DAVID ALEJANDRO OSORIO ARANDA y Otros.

Expediente 873/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
873/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • DAVID ALEJANDRO OSORIO ARANDA y Otros.
  • David Alejandro Osorio Aranda
  • María Elena Aguilar Lagunas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA III. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente del juicio de amparo lo haya hecho valer en contra del auto de diez de noviembre de dos mil veinte, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las partes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para ser considerado de relevancia documental. En ese sentido, de conformidad a lo señalado en los artículos 21 y 35 del referido Acuerdo, hechas las anotaciones relativas en la carátula del expediente, el mismo permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el término de tres años y una vez transcurrido ese lapso se procederá a su destrucción, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no se aperturó incidente de suspensión, ni se formó tomo de pruebas por separado. Notifíquese. EDC

  2. Principal

    MESA III Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el: Fiscal General del Estado de Morelos. A lo anterior, se provee lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos. De igual forma, en relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Ahora bien, respecto a las personas que se señalan como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas, consistentes en las documentales, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora bien, tomando en consideración las manifestaciones que hace la autoridad oficiante, se ordena guardar el sigilo requerido con las constancias que anexa a su informe justificado, las cuales quedan bajo resguardo de este Juzgado Federal, mismas que deberán traerse a la vista en el momento procesal oportuno. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa señala como acto reclamado la detención, privación de la libertad y la incomunicación. Ahora, toda vez que de las constancias que allegó la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Morelos a su informe justificado, se aprecia que el quince de octubre de dos mil veinte, la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Primer unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional Metropolitana, decretó la inmediata libertad del quejoso David Alejandro Osorio Aranda, dentro de la carpeta de investigación SC01/11070/2020. Por consiguiente, es dable concluir que se actualiza una causal de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. En efecto, en el presente juicio se advierte que opera el supuesto de improcedencia contemplado en los artículos 61, fracción X y 63, fracción V de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . "V. Durante el Juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Por lo anterior, se actualiza un cambio de situación jurídica de las aquí quejosas, razón por la que deviene improcedente el juicio de garantías en observancia a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la detención, la privación de la libertad y la incomunicación, sin embargo, de las constancias que obran en autos, específicamente del acuerdo de retención de catorce de octubre de dos mil veinte, se advierte que se tuvo al quejoso nombrando defensor de oficio; por tanto, se encuentra acreditado que por una parte cesó la incomunicación que adujo en su demanda de amparo, aunado al hecho de que la Agente del Ministerio Público Titular del Segundo Turno de la Unidad de Atención Temprana, el quince de octubre de dos mil veinte, la Agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Primer unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional Metropolitana, decretó la inmediata libertad del quejoso David Alejandro Osorio Aranda, dentro de la carpeta de investigación SC01/11070/2020. Por tanto, es incuestionable que la situación jurídica del quejoso ha cambiado, cesando los efectos relativos a los actos reclamados, ya que la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Morelos, hizo del conocimiento que la Agente del Ministerio Público Titular del Segundo Turno de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Zona Metropolitana, por un parte mediante auto de catorce de octubre de dos mil veinte, tuvo al quejoso nombrando defensor de oficio y, por otra, en auto de quince de octubre del presente año, decretó la libertad del aquí quejoso; por lo que las violaciones cometidas durante la fase de investigación, hasta antes de la judicialización de la carpeta de investigación, podrán ser reclamadas ante el Juez de Control correspondiente, en la audiencia de control relativa. Apoya por analogía lo anterior, la Jurisprudencia número 797, visible a fojas 515 del tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación, compilación 1917-1995, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR. La aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, son los motivos a través de los cuales se pueden restringir la libertad personal; teniendo cada una de estas modalidades características peculiares. Al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos a que se ha hecho mención, se le denomina situación jurídica; de tal manera que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo así los efectos del acto reclamado, lo que hace improcedente el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior. Así las cosas, al haber quedado insubsistente el acto reclamado, tornando improcedente el juicio de amparo, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la multicitada causal, además de que dicha determinación no provoca indefensión al gobernado, pues cuenta con los recursos legales que establece la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del once de diciembre de dos mil veinte. EDC

