David Alfonso Llanos Vergara y Otros.
Expediente 902/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 16 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 902/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- David Alfonso Llanos Vergara y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA IV. Vista la demanda de amparo promovida por David Alfonso Llanos Vergara, Eliseo Haro Castañeda y Víctor Manuel Rendón Cristalina, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social 2 "occidente" y otras autoridades, por violación al derecho fundamental contenido en el artículo 4 Constitucional, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 902/2018-IV-B. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes, reclama: LA NEGATIVA A OTORGAR LA ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA. COMPETENCIA Ahora bien, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la legal competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, el artículo 107, fracción VII Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:...VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse..." El precepto legal antes transcrito, es preciso al indicar que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito, bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito, para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. En tal sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dice: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En este orden de ideas, cabe destacar que en el precepto citado se fija que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. En consecuencia, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la lectura integral de la demanda se advierte que los quejosos se encuentran internos en el CEFERESO NÚMERO DOS PUENTE GRANDE, JALISCO, y dado que el acto reclamado consiste en la negativa a otorgar la atención médica adecuada, el cual si bien es un acto de naturaleza negativa, sí tiene efectos positivos, pues las consecuencias de esa negativa, en su caso, perjudicaran su salud, y se producen invariablemente en el lugar donde se encuentran internos. Apoya lo anterior, la tesis aislada 2.0 p.16k (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32 Julio de 2016, Tomo III, página 233, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." Entonces, conforme a la precitada regla, prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que consiste en que es competente el Juez de Distrito donde se ejecute el acto reclamado, se colige que quien debe conocer de la demanda de amparo promovida por David Alfonso Llanos Vergara, Eliseo Haro Castañeda y Víctor Manuel Rendón Cristalina, es el Juez de Distrito de Amparo Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. En tales circunstancias, este Juzgador se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías, y considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, el juicio de amparo 902/2018-IV-B, para que a su vez la remita al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal de ese circuito, en turno, a quien se solicita, acuse recibo de estilo e informe si acepta o no la competencia declinada; fórmese el cuaderno de antecedentes. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, dado que los quejosos señalan como acto reclamado, la negativa a otorgar la atención médica adecuada, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN, para el efecto de que las autoridades penitenciarias responsables proporcionen a los quejosos la atención médica que requieren de acuerdo al padecimiento que presentan, les brinde la alimentación adecuada, así como las atenciones necesarias que repercuten en su aseo personal, quedando obligadas a informar de las determinaciones que asuman al respecto, al Juez que asuma la competencia. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por los Plenos de Circuito, visible en la página 1421, Tomo III, enero de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO. El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el cual abarca a quienes se encuentran privados de su libertad en un centro penitenciario y, por lo mismo, en estado de vulnerabilidad, situación esta última que convierte al Estado en garante de ese derecho. Ahora bien, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano, entre otros casos, cuando se trate de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre ellos, los que implican un trato o pena cruel, inhumano o degradante; así, si se atiende a que acorde con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Vélez Loor vs Panamá, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, asistencia médica, cuyo incumplimiento puede resultar en una violación a la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se concluye que el Juez de Distrito que conozca del amparo promovido por un interno en algún centro carcelario que señale como acto reclamado la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, a partir de las manifestaciones y los elementos contenidos en su demanda, debe conceder la suspensión de oficio y de plano, ya que el hecho de continuar con esa situación, implica un trato cruel e inhumano y, por ende, se actualiza un caso de excepción que torna procedente la medida suspensional, dada su gravedad, notoria urgencia e imposible restitución, que debe paralizarse inmediatamente, sin necesidad de contar con pruebas acerca de la existencia y consecuencias del acto reclamado, ya que en esos casos el nivel probatorio debe ser mínimo." En la inteligencia que las autoridades responsables deben informar dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento de esta determinación. Apercibidas que de incumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá a la omisa multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, acorde a lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, sin perjuicio de proceder en su contra por el delito previsto en el numeral 265, fracción I, de la Ley de Amparo. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de los quejosos a David Alfonso Llanos Vergara. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el lugar en donde se encuentran internos, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social 2 "occidente". NOTIFICACIÓN DE ESTA DETERMINACIÓN Toda vez que de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en el CEFERESO NÚMERO DOS EN PUENTE GRANDE, ESTADO DE JALISCO, dado que dicho Centro de Reclusión se encuentra fuera del territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2, de la ley en la materia, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; gírese atento exhorto, vía interconexión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno; para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, tenga por bien comisionar al actuario judicial de su adscripción, a efecto de que se constituya en las instalaciones del referido centro de reclusión y notifique a los quejosos David Alfonso Llanos Vergara, Eliseo Haro Castañeda y Víctor Manuel Rendón Cristalina, el presente proveído. De igual manera, se solicita notifique mediante oficio a las autoridades responsables, el contenido de este acuerdo. En observancia al artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se faculta al Juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles. Se solicita al Juzgado exhortado, se sirva devolver la comunicación de que se trate, por la misma vía en la que se remite. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza a la Secretaria para firmar los oficios que deriven de este juicio de amparo.
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