David Alejandro Ceron Ku

Expediente 636/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
636/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • David Alejandro Ceron Ku

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII.- CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de veinte de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja a que se refiere el artículo 97 fracción I, inciso a); en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicho auto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplido el plazo al que se refiere el citado numeral, al ser un juicio de amparo que se desechó la demanda de garantías en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". DOCUMENTOS. Sin que sea dable acodar respecto del documento que exhibió en su demanda de amparo, en virtud de que ya fue solicitada su devolución por el impetrante de amparo, solicitud que fue acordada favorablemente en acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VIII.- Visto la cuenta que antecede, se ACUERDA: glósese a los presentes autos, el escrito del quejoso ********************, y en atención a su contenido, no existiendo impedimento legal alguno, proceda el Secretario a devolver el documento que solicita, previa copia certificada que se deje en autos de la boleta de infracción exhibida en los presentes autos, y entréguese por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos. De igual manera, se le informa que la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringida; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA VIII.- Vista la demanda de amparo promovida por . y dado que se advierte la actualización de una causal de improcedencia, SE DESECHA TAL DEMANDA. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo indirecto promovida por el quejoso en contra del acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo indirecto de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. Se dice lo anterior, pues como se advierte de la lectura integral de la demanda, el acto reclamado consiste en la boleta de infracción con número de folio 675759 expedida por un agente de la Secretaría de Seguridad Pública con fecha nueve de abril del año en curso, en la que se impuso multa al quejoso y se ordenó la retención de la placa delantera de su vehículo. A consideración del suscrito, en el caso en particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expresan: El invocado ordinal establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en sus artículos 2 y 4 establecen lo siguiente: "Artículo 2. Objeto del tribunal El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán es un organismo constitucional autónomo, máxima autoridad en materia contencioso administrativa, fiscal y de responsabilidades administrativas, dotado de plena jurisdicción, autonomía e independencia para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, que tiene por objeto conocer, resolver y dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública centralizada y paraestatal del estado y sus municipios, y los particulares; así como respecto de las faltas administrativas graves que correspondan a los servidores públicos y a particulares relacionados con hechos de corrupción que constituyan faltas administrativas graves, en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas." "Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: I.- Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública y los particulares. II.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. III.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos de naturaleza fiscal que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado y de los municipios. IV.- Los juicios contra resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales del Poder Ejecutivo del estado y de los municipios en los recursos ordinarios establecidos por las leyes y reglamentos respectivos. V.- Los juicios de impugnación contra las resoluciones de responsabilidad por faltas administrativas no graves sancionadoras dirigidas a servidores públicos del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos constitucionales autónomos, en los términos de la ley en la materia. VI.- Los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la ley fija. VII.- El recurso de reclamación, en términos de su reglamento interior, en contra de los autos de admisión o desechamiento de la demanda ante el tribunal o de su ampliación y del auto que admita o deseche la contestación o su ampliación, así como del que admita o rechace pruebas. VIII.- Los juicios que promueva la Administración Pública estatal o municipal, o sus autoridades, para que sean modificadas las resoluciones administrativas o fiscales favorables a un particular, provenientes de autoridades diferentes a este tribunal, en términos del reglamento respectivo. IX.- La imposición, en los términos que disponga la ley, de las sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas graves, con excepción de los servidores públicos del Poder Judicial, y a los particulares que participen en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales. X.- El recurso de apelación, revisión y reclamación, y demás medios de inconformidad de su competencia, de los que conocerá en términos de la normativa que los establece, en los de esta ley y el reglamento interior del tribunal. XI.- Los medios de impugnación que establezca la ley que organiza y reglamenta el funcionamiento de los ayuntamientos, en caso de que los municipios no cuenten con tribunales de lo contencioso administrativo propios en términos del artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. XII.- La impugnación de multas derivadas de procesos de ejecución de medidas de apremio según lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. XIII.- La impugnación de las resoluciones, en términos del artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. XIV.- Las suspensiones del acto impugnado, por cuerda separada a cargo del magistrado presidente, en términos de esta ley, de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán y demás normativa aplicable. XV.- El incumplimiento de las sentencias del tribunal, conforme a lo que establezca el reglamento interior y demás normativa aplicable. XVI.- Los juicios que se promuevan contra los decretos y acuerdos de carácter general a nivel local, dictados por la Administración Pública, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. XVII.- Los demás juicios o procedimientos que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas impuestas con base en la normativa en materia de responsabilidades de servidores públicos, así como aquellas que las leyes consideren como competencia del tribunal. Las sentencias del tribunal serán definitivas e inatacables a excepción de aquellas sobre las que sea procedente el recurso de apelación o de revisión en términos de los artículos 216 y 221 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en todo caso deberán acatarse en sus propios términos y contarán con fuerza ejecutiva para lograr su cumplimiento. Para efectos de resolución de los recursos de revisión y apelación previstos en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas, el pleno del tribunal se integrará con los magistrados titulares, con excepción de aquel que haya fungido como magistrado ponente, quien será suplido, en términos del artículo 29 de esta ley. Esta instancia constituye un (sic) nueva oportunidad de reflexión, análisis y valoración para los magistrados del tribunal, por lo que, para garantizar que sea un medio de defensa eficaz y el acceso a un recurso efectivo, gozarán de absoluta libertad para emitir sus opiniones personales y votos particulares o razonados sin que por ello puedan ser reconvenidos o incurran en responsabilidad." Asimismo, los artículos 1°, 16, 23, 24, 25, 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, establecen: "ARTÍCULO 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Para los efectos de esta ley se entenderá por Tribunal al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y por Magistrado al Magistrado que se encuentre en función de ponente para la sustanciación de cada asunto en concreto." "ARTÍCULO 16. El Tribunal admitirá la demanda tan luego le sea presentada, desechándola en los casos siguientes: I.