David Angel Brito Izundegui

Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
261/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • David Angel Brito Izundegui

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos, en virtud de que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a cargo de la autoridad responsable; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se tiene que el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se pronunció sentencia en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para el efecto de que: "Deje sin efectos el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 12/02/20-Bis, en la parte conducente a la data fijada para el verificativo de la audiencia de demanda y excepciones, esto es, las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto del año en curso, y en su lugar señale una nueva observando los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, debiéndola hacer del conocimiento de las partes en el juicio natural; a fin de restituir a la impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, como lo dispone el artículo 77, de la Ley de Amparo." Determinación que causó ejecutoria el nueve de julio de dos mil veintiuno y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. En ese tenor, la junta responsable mediante acuerdo de dos de junio de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la fecha señalada en auto de ocho de marzo del dos mil veintiuno, y fijó una nueva data para el desahogo de la audiencia de ley en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral ********, de su índice, la cual al quedar debidamente notificada, en catorce de ese mismo mes y año se desahogó en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, siendo que el veintidós de junio pasado, acordó lo conducente a las mismas. Documentales a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, atendiendo a que en la ejecutoria de amparo se precisó que la junta laboral debería dejar sin efectos la data señalada para el verificativo de la audiencia de ley en su etapa de demanda y excepciones, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, es de advertirse que a la presente fecha eso ya aconteció, dada la etapa procesal en que se encuentra el juicio laboral de origen, por lo que se estima que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. No se tramitó incidencia de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del cuaderno principal. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el capítulo segundo, punto cuarto, capítulo tercero, punto decimocuarto y capítulo quinto, puntos vigésimo al vigesimotercero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, y en concordancia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo quinto, punto vigesimoprimero, fracción IV, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de depuración, tal como lo dispone el punto vigesimocuarto de dicho capítulo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo tercero, puntos decimotercero, decimocuarto y capítulo quinto, punto vigesimoquinto del acuerdo normativo, en concordancia con el artículo 8 párrafo I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual, remite copia certificada de las actuaciones que obran en el juicio laboral de origen, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. Se da vista a las partes. Al respecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dichas documentales, dése vista a las partes, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que si lo consideran pertinente, manifiesten lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que transcurrido el mismo, sin que realicen manifestación alguna, este Juzgado de Distrito resolverá lo conducente tomando en consideración las constancias existentes en este asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; nueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitado; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales; háganse las anotaciones respectivas. Se requiere cumplimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, siguiente a la notificación de este proveído, cumpla con la ejecutoria aludida, apercibida que en caso de no hacerlo o no informar el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la ley en cita, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma, cuyo segundo numeral dispone: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo". Notifíquese.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 261/2021 y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y remitido al día siguiente por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, ********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que precisó en su escrito inicial de demanda. SEGUNDO. AUTO INICIAL Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 55 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados son atribuidos a una autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos, se desprende que la parte quejosa reclama: El auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable, dentro del juicio laboral *******, en el que se fijaron las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, fecha y hora que a decir de la impetrante, resulta excesivamente lejana, conforme a los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, primero se analizará y determinará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiaran las causas de improcedencia aducidas o sin serlo, se actualicen, y finalmente, de ser procedente el juicio, se analizará el fondo del asunto. En ese sentido, es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, ya que al rendir su informe así lo manifestaron. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Las partes no hacen valer causa de improcedencia y esta juzgadora no advierte de oficio que se actualice alguna de ellas; de modo que como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede ocuparse del fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es fundado el concepto de violación expresado. Ahora bien, previo a entrar al estudio del presente asunto, es preciso transcribir el artículo 17 de la Constitución: "Artículo 17.