  3. Principal

    RAZÓN. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DICTADO EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA VII.-Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número **********, así como testimonio de la ejecutoria de once de septiembre de dos mil veinte, dictada en el incidente de inejecución de sentencia ********. Agréguese a los autos, sin necesidad de acusar de recibo dadas las manifestaciones hechas por el órgano colegiado en la comunicación oficial de cuenta. Por otra parte, toda vez que el cuaderno de antecedentes consta de actuaciones en original y copia cotejada de constancias, glósense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes y procédase a la destrucción de las copias para evitar así la dualidad de constancias innecesarias. Asimismo, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, hágase del conocimiento a las partes que el órgano colegiado determinó en la ejecutoria aludida, lo siguiente: "ÚNICO. Se devuelven los autos del juicio de amparo al Juez de Distrito, a efecto de que valore el cumplimiento de la ejecutoria de amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y conforme a lo resuelto por el órgano colegiado, este órgano de control constitucional deja insubsistente el acuerdo de diez de enero de dos mil veinte y se procede al estudio del cumplimiento de la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en el juicio. Por tanto, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público, se advierte lo siguiente: I. El treinta de agosto de dos mil diecinueve, por una parte se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo y por otra, se concedió el AMPARÓ Y PROTECCIÓN a Manuel Jacinto Pérez, para que las autoridades responsables en el ámbito de sus facultades cumplieran con los siguientes efectos: "Se excluya de su esfera jurídica la aplicación del artículo 135, fracción I, de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, realizada en el acta de infracción de Transporte Público y Privado, con folio 0004856, de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, así como para actos futuros, mientras esté vigente esa disposición. Por tanto, deberán devolver la cantidad erogada por el quejoso con fundamento en dicho precepto legal, la cual se encuentra especificada en el recibo oficial con número de folio ***, póliza **********, de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, por un monto de $*********************, a nombre de Pedro Flores Olivares. Como consecuencia de lo anterior, la responsable *********** deberá reintegrar la cantidad erogada por el quejoso con motivo de inventario y pensión del vehículo marca ***************. II. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento de la sentencia de amparo. III. A fin de cumplir con lo anterior, **********, en su carácter de propietario de la negociación señalada como autoridad responsable denominada ************, remitió la constancia siguiente: Copia del certificado de entero número **********, expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, que ampara la cantidad de *******************, expedido a nombre del quejoso ***************. Atento a lo anterior, mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve, se requirió al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, para que remitiera copia certificada de las constancias con que acredite la entrega y recibo de dicho certificado a la parte quejosa. En consecuencia, la Directora del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, remitió copia de las siguientes constancias: Acuse de recibo del cheque y póliza con número de folio 0004412, expedido a nombre del quejoso ************, que ampara la cantidad de ****************, relativos al certificado de entero número 199766 (foja 414). IV. Con lo anterior, se advierte que ********* señalada como autoridad responsable por conducto de **************, en su carácter de propietario de dicha negociación; cumplió con la ejecutoria de amparo, ya que entregó al quejoso la cantidad correspondiente al inventario y pensión del vehículo señalado en la sentencia de amparo, contenida en la nota de remisión número 0893, de veintidós de diciembre de dos mil dieciocho. V. La Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos, mediante acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve y los diversos oficios **************, acreditó la instrucción para desincorporar de la esfera jurídica del quejoso el precepto legal declarado inconstitucional. De igual forma, por oficio presentado ante este Juzgado Federal el seis de noviembre de dos mil diecinueve, hizo del conocimiento la existencia del juicio de nulidad radicado ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, bajo el número ***********, promovido por Manuel Jacinto Pérez en contra de la Secretaría de Movilidad de Transporte y otras, en que impugnó la infracción con número de folio 0004856 emitida por la Dirección General de Transporte Público y Privado, adscrita a la Secretaría de Movilidad de Transporte del Estado de Morelos, levantada por Moisés Pérez Rivera; así como que dicho juicio de nulidad, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se resolvió favorable al aquí quejoso, para el efecto de que la autoridad demandada le devolviera la cantidad de *************, que pagó por concepto de la infracción de transporte público y privado número ******, la cual se encuentra especificada en el recibo oficial número de folio **********, póliza ********. Ahora, de las copias certificadas que anexó la autoridad responsable del juicio de nulidad ******, se advierte que por resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se condenó a las autoridades demandadas para los siguientes efectos: "53. Por tanto, este Tribunal debe suplir la deficiencia de la queja a favor del actor, como lo dispone el artículo 18, inciso B), fracción II, inciso k) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en cuanto a los alcances de la nulidad alcanzada, toda vez que en la instrumental de actuaciones con la