David Alejandro Ojeda Zi
Expediente 1249/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1249/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 25/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Erik Manuel Manzanilla Gómez
- David Alejandro Ojeda Zi
- DAVID ALEJANDRO OJEDA ZI y Otros.
- ERIK MANUEL MANZANILLA GÓMEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil veintiuno, se realizó a las partes por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el día seis de octubre siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer y segundo puntos resolutivos, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracciones a) y b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por analogía de razón, se indica que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se concedió la suspensión de oficio y de plano; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los Libros de Gobierno. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con nueve minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la misma. Acto seguido, la secretaria procede a dar cuenta al Juez con la demanda, así como los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, que ya obran agregados en autos. Al respecto el Juez acuerda: se tienen por rendidos en tiempo y forma los informes de cuenta y por ende, celébrese la audiencia constitucional en el presente asunto. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta con las documentales remitidas por el Vice Fiscal de Investigación Control de Procesos del Estado de Yucatán, por sí y en representación del Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en vía de apoyo al informe justificado requerido. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara cerrado este periodo. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la Secretaria da cuenta con el alegato ministerial número 612/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, registrado con el número de promoción 13511; asimismo, hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. Por lo que el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaria, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formuladas las manifestaciones de la Representación Social Federal, mismas que podrán ser tomadas en consideración al resolverse el presente asunto; con lo anterior, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. Finalmente, no habiendo diligencias por desahogar, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1249/2019-V-A, promovido por Erik Manuel Manzanilla Gómez, Manuel Jesús Manzanilla Gómez (hijo) y Édgar Manuel Manzanilla Sabido (padre), por conducto de Alejandro Ojeda Zi, en contra de los actos que reclaman del Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el día once de julio de dos mil veintiuno, ante la Secretaria de Guardia de este Juzgado Federal, comparecieron Erik Manuel Manzanilla Gómez, Manuel Jesús Manzanilla Gómez (hijo) y Édgar Manuel Manzanilla Sabido (padre), por conducto de Alejandro Ojeda Zi, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuyen del Fiscal General del Estado de Yucatán, Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos del Estado de Yucatán, Director de Investigación y Atención Temprana del Estado de Yucatán, Fiscal Investigador en turno del Ministerio Público del Fuero Común, Director de la Policía Estatal de Investigación, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Director de la Policía Municipal de Mérida, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de la misma fecha (once de julio de dos mil veintiuno), se concedió a los impetrantes la suspensión de plano de los actos reclamados y se mandó ratificar la demanda, la que se registró con el número 1249/2021-V-A; y una vez ratificada, por auto de diecinueve de julio siguiente, se admitió a trámite; se solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal; se señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. TERCERO. Por no designada autoridad responsable. Por acuerdo de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por no designada como autoridad responsable al Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común en turno, toda vez que no existe en el organigrama de dicha institución, por lo que se suspendió toda comunicación con la misma. CUARTO. Mediante acuerdos de diecinueve y veintiuno de julio del año en curso, por los motivos y fundamentos expuestos en los citados proveídos, se desecharon las ampliaciones de demanda de amparo promovidas por la parte quejosa, por lo que una vez que causaron estado dichos autos, se remitieron las constancias conducentes a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, a efecto de que procediera a su registro como nuevas demandas y se sirviera turnarlas a este Juzgado de Distrito en términos de lo dispuesto en la Circular SECNO/31/2020. QUINTO. Por acuerdo de treinta de julio de dos mil veintiuno, se tramitó el incidente de violación a la suspensión de plano promovida por la parte quejosa; siendo que con fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se declaró infundada dicha incidencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, Constitucionales; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: La detención, incomunicación, malos tratos y tortura de los directos quejosos. