David Alejandro Ceniceros Maya
Expediente 460/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- David Alejandro Ceniceros Maya
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
promovente: Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de junio de dos mil veintidós. Se tiene al Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Capital, remitiendo la demanda de amparo y anexos, promovida por David Alejandro Ceniceros Maya, en contra de actos del Defensora de los Derechos Universitarios, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua y Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con sede en esta ciudad. De tal manera, toda vez que los actos que se reclaman pueden tener ejecución en el lugar en que este juzgado ejerce jurisdicción, se acepta la competencia planteada. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, informándose a la autoridad declinante el sentido de la presente determinación. Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 460/2022-II. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se arriba a considerar que es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Al respecto, es oportuno citar los artículos 62 y 113 ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos numerales se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso David Alejandro Ceniceros Maya, reclama la resolución de cinco de abril de dos mil veintidós, dentro del expediente R-0-15-2021, dictada por la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, mediante la cual recomienda la destitución inmediata del quejoso en su labor de docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahora, previo al estudio de fondo del asunto, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinan las causas de improcedencia, ya sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, al ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Así, el término improcedencia, significa falta de oportunidad, de fundamento, de derecho; desde el punto de vista técnico-procesal, es un impedimento para que la acción de amparo alcance su objetivo; pues ésta consiste en un derecho procesal que tiene por objeto que los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, seguidos los trámites establecidos en el amparo directo e indirecto, decidan sobre la pretensión litigiosa, es decir, la declaración de inconstitucional del acto reclamado y como consecuencia, la restitución en el goce del derecho fundamental violado en perjuicio del gobernado. Por tanto, si se otorga la protección constitucional, en la sentencia respectiva se ordenará que el acto reclamado quede insubsistente y se restituya al quejoso en el goce del derecho fundamental trasgredido o se lleve a cabo conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en las leyes secundarias; sin embargo, de existir una causa de improcedencia, el proceso concluye sin dirimir la controversia de fondo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la improcedencia como la institución jurídico-procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión litigiosa planteada. En ese tenor, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia, razón por la cual su análisis amerita un estudio preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, dependiendo del momento procesal en que se actualice. Por consiguiente, este Órgano Jurisdiccional considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que, la resolución reclamada fue sustituida procesalmente por la resolución emitida el trece de mayo de dos mil veintidós, en razón de que el aquí quejoso interpuso recurso de inconformidad ante la autoridad señalada como responsable, en contra de la resolución emitida el cinco de abril del año en cuatro, por la cual solicita la protección constitucional. Ciertamente el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El precepto legal trascrito establece la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos; hipótesis que se actualiza principalmente en dos supuestos: Cuando el acto reclamado sea destruido de manera total e indubitable mediante diversa actuación efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener por efecto que la primera no surta efecto legal alguno, en la esfera jurídica de la parte quejosa, como si el acto primigenio no hubiese existido; y, En el caso de que el acto reclamado es sustituido procesalmente mediante diversa actuación, también posterior, emitida por la autoridad responsable o la que la sustituya en el conocimiento del procedimiento, aun cuando los efectos del acto primigenio no sean destruidos. Por ejemplo, cuando la subsecuente determinación no establece expresamente que el anterior deje de tener efectos, es decir, no se tiene que revocar o nulificar el acto primigenio para estimar que el mismo dejó de surtir efectos, así como tampoco destruirse de un modo total, precisamente, en los casos en que simplemente es sustituido procesalmente por otro. Por lo cual, siempre será el caso de que el nuevo acto que sustituya al primigenio, es el que debe ser reclamado a través de los medios de impugnación, ordinarios u extraordinarios, de los cuales se pudiese valer el inconforme, no así la primera determinación que ha cesado en sus efectos. Así, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso David Alejandro Ceniceros Maya, reclama la resolución de cinco de abril de dos mil veintidós, dentro del expediente R-0-15-2021, dictada por la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, mediante la cual recomienda la destitución inmediata del quejoso en su labor de docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sin embargo, el propio quejoso interpuso recurso de inconformidad contra dicha resolución; medio de impugnación que fue resuelto el trece de mayo de dos mil veintidós. En contra de la resolución de trece de mayo de dos mil veintidós promovió juicio de amparo indirecto, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado de Distrito bajo el expediente 403/2022-VII, el cual fue admitido y se cita como hecho notorio. Es decir, el acto reclamado en este asunto fue sustituido procesalmente cuando se resolvió el recurso de inconformidad que el propio quejoso interpuso, habiéndose resuelto el diez de mayo de dos mil veintidós, contra el cual se inconformó en amparo indirecto, ante este propio Juzgado, quedando suplantada la determinación de cinco de abril del año en curso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que se resuelve a través del recurso idóneo respectivo (inconformidad), deja de tener efectos legales propios, por lo que, de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es oportuno citar la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 83, noviembre de 1994 VII, Novena Época, que indica: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable al caso la tesis 2o.P.4 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de 2017, Tomo IV, registro digital 2013461, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." En tal virtud y en razón de la resolución reclamada, fue sustituida procesalmente cuando se resolvió la inconformidad interpuesta por el propio quejoso, el diez de mayo de dos mil veintidós, además, contra la cual interpuso juicio de amparo indirecto 403/2022-VII ante este propio órgano de control constitucional. En esa tesitura, resulta evidente que el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa contra una resolución suplantada por otra, resulta improcedente. En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, al actualizarse en el presente caso la invocada causal de improcedencia; pues no obstante que se admitiera y substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independiente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." De igual forma, sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." En razón de que en el juicio de amparo 403/2022, que se tiene a la vista como hecho notorio de este Juzgado, el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Plomo 246, colonia Arroyo Colorado de esta ciudad, a fin de no vulnerar la expedites en la impartición de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese al quejoso en dicho domicilio. Se tiene como autorizada a la persona que cita en su demanda en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y a los restantes únicamente para oír y recibir notificaciones. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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