David Alejandro Leonides Hernández
Expediente 316/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- David Alejandro Leonides Hernández
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Juicio 316/2022 folio 3028. nueve de marzo de dos mil veintidós. Agréguese la demanda de amparo promovida por ***, misma que acredita con la copia certificada del acta de nacimiento 11964136 expedida por el Oficial del Registro Civil de Comalcalco, Tabasco, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco, Tabasco. Aspectos Generales Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 316/2022. Genérese el expediente electrónico e impreso. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Precisión del acto reclamado. Al analizar la demanda de amparo presentada por David Alejandro Leónides Hernández, por propio derecho y en representación del menor de identidad reservada identificado con las iniciales S.L.B., en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que el acto reclamado consiste en El punto octavo del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1408 2021 por el Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco, Tabasco, en el que negó la medida provisional consistente en una pensión alimenticia a favor del menor de identidad reservada identificado con las iniciales S.L.B., a cargo de la actora Martha Alicia Betancourt Carrera. Desechamiento de demanda. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa es parte formal y material en el juicio de origen, por lo que estaba obligada a agotar el principio de definitividad. A lo que el artículo citado dispone Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,31 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Dicho principio procesal del juicio de amparo, deriva del contenido de la fracción III del artículo 107 Constitucional, mismo que textualmente dispone*** El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia del juicio de derechos fundamentales. Lo anterior obedece a que el juicio de amparo es, de suyo, un medio de defensa extraordinario, de tal manera que los recursos ordinarios se constituyen en una especie de filtro, cuyo objetivo es impedir el abuso del juicio de amparo, ya que a través de la sustanciación de los recursos o medios de impugnación ordinarios pueden darse por terminados conflictos o litigios que, dada su naturaleza, no tienen razón de ser del conocimiento de los tribunales federales de amparo. Para que se actualice la causal de improcedencia aludida, es necesario que concurran los requisitos siguientes: a Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Excepciones c Que la parte quejosa no sea una persona extraña a juicio de origen. d Que no se trate de actos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. e Que no se trate de un acto reclamado consistente en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación, resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca requisitos para su disfrute. En el caso a estudio, se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas que anteceden, para que se actualice la causa de improcedencia que se invoca. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos - que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- se surte en la especie, toda vez que el acto de reclamo deviene del juicio ordinario civil de preferencia de guardia y custodia 1408 2021 de la estadística del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco, Tabasco. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que contra el acto reclamado precisado, consistente en el auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario civil de preferencia de guardia y custodia 1408 2021 de la estadística del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco, Tabasco, procede el recurso de reconsideración.*** En efecto, los normativos transcritos establecen los medios ordinarios de defensa que tienen las partes en el procedimiento, tales como el recurso de reconsideración, apelación y queja; que sólo quienes sean parte en el procedimiento y a quienes perjudique la resolución judicial (ya sea a las partes en sentido formal y material o terceros que surjan en el proceso) están legitimados para impugnar las resoluciones jurisdiccionales dictadas en el mismo; asimismo, establece contra qué determinaciones procede el recurso de reconsideración, entre las que se encuentran los autos y decretos que no fueren apelables. Ahora, para determinar qué resoluciones son apelables y por exclusión cuáles son reconsiderables, el artículo 352 del código adjetivo en cita, establece que las resoluciones apelables son las sentencias dictadas en toda clase de juicios, excepto aquéllas que la ley declare expresamente que no son apelables; los autos que expresamente disponga dicha codificación y las resoluciones que dicten los jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 185. En tal virtud, del análisis de dichos preceptos normativos, y tomando en cuenta que el acto reclamado en esta vía constitucional no se ubica en ninguno de los supuestos que establece el artículo 352 citado, como de aquellas resoluciones apelables, por exclusión se concluye que el recurso que procede en contra del mismo es el de reconsideración. Se arriba a esta conclusión ya que el auto combatido en este juicio biinstancial, conforme a la legislación aplicable al caso, admite un recurso ordinario, lo que implica desde luego que para combatirlo no puede acudirse directamente al juicio constitucional, sin antes agotar tal proceso de composición. Ello es así, pues el aludido auto no se ubica en el catálogo de las resoluciones impugnables a través del recurso de apelación; por ende, por exclusión dicho auto puede ser revocado o modificado a través del medio de defensa ordinario previsto en el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, esto es, el recurso de reconsideración. De tal forma que la inconformidad de la parte quejosa con dicha determinación pudo hacerla valer de manera inmediata mediante el medio ordinario de defensa, a través del cual tratara de obtener la modificación del auto que tilda de inconstitucional. Ahora, de la interpretación que se realiza del artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa, se arriba a la conclusión que el recurso de reconsideración en el juicio natural satisface los requisitos, para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular el acuerdo emitido dentro del juicio natural, generador del acto reclamado; entonces, si el promovente del presente sumario es la parte demandada en el juicio de origen está constreñido u obligado a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad responsable; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia responsable mediante la tramitación del recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por tanto, contra el acuerdo reclamado por el impetrante es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra del mismo tendrá que agotar el recurso establecido en el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco.*** Por otra parte, respecto a la excepción apuntada en el inciso c, que el peticionario de amparo tenga el carácter de tercero extraño, esta no se actualiza porque la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño; pues, del análisis de la narrativa hecha bajo protesta de decir verdad, se advierte que es una parte formal dentro del procedimiento de origen debido a que es la parte demandada, por tanto, su acción de amparo se encuentra condicionada al previo agotamiento del recurso ordinario procedente. Aunado a lo anterior, en el particular tampoco se actualizan las salvedades señaladas en los incisos d y e, tomando en consideración que el acto reclamado deriva de una controversia del orden familiar.*** De ahí que se pueda concluir que si la parte quejosa no interpuso el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual se puedan revocar el acto que se reclama previo a acudir al presente juicio, no obstante su vinculación al juicio de origen, es palmario que no se cumplió con el principio de definitividad; por lo que es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. No se inadvierte que la demanda que nos ocupa es promovida por David Alejandro Leónides Hernández, por propio derecho y en representación del menor de identidad reservada identificado con las iniciales S.L.B., y que el acto que reclama se hace consistir en la negativa de otorgarle una medida provisional consistente en una pensión alimenticia a favor del menor a cargo de su progenitora Martha Alicia Betancourt Carrera, por lo que pudiera considerarse que en el caso el acto pudiera afectar los intereses del menor al recibir los alimentos. No obstante este Juzgador considera que el menor no se encuentra en una situación de riesgo por no recibir de manera momentánea una pensión alimenticia por parte de su progenitora. Esto es así, ya que de la lectura de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que quien promovió el juicio ordinario civil de preferencia de guarda y custodia de donde deriva el acto reclamado, fue la progenitora (Martha Alicia Betancourt Carrera), del menor de identidad reservada identificado con las iniciales S.L.B., en contra del quejoso David Alejandro Leónides Hernández, quien al contestar la demanda, señaló que el menor vivía con él, y que le proporcionaba todo lo necesario para su subsistencia al gozar de una estabilidad laboral según se desprende de lo que transcribió respecto al acto combatido. Asimismo, solicitó al Juez responsable decretara una pensión alimenticia a favor del menor aludido a cargo de la actora. De ahí que se considere que, en el caso no se actualiza una excepción al principio de definitividad, pues no se encuentran en peligro las necesidades alimentarias del menor de identidad reservada identificado con las iniciales S.L.B., al no decretarse de manera provisional la pensión alimenticia con cargo a su progenitora, ya que de momento se encuentran cubiertos por el propio quejoso David Alejandro Leónides Hernández; y por tanto, la parte quejosa debió interponer el medio ordinario contra el acto reclamado, antes de promover el juicio de amparo.*** Por tanto, se sostiene que se actualiza de modo manifiesto e indudable la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de dicho ordenamiento, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO presentada por David Alejandro Leónides Hernández, por propio derecho y en representación del menor de identidad reservada identificado con las iniciales S.L.B. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, al resolver en sesión de ocho de febrero de dos mil veintiuno, el recurso de queja civil 108 2020 de su índice. Domicilio del quejoso y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Almeida Acosta. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José de Jesús Villalpando Padrón, en razón a que por el momento no hay constancia que lo acredite como licenciado en derecho y no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente*** Se expone lo anterior, a efecto de que consideren una vez realizado dicho trámite proporcionen a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarles la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5 del citado Acuerdo General 21 2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico salvador.olivar.diaz@correo.cjf.gob.mx.***
- Principal
Juicio 1319/2019 folio 3337. quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio suscrito por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, por sí y en representación del Director General y del Director de Prestaciones Socioeconómicas de dicho instituto, mediante el cual solicita una prórroga para poder probar sus pretensiones respecto al monto de las cantidades que se deben pagar a la aquí quejosa en acatamiento al fallo protector, lo anterior, debido a la complejidad que requiere los trámites internos y administrativos para recopilar la información y documentación que le permitan ofrecer sus respectivas probanzas en el incidente innominado tramitado en el presente sumario; sin que sea necesario realizar algún pronunciamiento al respecto, toda vez que el mismo ya obran en autos y en proveído once de marzo del año en curso, se acordó lo conducente. Notifíquese.
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