- Si encontrare motivo manifiesto o indudable de improcedencia. II.- Siendo oscura o irregular, cuando habiendo prevenido al actor para subsanarla, no lo hiciere en el plazo de cinco días. Contra los actos de desechamiento a que se refiere este artículo, procede el recurso de reclamación." "ARTÍCULO 23. La suspensión de los actos impugnados, deberá acordarse por el Magistrado en el mismo auto en que admita la demanda haciéndolo saber, sin demora, a la autoridad demandada, para su cumplimiento." "ARTÍCULO 24. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncie sentencia. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social o si se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, o bien cuando a juicio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y, entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, el Tribunal podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros. La suspensión estará vigente durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo; no obstante podrá ser revocada por el Tribunal, en cualquier momento del juicio, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." "ARTÍCULO 25. Cuando a juicio del Magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el Magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe." "ARTÍCULO 26. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el Magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía." Ahora bien, de la recta interpretación de los preceptos invocados en párrafos precedentes, del acto reclamado y antecedentes del mismo, se colige que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio contencioso administrativo respecto de actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades pertenecientes al Poder Ejecutivo del Estado. Así también, es pertinente indicar que por acto administrativo debe entenderse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado o del Municipio en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad; es decir, crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general. Conforme a las precisiones anteriores, la suscrita estima que la presente demanda de amparo es improcedente, porque cuando la ley concede a las partes, recursos o medios de defensa legal, como en el presente caso, a fin de que el acto administrativo dictado, ordenado, ejecutado o que se trate de ejecutar por las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, en agravio de personas físicas o morales, se modifique, revoque o nulifique, antes de acudir al juicio de amparo, se deben agotar tales recursos o medios de defensa legal. Lo anterior es así, en virtud de que en contra del acto reclamado por el quejoso, procede un medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual lo constituye el juicio contencioso administrativo que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, al ser la autoridad que lo emitió (Secretaria de Seguridad Pública), una autoridad perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. Además debe señalarse que el medio ordinario de defensa antes referido exige los mismos requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo señala en sus artículos 128, 129, 132 y 135, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 16, 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, procede la suspensión del acto, la que se acordará de manera inmediata a la presentación del escrito de demanda, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, requisitos que son los que también establecen los cuatro preceptos citados de la Ley de Amparo. En estas condiciones, es claro que la suspensión de los actos que reclama el quejoso, de convenir a sus intereses, la puede solicitar al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Por tanto, al ser el acto reclamado por la parte quejosa, un acto administrativo que se emitió y pretende ejecutar en agravio del promovente, el cual debe impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo, antes de acudir a este juicio de amparo, para lograr su modificación, revocación o nulidad, cuya ejecución puede suspenderse, sin que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo; hace que la presente demanda de amparo sea improcedente, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó tal medio de defensa legal, antes de instar el presente juicio de amparo, es decir, no agotó el principio de definitividad. Máxime que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción a que alude la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues de la copia del acto reclamado exhibida por el quejoso se advierte que éste no carece de fundamentación, pues en el mismo se citan diversos artículos de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán y de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán. Tampoco aparece de la lectura integral de la demanda que el quejoso solamente haya alegado violaciones directas a la Constitución; y mucho menos se demostró que el juicio contencioso administrativo al que se ha hecho referencia se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, relacionados con los artículos 112 y 113 de la propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de mérito. Fórmese expediente, tanto físico como electrónico (el cual deberá integrarse conforme a lo estipulado en el acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal); regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de mérito y como sus autorizados a Guadalupe del Jesús Turriza Gamboa y Rafael Atocha Ávila Escalante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe señalar que la autorización para imponerse de autos, implica la posibilidad de realizarlo mediante la utilización de medios electrónicos. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Hágase saber a las partes que pueden oponerse a la publicación de sus datos y que, mientras esto no acontezca, este órgano jurisdiccional, en aras de una protección a su intimidad, determina suprimirlos de las versiones públicas de las resoluciones que se dicten en este asunto. Finalmente, al tomar en consideración de las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19), se exhorta a las partes: 1. A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. A que en su primera comparecencia en este juicio, proporcionen los datos que consideren necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las pates y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. 3. A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA II.- Agréguese únicamente para que obre en estos autos el cuadernillo formado con motivo del oficio signado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana; el cual fue presentado el diez de marzo de dos mil veinte a las trece horas con cincuenta y cuatro minutos, esto es, con posterioridad a la audiencia constitucional celebrada el tres de marzo de dos mil veinte, a las once horas con diez minutos; toda vez que el veintinueve de mayo de dos mil veinte se firmó la sentencia definitiva en el presente asunto y en proveído de dos de febrero del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto. NOTIFÍQUESE.

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