DAVID ANDRÉS MATA RÍOS y Otros.

Expediente 325/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
325/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • DAVID ANDRÉS MATA RÍOS y Otros.
  • David Andrés Mata Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    MESA VII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual, acusa recibo de los cuadernos incidentales derivados del juicio de amparo 325/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, de lo cual toma conocimiento este órgano jurisdiccional. En otro orden, el estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reformas los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante provisto de veintinueve de mayo del año en curso, se tuvo por recibida la copia certificada de la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio de la cual declaró fundado el impedimento planteado por este juzgador, remitiendo los autos originales del juicio de amparo 325/2018-VII, de este índice, a la oficialía de partes de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, para el turno correspondiente; los cuales fueron turnados al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. En ese orden, mediante proveído de cuatro de los cursantes, el homólogo federal, informó que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 325/2018, de este índice, requiriendo los cuadernos incidentales derivados de dicho juicio, los cuales fueron remitidos mediante oficio 13406/2016, solicitando el acuse de recibo respectivo, sin que a la fecha lo hubiere hecho; por tanto, solicítese al homologo federal de referencia que de no tener inconveniente legal alguno, acuse el recibo de referencia, a fin de estar en aptitud de acordar lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual, informa el proveído de treinta de mayo emitido en el juicio de amparo 786/2018, por medio del cual en acatamiento a la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, se avocó al conocimiento del juicio de amparo 325/2018 del índice de este órgano jurisdiccional; por tanto, solicita se le remitan los cuadernos incidentales, a fin de acordar lo que en derecho proceda. Atento a lo anterior, remítanse los cuadernos incidentales derivados del juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar, solicitándose el acuse de recibo respectivo. Finalmente, como lo solicita el homólogo federal se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que notifique a la parte quejosa, la determinación de treinta de mayo de dos mil dieciocho, emitida en el juicio de amparo 786/2018, por el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en la lista de acuerdos que se fija en este órgano jurisdiccional; con extracto relativo a la determinación y requerimientos a la parte quejosa para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el término de tres días, en la residencia del citado Juzgado Federal; hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, remítase mediante oficio la constancia de notificación respectiva. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa la determinación de treinta de mayo de dos mil dieciocho emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO AL PROVEIDO QUE ANTECEDE NOTIFICO LA DETERMINACION DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO EMITIDA POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, EL CUAL A LA LATRA DICE: Toluca, Estado de México; treinta de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 704-II, que signa la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual remite el testimonio de la resolución emitida en sesión de once de mayo de dos mil dieciocho, en el impedimento 5/2018 de su índice, así como los autos del juicio de amparo indirecto 325/2018, promovido por ********** y ************** por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de México, y otras autoridades. En consecuencia, con el oficio de cuenta y anexos indicados, fórmese expediente y regístrese con el número 786/2018; acúsese de recibo correspondiente. Es pertinente destacar, que el oficio derivado del presente auto deberá remitirse al citado órgano colegiado, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a través de la herramienta de interconexión. Cabe acotarse, que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, en sesión de once de mayo de dos mil dieciocho, determinó que era competente para conocer de este asunto un Juez de Distrito en Materias de Amparos y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en turno, con excepción de los Jueces Primero y Sexto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 37 y 107 de la Ley de la materia, este juzgado se avoca a su conocimiento. En ese sentido se solicita al Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparos y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, remita los incidentes de suspensión respectivos, formados con motivo de la tramitación inicial de éste asunto ante su potestad. Ahora bien, hágase saber a la parte quejosa y a las autoridades responsables la radicación del presente asunto. Luego, es propio señalar que de las constancias que integran los autos, se obtiene que la parte quejosa reclama: la inconstitucionalidad del artículo 61, fracción V, del Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la prohibición o negativa de registrar al hijo recién nacido de los quejosos, como hijo nacido de matrimonio, por el hecho de no acompañar a su solicitud de registro una copia certificada del acta de matrimonio que une a los peticionarios de amparo, con una antigüedad no mayor a treinta días naturales de su expedición, lo que se les hizo saber de manera verbal el veintitrés de enero de dos mil dieciocho. En ese sentido, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias de autos, en los cuales obran los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 66 a 77, 82 a 84, y 86 a 91, y 93 y 94). