David Alejandro Esparza Pérez
Expediente 567/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2021
Partes del expediente
- David Alejandro Esparza Pérez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Firme desechamiento. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo promovida por (1) *******; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Documentos originales. No hay para su devolución. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Rafael Antonio Quiñonez Olivares 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.73.24 15/03/24 16:54:21 Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firman electrónicamente Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa a efecto de que, dentro de término de cinco días, como lo establece el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito aclarara su demanda en el sentido de precisar si reclama la inconstitucionalidad del artículo 20, fracción XXXVI, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, Baja California; lo anterior, toda vez que en su segundo concepto de violación, textualmente señaló lo siguiente: "SEGUNDO: VIOLACION AL PRINCIPIO DE CERTEZA JURIDICA: resulta que el numeral 20 FRACCIÓN XXXVI del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, de Mexicali, que a la letra cita [.] Y que dicen violente, es inconstitucional.". Auto que le fue notificado a la parte quejosa el tres de junio del año en curso, sin que hasta el momento haya hecho manifestación alguna al respecto. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por 1) David Alejandro Esparza Pérez, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 567/2021. Improcedencia. En principio, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto antes transcrito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." En ese contexto cabe puntualizar que del escrito de demanda, se advierte que el quejoso, señala como actos reclamados: ( El acuerdo de inicio de procedimiento de remoción de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, con número de expediente CHJ/PR/201/2020 el cual refiere la parte promovente le fue notificado el veinticuatro de mayo de dos mil veinte (sic). De lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha Ley. En términos generales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción II, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre atenderse al principio de definitividad. Conforme a lo transcrito, para que se actualice la causal de improcedencia invocada debe de concurrir lo siguiente: a) Se trate de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Dichos actos u omisiones deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Se prevea la suspensión de los efectos de dichos actos con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61, fracción XX, de la Ley de Amparo), en virtud de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, ya que antes de acudir al juicio de amparo debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, a través del cual es posible que se obtenga la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. En el caso en estudio, se prevé que se debe agotar el principio de definitividad, exceptuando los casos en los que en la ley ordinaria, además cuando se exijan mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, cuando se establezca un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Excepción ésta última que no opera en el caso particular, ya que en la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, que se reformó en el decreto número 218, mediante el cual se aprobó la reforma a los artículos 49, 90, 91 y 94, de la citada ley, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California, el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, entrando en vigor al días siguiente de su publicación, no establece un plazo mayor que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo que se constata al imponerse del contenido de los artículos 49 y 56 de la citada Ley local vigente, que respecto a la admisión de la demanda y solicitud de suspensión provisional, disponen: "Artículo 49. La demanda se admitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes al de su presentación. En el mismo auto se aceptará o rechazará la intervención del tercero y se señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la admisión de la demanda. (.) Artículo 56. La suspensión provisional de los actos impugnados deberá resolverse por el Magistrado de la Sala en el mismo auto en que se admita la demanda, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede." Como se aprecia de los numerales transcritos, la demanda de nulidad debe admitirse dentro de veinticuatro horas siguientes al de su presentación y sobre la suspensión provisional de los actos impugnados debe resolverse en el mismo auto en que se admita la demanda, por lo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado cuenta con plazo de veinticuatro horas para acordar la solicitud de suspensión. Por su parte, el artículo 112 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." De la transcripción anterior se advierte que sobre la admisión de la demanda de amparo debe proveerse dentro del plazo de veinticuatro horas desde su presentación y en igual término la autoridad responsable debe decidir sobre la suspensión del acto reclamado. Por tanto, es indiscutible que en dicho aspecto la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, establece un plazo igual que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que se actualiza una condición necesaria para que opere el motivo de improcedencia previsto en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo; luego, la parte quejosa se encontraba obligada a promover el medio ordinario de impugnación (juicio de nulidad) previo al juicio de amparo. Al caso, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 933 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXI (junio de 2013), tomo 1, Décima Época, con rubro y contenido siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo relativa. Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil novecientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, que con rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria improcedencia debe desprenderse de la propia demanda de amparo." Por último, no pasa inadvertido para quien resuelve, que el quejoso refiere que fue notificado de la resolución que señala como acto reclamado el veinticuatro de mayo de dos mil veinte (sic), pero de igual forma señala que ésta resolución es de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinte, por lo que resulta incongruente que la notificación haya sido anterior a la fecha de la emisión de la resolución, por ello es posible considerarlo como un error de escritura; ahora bien, suponiendo que la fecha de notificación que refiere el quejoso en la demanda de amparo sea correcta, estaríamos ante la presentación extemporánea de la demanda de amparo, por lo cual también sería inadmisible. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firman electrónicamente Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se ha dado cumplimiento en forma total al fallo protector. Requerimiento para que se cumpla en forma total el fallo protector. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio; lo que deberá cumplirse dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, para efecto de lo cual, deberán remitirse de inmediato las constancias con las que se acredite lo anterior. Se harán efectivos apercibimientos. En la inteligencia de que, de no cumplir con lo requerido, se harán efectivos cada uno de los apercibimientos decretados en autos, para el caso de que no se cumpla en sus términos con la ejecutoria de amparo. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.
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