David Alexander García Romero

Expediente 187/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
187/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • David Alexander García Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, a cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución dictada en este juicio de amparo de nueve de marzo último, pues si bien no obran en autos los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales se les comunicó la citada resolución a las autoridades que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el nueve de marzo de dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional, pero se dejaron sin efectos las medidas suspensionales decretadas en los referidos cuadernos incidentales, provéase respecto de la destrucción de ambos incidentes, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 20 del capítulo Octavo del acuerdo antes citado, se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la Consultora Jurídica General de la Consejería Adjunta de Control Constitucional de lo Contencioso, dependiente y en ausencia la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con residencia en Ciudad de México, en relación al diverso 3602/2022, con el que se corrió traslado del auto en el que se acordó lo conducente a la admisión de la demanda en el presente asunto y se requirió el informe justificado, por cuanto a la autoridad denominada "PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", con residencia en Ciudad de México, e informa que no cuenta con antecedentes del presente asunto. No obstante lo anterior, no ha lugar a reexpedir el aludido oficio, toda vez que mediante proveído de nueve de marzo del año en curso, se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, por lo que no resulta procedente el reenvío del oficio 3602/2022, por no ser necesario el informe justificado de la referida autoridad Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito presentado vía electrónica por YUSSIF EMMANUEL AGUILAR GAMBOA, autorizado en término del artículo 12 de la ley de Amparo, por la parte quejosa, por medio del cual informa bajo protesta de decir verdad, que la menor quejosa, ya fue inoculada con las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Sentado lo anterior, es menester traer a colación que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el acto que la parte impetrante reclamó, medularmente lo constituye la omisión de las autoridades responsables, de inocular al menor quejoso, con las dos dosis de la vacuna antes referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena época que a la letra señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en lo anterior y en virtud de que en el ocurso de mérito, el autorizado en términos amplios de la parte quejosa señala bajo protesta de decir verdad, que el menor agraviado ha sido inoculado con las dos dosis de la vacuna Pfizer, en consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte promovente reclama la omisión de las autoridades responsables, de inocular al menor quejoso, con las dos dosis de la vacuna Pfizer - BioNTech. Ahora bien, de las propias manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad del autorizado de la parte impetrante, se desprende que el menor agraviado ya fue inoculado con las dos dosis de la invocada vacuna, lo anterior, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, ya que es evidente que al haberle sido aplicada al menor quejoso, las dos dosis de la vacuna en cuestión, han cesado los efectos de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Asimismo, déjese sin efecto las medidas suspensionales decretadas en los cuadernos incidentales, derivados del presente juicio de amparo, así como la celebración de la audiencia incidental respectiva la cual está señalada para llevarse a cabo a las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. Por tanto, obténgase copia certificada del presente proveído y agréguese a los autos incidentales derivados de este juicio, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables con sede en la ciudad de México, no han rendido su informe justificado ni obran en autos las tarjetas de acuse de recibo de los oficios con los cuales se les solicito. De igual forma, se desprende como hecho notorio, que en el incidente de suspensión que deriva de este expediente principal, por auto de veinticuatro de enero del año en curso e interlocutoria de dos de febrero que transcurre, se otorgó la suspensión provisional y definitiva al menor quejoso D.A.G.R, a efecto de que las responsables, previa valoración médica, señalaran hora, fecha y lugar de aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech a dicho menor, con sus dos dosis. En esa virtud, dado el tiempo transcurrido desde que dicha medida suspensional fue otorgada, requiérase a la parte quejosa, a efecto de que, dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, indique BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, si el menor impetrante ya ha sido inoculado con la vacuna de marras y, en caso afirmativo, precise el número de dosis que de la misma le han sido aplicadas. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de resolver en definitiva el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no cumplir con requerido, dentro del plazo conferido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Por tal motivo, ante la posible actualización de una causal de improcedencia, a fin de que la parte quejosa cumpla con la prevención formulada y ante la ausencia de los informes justificados de las responsables residentes en la ciudad de México, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 515 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la página 454, Octava Época, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000, con número de registro 918,049, en el IUS Intranet, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SI HAY EVIDENCIA SOBRE SU EXISTENCIA DEBE INDAGARSE Y, EN SU CASO, RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ACREDITARLA.- De conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia, por lo general, deben ser examinadas de oficio. Por ende, si de autos se advierte alguna evidencia sobre su existencia como la indagación y, en su caso, recabación de pruebas necesarias para acreditar dichas causales también debe hacerse de oficio y en cualquiera de las instancias en que se encuentre el procedimiento en el juicio de garantías. Desatender tal obligación transgrede las reglas fundamentales que rigen dicho procedimiento y hace necesaria su reposición en términos del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*

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