documental pública, copia certificada del recibo de pago folio *********** del 21 de diciembre de 2018, consultable a hoja 67 del proceso, se acredita que el actor con motivo de la infracción de trasporte pagó la cantidad de $******************, por tanto, la autoridad demandada **************, SUPERVISOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS: Deberá devolver al actor la cantidad de ******************, que pagó por concepto de la infracción de transporte público y privado número *********; cantidad que depositará en la Primera Sala de este Tribunal para que le sean entregados al actor." Asimismo, de dichas copias se advierte que la parte quejosa reclamó en ese juicio, los siguientes actos: "La ilegal e inconstitucional infracción con número de folio *******, remitida por la Dirección General de Transporte Público y privado, adscrita a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, levantada por el C. *******************." Lo anterior, mediante escrito inicial de demanda presentado con fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. De igual forma, se advierte que mediante comparecencia levantada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, llevada a cabo ante el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dentro de los autos del juicio de nulidad TJA/1ªS/287/2018, compareció el quejoso Manuel Jacinto Pérez en su carácter de parte actora, a quien se hizo la entrega del título de crédito 0000491, que ampara la cantidad de $48,360.00 (cuarenta y ocho mil trescientos sesenta 00/100 moneda nacional), exhibido a su favor ante esa autoridad jurisdiccional, desde cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la sentencia definitiva del juicio de nulidad, recibiéndolo de conformidad. Así, mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve ante este juzgado de distrito, el quejoso manifestó haber recibido el pago de la cantidad referida, mediante el título de crédito señalado. VI. Ahora bien, del análisis de las constancias antes descritas, este Juzgado Federal considera que el juicio de nulidad ********** del índice de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y el presente asunto, se encuentran relacionados, toda vez que al ser resueltos, en ambos se ordenó restituir al quejoso en sus derechos mediante la devolución del pago efectuado por concepto de la infracción de transporte público y privado número ******, la cual se encuentra especificada en el recibo oficial número de folio *********, póliza *************. VII. Por tanto, se advierte que materialmente se encuentran restituidos los derechos del quejoso Manuel Jacinto Pérez, consistentes en la devolución de la cantidad de ****************, que pagó por concepto de la infracción de transporte público y privado número **********, la cual se encuentra especificada en el recibo oficial número de folio ****, póliza *************. Lo anterior, pues como se desprende de la ejecutoria dictada por Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en el incidente de inejecución de sentencia 2/2020, se advierte que coexistieron dos procesos, el de nulidad y el de amparo, cuyo objeto fue el mismo acto de la multa de tránsito aludida, y que en ambos se produjeron dos sentencias con autoridad de cosa juzgada que conllevaron un mismo efecto, a saber, la devolución al aquí quejoso de la cantidad pagada por concepto de la multa ****************. Así, de los elementos probatorios que obran en autos, se cuenta con los suficientes para determinar que se han cumplido los efectos de la sentencia amparadora, consistentes en la devolución de la cantidad que el directo quejoso pagó por concepto de la infracción de transporte público y privado número *****, con independencia de que ello no se verificara dentro del trámite de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cual no imposibilita que sobre dicho efecto se considere su cumplimiento, pues como se ha dicho, existe evidencia de que materialmente fue restituido. VIII. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima CUMPLIDA la ejecutoria de amparo, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que se cumplieron los efectos que fueron destacados en la sentencia amparadora. IX. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para ser considerado de relevancia documental. En ese sentido, de conformidad a lo señalado en los artículos 18 y 35 del referido Acuerdo, hechas las anotaciones relativas en la carátula del expediente, el mismo permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el término de tres años y una vez transcurrido ese lapso, se procederá a su depuración; asimismo, se realizarán las gestiones correspondientes para su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se destaca que en el presente juicio de amparo no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado; así como no existe tomo de pruebas por separado. X. Finalmente, dado que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo antes referido, requiérase a dicha parte a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las constancias en mención, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos para debida constancia legal, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. CSH

  4. Principal

    MESA III Visto lo de cuenta; se tiene por recibido el informe justificado rendido por: Encargado de despacho de la Policía Estatal Morelos en el Municipio de Xochitepec, Morelos. A lo anterior se provee lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos y dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, en relación al domicilio que se señala para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Finalmente, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba ofrecida, consistente en la documental, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al momento de resolver en definitiva la presente instancia, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. EDC

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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