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos todos los actos reclamados al Director de la Policía Municipal de Mérida (registrado con el número de promoción 11700). Por otra parte, no son ciertos los actos reclamados consistentes en la incomunicación, malos tratos y tortura de los directos quejosos, atribuidos al Fiscal General del Estado de Yucatán (registrado con el número de promoción 12739), Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos del Estado de Yucatán (registrado con el número de promoción 12738), Director de Investigación y Atención Temprana (registrado con el número de promoción 12737), Director de la Policía Estatal de Investigación (registrado con el número de promoción 12564) y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (registrado con el número de promoción 13218). Igualmente, no es cierto el acto reclamado consistente en la ilegal detención reclamado por el quejoso Erik Manuel Manzanilla Gómez, que atribuye al Fiscal General del Estado de Yucatán (registrado con el número de promoción 12739), Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos del Estado de Yucatán (registrado con el número de promoción 12738), Director de Investigación y Atención Temprana (registrado con el número de promoción 12737) y Director de la Policía Estatal de Investigación (registrado con el número de promoción 12564), Lo anterior, toda vez que al rendir sus correspondientes informes justificados, negaron categóricamente la existencia de dichos actos; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Pues si bien exhibió un disco compacto en formato DVD, de la reproducción del mismo únicamente se advierte un conflicto entre agentes de la Secretaría de Seguridad Pública con diversas personas que no se encuentran identificadas, máxime que de su reproducción tampoco se desprende conducta alguna que configure en alguno de los actos que reclama, consistentes en la incomunicación, malos tratos y tortura de los aquí impetrantes del amparo. En tales condiciones, respecto de dichos actos y autoridades, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la detención atribuida a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Yucatán, Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos del Estado de Yucatán, Director de Investigación y Atención Temprana, Director de la Policía Estatal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, toda vez que si bien lo negaron, al rendir sus correspondientes informes justificados hicieron manifestaciones que evidencian su existencia. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como ha quedado establecido, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la detención ejecutada en su contra el once de julio de dos mil veintiuno. Sin embargo, de las constancias que anexó el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos del Estado de Yucatán, por si y en representación del Fiscal General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en vía de apoyo al informe de ley requerido. A las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Se advierte que los directos quejosos Manuel Jesús Manzanilla Gómez y Edgar Manuel Manzanilla Sabido estuvieron presentes en el área de seguridad de la Fiscalía General del Estado, bajo resguardo de la Policía Estatal de Investigación, a disposición del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, en calidad de imputados de los hechos posiblemente delictuosos contenidos en la Carpeta de Investigación número G8/267/2021. Siendo que el doce de julio de julio, al no pretender la fiscalía solicitar prisión preventiva como medida cautelar, los directos quejosos Manuel Jesús Manzanilla Gómez y Edgar Manuel Manzanilla Sabido fueron puestos en inmediata libertad dentro del término a que se refieren los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 146, 147 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otra parte, si bien el quejoso Erik Manuel Manzanilla Gómez fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, junto con los otros quejosos, de las manifestaciones vertidas por la responsable en su informe justificado, se desprende que el mismo se dio a la fuga y ante ello no pudo darse su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a los impetrantes del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendían por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyéndolos de esa forma en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número P.CL/97, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ++++++++++++ por conducto de Alejandro Ojeda Zi, en contra del Director de la Policía Municipal de Mérida, Fiscal General del Estado de Yucatán, Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos del Estado de Yucatán, Director de Investigación y Atención Temprana, Director de la Policía Estatal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, respecto de los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Erik Manuel Manzanilla Gómez, Manuel Jesús Manzanilla Gómez (hijo) y Édgar Manuel Manzanilla Sabido (padre), por conducto de Alejandro Ojeda Zi, en contra del acto reclamado consistente en la ilegal detención que reclaman del Fiscal General del Estado de Yucatán, Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos del Estado de Yucatán, Director de Investigación y Atención Temprana, Director de la Policía Estatal de Investigación y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la sexto considerando de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firmó el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el alegato ministerial número 