David Alonso Velasquez Guerrero

Expediente 305/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
305/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • David Alonso Velasquez Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio 1524 derivado del conflicto competencial 18/2021 del índice del del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual se remite testimonio de la resolución relativa a la sesión de veintidós de julio del año en curso, terminada de engrosar el veintiséis de julio siguiente, en la que se determinó que el competente para conocer del juicio de amparo 305/2021-5A del índice de este órgano jurisdiccional, es el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; agréguese a los autos para que conocimiento de las partes y para que surta sus efectos legales correspondientes. De acuerdo a lo anterior, acúsese recibo mediante oficio en el que se transcriba el presente proveído. Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto total y definitivamente concluido. En ese sentido, acorde al artículo 21, inciso k) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado no aceptó la competencia planteada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, y toda vez que el órgano jurisdiccional declinante insistió en carecer de competencia, se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, quien mediante ejecutoria pronunciada en la sesión de sesión de veintidós de julio del año en curso, resolvió el conflicto competencial 18/2021 de su índice, en la cual determinó que el citado Juzgado Tercero es el competente para conocer del juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, del análisis del presente asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido el quejoso en la demanda de amparo, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el once de mayo de dos mil veintiuno, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, con el cual comunica que no se comparte el criterio sostenido por este Juzgado, y remite los autos del juicio de amparo 570/2021, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para que resuelva el conflicto competencial; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán y este juzgado de distrito, formándose el conflicto competencial 18/2021; agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    . Visto el oficio signado por el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mocorito, Sinaloa, por medio del cual devuelve sin diligenciar por los motivos que expone el despacho con número de orden 288/2021 y número de origen D-110 de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, respectivamente; agréguense a los presentes autos para que surtan los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, notifíquesele a la parte quejosa, el proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno, inserto en el despacho antes citado, éste y los subsecuentes por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. _________________________________________________________________________________SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA David Alonso Velásquez GuerreroEL ACUERDO DICTADO EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, por medio del cual, remite el juicio de amparo 570/2021-III, de su índice, promovido por David Alonso Velásquez Guerrero, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Mocorito, Sinaloa y otras autoridades; asimismo, hace del conocimiento el contenido del proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, por el cual, declaró carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver del presente asunto, por considerar que su estudio compete a un Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis. Acúsese recibo. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno relativo a los juicios de amparo con el número 315/2021-5A; y, atento al contenido se provee: En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Por tanto, este Juzgado procede a analizar si acepta o no la competencia para conocer de la demanda de amparo, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Como se dijo, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los citados preceptos legales se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, y 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, siendo que la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución del acto reclamado, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción. La segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Ahora bien, en el caso concreto, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los que a continuación se indican: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: C. Agencia del ministerio público de Mocorito, Sinaloa. C. Comandante de la Policía ministerial de Mocorito, Sinaloa. COMO ORDENADORA C. Juez mixto de primera instancia de Mocorito, Sinaloa. IV. ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad responsable ordenadora reclamo: 1. La inconstitucionalidad de la orden de aprehensión dictada en mi contra al igual que la ilegalidad de la misma De la autoridad ejecutora reclamo: La inminente detención en donde yo me encuentre o donde la autoridad ejecutora me localice. (.)." Asimismo, en el punto 2 del capítulo denominado "V. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO", relativo a los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifiesto: "(.) 