David Alfonso Llanos Vergara

Expediente 366/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
366/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • David Alfonso Llanos Vergara

Actuaciones

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veinte. AUTORIDAD REMITE DESPACHO. Agréguese el oficio 4069-AQ, mediante el cual, el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, devuelve diligenciado el despacho 685/2020 (orden 1393/2020), del índice de este Juzgado, derivado del proveído de trece de octubre del año en curso, enviado con la finalidad de notificar dicho acuerdo al quejoso David Alfonso Llanos Vergara; diligencia realizada el diecinueve del mencionado mes y año. En tal virtud, téngase al citado quejoso por legalmente notificado del proveído de referencia, al tenor de las constancias que se adjuntan, para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a acusar recibo de dicha comunicación, en virtud de que se recibió en el correo electrónico oficial de este Juzgado. SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno la comunicación oficial de mérito. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán, trece de octubre de dos mil veinte. DEVUELVE DESPACHO. Agréguese a los autos el oficio 2027-AQ enviado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, a través del cual se devuelve diligenciado el despacho 533/2020 (orden 1122/2020), del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar al quejoso David Alfonso Llanos Vergara, el proveído de veintitrés de septiembre pasado; encomienda que se realizó el treinta de septiembre del año en curso. SE ORDENA DAR DE BAJA. Ahora, bien, para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno, la comunicación oficial de mérito. Sin que haya lugar a lugar acusar el recibo correspondiente; lo anterior, toda vez que el ocurso de que se trata fue recibido vía correo electrónico. ESTADO PROCESAL DE JUICIO. Del estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo otorgado a la parte promovente en auto de veintitrés de septiembre del año en curso, para que cumpliera con lo ahí solicitado, sin que lo haya hecho, no obstante de haber quedado notificada para ello. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la intelección integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, designa como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit y sus Salas. ACTO RECLAMADO. A la autoridad Responsable le reclamo el no dar resolución de manera expedita de las apelaciones interpuestas en la causa penal 58/12 del juzgado primero y 190/12 del juzgado segundo, Ambos de primera instancia de Ramo penal en Tepic, Nayarit, causas las cuales están a nombre del suscrito." INCOMPETENCIA. Ahora, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice en el rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Ahora bien, el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo y tomando en consideración lo señalado en el artículo 37 de la ley de la materia, se advierte que este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y se considera que le corresponde al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Tepic, Nayarit, en turno, por las siguientes razones. Ahora, es necesario establecer la naturaleza jurídica del acto reclamado, pues ello dará pauta para identificar qué regla de competencia dispuesta en el artículo 37 de la ley de la materia, es aplicable al caso en concreto. Al respecto, se tiene que la parte promovente reclama la omisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, de dictar la resolución correspondiente en las apelaciones que interpuso en las causas penales 58/2012 y 190/2012. En ese tenor, de acuerdo con lo plasmado en el escrito inicial de demanda se advierte que el reclamo de la parte promovente no es contra un acto de los que doctrinariamente se conocen como "declarativos", esto es, de aquéllos que sólo se limitan a dejar establecida determinada situación jurídica con relación al gobernado; sino que versa en un "no hacer" de la autoridad respecto de algo que inminentemente tendría la obligación de realizar, es decir, continuar con el procedimiento en los expedientes de apelación respectivos, dictar la resolución que en derecho corresponda y notificarla al agraviado. Esto es así, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta; la violación a ese derecho humano se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Motivo por el cual, de conformidad a la forma en que se plantea el acto reclamado en la demanda de amparo, puede aseverarse que tiene la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, dentro del trámite del proceso que se sigue al quejoso, pues debe puntualizarse que no siempre los actos de carácter omisivo carecen de ejecución material, ya que si bien el quejoso reclama la omisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, de dictar la resolución correspondiente en las apelaciones interpuestas en las causas penales 48/2012 y 190/2012, que se siguen en su contra, lo cual, en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo; lo cierto, es que ese "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad responsable continúe con la abstención que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos procesales y eventualmente sustantivos del impetrante, como es el de acceso a la justicia (de manera pronta y expedita); ya que el no dictar la resolución en las apelaciones relativas a los procesos penales, está en juego su libertad personal en tanto la autoridad no haga lo que las leyes les ordenan; esto, porque mientras persista esa abstención el accionante seguirá privado de su libertad. De modo que, al establecerse que el acto reclamado tiene la naturaleza jurídica de actos omisivos con efectos positivos, esto implica que se reconoce que tales actos conlleven un principio de ejecución, ya de que de esa manera, se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión que ha sido apuntada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), con número de registro registro 160608, visible en la página dos mil ciento ochenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Décima Época, Materia Común, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Por tanto, tomando en consideración lo vertido con anterioridad, se reitera que es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción residan los jueces que conocen de los procesos penales y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el promovente. En ese tenor, no representa obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el promovente se encuentre recluido, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, pues tal situación no finca competencia, porque la sola mención del domicilio no es suficiente para justificarla, sino más bien, de acuerdo a las reglas que se establecen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se sigue la preminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues de esa manera éste tiene mayor facilidad para recabar las pruebas con mayor eficacia; además, ateniendo a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión; por tanto, la jurisdicción rectora no reside en el lugar de reclusión, sino ante la autoridad responsable que ha omitido una obligación de hacer lo que las leyes procesales le imponen, lo que tiene por objeto la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo además en el Punto Cuarto, fracción VII, párrafo cuarto del citado Acuerdo General; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, en razón de que el acto reclamado tendrá ejecución en la jurisdicción donde ejercen competencia los Juzgados de Distrito con sede en Tepic, Nayarit, por tanto, se declina competencia en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Tepic, Nayarit, en turno, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 366/2020, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado de Distrito, en turno, que corresponda. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese al homólogo federal que le corresponda el conocimiento del asunto, el acuse de recibo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Ahora, tomando en consideración que el promovente David Alfonso Llanos Vergara, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Diecisiete "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán; con fundamento en el artículo 116, párrafo segundo de la Ley de Amparo, gírese atento despacho vía electrónica al Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, a efecto de que ordene a quien corresponda, se constituya en el referido centro de reclusión y le notifique al quejoso la presente determinación. En ese sentido, se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.

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