David Alva González
Expediente 727/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- David Alva González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa respecto de los actos realizados por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en relación al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar oficiosamente si está cumplida o no la ejecutoria de garantías. Para estar en condiciones de realizar lo anterior, se deben estudiar los efectos de la protección constitucional concedida por el por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, el trece de setiembre de dos mil veintidós, así como la forma en que la responsable aduce que lo acató. Al respecto, se advierte que mediante oficio recibido en este juzgado, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la ejecutoria, y a partir de ello, determinar la conclusión a la que se arribe; lo cual se realiza al tenor del siguiente cuadro comparativo: Efectos Actuación de la autoridad Conclusión ".Ahora, respecto a los efectos de esta concesión, el artículo 77 fracción II, de la Ley de amparo dispone que cuando el acto reclamado sea una omisión, lo procedente es obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, por tanto, el Gobernador Constitucional del Estado de Colima, deberá realizar lo siguiente: 1. Expida el Reglamento de la Ley de fomento y Protección del Maíz Nativo como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima a la brevedad en un plazo razonable que no excederá de 30 días contados a partir del dictado de la presente resolución." Mediante oficio recibido el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable, por conducto del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, remitió la copia certificada de la publicación del quince de noviembre del actual del Periódico Oficial del Estado de Colima, por el cual se expide el Reglamento de la Ley de Fomento y Protección del Maíz como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima, en los términos ordenados en la ejecutoria de amparo. Si está cumplida De la tabla precedente se obtiene, que la responsable cumplió en sus términos con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, puesto que sin exceso ni defecto acató los efectos de la protección constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo. Por otra parte, hágase del conocimiento a las partes que tienen a su alcance el recurso de informidad que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio, no existir documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. En consecuencia, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, fracción I, inciso a), 21, inciso a), capítulo décimo, numerales 27, 28 y 29 del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por la Secretaria en la carátula el expediente principal en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese en términos de ley.
- Principal
C Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Subsecretario de Desarrollo Rural del Estado de Colima, cumple con el requerimiento formulado en proveído de catorce de noviembre del año en curso e informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio. Atento a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento realizado en autos y se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó a la citada autoridad. En el entendido de que no procede dar vista a la quejosa con las manifestaciones realizadas por la autoridad en cita, debido a que con dicha información ya se dio vista en proveído de dieciocho de noviembre del actual. Notifíquese por lista.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en representación de la Gobernadora del Estado de Colima, informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el documento de cuenta y anexos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, corriéndole al efecto traslado con copia simple del mismo. Apercibida que de no desahogar la vista que se les da dentro del término que se le concede, se acordará lo relativo en torno a dicho cumplimiento, tomando en consideración las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Colima, en atención al requerimiento realizado en proveído de diez del actual, exhibe copia certificada del oficio SDE/DAJ/41/2022, con el que acredita que el tres de noviembre del año en curso, remitió a la Subsecretaría de Desarrollo Rural, el dictamen final del Reglamento de la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima, a efecto de que continúe con el proceso conducente, con el objeto de dar cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo. En ese sentido, en razón de lo anterior y para lograr un real cumplimiento a los efectos para los que se concedió el fallo protector, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase al titular de la Subsecretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima, como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que reciba el oficio en el que se transcriba el presente acuerdo, cumpla en sus términos con la ejecutoria de amparo; esto es: En el ejercicio de las facultades inherentes a su cargo realice las funciones tendentes a expedir el Reglamento de la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como Patrimonio Alimentario del Estado de Colima. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos), cantidad que se obtiene de multiplicar cien por noventa y seis pesos con veintidós centavos (equivalente a una unidad de medida y actualización), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo y 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 consultable en la página 144, Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Asimismo es aplicable la tesis Jurisprudencial P./J. 59/2014 (10a.) visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que se cita bajo el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Aunado a lo anterior, se continuará el trámite del incidente de inejecución de sentencia del presente asunto en el Tribunal Colegiado, a fin de que resuelva, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. [.] En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación". "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo". Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista.
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