612/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, como solicita la representante social, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase copia certificada de la sentencia que habrá de dictarse en el presente asunto, previo recibo que se otorgue en autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del INCIDENTE DE VIOLACIÓN Y/O INCUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO denunciado por el directo quejoso Erik Manuel Manzanilla Gómez, en el juicio de amparo número 1249/2021-V-A, promovido contra actos del Fiscal General del Estado de Yucatán y otras autoridades y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido por la Secretaria de Guardia de este Juzgado Federal, el once de julio de dos mil veintiuno, compareció David Alejandro Ojeda Zi, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, a favor de Erik Manuel Manzanilla Gómez, Manuel Jesús Manzanilla Gómez y Edgar Manuel Manzanilla Sabido, en contra de los actos que reclamaron del Fiscal General del Estado de Yucatán, Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos del Estado de Yucatán, Director de Investigación y Atención Temprana del Estado de Yucatán, Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común en turno del Estado de Yucatán, Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado de Yucatán, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Director de la Policía Municipal de Mérida, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Suspensión de plano decretada de oficio Por acuerdo de once de julio de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, se decretó la suspensión de plano para el efecto de que cesaran de inmediato la incomunicación, malos tratos y tortura de los directos quejosos reclamados. De igual manera, para que también cesara la privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ilegal) y los dejaran en libertad de manera inmediata, si no fuere el caso, de haber sido detenidos con motivo de la comisión de un hecho delictuoso, y estar sujetos a un procedimiento, pues de ser así, el efecto de la suspensión, sería para que sean puestos a disposición, sin demora, ante el Ministerio Público que corresponda. Seguidamente, por auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa respecto del nuevo acto reclamado consistente en la amenaza de muerte en contra de los directos quejosos, para el efecto de que cesaran de inmediato las amenazas de muerte o cualquier otro acto que pusiera en peligro la vida de los directos quejosos. TERCERO. Admisión de la demanda de amparo. Previa ratificación de la demanda de amparo, mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, respecto de los actos que reclamaron, consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ilegal), incomunicación, malos tratos y tortura de los directos quejosos; demanda que quedó previamente registrada con el número 1249/2021-V-A. Asimismo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, se desechó la ampliación de la demanda, en cuanto al nuevo acto que reclamaron los quejosos, que hicieron consistir en la amenaza de muerte. CUARTO. En acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por presentada a la parte quejosa, reclamando de nuevo las amenazas de muerte en su contra, por parte de las autoridades Fiscal General del Estado de Yucatán, Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado, Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos de la Fiscalía General del Estado, Fiscal Investigador del Ministerio Público del Fuero Común en turno de la Fiscalía General del Estado, Director de la Policía Estatal de Investigación del Estado, como ordenadoras, Secretario de Seguridad Pública del Estado, Director de la Policía Municipal de Mérida, Comandante Omar Herrera Elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscal Investigador y de Atención Temprana Roger Palomo de la Portilla, Responsable del Departamento de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, como ejecutoras, todos con sede en esta ciudad. Se desechó la ampliación de la demanda, en cuanto al nuevo acto reclamado por los quejosos, y se decretó de oficio la suspensión de plano, para el efecto de que cesaran de inmediato las amenazas de muerte o cualquier otro acto que pusiera en peligro la vida de los directos quejosos. QUINTO. Incidente de violación a la suspensión de plano. Por escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el treinta de julio de dos mil veintiuno, el quejoso Erik Manuel Manzanilla Gómez, denunció la violación a la suspensión de plano que se le concedió en proveídos de once, catorce y veintiuno de julio del año en curso. SEXTO. Trámite del Incidente de violación a la suspensión de plano. En proveído de treinta de julio de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, se admitió a trámite la denuncia de violación a la suspensión de plano de los actos reclamados efectuada por la parte quejosa; en el mismo proveído se requirió a las responsables que rindieran sus respectivos informes sobre los hechos denunciados y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia relativa, la que se celebró al tenor del acta que antecede. SÉPTIMO. Informes respecto de la suspensión de plano. Por acuerdos de cuatro y seis de agosto del año en curso, se agregaron los informes de las autoridades responsables; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de denuncia de violación a la suspensión de plano planteado, de conformidad con lo establecido en los artículos 158, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Efectos de la suspensión de plano. Previo al estudio del presente incidente de violación a la suspensión de plano, resulta pertinente transcribir los efectos para los que se concedió la referida suspensión a los quejosos Erik Manuel Manzanilla Gómez, Manuel Jesús Manzanilla Gómez y Edgar Manuel Manzanilla Sabido o Edghar Manuel Manzanilla Sabido, por acuerdos de once, catorce y veintiuno de julio de dos mil veintiuno, mismos que son del tenor literal siguiente: La de once de julio de dos mil veintiuno: "... con fundamento en los artículos 20 y 126 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, se decreta de oficio la SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen de inmediato incomunicación, malos tratos y tortura a los directos quejosos. 5. Así como para que también cese la privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ilegal) y sean puestos en libertad de manera inmediata, si no fuere el caso, de haber sido detenidos con motivo de la comisión de un hecho delictuoso, y estar sujetos a un procedimiento, pues de ser así, el efecto de la suspensión, será para que sean puestos a disposición, sin demora, ante el Ministerio Público que corresponda; en el entendido de que las autoridades responsables señaladas en la demanda deben acatar la suspensión otorgada." Y las de catorce y veintiuno de julio de dos mil veintiuno: ".Atendiendo a la naturaleza urgente del acto, a fin de no dejar en estado de indefensión a los quejosos, con fundamento en los artículos 20 y 126 de la Ley reglamentaria del juicio constitucional, se decreta de oficio la SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen de inmediato las amenazas de muerte o cualquier otro acto que ponga en peligro la vida de los directos quejosos." TERCERO. Argumentos relativos a la denuncia de la violación a la suspensión. La parte quejosa, en el escrito de denuncia de violación a la suspensión de plano, de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, expuso que las autoridades responsables habían realizado en su contra actos consistentes en amenazas de muerte, mismas que hizo consistir esencialmente en lo siguiente: "Se acusa nuevamente violencia institucional, violación al artículo 22 constitucional y violación al artículo 261, 262 de la Ley de Amparo, respecto de la orden dada por esta autoridad judicial federal dentro del juicio de amparo en acuerdos de fechas ya señaladas, que nos atañe, contra quienes dirigen la Secretaria de Seguridad Pública y todos los elementos a su mando, respecto de los hechos ocurridos el día veintitrés de julio de dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las doce horas pasado meridiano, cuando sujetos vestidos de civiles, en vehículos en apariencia particulares conjuntamente apoyados de personas que viajaban en taxis de color blanco con amarillo, todos fuertemente armados, interceptan el vehículo Honda Pilot, de color café donde transitaba mi esposa Gabriela Guadalupe Sabido Rosado y mi hija menor de edad E.G.M.S., esto es en estacionamiento del complejo deportivo la inalámbrica, bajándolas del vehículo donde transitaban, con violencia extrema, sujetando del cabello a mi hija menor de edad legal, para luego arrastrarla por el pavimento caliente por la luz del sol, golpeándolas, quitándoles sus teléfonos móviles, esposándolas a ambas bajo amenazas, privándolas de su libertad, es decir secuestrándolas y abordándolas violentamente en el interior del vehículo de color blanco con placas ZCJ-077, conducido por una persona del sexo masculino, de complexión gruesa, tez morena, de 1.60 m de estatura, de aproximadamente cincuenta años de edad, semicalvo, barrigón en compañía de una fémina de complexión media, de aproximadamente treinta y cinco años de edad, morena, de cabello largo con una coleta, con lentes de sol, pantalón de mezclilla y playera y/o camisa de color blanco." CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos consistentes en las amenazas de muerte, atribuidos a las autoridades responsables, toda vez que así lo manifestaron el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos, por sí y en representación del Fiscal General del Estado (registrados con los números de promoción 12412 y 12404, respectivamente) Director de Investigación y Atención Temprana (registrado con el número de promoción 12399) Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado (registrado con el número de promoción 12401) Director General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado (registrado con el número de promoción 12402) Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en representación del Secretario de Seguridad Pública (registrado con el número de promoción 12344) Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación (registrado con el número de promoción 12234), Encargado del Sector Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública (registrado con el número de promoción 12347) y Director de la Policía Municipal de Mérida (registrado con el número de promoción 12264), en sus correspondientes informes. QUINTO. Resulta infundada la denuncia de violación a la suspensión de plano hecha valer por la parte quejosa, por las consideraciones que a continuación se exponen. De la lectura íntegra del escrito de denuncia formulado, se desprende que los hechos en que el quejoso se basa, fueron los ocurridos el día veintitrés de julio de dos mil veintiuno, aproximadamente a las doce