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 278, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por tanto, se encuentra plenamente demostrada la existencia del citado acto reclamado atribuido al Gobernador del Estado de México, al Director General del Registro Civil del Estado de México, así como al Oficial Número Uno del Registro Civil en el Estado de México. En ese tenor, este jugador considera que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" Del precepto legal transcrito, se pone de manifiesto que el propósito de esa causa de improcedencia se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el acto tildado de inconstitucional, al haber dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado, por una diversa situación que impida ejecutar dicho acto. En el caso, el acto reclamado consiste en la inconstitucionalidad del artículo 61, fracción V, del Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la prohibición o negativa de registrar al hijo recién nacido de los quejosos, como hijo nacido de matrimonio, por el hecho de no acompañar a su solicitud de registro una copia certificada del acta de matrimonio que une a los peticionarios de amparo, con una antigüedad no mayor a treinta días naturales de su expedición, lo que se les hizo saber de manera verbal el veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Al respecto, de las constancias que obran en el presente asunto, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, particularmente del informe justificado rendido por el Oficial del Registro Civil Número Uno del Toluca, Estado de México, así como del oficio remitido por el Oficial Uno del Registro Civil de Metepec, Estado de México (fojas 86 a 91, y 93 y 94), se advierte que el menor hijo de los peticionarios de amparo, fue registrado ante el Registro Civil de la propia entidad el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, circunstancia que se corrobora con la copia certificada del acta de nacimiento respectiva (foja 94). Por ende, resulta inconcuso afirmar que se surte la causa de improcedencia invocada, porque si bien es cierto de los informes justificados rendidos por las responsables, como se dijo con antelación, se acreditó la existencia del acto de aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional, consistente en la prohibición o negativa de registrar al hijo recién nacido de los quejosos, como hijo nacido de matrimonio, por el hecho de no acompañar a su solicitud de registro una copia certificada del acta de matrimonio que une a los peticionarios de amparo, con una antigüedad no mayor a treinta días naturales de su expedición, no menos cierto es que esa conducta de autoridad a la fecha de emisión del presente auto no acarrea agravio alguno en la esfera jurídica de los impetrantes de amparo al haber quedado sin materia, pues con posterioridad a la fecha en que tuvo verificativo el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional (veintitrés de enero de dos mil dieciocho), el menor hijo de los peticionarios de amparo, fue registrado ante el Registro Civil de la propia entidad el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, circunstancia que se corrobora con la copia certificada del acta de nacimiento respectiva (foja 94). En abundamiento, debe precisarse que el fin que se perseguía al combatir el citado acto reclamado dejo de surtir efectos, porque el motivo esencial de inconformidad consistió en la prohibición o negativa de registrar al hijo recién nacido de los quejosos, como hijo nacido de matrimonio, por el hecho de no acompañar a su solicitud de registro una copia certificada del acta de matrimonio que une a los peticionarios de amparo, con una antigüedad no mayor a treinta días naturales de su expedición, lo que se les hizo saber de forma verbal el veintitrés de enero de dos mil dieciocho; y dicha prohibición y/o negativa ha dejado de surtir efectos legales o materiales en la esfera jurídica de los quejosos, ello con motivo del registro del menor hijo de los quejosos ante el Registro Civil del Estado de México, que se realizó en fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, esto es, con posterioridad al acto de aplicación reclamado en el presente asunto. Por tanto, debe establecerse que no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo en que se actúa, porque el acto reclamado no puede surtir efecto material alguno en la esfera jurídica de los peticionarios de la protección constitucional, ya que no obstante de que ese acto subsiste, lo cierto es que la materia sobre la cual se aplicó y/o verso ha dejado de existir y, por ende, los efectos de una posible concesión de amparo no podrían concretarse. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J: 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese orden de ideas, resulta incuestionable que este juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia analizada; en consecuencia, procede sobreseer fuera de juicio en el presente juicio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Asimismo, no se pierde de vista que en el presente asunto, se haya reclamado la inconstitucionalidad del artículo 61, fracción V, del Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México, con motivo de su primer acto de aplicación; sin embargo, si el juicio de amparo, como se estudió en líneas precedentes, es improcedente respecto del acto concreto de aplicación consistente en la prohibición o negativa de registrar al hijo recién nacido de los quejosos, como hijo nacido de matrimonio, por el hecho de no acompañar a su inscripción una copia certificada del acta de matrimonio que une a los peticionarios de amparo, con una antigüedad no mayor a treinta días naturales de su expedición, resulta inconcuso que el diverso acto reclamado consistente en la promulgación, y publicación de la norma que se tilda de inconstitucional, sigue la misma regla de improcedencia, dada la íntima vinculación que guardan aquellos con la ley que se tilda de inconstitucional. En efecto, la improcedencia del juicio de garantías en cuanto al acto concreto de aplicación que se reclama, se hace extensiva al acto que se atribuye al Gobernador del Estado de México, consistente en la creación del artículo 61, fracción V, del Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México, teniendo en consideración que tratándose de un juicio de amparo contra leyes con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne a los actos de su aplicación, actos estos que son precisamente los que causan perjuicio a los quejosos y no por sí sola, considerada en abstracto, la ley, ya que la esencial vinculación entre el ordenamiento legal y el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro, circunstancia que no acontecería en el caso de que la sola existencia de la norma causara perjuicio a los impetrantes de amparo, como sucede en el amparo contra una ley autoaplicativa. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y el criterio sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo I, materia constitucional, tesis 346, página 400, y en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, 217-228 primera parte, página 27, de rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." Asimismo, son aplicables la jurisprudencia y el precedente relevante sostenidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo I, materia constitucional, tesis 36 y 1831, páginas 61 y 1259, respectivamente, que a la letra señalan: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." "LEYES Y ACTOS DE APLICACIÓN, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO. Si se impugna, entre otros actos, una disposición legal que se considera que causa perjuicio por su aplicación, y tal acto de aplicación motiva el sobreseimiento del juicio de garantías conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo, es de concluir que también resulta improcedente el juicio respecto de los actos relacionados con la expedición de la disposición legal relativa, si se decreta el sobreseimiento del juicio en lo que atañe al acto de su aplicación, tanto porque este acto no se puede analizar sin afectar la nueva situación jurídica creada por la sentencia, como porque tampoco es posible examinar separadamente el ordenamiento al que pertenece el precepto aplicado a la quejosa, si ésta considera que el acto concreto de su aplicación es el que le causa perjuicio y no la simple existencia de la ley, para que pudiera estudiarse en abstracto ese cuerpo legal." De igual manera, es aplicable la jurisprudencia 78/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI-Diciembre de 2007, página 5, que a la letra señala: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en el Juzgado declinante, a efecto de no dejar en estado de indefensión y realizar las notificaciones en este asunto, se solicita atenta y respetuosamente al Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparos y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, notifique la presente determinación al impetrante de amparo y remita la constancia que lo acredite; de igual modo, le requiera para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación que se le haga, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México, apercibido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en este órgano de control constitucional de conformidad con lo previsto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y a la parte quejosa a través de la lista que se publica en el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparos y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad. DE IGUAL MODO, REQUIERO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO ASÍ, LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LE HARÁN POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJE EN EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO; LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE

  4. Principal

    MESA VII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial Adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la resolución pronunciada por la superioridad en sesión de once de mayo del año en curso, en autos del impedimento 5/2018, cuyo resolutivo es: "ÚNICO. Es fundado el impedimento planteado por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución." En atención a ello, acúsese el recibo de estilo al Tribunal de Alzada. Por otra parte, se solicita al Tribunal de Alzada, que de no tener inconveniente legal alguno, informe a este órgano jurisdiccional a que juzgado correspondió conocer del juicio de amparo 325/2018-VII, a efecto de estar en aptitud de remitir los cuadernos incidentales derivados del juicio de amparo de referencia. Notifíquese.

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