amparo contra cualquier acto o ley; sin que exista un agravio directo, lo cual es jurídicamente inaceptable pues el juicio de amparo requiere la existencia de una afectación personal, actual y real en la esfera jurídica; lo que, como se dijo, no existe en este caso. Máxime que el quejoso, señala que desde hace varios años ya no habita en la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca, y aun cuando alegue que su interés se confirma por el hecho de autoadscribirse como indígena, ello no lo releva de demostrar la afectación que el acto reclamado genera en su esfera jurídica. Orienta a lo anterior la tesis con registro 2009763, XXI.1o.P.A.25 A (10a.), de la Décima Época, publicada en la página dos mil trescientos ochenta y dos, libro veintiuno, Agosto de dos mil quince, Tomo III, materia común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto expresan: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. PARA ACREDITARLO, LAS PERSONAS MORALES PRIVADAS MEXICANAS CUYO OBJETO SOCIAL SEA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN GENERAL, DEBEN DEMOSTRAR QUE SUS INTEGRANTES SON VECINOS O HABITAN EN LA COMUNIDAD ADYACENTE AL LUGAR DONDE SE OCASIONÓ EL DAÑO. De conformidad con el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso es una de las partes en el juicio de amparo, y es aquella persona (física o moral), titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, con ello, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, respecto al interés legítimo tratándose de las personas morales privadas mexicanas cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general, debe tomarse como parámetro lo previsto en el numeral 28, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, es decir, para acreditarlo, dichos entes jurídicos deben, al margen de que su domicilio social se encuentre ubicado en el lugar donde se ocasionó el daño al ambiente, demostrar durante la tramitación del juicio de amparo, con medios de convicción idóneos y objetivos, que sus integrantes son vecinos o habitan en la comunidad adyacente al lugar referido. No se desatiende que por regla general, el interés como requerimiento para la procedencia del amparo debe analizarse en la audiencia constitucional, sin embargo, si en este caso, la falta de interés es manifiesto e indudable, da lugar al desechamiento de la demanda. Así lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar en relación al criterio de que en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, en su caso, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple. Tal criterio se encuentra contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), visible en la página mil setenta y ocho, del libro cuarenta y tres, junio de dos mil diecisietes, tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". Además de ello, como se dijo, se actualiza la diversa causal, consistente en que el acto no tiene ejecución de imposible reparación, pues el quejoso plantea que se está realizando una consulta cuando -a criterio del quejoso-, lo prioritario es que se atienda las "necesidades básicas" y no participar en un proceso de consulta en medio del desastre. Sin embargo, esa circunstancia no genera por ahora, un acto de imposible reparación, pues en todo caso, será hasta que se concluya el procedimiento respectivo cuando pudiera ocasionar algún perjuicio. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo en estudio por notoriamente improcedente. Además de ello, no pasa desapercibido para este Tribunal, que el quejoso no cumplió con el requerimiento que se le hizo para la exhibición de las copias solicitadas; sin que sea de tomarse en consideración que el quejoso refiere que es indígena zapoteca de Unión Hidalgo, pues ello por sí solo no refleja que se encuentre en condiciones de marginación y vulnerabilidad para no cumplir con lo prevenido, además de que cuenta con servicios particulares en este asunto. Finalmente, téngase reiterando como domicilio para oír y recibir notificaciones el mismo que menciona en su escrito inicial de demanda; y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Itzel Arteaga San Germán, y a los restantes que menciona sólo para oír y recibir notificaciones. Notifíquese personalmente y cúmplase
- Principal
MESA IV B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diez de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, téngase informando que no se remitieron copias de la demanda de amparo; de lo anterior para los efectos legales consiguientes. Cúmplase.
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