David Andrés Monreal Miranda
Expediente 477/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- David Andrés Monreal Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, quince de julio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de junio de dos mil veintidós, que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y seis minutos del quince de junio de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Hiram Leyva Gómez, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables, quejoso, y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos, e informes justificados. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los informes rendidos por las autoridades responsables. Y dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado, porque no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula IV, Equipo de Investigación 3, en el Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su especial naturaleza la probanza de referencia. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Téngase por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 477/2022; al tenor de los considerativos: I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por razón de turno, se recibió escrito vía electrónica el doce de abril de dos mil veintidós, Jesús Enrique Valencia Díaz, en representación de David Andrés Monreal Miranda, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos incomunicación y tortura atribuidos al delegado Estatal de la Fiscalía General de la Republica, y otras autoridades. En la misma fecha, se ordenó la ratificación de demanda y se proveyó en relación a la suspensión de plano; posterior a ello, se admitió a trámite la demanda y se solicitó a las autoridades responsables informes justificados; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. II. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, párrafo segundo, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se impugnan actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, que se aduce iniciaron en la población de Trincheras, Sonora, y continuaron en Hermosillo, Sonora. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo en relación con las constancias que integran el juicio, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La incomunicación y tortura que resintió David Andrés Monreal Miranda. IV. Inexistencia de los actos reclamados No son ciertos los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, toda vez que así fue manifestado por ellas al rendir informe a la suspensión de plano y justificado, sin que obre constancia que evidencie lo contrario. En este punto debe recordarse que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe, entre otros actos, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie, es decir, los golpes y malos tratos reclamados; asimismo, por lo que hace a los actos de incomunicación referidos en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se caracterizan por la prohibición absoluta, impuesta a un detenido, para hablar o comunicarse con una tercera persona, aunado a que la incomunicación que terminantemente prohíbe la Ley Fundamental de la República, es aquella que tiene por objeto coaccionar a los reos a que declaren en su contra. También cabe precisar que tratándose de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional, no es dable imponer al quejoso la carga absoluta de probar su afirmación, sino que corresponde al Estado, la carga de la prueba en este tipo de hechos, más aún, como en el caso, en que el quejoso se encuentra privado de la libertad, lo cual dificulta el ofrecimiento de pruebas a su favor. En ese sentido, ante la negativa expuesta por las autoridades y la falta de presentación de elementos de convicción por parte del quejoso, adquiere valor preponderante la diligencia de trece de abril del año en curso efectuada por el actuario adscrito a este juzgado federal. Dicha actuación en estricto sentido reviste las características de una inspección judicial y de ella se advierte que el fedatario público hizo constar lo siguiente: i) se entrevistó con el quejoso; y, ii) al verificar el estado físico del inconforme hizo constar que no presentó ningún golpe visible. En ese tenor, es factible concluir que el quejoso no fue sujeto de los golpes o malos tratos reclamados de las autoridades señaladas como responsables. De igual modo, en cuanto a la incomunicación aducida, tampoco es dable tenerla por actualizada. Ello es así, porque el representante social responsable para acreditar la inexistencia de los actos en reclamo, remitió copias certificadas del inicio de la carpeta de investigación FED/SON/HSO/0000989/2022; cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, página 153, Quinta Época, con número de registro electrónico 394182, bajo el rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En efecto, de las constancias correspondientes, se advierte que entre las catorce a quince horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil veintidós, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Guardia Nacional, llevaron a cabo la detención de David Andrés Monreal Miranda junto con otras personas, por su probable participación en hechos con apariencia de delitos en las inmediaciones del poblado de Trincheras, Sonora; que por cuestiones de seguridad los agentes aprehensores trasladaron al aquí quejoso junto con el resto de los detenidos a las instalaciones de la Fiscalía General de la Republica en Hermosillo, Sonora, arribando a las dieciocho horas con veinte minutos. Lugar donde el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula IV, Equipo de Investigación 3, en el Estado de Sonora, refiere que siendo las cero horas con tres minutos del trece de abril de dos mil veintidós, David Andrés Monreal Miranda se comunicó vía telefónica con su hermano, y aproximadamente una hora después arribó el defensor particular del quejoso acompañado del actuario notificador adscrito a este juzgado con motivo de la interposición del presente juicio de derechos. De ahí que, se deduce la inexistencia de algún acto de incomunicación o de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o el diverso 15 de la Ley de Amparo. V. Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. VI. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Enrique Valencia Díaz, en representación de David Andrés Monreal Miranda, respecto de los actos precisados en el apartado III, por las razones expuestas en el considerativo IV de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó el licenciado Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el licenciado Hiram Leyva Gómez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. quince de junio de dos mil veintidós, ante Santiago Flores Cota
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de mayo de dos mil veintidós. Informe relativo a la suspensión de plano. Agréguese a los autos el informe rendido por el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV, Equipo de Investigación Litigación 3, Hermosillo, Sonora, mediante el cual informa respecto la suspensión de plano decretada en este juicio. De igual manera, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad rindiendo informe justificado. Con lo anterior, dese vista a las partes con su contenido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de abril de dos mil veintidós. Informe relativo a la suspensión de plano. En otro aspecto, se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Coordinación Estatal de Juicios de Amparo de la Fiscalía General de la República, informando lo relativo a la suspensión de plano; dese vista a las partes con su contenido para los efectos legales conducentes. Razones actuariales. Agréguense a los autos las razones asentadas por el actuario judicial adscrito, de las que se advierte que no le fue posible hacer entrega de los oficios 9378/2022 y 9381/2022, dirigidos a la autoridad señalada como responsable, encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Sonora, adscrito a la Delegación de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, toda vez que no se encuentran dirigidos correctamente. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés convenga en relación con lo anterior. Apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, se tendrá por inexistente dicha autoridad y se suspenderá toda comunicación legal con ella. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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