2. Así mismo (sic) debo manifestar que en fecha 15 de abril del año en curso en la ciudad de Culiacán, Sinaloa y estando en un restaurante entraron policías y empezaron a realizar esculques e investigaciones personales a lo que en ese momento me retiré al baño y por lo que a mi pareja le comentaron por mi nombre y a lo cual los policías dijeron que tenían una orden de aprehensión y mi acompañante en un mensaje me comentó tal situación por lo que no volví al lugar indicado. (.)" Además, del proemio de la demanda se aprecia que el impetrante de amparo por una parte señaló para oír y recibir notificaciones el domicilio ubicado en calle Independencia número 11, Colonia Centro, Mocorito, Sinaloa, lugar donde aduce ser originario y vecino; sin embargo, en dicho apartado también refirió ser empleado con domicilio en calle cerrada Amares 5190 Portalegre Central Park, en Culiacán, Sinaloa. Así, el quejoso presentó la demanda de amparo ante el Juez de Distrito con residencia en Culiacán, Sinaloa, lugar donde refirió se trató de ejecutar la orden de aprehensión en su contra y en el que además tiene su empleo; lo cual hace presumir que es el de mayor cercanía al lugar en que se encontraba al momento de la presentación de la demanda, además de que la orden de aprehensión reclamada puede ejecutarse en cualquier lugar donde la persona pueda ser localizada. De ahí que, este juzgado no comparta la determinación del Juzgado Federal declinante, pues dicho juzgador no puede ipso facto, desconocer su competencia, aduciendo que la orden de aprehensión reclamada no tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción, al haberse emitido por el Juez Mixto de Primera Instancia de Mocorito, Sinaloa y en virtud de que el quejoso señaló su domicilio particular en ese municipio, pues dada la naturaleza de los actos reclamados se concluye que éstos pueden ejecutarse en cualquier lugar en el que físicamente se encuentre el quejoso, no únicamente en su domicilio particular; además, como se vio, el quejoso indicó que fue en el municipio de Culiacán dónde tiene su empleo y se intentó ejecutar dicha orden. Por tanto, la ausencia de una formalidad, como lo es no señalar a una autoridad responsable que puede tener participación en el acto reclamado, si no es enmendada por el juez de amparo, podría tornar nugatorio el derecho del peticionario de acceder al juicio constitucional a través del órgano bajo cuya jurisdicción se trata de ejecutar el acto reclamado, situación que podría dificultarle contar con mejores medios y posibilidades de defensa, lo cual iría en contra de lo establecido por el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se considera que el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda debió prevenir al quejoso para que indicara si era su deseo señalar como autoridad responsable a alguna de las que tengan residencia en el lugar en donde ejerce jurisdicción, esto es, en Culiacán, Sinaloa, y en caso de que no lo hiciera, entonces sí declinar competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis. Lo anterior, porque como se dijo, la orden de aprehensión reclamada puede ejecutarse tanto en el domicilio particular del quejoso, como en cualquier otro lugar en que este físicamente se encuentre. Luego, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será juez competente para conocer de la demanda de amparo, previa prevención, cualquiera de los jueces de las jurisdicciones en dónde pueda ejecutarse el acto reclamado. Sin que sea óbice, que el quejoso en su escrito de demanda haya señalado como autoridades responsables únicamente con residencia en Mocorito, Sinaloa, municipio cuya competencia territorial corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, pues ello no impedía que el Juez de Distrito que conoció inicialmente del asunto, previniera al quejoso para que señalara como responsable a alguna autoridad con residencia en el lugar en el que dicho juez ejerce jurisdicción, hecho que debió hacer conforme se lo obliga la siguiente jurisprudencia. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 383, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, materia Común, Penal, con registro digital 2004166, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Asimismo, la jurisprudencia XIII.P.A. J/1 (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 3100, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, penal, con número de registro 2016328, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." En las relatadas condiciones, por el momento, es competente para resolver el juicio de amparo el juez de distrito declinante, en virtud de que ante él se presentó la demanda, sin que se realizara la prevención a que se hizo referencia en párrafos que anteceden, no obstante que la orden de aprehensión reclamada puede ejecutarse en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige y no únicamente en el domicilio particular del quejoso; en consecuencia, no se acepta la competencia planteada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. En tal virtud, fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias conducentes y devuélvase el expediente original al juzgado remitente, solicitándole acuse de recibo en el que se precise el sentido de la determinación que adopte respecto del presente acuerdo. Por otro lado, tomando en consideración que en el escrito de demanda de amparo el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones uno distinto al de la jurisdicción de este Juzgado; por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, gírese despacho al Juez Mixto de Primera Instancia de Mocorito, Sinaloa, para que tenga a bien girar las instrucciones pertinentes a efecto de notificar personalmente este proveído al quejoso David Alonso Velásquez, en el domicilio ubicado en calle Independencia número 11, colonia Centro, de esa ciudad; asimismo, lo requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este Juzgado, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley. Haciendo del conocimiento al Juzgado requerido que en el presente asunto se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Crhystian Paul Herrera Gastelum y Enrique Román Cruz Gastelum, toda vez que cuentan con registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a José Morín Ramos, por no contar con dicho registro. Toda vez que la demanda de amparo de cuenta, se presentó de forma física, con fundamento en el artículo 1º, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes.

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