David Almaraz López
Expediente 513/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 31 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 03/04/2017
Partes del expediente
- David Almaraz López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, se advierte que por oficio recibido en este juzgado el seis de marzo de dos mil diecisiete, el Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla informó el cumplimiento dado al fallo protector, y para tal efecto, remitió copia certificada del acuerdo de veinte de febrero de dos mil diecisiete emitido en el juicio laboral D-2/899/2014. Asimismo, mediante proveído de siete de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el plazo de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por las autoridades, y que la última de las partes en notificarse fue la parte quejosa el trece de marzo de dos mil diecisiete, sin que hubieran realizado manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto debe decirse que por sentencia de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, por una parte se sobreseyó el juicio de amparo respecto del acto reclamado a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla consistente en la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas testimonial a cargo de Ivonne Abigail Ramírez Ramírez, Jesús Roberto Osorio, Isaías Cortés Asención y José Luis Andrés Huerta Rojas e inspección ocular ofrecidas por la parte demandada del juicio laboral D-2/899/2014; y, por otra parte se concedió el amparo a la parte quejosa respecto del acto reclamado consistente en la omisión de desahogar la prueba testimonial a cargo de Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo, ofrecida por el quejoso dentro del término que para tal efecto establece la Ley Federal del Trabajo y la omisión de notificar a Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo el proveído de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis para que comparecieran al desahogo de la prueba testimonial a su cargo para los efectos siguientes: a) La Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla realice las actuaciones necesarias para desahogar la prueba testimonial a cargo de Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo, ofrecida por el quejoso David Almaraz López. b) El Actuario adscrito a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla cite a Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo para que comparezcan al desahogo de la prueba testimonial a su cargo. Por su parte, de las constancias remitidas por la junta responsable, mediante oficio y anexo recibido el seis de marzo de dos mil diecisiete, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: El veinte de febrero de dos mil diecisiete, hizo efectivo el apercibimiento decretado por acuerdo de tres de febrero del año en curso a la parte actora oferente de la prueba testimonial a cargo de Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo; esto es, decretó la deserción de dicha prueba por falta de elementos para su desahogo. Conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo y por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. Se afirma lo anterior, ya como se advierte de las constancias remitidas por la junta responsable con valor probatorio pleno en los términos expuestos, mediante acuerdo de veinte de febrero de dos mil diecisiete decretó la deserción de la prueba testimonial a cargo de Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo, por falta de elementos para su desahogo. Al respecto, conviene traer a contexto lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." El contenido del precitado artículo, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de su cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedo cumplida la sentencia; lo cierto es que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora bien, en el caso, se obligó a la autoridad responsable a un hacer, es decir, realizara las actuaciones necesarias para desahogar la prueba testimonial a cargo de Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo, ofrecida por el quejoso David Almaraz López y remitiera copia certificada de las constancias que lo acreditaran a este juzgado. Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues como se expuso anteriormente, dentro de los autos del juicio laboral se decretó la deserción de la prueba testimonial a cargo de Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo, por falta de elementos para su desahogo, tal circunstancia conlleva a la imposibilidad de cumplir con la sentencia de amparo. En efecto, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo; en consecuencia, lo anterior constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Cobra aplicación por analogía la tesis asilada 2a.LXII/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo XXI, Junio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "AMPARO. EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA CUMPLIR LA SENTENCIA RELATIVA SI LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO SE EXTRAVIARON Y SU REPOSICIÓN FUE IMPOSIBLE. Si la sentencia que otorgó el amparo no puede cumplirse debido a que los autos del juicio ordinario se extraviaron, pero la autoridad responsable realizó todos y cada uno de los trámites necesarios para su reposición, sin que ésta hubiera podido llevarse a cabo debido a factores externos, imprevisibles o ajenos a su control y no a omisiones culposas o dolosas, tal situación redunda en la imposibilidad jurídica y material para cumplir la ejecutoria; de ahí que el incumplimiento es excusable desde una perspectiva jurídica y material, pues existe una razón válida que dispensa la omisión en la satisfacción de la obligación restitutoria, por lo que no deben aplicarse las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, debe declararse sin materia el incidente de inejecución relativo." Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201, fracción II, y 202 de la Ley de Amparo, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, se advierte que por oficio recibido en este juzgado el seis de marzo de dos mil diecisiete, el Presidente de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla informó el cumplimiento dado al fallo protector, y para tal efecto, remitió copia certificada del acuerdo de veinte de febrero de dos mil diecisiete emitido en el juicio laboral D-2/899/2014. Asimismo, mediante proveído de siete de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con tales documentos, para que en el plazo de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y datos aportados por las autoridades, y que la última de las partes en notificarse fue la parte quejosa el trece de marzo de dos mil diecisiete, sin que hubieran realizado manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto debe decirse que por sentencia de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, por una parte se sobreseyó el juicio de amparo respecto del acto reclamado a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla consistente en la omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de las pruebas testimonial a cargo de Ivonne Abigail Ramírez Ramírez, Jesús Roberto Osorio, Isaías Cortés Asención y José Luis Andrés Huerta Rojas e inspección ocular ofrecidas por la parte demandada del juicio laboral D-2/899/2014; y, por otra parte se concedió el amparo a la parte quejosa respecto del acto reclamado consistente en la omisión de desahogar la prueba testimonial a cargo de Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo, ofrecida por el quejoso dentro del término que para tal efecto establece la Ley Federal del Trabajo y la omisión de notificar a Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo el proveído de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis para que comparecieran al desahogo de la prueba testimonial a su cargo para los efectos siguientes: a) La Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla realice las actuaciones necesarias para desahogar la prueba testimonial a cargo de Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo, ofrecida por el quejoso David Almaraz López. b) El Actuario adscrito a la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla cite a Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo para que comparezcan al desahogo de la prueba testimonial a su cargo. Por su parte, de las constancias remitidas por la junta responsable, mediante oficio y anexo recibido el seis de marzo de dos mil diecisiete, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que: El veinte de febrero de dos mil diecisiete, hizo efectivo el apercibimiento decretado por acuerdo de tres de febrero del año en curso a la parte actora oferente de la prueba testimonial a cargo de Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo; esto es, decretó la deserción de dicha prueba por falta de elementos para su desahogo. Conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo y por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. Se afirma lo anterior, ya como se advierte de las constancias remitidas por la junta responsable con valor probatorio pleno en los términos expuestos, mediante acuerdo de veinte de febrero de dos mil diecisiete decretó la deserción de la prueba testimonial a cargo de Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo, por falta de elementos para su desahogo. Al respecto, conviene traer a contexto lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. El contenido del precitado artículo, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de su cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedo cumplida la sentencia; lo cierto es que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora bien, en el caso, se obligó a la autoridad responsable a un hacer, es decir, realizara las actuaciones necesarias para desahogar la prueba testimonial a cargo de Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo, ofrecida por el quejoso David Almaraz López y remitiera copia certificada de las constancias que lo acreditaran a este juzgado. Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues como se expuso anteriormente, dentro de los autos del juicio laboral se decretó la deserción de la prueba testimonial a cargo de Juan Pablo Bravo Rico y Adriana Rivera Galindo, por falta de elementos para su desahogo, tal circunstancia conlleva a la imposibilidad de cumplir con la sentencia de amparo. En efecto, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo; en consecuencia, lo anterior constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Cobra aplicación por analogía la tesis asilada 2a.LXII/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo XXI, Junio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: AMPARO. EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA CUMPLIR LA SENTENCIA RELATIVA SI LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO SE EXTRAVIARON Y SU REPOSICIÓN FUE IMPOSIBLE. Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201, fracción II, y 202 de la Ley de Amparo, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de marzo de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte que no fue posible notificar personalmente el proveído de siete de marzo de dos mil diecisiete al tercero interesado "Regio Gas Central" Sociedad Anónima de Capital Variable a través de quien legalmente la represente, por las razones que de la misma se desprenden; en consecuencia, se ordena realizar la notificación de que se habla, así como las subsecuentes, por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidenta de la Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en atención al requerimiento de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en el que manifiesta que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo y a efecto de corroborar su dicho adjunta copia certificada de la resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete. En consecuencia, con las referidas documentales, dése vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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