David Altobeli Apale Juárez
Expediente 384/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- David Altobeli Apale Juárez
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de siete de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHO AUTO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se determina que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Finalmente, en atención a que por proveído de diecisiete de junio actual, se reservó a proveer la devolución de los documentos originales que fueron aportados por la parte quejosa, una vez que causara estado el auto que desechó la demanda de amparo, lo cual ya aconteció, por lo que se provee: Con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; requiérase a la parte quejosa a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, los referidos documentos correrán la misma suerte que este expediente. Notifíquese por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado al promovente
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso **********, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que ofreció como pruebas en su escrito de demanda; al respecto, se provee: Toda vez que a la fecha transcurre el término que tienen las partes para recurrir el acuerdo de siete de junio actual, por el que se desechó la demanda de amparo en el presente juicio; por tanto, una vez que cause estado dicha determinación, se acordará lo conducente a la devolución de documentos solicitados.
- Principal
Córdoba, Veracruz, siete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan las presentes actuaciones y la certificación de cuenta, se advierte ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al quejoso, *********, en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, para que manifestara si señalaba como acto reclamado la omisión de dar contestación al escrito que manifestó presentó el doce de mayo del presente año, sin que desahogara dicha prevención; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se tienen como actos reclamados únicamente los destacados en su escrito de demanda. En ese entendido, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por *********, se provee: C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes...En relación con lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el asunto que nos ocupa, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 99, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen lo siguiente:...Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:...La disposición imperativa de la fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio numeral. Por su parte, la interpretación sistemática de los numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos transcritos, lleva a concluir que las controversias que surjan entre autoridades y gobernados pueden ser impugnados mediante el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta, pero cuando la litis verse sobre la materia política-electoral, serán los tribunales especializados quienes diriman mediante los juicios que prevé la ley de la materia. En ese contexto, es evidente que el constituyente externó su voluntad para que las controversias en materia político-electoral se ventilen precisamente ante un Tribunal electoral, con lo que excluyó el juicio de amparo. En este punto, es pertinente indicar que si bien el juicio de amparo tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; la causa de improcedencia de trato no sólo surge por el hecho de que el acto reclamado derive de un ordenamiento cuya denominación sea electoral, y mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material del mismo, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos-electorales, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución no son reclamables en amparo indirecto, sino, como se dijo, a través de los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal especializado en materia electoral....Del numeral transcrito se advierte que en el Estado de Veracruz el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede en contra de actos o resoluciones que afecten su derecho a ocupar y desempeñar el cargo de elección popular encomendado por la ciudadanía; y quien conoce del mismo es el Tribunal Electoral de la Entidad. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte, en lo que trasciende, que la parte quejosa reclama:...Ello, sobre la base de que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, fue electo como "regidor sexto suplente" del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, Veracruz, cuyo titular es Alejandro de los Santos Rosas; sin embargo, a pesar de que este último ha faltado a más de tres sesiones dentro del plazo de tres meses a dicho cuerpo edilicio, ya que se encuentra vinculado a proceso, las autoridades responsables han sido omisas en "llamarlo" a tomar la protesta de "regidor suplente a titular", tal y como lo prevé el procedimiento establecido en los artículos 22, 26, 115 fracción I, 124, y 125, Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz. Sin embargo -conforme a lo expuesto- contra los actos reclamados el juicio de amparo resulta improcedente, en la medida que su naturaleza es de carácter electoral, ya que se encuentran vinculados con el ejercicio de un cargo (regidor) obtenido mediante un proceso electivo que el impetrante pretende hacer valer, es decir, tiene vinculación con el ejercicio de un derecho político-electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo. Es así, pues ante la ausencia de un edil de algún ayuntamiento del Estado de Veracruz, se debe seguir el procedimiento administrativo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de la Entidad,1 cuyo conocimiento en primer lugar corresponde al Ayuntamiento y después al congreso local. En ese entendido, es evidente que lo reclamado por el impetrante guarda relación directa con el derecho político electoral a ser votado y ejercer un cargo popular con los derechos inherentes al cargo -el cual además esta tutelado en el artículo 35 constitucional-; de ahí que en su contra no proceda el juicio de amparo indirecto, sino -como se precisó- el juicio juicio para la protección de los derechos político-electorales, previsto en el artículo 401, fracción II, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, del que conoce el Tribunal Electoral de la Entidad, el cual también es un mecanismo de protección de derechos, pero en materia electoral, que procede contra actos que afecten el derecho de los gobernados a ocupar y desempeñar el cargo de elección popular encomendado por la ciudadanía. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis....En tales condiciones, al actualizase de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********, contra los actos del Gobernador del Estado de Veracruz, y otras autoridades. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por *********** contra los actos reclamados del Gobernador del Estado de Veracruz, y otras autoridades. Notifíquese por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado al promovente
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *********, con cuatro copias y dos anexos de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que por su volumen, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 384/2022. En tales condiciones, antes de acordar acerca de su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracciones I y IV, y 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, por escrito, dé cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. Toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se advierte, en lo que trasciende, que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, Gobernador del Estado de Veracruz, Congreso del Estado de Veracruz, y Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, Veracruz, respectivamente, lo siguiente: "(.) PRIMERO. La omisión de aplicar lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz (Ley Numero 9), específicamente lo dispuesto por los artículos 22, 26, 115 fracción I, 124 y 125 de la citada Ley, misma que fue aprobada por el Congreso del Estado de Veracruz. SEGUNDO. Por lo que hace a su promulgación: reclamo como acto de autoridad, la promulgación que hace el C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz-Llave respecto a la Ley Orgánica del Municipio libre aplicable en el Estado de Veracruz. TERCERO. Por lo que hace a su inaplicabilidad de la citada Ley, al C. Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán Veracruz (.)." Sin embargo, del capítulo intitulado "antecedentes del acto", especialmente del hecho marcado con el número seis (6), se desprende que el impetrante refiere: ".Aunado a lo manifestado en el punto que antecede, refiero que para el caso que nos ocupa, el suscrito ******** hoy quejoso, he acudido al Congreso del Estado de Veracruz y a la Diputación Permanente para presentar el escrito correspondiente solicitando se me requiera para protestar dicho cargo como regidor sexto del H. Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán, pero es la fecha en que no tengo noticia alguna a lo solicitado en términos del artículo 8° y 35 fracción V de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al respecto agrego al presente escrito un acuse de recibo relativo al oficio presentado ante el Congreso del Estado de Veracruz y a la diputación permanente y el acuse de recibo del mismo oficio presentado en la Presidencia del H. Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán y a todos y cada uno de los regidores en funciones.". Por tanto, toda vez que la demanda de amparo debe interpretarse en su integridad, deberá indicar si también señala como acto reclamado la omisión de dar contestación al referido escrito que -dice- presentó el doce de mayo del presente año; de ser afirmativo, a qué autoridad(es) atribuye dicho acto. Se precisa a la parte quejosa que -en caso de desahogar la prevención- deberá exhibir cuatro copias del escrito aclaratorio de la demanda, para correr traslado a las partes, es decir, tres para las autoridades responsables, y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en dispuesto por los artículos 114, párrafo último y 110, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido que de señalar autoridades diversas a las indicadas en la demandada, deberá exhibir las copias necesarias del escrito de demanda y escrito aclaratorio para correrles traslado. Con el apercibimiento que de no desahogar la prevención de que se trata, dentro del término otorgado para ello, la demanda de amparo se tramitara únicamente por los actos reclamados señalados en su escrito de demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado, por así haberlo solicitado; y como su autorizada con facultades amplias, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yolanda Mazahua Sánchez, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en toda la República. REQUERIMIENTO A LAS PARTES PARA QUE CONTINÚEN EL JUICIO EN LINEA. De conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Del mismo modo, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, antes citado, requiérase a las partes para que proporcionen un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de ellas como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, consérvense por separado las copias de la demanda a fin de facilitar el manejo del presente expediente. Notifíquese por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado al promovente
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