David Alfonso Serna García

Expediente 514/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
514/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • David Alfonso Serna García

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital Estatal, en el cual transcribe el proveído de veintiuno de los actuales pronunciado en el juicio de amparo 1326/2022 de su índice, en el que se aceptó la competencia declinada por esta autoridad; sin necesidad de emitir mayor proveído toda vez que el veintidós de los presentes, se recibió tal comunicado y se acordó lo conducente.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital Estatal; en el cual transcribe el proveído de trece de los actuales, dictado en el juicio de amparo 1326/2022 de su índice, en el cual aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Con apoyo en los artículos 6, 12, 14 y 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena la destrucción del cuaderno auxiliar relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores al dictado de este acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que por proveído de treinta y uno de mayo último, este juzgado declaró carecer de competencia por razón de territorio turnando los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua con sede en la capital Estatal, radicándose bajo el expediente 1326/2022 del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado indicado. No obstante lo anterior, de actuaciones se advierte que a la fecha en que se actúa, la autoridad antes citada haya acusado de recibo los mismos; en consecuencia, requiérase al Juzgado mencionado, para que dentro de un plazo de tres días contado a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído, informe si aceptó o no la competencia declinada, de ser así, remita a este Juzgado Federal a la brevedad posible el acuse correspondiente o en su caso, informe el impedimento que tenga para hacerlo. Se autoriza al secretario a firmar el oficio que se envía. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo indirecto promovida por David Alfonso Serna García, a través de su apoderado legal, contra actos del Juez Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, sede en la capital Estatal. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el consecutivo 514/2022-II. Se procede analizar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. Ahora bien, dado el sentido de este acuerdo, se considera oportuno mencionar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, con relación a la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la ley de la materia, este juzgado federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Como se adelantó, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo, se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal y el 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material y que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole algún derecho individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. Ley de Amparo. 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación gramatical de los preceptos transcritos, permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada." Así, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Sobre el caso particular, resulta que el quejoso señala como actos reclamados, esencialmente, el proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno que emitió la responsable y la sentencia de veintitrés de mayo último, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. Seguido de lo anterior, resulta que la competencia para conocer de este asunto recae en el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la Ciudad de Chihuahua, pues es quien cuenta con competencia en el lugar donde reside la autoridad señalada como responsable Juez Cuarto mencionado y donde tendrá ejecución los actos reclamados. En efecto, los actos reclamados habrán de ejecutarse en la población en la que la sentencia y proveído fueron pronunciados, es decir, en el municipio de Chihuahua, Chihuahua; por lo cual, debe atenderse en principio al lugar donde deberá tener ejecución, para determinar a favor de qué Juez de Distrito se surte la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta. En esta tesitura, la competencia para conocer de la presente demanda de amparo no corresponde a este Juzgado, puesto que de acuerdo a lo antes transcrito, el lugar en el que el acto reclamado será ejecutado, está sujeto a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre; por ende, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo, este Juzgador declara carecer de competencia por razón de territorio, para conocer del presente asunto. Es aplicable al caso, por el contenido que informa la tesis visible en la página 90, tomo 205-216, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "COMPETENCIA. ARTÍCULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Con la reforma al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo por decreto de 30 de diciembre de 1983, vigente a partir del 16 de marzo de 1984, se establece que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; que si éste ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, y que, cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la hubiera emitido. El texto vigente del mencionado precepto legal no concibe ya la hipótesis de la resolución que con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse, por lo que aun en ese caso resulta aplicable el párrafo primero del numeral en comento." Conclusión que resulta acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el solicitante del amparo, para ocurrir al Juzgado del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, situando a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Es de aplicación, la tesis publicada en la página setecientos diecinueve, segunda parte de la compilación 1917-1988 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son los siguientes: "COMPETENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRA EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, porque la autoridad responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado; sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la indicada responsable resida en territorio de otro juez de distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste." Asimismo, resulta aplicable la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tampoco se opone a la Ley de Amparo en vigor, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Séptima Parte, página ochenta y ocho, con el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Por los motivos antes señalados, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, en sus numerales Primero, fracción II; Segundo, fracción II, numeral 3; y Cuarto, fracción II, segundo párrafo; este Juzgado declara carecer de competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo y ordena remitir el presente expediente a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de capital Estatal, en turno, por conducto de la oficialía de correspondencia común para conocer del asunto. Se solicita al Juez de Distrito al que se declina competencia, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Lo anterior, sin que haya lugar a pronunciarse en relación a la suspensión, toda vez que no lo solicita. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis de la quinta época emitida por la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, tomo CXXX del Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor." En consecuencia, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, anexos y con el presente proveído, para constancia legal. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el expediente electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, y toda vez que se señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Lázaro Baigorri, 206, colonia San Felipe, el cual está fuera del municipio en que reside este órgano jurisdiccional, así mismo proporcionó el usuario cuenta de usuario "CSU1128" y como correo electrónico adolfo.copas@csulex.com. Por tanto, se autoriza al promovente para que vía internet, acceda al juicio de amparo en que se actúa, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia, por ese conducto se realicen las notificaciones correspondientes e incluso las de carácter personal. En consecuencia, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que haga la gestión correspondiente. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que la secretaria deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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