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De su contenido se sigue que: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso; es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deriva que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional en consulta se advierte, que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. De igual modo, cabe destacar que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Por su parte, la fracción VIII, del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, en lo que interesa, fija que al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes (.). Expuesto lo anterior, y ya teniendo un conocimiento más exacto y amplio de la garantía de prontitud en la impartición de justicia y de la manera en que ésta se encuentra inmersa en la ley que regula el procedimiento natural, toca ahora analizar la situación del caso concreto. En ese sentido, se tiene que la responsable ha vulnerado el derecho de prontitud en la impartición de justicia dentro del juicio natural, lo anterior es así, dado que en el caso que nos ocupa, se advierte que mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 12/02/20-Bis, la junta señaló para el desahogo de la audiencia de demanda y excepciones, las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Actuación que evidentemente causa un retraso en la etapa procesal respectiva del litigio, al no cumplir con los términos establecidos por la legislación laboral establecidos para ello; lo cual, evidentemente contravine lo dispuesto por los artículos 685, 771 y 873, de la Ley Federal del Trabajo. Luego entonces, el hecho de que la autoridad responsable no provea lo necesario a fin de que el procedimiento se desarrolle conforme a los plazos y términos establecidos en la ley, y acorde a la etapa procesal respectiva en la que se encuentre, rompe el paradigma del procedimiento que se prevé en el numeral 685 y 873 en relación con el 771, de la Ley Federal del Trabajo. Bajo esta óptica, si la responsable no lleva a cabo las actuaciones que la ley le impone, dentro de los plazos establecidos, y de acuerdo a la etapa procesal respectiva, dicha omisión se traduce en un retraso y prolongación de la misma más allá de los términos y plazos legales establecidos. Sin que para el caso en estudio se tenga como válido el argumento que señala la responsable en su informe justificado, en el sentido de que el acto reclamado se deriva a que impera una excesiva carga de trabajo en la Junta, motivo por el cual le resulta imposible dar cumplimiento con los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, circunstancia que no justifica el retardo en que ha incurrido, y sí, por el contrario, resulta evidente su conducta omisiva, pues ha actuado contrario a las disposiciones constitucionales que consignan su obligación de acatar como autoridad sujeta al régimen de legalidad contemplado en la constitución. En tales circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa *****, para el efecto de que la autoridad responsable, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del auto que declare ejecutoriada esta sentencia: Deje sin efectos el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 12/02/20-Bis, en la parte conducente a la data fijada para el verificativo de la audiencia de demanda y excepciones, esto es, las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de agosto del año en curso, y en su lugar señale una nueva observando los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, debiéndola hacer del conocimiento de las partes en el juicio natural; a fin de restituir a la impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, como lo dispone el artículo 77, de la Ley de Amparo. Sin que los efectos para los que se concede la protección constitucional a la parte quejosa lleve a suplir el impulso que atañe como carga procesal a las partes, ni tampoco direccionar el procedimiento natural, pues ello atañe al tribunal laboral responsable; de modo que cualquier omisión o acto que durante el procedimiento natural acontezca pero no guarde relación directa e inmediata con la omisión reclamada, no conllevaría a la inobservancia de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, porque el juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados de forma lógica y sistemática, para obtener generalmente un laudo -porque no necesariamente dicho trámite ordinario concluye con el dictado del laudo-. En ese contexto, es inconcuso que dados los efectos para los que se concedió la protección constitucional, la autoridad responsable va a restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía constitucional violada, pues tales efectos harán cesar el estado de inactividad del procedimiento de origen derivado del acto específico que se reclama en este juicio de amparo, permitiendo que la junta continúe el procedimiento natural conforme los plazos y términos fijados por la Ley Federal del Trabajo, para que en su oportunidad, si así fuere el caso, se encuentre en aptitud de dictar el laudo correspondiente. Afirmación que se sustenta sobre las bases de una perspectiva funcional y sistemática del criterio jurisprudencial antes invocado con la conformación seccional del juicio laboral y lo sustentado por la propia Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2007, derivada de la contradicción de tesis 219/2006-SS entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de la que igualmente derivó la primera tesis invocada (2a./J. 45/2007), en el sentido de que si en el amparo en que se reclama la dilación u omisión en el trámite del juicio laboral, como acontece en el caso, y durante la substanciación de aquel juicio de garantías, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento y dicta el laudo, sino que esa condición de retaso u omisión persiste, también respecto a los actos subsecuentes a los reclamados y que se proyectan a etapas posteriores del proceso, es procedente un nuevo juicio de amparo; lo que permite concluir que nada impide que si esa persistencia de retraso u omisión se presenta después del dictado de la sentencia del primer juicio de amparo, la parte quejosa puede instar un nuevo juicio de garantías. Luego, es sustentable que en este juicio de amparo se resuelva únicamente sobre la etapa específica donde la parte quejosa arguye se incurrió en la dilación u omisión reclamada. De modo que la determinación aquí tomada se estima congruente con el principio de dirección del proceso que rige el juicio natural, lo que ineludiblemente tiene que ser observado por esta autoridad federal. SEXTO. PUBLICIDAD. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia Federal Ampara y Protege a *******, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el segundo considerando de este fallo, para los efectos precisados en el penúltimo de los mismos. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese..

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