horas pasado meridiano, a la altura del estacionamiento del complejo deportivo la inalámbrica, al relatar que diversos sujetos vestidos de civiles, y fuertemente armados, que iban a bordo de vehículos al parecer particulares, junto con otras personas que transitaban en taxis de color blanco con amarillo, interceptaron el vehículo donde transitaba su esposa Gabriela Guadalupe Sabido Rosado y su hija menor de edad E.G.M.S., a quienes las bajaron con violencia extrema y fueron motivo de agresiones y malos tratos. Es decir, los hechos relatados revelan situaciones que dice le ocurrieron a Gabriela Guadalupe Sabido Rosado y a la menor de edad E.G.M.S., esto es, esposa e hija del quejoso Erik Manuel Manzanilla Gómez; y no así a los directos quejosos en este asunto, Erik Manuel Manzanilla Gómez, Manuel Jesús Manzanilla Gómez y Edgar Manuel Manzanilla Sabido o Edghar Manuel Manzanilla Sabido. Luego, si la suspensión de plano decretada en acuerdos de once, catorce y veintiuno de julio de dos mil veintiuno, respecto de las amenazas de muerte o cualquier otro acto que pusiera en peligro la vida, fue concedida únicamente a favor de los direcros quejosos Erik Manuel Manzanilla Gómez, Manuel Jesús Manzanilla Gómez y Edgar Manuel Manzanilla Sabido o Edghar Manuel Manzanilla Sabido, ello significa en atención a los principios de rigen el juicio constitucional, relativos al principio de instancia de parte agraviada y de relatividad de las sentencia de amparo; que al sólo haber accionado ellos la protección de la Justicia Federal, lo actuado en el juicio sólo les beneficia o perjudica directamente a ellos y no a sus familiares o demás personas ajenas al mismo. De manera que si de lo relatado por el quejoso no se advierta que las autoridades responsables, respecto de los promoventes del juicio hayan desacatado los términos en que se otorgó dicha medida, al negar categóricamente el haberla incumplido y no existir prueba en contrario que demuestre que no fue así. Es inconcuso que debe declararse infundada la denuncia de violación a la suspensión de plano decretada por este juzgado, pues al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas. Así las cosas, al constar en autos que con la actuación de las autoridades responsables no se vulneró la suspensión de plano otorgada por este órgano de control constitucional, procede declarar infundado el presente incidente de violación y/o incumplimiento a la suspensión planteado por la parte quejosa; siendo innecesario el análisis de las pruebas ofrecidas, dado que se encuentran encaminadas a demostrar hechos diversos por los que se concedió la suspensión de plano a los aquí quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 3016, del Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2012710, que señala: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE PROCEDA DE PLANO, NO JUSTIFICA QUE SUS EFECTOS DESCONOZCAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO O SE SIGAN EN PERJUICIO DEL INTERÉS SOCIAL. Si bien basta que en el juicio de amparo los actos reclamados recaigan en alguno de los supuestos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o del diverso 126 de la Ley de Amparo, para que, sin mediar trámite alguno, se determine oficiosamente la procedencia de la suspensión, lo cierto es que la condición de que dicha medida no debe concederse en perjuicio del interés social ni en contravención a disposiciones de orden público, no puede ser desconocida por los juzgadores de amparo al fijar sus efectos. Lo anterior, toda vez que ese aspecto constituye uno de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la misma ley, que debe verificarse cuando la medida sea solicitada por la parte interesada, por lo que el hecho de que proceda de plano no justifica que se desconozcan esos supuestos y conlleve efectos adversos para la colectividad, o que sirva de salvoconducto para que las autoridades dejen de observar la normatividad que rija el desempeño de sus actividades, o bien, se autorice la ejecución de medidas que pongan en riesgo de afectación a otras prerrogativas de los propios quejosos o de diversas personas que puedan verse directa o indirectamente afectadas. Sostener lo contrario, conllevaría desnaturalizar el propósito de la medida cautelar y convalidar que, por el solo hecho de proceder la suspensión de oficio, pudiera ser empleada como medio para justificar conductas irregulares o perjudiciales para la sociedad." Así como la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia(s) Común, Tesis III.2o.A. J/11 (9a.), en la página 2299, que señala: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SU DESACATO O VIOLACIÓN DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE EN EL INCIDENTE RESPECTIVO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. Al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas." Así mismo, no resulta procedente dar vista al Ministerio Público Federal con lo actuado a fin de que se investigue, pues de los documentos aportados por el propio promovente, se advierte que ya se levantaron las denuncias respectivas ante las autoridades correspondientes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 206, 207 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADA la denuncia de violación y/o incumplimiento a la suspensión de plano promovida por el quejoso Erik Manuel Manzanilla Gómez; por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
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